Contestar la carta

Denise Dresser

Cada semestre, como requisito del curso, les pido a mis alumnos que le escriban una carta a su diputado. Puede ser una carta solicitando información, o manifestando una queja, o haciendo algún comentario sobre su desempeño. Año tras año, esos jóvenes estudiantes han escrito ya cientos de cartas a la persona por la cual votaron y la cual -en teoría- los representa. Han intentando hacer lo mismo que hacen millones de personas más en democracias que funcionan razonablemente bien: exigir la rendición de cuentas a quienes, políticamente hablando, son sus empleados. Han buscado crear un contexto de exigencia para que el sistema político opere como debería y en su nombre. Pero los resultados del ejercicio revelan lo que está mal con la democracia incompleta en México. Lo que no funciona y urge remodelar. Porque después de tantas cartas, después de tantos semestres, sólo siete diputados han respondido.

Los demás no han contestado porque no es necesario. No es imperativo. No es componente integral del desempeño. No es parte de la descripción del puesto. Porque al Congreso se llega con otros objetivos y con otros fines. Se arriba allí para empujar agendas partidistas antes que atender demandas ciudadanas. Se aterriza allí para perpetuar los privilegios de las cúpulas antes que escuchar las exigencias de los electores. Se instala uno allí para establecer alianzas con los poderes fácticos antes que tender puentes con los votantes. El sistema político que permitió la transición democrática está demostrando sus límites: México rota élites pero no representa ciudadanos. México asegura la competencia entre partidos pero no los obliga a rendir cuentas. México crea mecanismos para repartir el poder pero no para garantizar su representatividad. México cuenta con una democracia, pero todavía con adjetivos: trunca y parcial. Por eso cuando Leonardo Valdés, presidente del IFE, afirma que "anular el voto es quedar al margen de la vida institucional del país que con tanto trabajo hemos logrado construir" le da palmadas en la espalda a una democracia de muy baja calidad.

Y esto es lo que está en el corazón del movimiento por el voto nulo. El problema de la representación ausente; el tema de la rendición de cuentas inalcanzable; el mal funcionamiento de una democracia mal armada. Una democracia incompleta que ha traído consigo numerosas elecciones auténticas, cierto pluralismo ideológico, varios contrapesos institucionales. Pero eso no ha sido suficiente para asegurar una mejor gobernabilidad democrática. Para acabar con las prácticas depredadoras de la clase política. Para obligar a quienes elegimos a obedecer las reglas más elementales del comportamiento democrático. Para evitar que los partidos mantengan candidatos que pactan con el narco -como Mauricio Fernández en Monterrey- o que cederán su puesto -como "Juanito" en Iztapalapa. Para obligar a quienes elegimos a demostrar lo que el politólogo Robert Dahl en su libro Poliarquía llamó "responsiveness", o sea responsividad ante las exigencias del electorado. Para evitar la captura de los partidos por los intereses atrincherados, evidenciada en la "Ley Televisa" y la colusión actual entre el duopolio y el Partido Verde.

Con demasiada frecuencia la democracia mexicana termina capturada por poderes fácticos porque no cuenta con el contrapeso de la ciudadanía. Como la supervivencia política de un diputado no depende de la reelección en las urnas sino de la disciplina partidista y la buena relación con Televisa y TV Azteca, los partidos acaban embolsados. Este comportamiento condenable existe y persiste pero no porque la clase política mexicana tenga una propensión genética a la corrupción, descubierta al descifrar el genoma mexicano. El problema no es cultural sino institucional; los partidos en México se comportan así porque pueden. Porque no se ven obligados por la reglas a rendir cuentas o a representar a electores como los cientos de mis alumnos que mandaron cartas. Porque no hay suficientes mecanismos institucionales para acotar el poder de los partidos -o sus dueños- y aumentar el poder de quienes, con su voto, los eligieron.

Hace unos días Felipe Calderón reflexionaba sobre la "brecha" entre políticos y ciudadanos, mientras llamaba a cerrarla. Si quiere entender por qué existe y se ahonda le sugiero que voltee a ver a las personas que entienden y simpatizan con en el movimiento para anular el voto. Porque a su manera, están escribiendo una carta a sus representantes. Una carta en la cual insisten en que quieren participar y no tienen cómo. Una carta donde argumentan que tienen derecho a representantes reales y no los encuentran. Una carta con la cual buscan presionar desde afuera a partidos que no tienen incentivos para hacerlo desde adentro, como lo demuestran al descalificar la anulación en lugar de entender qué la motivó. Una carta tal y como las que escribieron mis alumnos y fueron ignoradas. Una carta que en un país llamado "democrático" los partidos tienen la obligación de contestar.

Reforma 29/06/2009

23 razones para anular

DENISE DRESSER

Porque:

1. Los votos convencionales construirán gobiernos estatales, ayuntamientos, Congresos locales, Jefaturas Delegacionales, Asamblea Legislativa y una Cámara de Diputados que no tendrán el menor incentivo para rendir cuentas.
2. Los votos nulos cuentan como mecanismo de protesta, sobre todo si se levanta una encuesta de salida –como ha sugerido Federico Reyes Heroles– en la cual se puedan enlistar los motivos de la insatisfacción.
3. Los sufragios cuentan desde hace muy poco, en efecto, pero esa no es razón suficiente para argumentar que el sistema electoral no puede ser mejorado usando la anulación como forma de presión. Sin duda, es mejor que los votos cuenten, porque en el pasado no era así, pero sería mejor aún que lograran producir una representación real que actualmente no existe y que la anulación busca impulsar.
4. Existen diferentes opciones, pero las diferencias ideológicas entre los partidos –a la hora de gobernar– suelen sucumbir ante la presión de los poderes fácticos, como ocurrió con la Ley Televisa, la ley de “acciones colectivas”, la iniciativa para aumentar las multas que puede cobrar la Comisión Federal de Competencia, la reforma energética que dejó sin tocar al sindicato de Pemex y tantas más.
5. Es una falacia que los partidos se diferencien notablemente a la hora de llegar al poder, sobre todo cuando la priización –el clientelismo, el corporativismo y la impunidad– afecta a todos.
6. Resulta una elaboración intelectual insostenible argumentar que la democracia electoral mexicana merece ser defendida sin las modificaciones sustanciales que aseguren la representación y la rendición de cuentas.7. La derivación política de esa construcción intelectual recuerda a los discursos priistas en defensa de la “democracia a la mexicana”, que se reducía a la simple rotación de élites dentro del PRI. Ahora otros partidos participan en la rotación y el mecanismo se ha vuelto más competitivo, pero la falta de representación real, fundacional, persiste debido a la inexistencia de la reelección.
8. La anulación cuenta como un instrumento válido para sacudir, presionar, exigir, y empujar a la profundización democrática que los partidos tanto resisten.
9. La anulación y el voto independiente son formas de participación que se diferencian de la abstención.10. La anulación se alimenta del humor público ante la persistencia de una democracia mal armada que funciona muy bien para sus partidos, pero que funciona muy mal para sus ciudadanos.
11. El voto nulo tendrá tantas vertientes y pulsiones como el voto “normal”; habrá quienes anularán su voto para exigir las candidaturas ciudadanas y quienes votarán por el PRI en busca de “agua y paz”, la promesa difusa de Fausto Zapata en el Distrito Federal.
12. El voto nulo expresará –en efecto– hartazgo, desencanto y malestar: el primer paso para diagnosticar lo que le falta a la democracia mexicana e impulsar los cambios indispensables.
13. El movimiento nacional en favor del voto nulo sin duda necesita articular una plataforma mínima de demandas consensuadas, que traduzcan el agravio en propuesta. Pero el agravio existe y es legítimo; basta con ver la última encuesta del periódico Reforma, en la cual el 79% de los encuestados cree que los partidos actúan siguiendo sus propios intereses. Sólo el 12% piensa que vigilan los intereses de los ciudadanos que representan.
14. Los padres y las madres del voto nulo sin duda tienen en común eso: malestar. Ese malestar que es componente fundamental de la democracia participativa, en la cual los ciudadanos se organizan para componer algo que no funciona o exigir derechos que han sido negados. Subestimar ese malestar es no entender la realidad del país.
15. Votar construye la punta del iceberg civilizatorio, pero anular el voto también lo hace. Constituye un acto de deliberación tan válido como el voto tradicional, y representa una forma de participación política pacífica, ciudadana, que bien encauzada puede contribuir a ampliar las libertades conquistadas durante las últimas décadas.
16. El mundo de la representación real aún no se logra en un país que no ata a los legisladores a las demandas y preocupaciones de los ciudadanos. Es cierto, hay más pluralidad política, pero eso no es suficiente. Y no queda claro que los ciudadanos puedan mejorar la democracia mexicana tan sólo votando, ya que las demandas pendientes son ignoradas por los partidos una vez que llegan al poder.
17. El voto ha sido un instrumento inmejorable para ampliar el ejercicio de las libertades. Pero no es el único instrumento. La política no puede ni debe depender exclusivamente de la votación por o la participación en un partido, aunque Felipe Calderón y otros crean que es así. Las democracias funcionales se nutren de muchas fuentes de participación que buscan precisamente obligar a los partidos a hacer suyas demandas que de otra manera ignorarían.
18. Y sí, los que llaman a anular el voto tendrán que organizarse más allá del 5 de julio, pero eso no significa que deberán hacerlo en un partido. Quienes sugieren eso demuestran una visión demasiado estrecha sobre el funcionamiento de la democracia.
19. El voto nulo tiene el tufo del desprecio, no a la política como actividad en sí, ya que el movimiento está haciendo política al convocar y organizar como lo hace. Lo que el voto nulo critica es la forma prevaleciente de hacer política partidista en México hoy.
20. El voto nulo no implica un acto de abandono de la plaza; de hecho, busca ocuparla en nombre de una ciudadanía a la cual se le han negado derechos que forman parte de las democracias exitosas del mundo; derechos como la capacidad de sancionar a un diputado y removerlo del poder; como las candidaturas ciudadanas, el plebiscito, el referéndum, y la revocación del mandato, entre otros.
21. Los preocupados por la vida política del país están obligados a generar diagnósticos y propuestas de reformas, fórmulas de organización, agendas que graviten sobre la toma de decisiones, mecanismos de rendición de cuentas. El problema es que los primeros en asumir esa responsabilidad deberían ser los partidos, pero no lo hacen. No tienen el menor incentivo para modificar la situación política actual. Y, precisamente por ello, el voto nulo está intentando crear una trama civil que eleve la presencia de las organizaciones y las propuestas que emergen de la sociedad.
22. Los propios partidos han incorporado a sus listas a ciudadanos no afiliados a ellos, pero eso no basta para modificar el andamiaje institucional, ni para permitir las candidaturas ciudadanas independientes que podrían airear al sistema.
23. Porque, como escribe Milan Kundera, “todo lo que es puede no ser”. Y ojalá lleguemos al momento en que lo que es deje de ser. Espero que un día nos encontremos con partidos obligados a representar ciudadanos, elecciones que sirvan para algo más que rotar élites o familiares, un Congreso plural que no se doblegue ante los poderes fácticos en cada negociación legislativa, una división de poderes real, y súmele usted…
Ahora bien, si usted quiere tachar la boleta en favor de un candidato en vez de anular su voto o de votar por “Esperanza Marchita”, hágalo. Está en su derecho. Piense, sin embargo, en que probablemente jamás volverá a ver al diputado por el cual votó porque –en este sistema democrático trunco y parcial– usted no le importa. Él o ella dirá que lo representa cuando en realidad no podrá hacerlo.
Proceso 28/06/2009

Voto nulo: más allá del 5 de julio

ÁLVARO DELGADO

A fin de mostrar que su movimiento no es antipolítico ni se limita a la próxima jornada electoral, el martes 30 diversas organizaciones civiles, ciudadanos desencantados de los partidos, así como analistas políticos celebran la primera Asamblea Nacional por el Voto Nulo. A decir de Denise Dresser, tratarán de articularse para adquirir “capacidad de presión y de incidencia más allá del 5 de julio”.
La noche del jueves 25, en una cena, Josefina Vázquez Mota, candidata a diputada federal y aspirante a la coordinación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), se encontró con Denise Dresser, activista del movimiento para anular el voto, y le reclamó:
–Ustedes están fortaleciendo el voto duro priista y Manlio Fabio Beltrones está muy contento...
–¿Por qué no pensaron en eso cuando negociaron con él todas las reformas y ayudaron a limpiarle la cara al priismo?
–respondió Dresser.
Vázquez Mota ya no dijo nada, pero la analista interpreta que el gobierno de Felipe Calderón está “muy nervioso” porque prevé que el movimiento anulacionista beneficiará al priismo, cuando en realidad se trata de resolver un problema sistémico: la arquitectura institucional que carece de mecanismos de rendición de cuentas y sanción ciudadana.
Tal preocupación gubernamental se materializa también con la convocatoria del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a reuniones privadas para conocer la opinión de analistas, académicos y activistas sobre el voto nulo. Dresser participó en una de ellas hace un par de semanas, en la que estuvieron además Lorenzo Córdova, Carlos Elizondo, Juan Pardiñas y Leo Zuckerman. “Inclusive quienes critican el voto nulo comparten el diagnóstico sobre la disfuncionalidad del sistema”, dice Dresser.
–¿En qué términos se expresó Gómez Mont?
–No, él de hecho sólo escuchó. Fue un esfuerzo de auscultación y diálogo. Lo reconozco como tal.El movimiento anulacionista es acusado de neutralizar el voto de castigo, no sólo a diputados y partidos, sino a los gobiernos, como el de Calderón, pero Dresser lo niega: “El PAN no está feliz con el voto nulo, no está pensando que va a evadir el voto de castigo. Al contrario, piensan que están haciendo las cosas tan bien que lo que necesitan es el voto de recompensa y que, al no darse ése, se va acabar empoderando a los priistas. Esa es la preocupación del gobierno”.
Aclara: “Esto va más allá de castigar a un gobierno en particular en este momento. El voto nulo es un castigo a un sistema político que carece de elementos esenciales de representatividad y de rendición de cuentas”.
–Pero afirmar que todos los partidos son iguales implica que todos son responsables, por ejemplo, del desastre económico del país…
–Esta idea de que todos son iguales no es responsabilizar a todos del desastre del país. La crítica de que todos son iguales tiene que ver con el hecho de que no tienen incentivos para rendir cuentas y tomar decisiones en nombre de la ciudadanía, ni para explicar lo que hicieron durante su paso por el poder.
“Por eso, a pesar de las divergencias ideológicas que presentan en sus plataformas, cuando llegan al poder se comportan de manera demasiado similar en cuanto a la impunidad, evitar la rendición de cuentas, apelar al voto corporativo, enarbolar estrategias clientelares. Ese es el mimetismo que se critica, producto de un andamiaje institucional mal armado que lleva a esta democracia trunca y parcial.”
Doctora en ciencias políticas y profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), alma mater de Calderón y de su primer círculo, Dresser sostiene que el descontento que expresa el voto nulo va al “corazón del problema” de México: la ausencia de representación ciudadana.
Y alude a su principal antagonista, José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE): “Somos una democracia competitiva, con múltiples partidos y en la que se da la alternancia, todo eso es celebrable y lo comparto. Comparto esa palmada en la espalda que le da Woldenberg al sistema. Pero hay ausencia de instrumentos esenciales”.
Dresser es la redactora del “documento conceptual” que se discutirá en la primera Asamblea Nacional por el Voto Nulo, que se celebrará este martes 30 en el cine-auditorio de la Villa Olímpica, y adelanta, en entrevista, que el objetivo es articular al movimiento, después de las elecciones del 5 de julio, con propuestas como la reelección legislativa.
“Se busca combatir la percepción de que este es un movimiento con un lenguaje antipolítico, de que no hay propuestas condensadas y concretas, y que es solamente coyuntural, vinculado con la elección, cuando de lo que se trata es de articular algo que tenga capacidad de presión y de incidencia más allá del 5 de julio.”–¿Eso será parte de lo que se discutirá en la asamblea?
–Exacto. Se va a discutir y se va a votar.
A cinco días de las elecciones y en medio de críticas por su irrupción en el proceso electoral para exhibir el repudio al régimen de partidos y al sistema político en su conjunto, los convocantes a anular el voto, cuyo impacto en las urnas es todavía incierto aunque las estimaciones son optimistas, tratarán de trascender el 5 de julio.
Callar bocas
El documento que se discutirá en la primera Asamblea Nacional por el Voto Nulo, afirma Sergio Aguayo, otro de los convocantes, “callará la boca a quienes dicen que sólo nos une el rechazo, porque el objetivo es el 6 de julio”, un día después de las elecciones, y se anticipa una segunda asamblea.
Explica: “Se trata de unirnos en torno de unas cuantas demandas aceptables para todos, pensando que, pase lo que pase el 5 de julio, existe una base social real, organizativa, de ciudadanos que no estamos satisfechos con la arquitectura política existente”.Alentado sobre todo por jóvenes estudiantes y con internet como una de sus herramientas, que ha sido base de la articulación original, el movimiento comenzó a ser encauzado por quienes, como Aguayo, tienen experiencia en organizaciones civiles, como la que preside, Propuesta Cívica; Adolfo Llubere, perredista cercano a Rosario Robles, y jaliscienses participantes en organizaciones no gubernamentales.
En la minuta de la reunión de organizaciones y activistas, celebrada el 17 de junio en las instalaciones del IFE –al concluir el foro sobre “voto razonado” organizado por éste–, se describen las tareas que deben observarse, como crear la página www.votosnulos.com, la elaboración de artículos de promoción y generar “mecanismos para incluir en este movimiento a la ciudadanía que no tiene acceso a internet y, en particular, a las mujeres”.
Inclusive se recomiendan comportamientos: “a) Para que esto funcione, nadie tiene que sentirse agandallado. b) No estamos compitiendo. Tenemos que sumar. c) No vamos a excluir a nadie, a menos que no esté de acuerdo con la agenda mínima. d) No obstante, el participar en esta iniciativa no implica que las organizaciones renuncien a las iniciativas y agendas que han estado impulsando a la fecha. Los acuerdos para las diferentes agendas, en un sentido amplio, serán para después de las elecciones”.
Al respecto, Aguayo aclara: “Ya está armada la logística y el documento, al menos para que la discusión tome cauces ordenados, pero de ninguna manera está garantizado que va a salir bien”. Y expone que ve como un reto articular un movimiento que ha sido cuestionado.
“Estoy terminando un libro sobre la transición democrática y nunca, desde 1934 a la fecha, había visto un consenso tan grande entre las fuerzas vivas como el que estoy observando, de rechazo al voto nulo. Y segundo: soy el más sorprendido del vigor y de la energía, hasta hoy, de la propuesta.”
Reitera: “De ninguna manera puedo anticipar, asegurar o pronosticar si esto va a dar el brinco a una expresión organizada. Ese es el reto. Pero, por lo pronto, al día de hoy sí puedo decir que ya estamos refutando la afirmación de que sólo nos une lo negativo y el rechazo”.
En efecto, dice Dresser, el movimiento que celebrará su Primera Asamblea por el Voto Nulo se propone plantear la reelección legislativa como uno de los mecanismos que deben ser incorporados a la legislación, porque una vez electos ya no rinden cuentas a sus electores.
“No tienen que hacerlo, porque su longevidad política, su futuro político no depende de los electores, sino del dirigente, de los poderes fácticos. Para mí ese es el problema esencial de la democracia mexicana en este momento.”
Explica: “Como no hay un buen mecanismo de representación no hay rendición de cuentas, y este sistema, una y otra vez, se doblega ante Televisa o el señor Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego o Valdemar Gutiérrez o Elba Esther Gordillo, porque no hay el contrapeso ciudadano necesario que se da, precisamente, a través de que el diputado sabe que si aprueba una iniciativa que va en contra de sus representados lo sacarán del poder”.
Dresser cree que, gracias al movimiento que llama a anular el voto, se generó un debate sobre lo que no funciona en el andamiaje institucional del país, una de cuyas expresiones fue el reproche de Calderón a los partidos por distanciarse de los ciudadanos, a quienes les recomendó… hacer un partido.
“(El movimiento) cumple una labor muy importante de catalizador, de acicate para ir empujando a los partidos a tomar decisiones que no tomarían de otra manera. El sistema funciona muy bien para los partidos y muy mal para los ciudadanos”, dice la analista.
Por ello aplaude el vigor del movimiento, fundamentalmente de jóvenes de clase media. “Yo lo comparo con otros movimientos sociales que han enarbolado reivindicaciones de derechos esenciales, que también en su momento fueron clasemedieros: las sufragistas, los ambientalistas, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Son movimientos que empiezan siempre dentro de una clase media profesional que va detectando la insatisfacción, va construyendo coaliciones, va haciendo propuestas. ¡Esto es algo que lleva un par de meses! Tampoco nos pueden exigir que el movimiento, en sí solo, en tres meses tenga un manifiesto para que resuelva todos los problemas del país”.
De hecho, el grupo de activistas de Guadalajara, Jalisco, los creadores de “Para políticos nulos, votos nulos”, envió a Proceso la respuesta que da al “señor Calderón” por haber propuesto que los ciudadanos formen otros partidos:
“No nos interesa adscribirnos ni crear un partido político, señor Calderón, estamos convencidos de la fuerza de una ciudadanía activa no partidista. Creemos que estando en medio de un proceso electoral, usted ha incurrido en el grave error de condenar el ejercicio de un derecho y la activación de una protesta pacífica y democrática en contra de la clase política partidista.”
Y añaden: “Democracia plena no es igual a sistema de partidos. El país está repleto de órganos de participación ciudadana simulada que no obligan a nada a los poderes y niveles de gobierno que los convocan y conforman. Desde congresos y Senado han hecho legal lo ilegal, de manera que hoy sus majestades, servidores de lo público, nos impiden ver cómo gestionan lo que es nuestro”.
Y le recuerdan al “señor Calderón” el artículo 39 constitucional, que establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo momento, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Como ellos, Dresser también reprocha la conducta del IFE y de su presidente, Leonardo Valdés: “No ha sido la correcta. Han tratado de desacreditar y criticar que esto no es válido, de sugerir que quizá no es legal, cuando es perfectamente válido y legal. Su labor debería ser de representación ciudadana, no de defensa de los intereses de los partidos”.
Añade: “Hay entre los consejeros un ímpetu desacalificador y es lamentable porque el IFE era nuestra institución. Este movimiento surge como una llamada de atención a una democracia disfuncional, perfectible, mejorable, y el IFE se ha empeñado en defender lo altamente imperfecto, tan imperfecto que vemos encuesta tras encuesta que despliega la insatisfacción ciudadana con los partidos”.
Nada con Televisa
En la minuta de la reunión de los organizadores de la Asamblea Nacional se advierte: “Cada organización será libre de adherirse o no al documento final. Si alguna organización quisiera empujar una agenda adicional, estará en su legítimo derecho, pero no a nombre de la asamblea.”
Y es que otros promotores de anular el voto plantean que, además de hacer este llamado, se formulen otras demandas, por ejemplo, las candidaturas ciudadanas, la segunda vuelta electoral o, como lo plantea “¡Basta-10”, una página de internet promovida por Jaime Sánchez Susarrey, “la derogación del párrafo del artículo 41 constitucional que prohíbe la información plena”.
Al respecto, Dresser y Aguayo dicen no compartir, en lo personal, esa demanda que implica destruir la reforma que prohíbe la compraventa de tiempo en radio y televisión para difundir propaganda política y electoral, que enfureció a las televisoras, pero tampoco es un tema en las discusiones entre los demás activistas.
“Yo no he recogido esa demanda de las organizaciones”, aclara la analista, y Aguayo dice de plano que se trata de un planteamiento “inaceptable” para Propuesta Cívica, la organización que encabeza, como también el planteamiento semejante que hizo Alejandro Martí, el empresario que promueve “Mi voto por tu compromiso”.
“En eso la organización que presido no está de acuerdo, porque eso es abrir las puertas a las televisoras otra vez al negocio de la política. Si ya están metidas hasta el gorro, es abrírselas de manera explícita.”
Proceso 28/06/2009

Si no es ahora, ¿cuándo?

Luis Hernández Navarro

Quienes desde la izquierda rechazan el voto nulo insisten en que favorece a la derecha. Aunque algunos reconocen que los partidos de izquierda registrados y sus candidatos tienen grandes limitaciones, señalan que hay que votar por lo menos malo.

El problema es que desde hace muchos años los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y también del Partido del Trabajo (PT), se comportan ante temas centrales de la misma manera en que lo hacen el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). No ha sucedido así siempre ni en todos los asuntos, pero sí en varios temas medulares.

Lo han hecho no por descuido o ignorancia, sino como resultado de un cálculo político. Han aprobado leyes nefastas, a pesar de reiteradas advertencias de ciudadanos, grupos sociales y especialistas. Como no tienen que rendir cuentas a nadie, salvo a sus propios partidos o a sus patrocinadores, ignoran la opinión de sus votantes. Actúan con absoluta autonomía. Son incapaces de escuchar a la sociedad. Dan por descontada la fidelidad de sus simpatizantes a la hora de ir a las urnas.

Doy tres ejemplos, entre otros muchos, de este comportamiento: la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas; la ley Monsanto, y la reciente modificación al artículo tercero constitucional. No incluyo su aval a otras normas, como la famosa ley Televisa o el Seguro Popular.

La lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas, protagonizada entre enero de 1994 y mayo de 2001, fue una de las más importantes movilizaciones populares conducidas por la izquierda en muchos años. Centenares de miles de personas tomaron las calles exigiendo la solución de las reivindicaciones de los pueblos indios. Esas jornadas de lucha modificaron la correlación de fuerzas en el país y permitieron obtener un triunfo cultural de primera magnitud: la reivindicación del mundo indio de inclusión en la sociedad nacional con respeto a su diferencia se convirtió en exigencia de un lugar para todos los excluidos.

Ajenos a esta movilización social, incapaces de capitalizarla en su favor, los senadores del PRD entablaron con Acción Nacional y el Revolucionario Institucional una negociación “en frío”, subordinada a las reglas de las fracciones mayoritarias en la Cámara. Pusieron por delante el futuro de su grupo a los intereses de los pueblos indios. Al frente de ellos se encontraba Jesús Ortega.

Los senadores del PRD aprobaron una reforma que reconoce derechos que no se pueden ejercer. Su posición tuvo graves consecuencias. Los pueblos indios se quedaron sin sus derechos reconocidos. El proceso de paz en Chiapas se descarriló definitivamente. Entre una importante franja del movimiento social y la izquierda partidaria se abrió un foso insalvable.

El 14 de diciembre de 2004 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), mejor conocida como ley Monsanto, con el voto a favor de muchos legisladores del PRD. La ley expresa los intereses de los monopolios de la industria biotecnológica. En lugar de cuidar las necesidades de los campesinos, de proteger el medio ambiente y de ver por la salud de los mexicanos, la norma permite la distribución y liberación al ambiente de organismos transgénicos con probables y severos riesgos para la soberanía alimentaria, la salud humana y la biodiversidad.

Muchas y muy autorizadas voces se levantaron en contra. Investigadores, académicos, campesinos, ecologistas alertaron sobre las negativas consecuencias de la reforma. Pero a los legisladores no parecieron importarles mucho las advertencias. En vez de escuchar esas voces, se plegaron a los intereses de las grandes compañías. A favor de esa ley votaron 319 legisladores, 105 lo hicieron en contra y 17 se abstuvieron; 31 diputados del PRD se sumaron a la reforma legal y cuatro se abstuvieron.

El 11 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados aprobó, obviando las dos lecturas reglamentarias y casi sin discusión, la reforma al artículo tercero constitucional. Todos los partidos la apoyaron. Votaron en favor 299 legisladores, cuatro en contra y 11 se abstuvieron.

Mientras miles de maestros protestan en todo el país en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), los diputados de todos los partidos acordaron reformar la Constitución para abrir la puerta a su legalización. Al tiempo que prolifera la resistencia ciudadana a la privatización de la educación pública, ellos legislan para que ésta camine más rápidamente.

La reforma otorga respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial, volviendo legal lo que hasta ahora no está ni siquiera considerado en la Ley General de Educación, cediendo a grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Precisamente lo que la ACE ha hecho, ante la indignación y el malestar de miles de profesores.

No es un asunto cualquiera. El artículo tercero es uno de los puntales de la Constitución, uno de los soportes centrales del pacto social. Su modificación requería un gran consenso nacional. No lo tuvo.

En todos estos casos, los legisladores que se reivindican de izquierda se sumaron a la derecha. ¿Por qué olvidarlo? Probablemente los tenga sin cuidado, pero, si saben contar, no cuenten con mi voto. Si no se les dice ahora que su conducta es inadmisible, ¿cuándo?

El voto nulo: la incógnita

JESÚS CANTÚ

Las campañas que impulsan diversas variantes del voto de protesta lograron captar la atención de los medios de comunicación y, aunque sus resultados son todavía una incógnita, es un hecho que moverán algún porcentaje de electores, tal como hizo en 2000 la campaña del llamado voto útil. Sus razones son irrebatibles: los partidos políticos se alejaron de la ciudadanía; en la última reforma electoral se aseguraron un altísimo financiamiento público (particularmente el ordinario) y aumentaron los requisitos de entrada para los nuevos partidos políticos. Así mismo, de acuerdo con el análisis del Comité Conciudadano, en el actual proceso electoral decidieron más de 90% de sus candidaturas mediante procedimientos cupulares. La intención del voto de protesta es alcanzar un porcentaje lo suficientemente alto que orille a los partidos a atender algunas de sus demandas: permitir las candidaturas no partidistas; disminuir el financiamiento público (en 50%, establecen algunos promotores del voto nulo); incorporar en la legislación electoral la figura del voto en blanco, que ya es reconocida en otros países; y, desde luego, que los partidos adopten modalidades democráticas para la selección de sus candidatos. La debilidad de esta iniciativa es la ausencia de coordinación entre las diferentes convocatorias, lo que provoca que unos llamen a escribir en el recuadro de candidatos no registrados su decisión (unos impulsan a Esperanza Marchita, y otros, más a nivel regional, a Papanatas); algunos convocan a depositar la boleta en blanco, y otros a anular el sufragio, ya sea con una leyenda de protesta, un nombre o simplemente tachando toda la papeleta. De prevalecer esta variedad de opciones, el voto por los candidatos no registrados se contabilizará en un espacio asignado para tal efecto en las actas de escrutinio y cómputo, mientras las boletas en blanco o anuladas quedarán en el registro de votos nulos, con lo cual el impacto de la protesta se puede dispersar. En 2003 el voto por candidatos no registrados fue apenas de 0.06%, 16 mil 447 de un total de 26 millones 738 mil 924 votos depositados en las urnas. En cambio, los anulados fueron 899 mil 227, el 3.36%. El promedio de sufragios nulos en las últimas cuatro elecciones (1997, 2000, 2003 y 2006) es de 2.76% del total, con ligeros repuntes en las elecciones intermedias. Mientras tanto, en los mismos procesos el promedio de votos por candidatos no registrados es de 0.12%, con un repunte muy importante en 2006, cuando llegó a 0.31%, es decir, a 128 mil 825 votos. Cualquier modalidad de voto de protesta tendrá el mismo efecto sobre el cálculo del porcentaje obtenido por los partidos políticos para efectos de conservar su registro; así, de entrada, el movimiento afecta a las fuerzas con menor participación electoral, y particularmente a aquellas que están en riesgo de perder su registro, pues entre más alta sea la votación total emitida, en la que se consideran absolutamente todas las boletas depositadas en las urnas, mayor número de votos requieren para alcanzar el 2%. Sin embargo, al momento de hacer el reparto de curules plurinominales y el financiamiento público, la votación nacional emitida sólo incluye los votos de los partidos que conservaron el registro, lo que beneficia a los partidos que se quedan, particularmente a los que obtuvieron mayor participación electoral, pues como el denominador se reduce, su porcentaje crece.

Hay otros dos probables efectos: En el caso de los votos nulos, de acuerdo con el artículo 295 del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando “el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación”, el Consejo Distrital tendrá que realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de todas las casillas. De modo que, en algunos distritos, éste podría ser el caso.

Así que contiendas muy cerradas en los distritos y un alto número de votos nulos pueden conducir a recuentos totales en algunos de los 300 distritos electorales. El otro efecto se refiere a la opción de votar por candidatos no registrados. En este caso, Sergio Aguayo, uno de sus principales promotores, ya anunció que una vez concluido el proceso electoral, iniciará una batalla jurídica para tratar de lograr que se identifiquen los votos por Esperanza Marchita. Al menos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya hay antecedentes al respecto, y los magistrados coinciden en que este tipo de sufragios, “además de servir para que la autoridad electoral ejerza sus atribuciones relativas a la estadística electoral”, indican el respeto “a la libre manifestación de las ideas” que establece el artículo 6° constitucional… Ahora bien, el efecto que se busca con el voto de protesta es político, no jurídico. La intención es manifestar el rechazo al actual sistema de partidos, provocar una crisis, o al menos detonarla, y lograr por esa vía que los actores políticos volteen sus ojos hacia la ciudadanía y abandonen su autismo. Para lograrlo, tendrían que superar sustancialmente los números de votos nulos o por candidatos no registrados de las últimas elecciones. Como se indicó, en caso de que esos sufragios cambien el número de partidos que conservan el registro, afectarán el reparto de curules y el financiamiento público que corresponde a cada uno, ya que entre menor sea el número de partidos que participen de este reparto, mayores serán su cantidad de diputados y el monto de su financiamiento. Pero si provienen de votantes tradicionales, los partidos beneficiados de un movimiento de esta naturaleza serán los que cuentan con un mayor porcentaje de simpatizantes permanentes, es decir, de votantes que se identifican con ellos y normalmente votan por esos partidos independientemente de candidatos y/o propuestas. De acuerdo con la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, en el último año el PRI mantiene entre 31.5 y 25.1% de votantes que se identifican con dicho partido; el PAN, entre 24.8 y 21.2%; el PRD, entre 9.3 y 12.4%, y, finalmente, hay entre 30.3 y 33.6% que se autocalifican como independientes, es decir, que no se identifican con un determinado partido político y votan en función de candidatos, propuestas y coyunturas. En este sentido, los ciudadanos menos identificados con un determinado partido político son los más propensos a emitir su voto de protesta, y como estos sufragios se restarán para el cálculo de la votación nacional emitida, los más beneficiados serán quienes cuenten con mayor identidad partidista, es decir, el PRI y el PAN. Además, por los alcances de su estructura nacional y su presencia en los distintos niveles de gobierno, son también estos dos partidos los que cuentan con una mayor capacidad de movilización de electores durante la jornada electoral. Esta capacidad la tiene así mismo el Partido Nueva Alianza (Panal), por su vinculación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De este modo, los tres partidos que pueden resultar beneficiados indirectamente por los votos de protesta son PRI, PAN y Panal, en la medida en que conservan su voto duro y utilizan su capacidad de movilización para sostener o incrementar su participación electoral; en una segunda instancia, el PRD, cuya estructura es más reducida y también gobierna menos entidades y municipios. Y, desde luego, los perjudicados son el resto: PT, Convergencia, PVEM y PSD.

Conforme a la misma encuesta, el PSD ya estaría condenado a perder su registro; y hay tres partidos que están luchando por mantenerlo: Convergencia, Panal y PT; el segundo puede salvarlo gracias a su capacidad de movilización, pero un movimiento de esta naturaleza puede afectar negativamente a los otros dos. Por otro lado, en la asignación de curules de representación proporcional, el voto de protesta beneficiará sobre todo al PRI que, de acuerdo con la encuesta, tiene 37.1% de las preferencias electorales y la posibilidad de obtener entre 210 y 238 diputados, por lo que el movimiento lo puede catapultar a recuperar la mayoría que perdió en 1997 en la Cámara de Diputados. Según la misma medición, todavía sin el efecto del voto de protesta, el PRI y su aliado el PVEM están en posibilidades de obtener en sus puntos máximos, entre los dos, 252 diputados. La encuesta señala que el porcentaje de participación esperado es de 41.7% de los votantes potenciales, o sea, el mismo que en 2003. Sin embargo, si se toman en consideración los seis años de envejecimiento de la lista nominal de electores y los seis puntos que cayó la participación electoral entre 2000 y 2006, es probable que la participación ronde 35%. Si el movimiento de voto de protesta tiene éxito y logra impactar entre 3 y 5% de votantes, menos de 30% de electores estarían decidiendo la integración de la Cámara y el reparto del financiamiento. El gran interrogante es si este resultado será el inicio de una crisis que sacuda a la clase política mexicana y detone la construcción de un régimen democrático, o el de una involución que nos conduzca nuevamente, en 2012, a la hegemonía presidencial sobre los otros dos Poderes

Proceso 14/06/2009

Libertad de sufragio

Miguel Ángel Granados Chapa

En un infortunado retorno al pensamiento único del sistema autoritario, la campaña del Instituto Federal Electoral contra el voto anulado tiene como lema "Yo sí voto por México", como si hicieran lo contrario quienes proponen protestar con el voto

La proclama de Madero en su propósito de modificar el sistema político porfiriano puso el acento en la efectividad del sufragio. Es decir, en su utilidad, en que sirviera para que los ciudadanos eligieran verdaderamente a sus gobernantes. La efectividad del voto lleva implícita la libertad de los gobernados para emitirlo en el sentido que les parezca preferible.

La libertad del voto en México supone, en primer lugar, la opción de emitir el sufragio o no hacerlo. Si bien tanto la Constitución como el Código Electoral son deliberadamente ambiguos al definir esa capacidad ciudadana como un derecho (prerrogativa es la denominación constitucional) y una obligación, es claro que todo el desarrollo de las normas y la doctrina al respecto concluyen en que se trata de un derecho público subjetivo. Por lo tanto el territorio en que se puede ejercerlo es muy dilatado, tanto que implica la posibilidad de no usarlo, de abstenerse. Con tono admonitorio es posible reprochar a los abstencionistas deliberados su decisión de no aproximarse a las urnas, pero no se les puede imputar el que falten a una obligación ni es posible imponérseles ninguna sanción (no prevista en parte alguna de la legislación).

Los ciudadanos que acuden a la urna son libres para escoger el sentido de su voto. Pueden escoger anularlo, lo cual es posible, si así se desea, dejando sin marcar la papeleta, en lo que erróneamente se llama votar en blanco pues la boleta es muy colorida, o pueden inscribir un nombre en la línea reservada a los candidatos no registrados, o escoger entre las opciones partidarias. En las elecciones federales se presentan ocho partidos y en algunas entidades donde se renuevan los poderes puede encontrarse alguno más. La gama es, así, muy amplia, y toda está garantizada por la libertad de sufragar que implica, hay que repetirlo, la de no hacerlo.

Sobre esa base habría que desechar el tono de reprimenda y aun ofensivo e insultante que asestan a quienes piensan lo contrario los proponentes y proselitistas de anular el voto (en cualquiera de su modalidades) o los que están convencidos de la necesidad y utilidad de escoger entre partidos y candidatos. La intensa campaña que se ha provocado en torno a ese tema puede ser más productiva, más rendidora para la convivencia democrática si se elimina o cuando menos se atenúa el tufo rijoso de que se ha impregnado el debate paralelo al que debían establecer los partidos para asegurarse la preferencia pública.

Quienes quieren expresar su rechazo al sistema partidario o a la conducta de los partidos, midiéndolos todos con el mismo rasero, metiéndolos todos en el mismo costal, hacen bien en calcular los modos y las consecuencias prácticas del voto nulo. Debe considerarse qué entiende como tal el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con sintaxis deplorable el numeral dos del artículo 274 del Cofipe dice que "son votos nulos... aquel expresado por su elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político; y... cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas han sido marcados". El artículo 277 define de otro modo el voto nulo, por exclusión, es decir como algo distinto al voto válido, que es aquel donde el elector marca "un solo cuadro que contenga el emblema de un partido político". Serán nulos, en consecuencia, los votos emitidos en forma distinta a la señalada, entre los cuales se comprende a los que contengan leyendas de cualquier naturaleza, o votos por candidatos no registrados pero expresados fuera del lugar destinado expresamente a ese propósito.

El voto por candidatos no registrados se asienta en el acta en lugar separado. De ese modo, tal tipo de sufragio ofrece una ventaja a quienes quieren una misión del sufragio que sea elocuente, que conlleve un mensaje a los partidos. En cambio los votos anulados de manera deliberada se suman sin distinción a los votos nulos por impericia del emisor, que suman un porcentaje apreciable en toda elección en términos variables, que oscilan entre el dos y el cuatro por ciento regularmente. Habrá quienes piensen que es mejor así, para que el número de sufragios anulados voluntariamente aparezca abultado, a efecto de dar mayor contundencia al recado de rechazo que la mayor parte de los impulsores de la anulación del voto quieren lanzar a los políticos profesionales. Pero al mismo tiempo, si la cifra de anulaciones es la ordinaria se perderá el efecto de protesta que se busca dar a esa forma de inutilización del sufragio.

La anulación tiene consecuencias para el reparto de asientos en la legislatura y para el financiamiento público que pueden ser contrarias al propósito de la tendencia anulatoria, porque si la invalidación deliberada tiene éxito y hace disminuir la votación efectiva, los partidos obtendrán sus canonjías con menor número de votos.

De igual modo que no tacho a nadie que escoja a partidos y candidatos diferentes de los que escojo yo, tampoco reprocho nada a los abstencionistas o anuladores. Por mi parte haré un esfuerzo y tomaré alguna o algunas de las opciones partidarias, en función de los candidatos. Creo en la pertinencia de retomar el sentido original de la representación política, en que los votados reciben un mandato de los votantes, de cuyo ejercicio deben dar cuenta. Entiendo el voto no como la extensión de una carta blanca, sino como un compromiso exigible.

Cajón de Sastre

Con el donaire y las buenas maneras que la hicieron apreciable y respetable desde sus días de militante de base en Acción Nacional, la señora Margarita Zavala me telefoneó para, sin asomo alguno de reproche, precisar su afirmación de que no conoce a Marcia Gómez del Campo, una de las propietarias de la guardería incendiada el viernes en Hermosillo. Ayer contrasté esa su afirmación con una de Eduardo Bours en sentido contrario y con una nota periodística de El Imparcial sonorense a que aludí, referente a la fiesta de cumpleaños de la señora madre de doña Margarita. Es que hay dos personas conocidas como Marcia Gómez del Campo, madre e hija, una por su apellido de casada. Es a la segunda a quien no conoce la esposa del presidente Calderón.

Reforma 11/06/2009

Dilemas del voto

Miguel Ángel Granados Chapa

El dilema a que normalmente se enfrenta el votante de cara a la urna, oculto por una cortina que impide la indiscreción contraria al secreto del sufragio, con la boleta y el plumón en las manos, es por cuál de los partidos cuyas siglas y emblemas lo llaman, ha de inclinarse y favorecer con su preferencia. Puede ser que el ciudadano llegue a la mesa electoral con una decisión ya formada en su fuero interno o incluso comunicada a su entorno, resultante de una convicción o de un razonamiento. O puede ser que la forje ya en la casilla, en el momento extremo, como conclusión de un raciocinio que se alargó hasta la última hora o por móviles difíciles de identificar.

Pero esta vez el proceso electoral ha incluido dilemas adicionales a aquel problema central, dilemas cuya exposición ha constituido un fenómeno político que ha polarizado posiciones y dejado salir actitudes contrarias al espíritu democrático, por más que se expresen en su nombre y aun en su defensa. Se trata del llamado, surgido de algunas autorizadas voces con presencia pública y diseminado por doquier, sobre todo a través de la internet, a votar en blanco, lo que es una manera de anularlo, modalidad que también está en debate y que puede practicarse cruzando más de un emblema, o toda la boleta o estampando sobre ella alguna expresión que no corresponda al objetivo de la función electoral.

No se trata de predicar la abstención, como ocurría en tiempos pasados. La abstención suele ser resultado de la despolitización, que a su vez tiene diversos orígenes: la deficiente educación en general, el adormeciendo ciudadano que antaño era condición de gobernabilidad y que ahora es producido por ese nuevo opio del pueblo que es el entretenimiento televisivo, etcétera. Pero también hay abstención deliberada, la que en el tiempo del partido dominante casi único se tenía como una forma de oposición o inconformidad. Durante años, antes de ensayar su participación partidaria, la Unión Nacional Sinarquista proclamaba la abstención activamente, con un reclamo escrito en las papeletas: RE, reforma electoral. Y en las convenciones nacionales panistas un debate previo a la elección de candidatos presidenciales se libraba entre participacionistas y abstencionistas, quienes juzgaban inútil hacer el juego a la aplastante maquinaria priista que dejaba apenas resquicios para el triunfo en comicios municipales y legislativos.

Ese debate quedó ya superado en la sociedad. Nadie, o casi nadie, predica la abstención deliberada. Ahora se propone el voto inútil, para llamarlo de un modo que recuerde el papel que en 2000 se asignó al voto útil, el que probablemente contribuyó de modo decisivo a la victoria de Vicente Fox. No es posible determinar con precisión si así fue, porque el PAN había tenido un ascenso sostenido en su votación presidencial, manifiesto en los comicios de 1988 y 1994, en que ese partido logró sumas que, extrapoladas, corresponden a la del año en que ganó la Presidencia.

La propuesta de anular el voto o votar en blanco, que para efectos prácticos es lo mismo, nace según declaración expresa de sus promotores y adherentes, de una razón valedera: el actual sistema de partidos insatisface a cada vez más ciudadanos, que no encuentran entre quienes lo componen uno que satisfaga sus intereses. Y al contrario, juzgan que los partidos miran sólo por su bienestar y comodidad, alejados cada vez más de los ciudadanos que no militan en ellos y aun de los que son sus miembros y son postergados a la hora de tomar decisiones. El impulso del voto deliberadamente nulo surge de (esa es la palabra más a menudo expresada a ese propósito) el hartazgo ciudadano ante los partidos y el modo de gobernar que de ellos se deriva. El monto del financiamiento público a los partidos, enorme de suyo y desproporcionado a la calidad de sus actividades, ha producido asco en esta época de crisis en que la economía se achica, se pierden empleos y el consumo se reduce aun por debajo de los niveles mínimos. Ese dispendio partidario, que no se ajustó a las circunstancias presentes, contrastado con la ineficacia de las medidas que se adoptan en los órganos de gobierno configurados a través de los partidos, constituyen poderosas razones de la irritación ciudadana que busca expresarse con esta modalidad del sufragio. Una de las varias agrupaciones surgidas al calor de este propósito ha sintetizado el sentido de la iniciativa estableciendo una ecuación: a políticos nulos, votos nulos.

Si se me permite expresar mi opinión personal, diré que soy partidario del voto pleno, para contribuir con mi voluntad a la integración del gobierno y la representación política, a fin de establecer con quienes resulten elegidos el pacto que permita después exigirles cuentas. La emisión del sufragio es sólo uno de los pasos de la conducta ciudadana, que debe prolongarse en la demanda a los elegidos para que cumplan su oferta política y sus deberes legales. Abstenerse o emitir un voto sin selección disminuye la prestancia ciudadana requerida para establecer el necesario diálogo de los gobernados con sus gobernantes.

Partidario como digo de votar por candidatos, previo análisis de sus personalidades, trayectorias y propuestas, me manifiesto contrario a la andanada de improperios y descalificaciones que desde los partidos y zonas contiguas a ellos se ha lanzado contra los promotores de la anulación. Estos ciudadanos tienen pleno derecho a mantener esa convicción y a hacer proselitismo con ella.

Cajón de Sastre

Murió el viernes Javier Wimer Zambrano, un intelectual y militante del que la República no obtuvo el fruto que cabía esperar de su talento. Miembro de la generación de Medio Siglo en la Universidad Nacional, formó parte de la corriente de izquierda que en el PRI y en el gobierno federal pugnó por un país menos injusto. Sirvió en varias secretarías de Estado; diplomático de carrera, llegó a ser embajador (en Belgrado) y subsecretario de Gobernación. Sus empeños editoriales fueron abundantes y nobles. Antes de doctorarse en derecho en la Universidad de París, su tesis de licenciatura en la UNAM resumió su credo: Juicio crítico a la Revolución Mexicana. Fue también sorjuanista y autor de ensayos y artículos que deberían ser recogidos para que sean útiles por su profundidad y brillantez.

Reforma08/06/2009

Aspirar a más

DENISE DRESSER

¿Usted sabe quién es su diputado? ¿Sabe cómo votó durante su paso por el Congreso? ¿Sabe cuántas veces viajó al extranjero y adónde? ¿Sabe qué iniciativas legislativas presentó? ¿Sabe cómo ha gastado el dinero público que usted le entregó a través de los impuestos? Es probable que usted no sepa todo eso, y quisiera sugerir por qué: el sistema político-electoral no fue construido para representar a personas como usted o como yo. Fue erigido para asegurar la rotación de élites, pero no para asegurar la representación de ciudadanos. Fue creado para fomentar la competencia entre los partidos, pero no para obligarlos a rendir cuentas. Fue instituido para fomentar la repartición del poder, pero no para garantizar su representatividad.

Y quizás por eso ahora hay tantos mexicanos insatisfechos, descontentos, descorazonados, que no saben por quién votar o si lo harán siquiera. Quizás por eso, como lo revela una encuesta reciente realizada por la Secretaría de Gobernación, sólo 4% de la población confía en los partidos y sólo 10% piensa que los legisladores legislan en favor de sus representados. La población mira a los partidos y ve allí una historia de priización, de complicidades, de organizaciones que dijeron enarbolar algo distinto para después actuar igual. Ve a partidos con algunas diferencias en cuanto a lo que ofrecen, pero con demasiadas similitudes en cuanto a cómo se comportan. Ve pluralismo en la oferta política, pero mimetismo en el desempeño gubernamental. Ve a partidos corruptos, partidos que se niegan a rendir cuentas, partidos que se rehúsan a reducir gastos, partidos que hacen promesas para después ignorarlas, partidos que, en lugar de combatir la impunidad, perpetúan sus peores prácticas.

Allí está el PRI montado sobre el corporativismo corrupto y vanagloriándose por ello. O el PAN que prometió ser el partido de los ciudadanos pero acabó cortejando a Valdemar Gutiérrez, líder atávico del sindicato del IMSS. O el Partido Verde, única opción “ecologista” del planeta que apoya la pena de muerte mientras se vende al mejor postor y financia la farándula del “Niño Verde”. O el PRD, enlodado aún por el “cochinero” de su elección interna y que no logra remontar las divisiones internas producto de su relación de amor-odio con Andrés Manuel López Obrador. O el PT o Convergencia, saltando de alianza en alianza para ver cómo aterrizan mejor. Otorgándose salarios altos, fiestas fastuosas, aguinaldos amplios, viáticos inmensos, exenciones amplias, cónclaves en las mejores playas. Partidos cerca del botín que se reparten y lejos de la ciudadanía; cerca de los privilegios que quieren preservar y lejos de los incentivos para sacrificarlos.

Y ante eso se nos dice que debemos votar por alguno de ellos porque, si no, “afectaríamos la legitimidad de la representación política”, cuando en realidad esa representación sólo existe de manera trunca y parcial. Y se nos dice que el sistema de partidos funciona “razonablemente bien”, cuando en realidad funciona muy bien para la clase política pero muy mal para la ciudadanía. Y se nos dice que el sufragio por alguna de las opciones existentes fomentará el cambio, cuando en realidad sólo preservará el statu quo. Y se nos dice que si anulamos el voto estaríamos desacreditando a las instituciones, cuando en realidad han logrado hacerlo sin nuestra ayuda. Y se nos dice que debemos buscar verdaderos mecanismos de exigencia para demandar que la clase política se comporte de mejor manera, cuando en realidad no existen. Y se nos dice que anular el voto sería una “táctica ineficaz”, pero nadie propone una alternativa mejor para presionar a políticos –por supuesto– satisfechos con su situación.

Hoy por hoy, la clase política no tiene un solo incentivo para remodelar un sistema que tanto la beneficia. Quizás los candidatos prometerán hacerlo después de que votemos por ellos y lleguen al poder, pero una vez allí pueden ignorarnos sin costo. No hay reelección pero sí hay trampolín: saltan de la Cámara de Diputados al Senado y de allí a una presidencia municipal y, de allí, de vuelta al Congreso. Una y otra vez, sin haber rendido cuentas jamás. Sin haber regresado a explicar lo que hicieron y por qué. Sin haber sido sometidos al escrutinio de electores con la capacidad de sancionar o premiar. Porque podemos llevar a alguien al poder con nuestro voto, pero no podemos castigarlo si lo ejerce en nuestra contra. Los políticos saben que han logrado erigir un muro infranqueable en torno a su alcázar; tienen una situación inusual y privilegiada que no quieren perder.

Algo está mal. Algo no funciona. Algo necesita cambiar y con urgencia. Porque cuando José Woldenberg sugiere votar “por el menos malo” me parece un consejo que coloca la vara de medición a ras del suelo, que obliga a México a seguir conformándose con poco y aspirando a menos. Siento que si voto por cualquier partido –en estas condiciones– contribuiré a avalar un sistema que debe ser cambiado desde afuera, ya que nadie lo va a hacer desde adentro. Siento que si tacho la boleta en favor de cualquier persona –en estas condiciones– acabaré contribuyendo a legitimar un sistema que actúa cotidianamente al margen de la ciudadanía. Siento que si voto incluso por una persona con amplios atributos –en estas condiciones– acabaré premiando a partidos que obstaculizan la profundización democrática en lugar de fomentarla.

Por ello tendremos que pensar en acciones que contribuyan a sacudir, a presionar, a protestar, a rechazar, a manifestar la inconformidad, a reconfigurar una democracia altamente disfuncional. Por ello habrá que proponer medidas que combatan la inercia y generen incentivos para mejorar la representación. Ya sea a través del voto anulado o el voto en blanco o el voto condicionado o el voto por Esperanza Marchita o una marcha multitudinaria o un frente común conformado por millones de mexicanos insatisfechos en busca de un catalizador para el cambio. Porque el voto “sin adjetivos” ya ha demostrado ser insuficiente; la competencia entre partidos ha demostrado ser insuficiente; la alternancia entre una opción ideológica u otra ha demostrado ser insuficiente.

El problema no son las personas o los partidos; es un sistema político que no asume la representación como punto de partida, como cimiento fundacional. El problema es la inexistencia de mecanismos democráticos como la reelección, las candidaturas ciudadanas, las “acciones colectivas”, la revocación del mandato, entre muchas más. El problema es que los partidos insisten en que nos representan adecuadamente cuando no es así. No podemos seguir fingiendo; ha llegado el momento de reconocer lo que no funciona y componerlo. Porque, como ha escrito José Antonio Crespo, votar por el partido “menos malo” equivale a comprar la fruta menos podrida, en lugar de presionar al vendedor para que –de ahora en adelante– venda fruta fresca. Equivale a decir que México no puede aspirar a más.

Proceso08/06/2009

El fantasma del voto nulo

Luis Hernández Navarro

El fantasma del voto nulo asusta a la clase política mexicana. Sin distingo de siglas o ideologías, los dirigentes de todos los partidos políticos, sus intelectuales orgánicos, la Iglesia católica y las instituciones electorales temen que este 5 de julio los ciudadanos no voten por alguna de las siglas estampadas en las boletas electorales.

Al igual que acontece cuando después de un accidente automovilístico de relativa gravedad el chofer tarda un tiempo en calibrar la magnitud de los daños, los políticos profesionales no terminan de evaluar el tamaño del golpe que presienten. Apanicados, se echan la culpa unos a otros del crecimiento de la ola abstencionista. Andrés Manuel Lopez Obrador y Jesús Ortega responsabilizan a la derecha. Los panistas señalan con el dedo índice al Partido Revolucionario Institucional (PRI) “porque es el que tiene mayor voto duro”. El tricolor pide que se investigue si la campaña proviene de grupos conservadores o del gobierno federal. La jerarquía católica advierte fracaso democrático y triunfo del totalitarismo. El Instituto Federal Electoral (IFE) señala que es responsabilidad de los partidos que los votantes acudan a las urnas.

Las causas de esta oleada son, sin embargo, más sencillas. La clase política mexicana agotó ya sus últimas reservas de credibilidad. El sistema de partidos se colapsó. El país no cabe en el régimen político. Doblegadas ante los grandes consorcios mediáticos, las instituciones de organización y vigilancia electoral están sumidas en el descrédito.

Existe una creciente y profunda desconfianza de amplios sectores de la ciudadanía con los mecanismos de representación y mediación política institucional. Esta mezcla de malestar, incredulidad e indignación no se concentra en un partido, un funcionario o un representante en especial, sino que involucra a la mayoría. Muy pocos se escapan. La corrupción mancha a casi todos. Los partidos padecen inacabables conflictos internos. Las peleas entre las personalidades políticas de mayor renombre son interminables.

En estas circunstancias ningún acontecimiento, por grave que sea, permanece mucho tiempo en la agenda pública. Un escándalo tapa a otro. Su vida es fugaz.

Además del agotamiento del régimen y el hastío y la desconfianza ciudadana, la eclosión de quienes promueven la anulación del voto y de quienes piensan abstenerse no es ajena a seis hechos que han modificado la fisonomía del país y que los políticos no parecen haber comprendido cabalmente.

El primero es la emergencia de las redes informáticas, que han generado, sobre todo entre los jóvenes urbanos, nuevas sensibilidades y distintas formas de relación. La campaña crece en Internet y desde allí ha saltado a los medios escritos y electrónicos.

El segundo es la changarrización de la base productiva y la precarización laboral que han disuelto identidades y lealtades tradicionales asociadas con el mundo del trabajo y con la compra y coacción del voto. Aunque se conservan clientelas electorales de base territorial susceptibles de ser movilizadas sobre la base de programas asistenciales, éstas distan de ser mayoría entre los votantes.

El tercero es el creciente número de conflictos sociales en todo el país que se desarrollan al margen de los partidos políticos o de los intermediarios sociales tradicionales. Centenares de protestas de indígenas, campesinos, trabajadores, pobres urbanos, mujeres, defensores de derechos humanos, ecologistas han surgido en todo el país. Muchas se han radicalizado. Con frecuencia han desbordado los canales institucionales para atenderlas. Algunas, inclusive, han decidido darse sus propias formas de gobierno. El pobrerío anda alborotado y las elites están temerosas con ese alboroto. Quienes participan en estas movilizaciones no ven que la solución de sus problemas dependa necesariamente de votar por un candidato en particular. Con la izquierda partidaria dividida y una parte muy importante de su liderazgo desprestigiado, en estos comicios la polarización social se expresa marginalmente en la vía electoral.

El cuarto es la constitución de una corriente de opinión en favor de la anulación del sufragio entre sectores de las clases medias, académicos e intelectuales, que en el pasado fueron promotores de las distintas variantes del voto útil, y que ahora no están dispuestos a dejarse arrastrar por el dilema de sufragar por tal o cual partido en específico o ser avasallados por el peligro mayor.

El quinto es la agresiva campaña contra partidos, clase política y Congreso de la Unión que los grandes medios de comunicación electrónicos efectuaron como parte del pulso alrededor de la reforma electoral de septiembre de 2007 y la sustitución de los funcionarios del IFE. Los concesionarios de radio y televisión exhibieron públicamente algunas de las miserias de legisladores y dirigentes partidarios.

El sexto es el éxodo que ha arrancado a millones de personas de sus lugares de nacimiento y trabajo, y ha hecho de la migración (tanto interna como hacia Estados Unidos) y la deslocalización territorial un fenómeno central del México contemporáneo.

Hace más de seis años el EZLN anunció el colapso de la clase política que la actual campaña en favor del voto nulo y/ o la abstención evidencia. Para escándalo de algunos, los alzados no diferenciaron en su análisis partidos ni personalidades. Su diagnóstico ha demostrado ser certero.

En 2001, al legislar simulando reconocer los derechos de los pueblos indígenas, la clase política cavó un foso insuperable con amplios sectores de la sociedad mexicana. Cualquier regeneración de la política en este país provendrá no de los sótanos de San Lázaro ni del Palacio de Covián o de Los Pinos, sino de abajo y a la izquierda.

'No anulen voto', piden candidatos a electores

EL SIGLO DE TORREÓN


Los candidatos a diputados federales hacen un llamado a los ciudadanos a participar en la elección del 5 de julio y a no anular su voto.

Luis Gurza, candidato del PAN por el Distrito 06 de Torreón, dijo que más que anular el voto, los ciudadanos deben llevar un seguimiento de sus representantes en el Congreso, lo cual cada vez es más sencillo a través de la Internet.

Consideró que la medida puede impactar al PAN por el voto libre que asiste a la urna por su propio pie, mientras que no afectaría a la maquinaria del Estado en beneficio del PRI.

Dado que muchos ciudadanos están en el hartazgo y en muestra de ello buscan anular su voto en las elecciones federales del próximo 5 de julio, para Miguel Riquelme Solís, candidato del PRI por el Distrito 05 de Torreón, es comprensible su desencanto y hasta asegura que el descrédito hacia los partidos también tiene mucho que ver.

Sin embargo, hizo un llamado a la conciencia de quienes piensan anularlo, para que "me den su voto de confianza". Y expresa su invitación para que participen votando en el próximo proceso electoral, "si no quieren hacerlo por los partidos, háganlo por las personas''.

Por su parte, Héctor Fernández Aguirre candidato priista por el Distrito 06, declaró que: "el Artículo 35 de la Constitución Mexicana nos da el derecho de votar y ser votados. Por eso la gente debe votar, como una manera de legitimar a sus gobernantes''. Asegura que no es una corriente muy fuerte de ciudadanos la que busca "anular su voto, es sólo la postura de algunos intelectuales de la Ciudad de México'', comentó.

Los candidatos a diputados por el Distrito 02 en Durango correspondiente a Gómez Palacio y Lerdo del PRI y del PAN también manifestaron su preocupación por la "campaña" de anulación de votos pues consideran que con ello no se "castiga" a los partidos ni a los gobernantes sino a la Democracia.

El candidato del PRI, Ricardo Rebollo Mendoza aseguró: "No es con la indiferencia o apatia con que se castiga a un partido o a un polìtico, es con el voto en contra [...] la democracia podrá no ser un sistema perfecto, pero es el mejor que existe".

El candidato del PAN, Julio Castañeda resaltó la importancia del voto: "Que voten por quien deseen, pero que lo hagan pues en el Congreso se toman las decisiones importante del país".

El IFE no puede sancionar

El consejero presidente y vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, David Alejandro Delgado Arroyo, reconoció que no se tienen las facultades para sancionar a quienes promueven la anulación del voto para la próxima jornada electoral del cinco de julio. Refirió que este es un tema nuevo, complejo y que seguramente no se habrá de resolver en esta elección, pero que merece generar un importante debate público y deberá ser considerado por los futuros legisladores. Dijo que nunca antes "nos habíamos enfrentado a un fenómeno de esta naturaleza", pues uno de los objetivos del IFE es, precisamente, el de promover el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. (Ma. Elena Holguín).