27-Agosto-2011
PUEBLA.- México ocupa el penoso primer lugar entre los países de América Latina donde el ejercicio del periodismo es más peligroso, fenómeno que lejos de disminuir va en aumento ante un contexto en el que no se concretan las acciones del Estado para revertirlo y sólo se queda en los buenos intentos, dijo Gonzalo Marroquín, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Marroquín, quien participa en la Conferencia Hemisférica Universitaria “Políticas Públicas para combatir la Impunidad”, que se realiza en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en la cual participan estudiantes, académicos, periodistas y especialistas de 13 países y 22 universidades, expuso: “La SIP ha tenido varios encuentros con el presidente Felipe Calderón. Siempre hemos encontrado en él una recepción muy positiva a los planteamientos, pero lamentablemente hemos comprobado que el poner en práctica todos los ofrecimientos cuesta mucho”.
Puso como ejemplo el que el presidente Calderón aseguró a representantes de la SIP que se impulsaría la aprobación de una ley para federalizar la investigación de los asesinatos de periodistas y operadores de derechos humanos, pero esto no ha ocurrido.
Paralelamente, continuó, se creó la Fiscalía Especial para los Delitos contra Periodistas, pero no ha dado resultados positivos. Además de la conformación a un programa para protección a los comunicadores, pero éste no cuenta con los recursos suficientes.
”Así que creemos que es tiempo de que esos discursos de buena voluntad se traduzcan en hechos concretos que beneficien en primera instancia a los periodistas, pero finalmente, que sirvan para garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa en México, que es un baluarte que fortalece la democracia”.
Es necesario avanzar hacia ese objetivo, pues es lamentable que tan sólo este año hayan sido asesinados seis periodistas en México y uno más continúa desaparecido.
“Ningún otro país tiene esos índices. Cada año se repiten y aumentan, así que creemos que es un problema muy serio, porque cuando se asesina a un periodista, se asesina al mensajero y el derecho de expresión. Se pretende una autocensura de los medios”.
Para la SIP, dijo, se tiene claro que cuando se agrede a un periodista, se agrede a la sociedad y la única manera para detener esto es que el Estado asuma su responsabilidad y que garantice el ejercicio libre del periodismo.
“Creemos que el discurso de buena voluntad que hemos venido escuchando de varios gobiernos, se traduzca en realidades. No es posible que las investigaciones avancen tan lentamente o simplemente no avancen en las pesquisas de asesinatos de periodistas, porque estamos convencidos que mientras el manto de impunidad proteja y encubra estos asesinatos, van a continuar”.
Comentó que en el próximo encuentro de la SIP, en Lima, Perú, en octubre, se continuará abordando el tema en cuestión, porque las cosas no han cambiado en los últimos años, pues recordó que hace un año señalaron que hay dos enemigos de la libertad de prensa: el crimen organizado que asesina a periodistas y los persigue, y gobiernos autoritarios e intolerantes que aprueban leyes para restringir los espacios de libertad de expresión.
“Por ello, redoblaremos nuestros esfuerzos, nos mantendremos firmes y convocaremos a los medios de comunicación para que mantengamos una actitud de solidaridad que permita enfrentar los embates que provengan de uno u otro enemigo”, concluyó.
CIDH condena crimen
WASHINGTON, EU.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer el asesinato del periodista mexicano Humberto Millán Salazar, el sexto en lo que va del año, y pidió a las autoridades una investigación “exhaustiva” .
Humberto Millán Salazar, de 53 años, director y editor del diario digital A Discusión y periodista del Grupo Fórmula, fue encontrado muerto el pasado 25 de agosto con una herida de bala en la cabeza en una zona rural en Sinaloa, México. La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en la región, señaló en un comunicado que éste es el sexto homicidio de comunicadores en México en 2011, que podrían estar relacionados con el ejercicio del periodismo.
La Relatoría Especial reiteró su preocupación por los crímenes y pidió a las autoridades que tomen medidas “urgentes”, como fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.
Asimismo, pidió que se trasladen a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores.
En ocasiones anteriores, la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, ha explicado que este tipo de medidas ayudarían a evitar posibles coacciones a los jueces locales.
También exhortó al Gobierno mexicano a poner en práctica los mecanismos de seguridad necesarios para proteger “efectivamente” la vida e integridad de los periodistas amenazados.
