Operativos de guerra para contar votos

Durango, la presa


*Dispositivo policiaco violenta la Ley electoral de Durango

Juan Monrreal López
Julio 11 del 2010
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Gómez Palacio, Durango.- Pertrechados con rifles de asalto, escuadras, cercas de metal, autos y camionetas de la policía municipal, patrullas de vialidad,- sellando las bocacalles de 20 de Noviembre y Constitución -, un camión de bomberos, más un helicóptero del gobierno del estado circunvolando el espacio de las oficinas del Instituto electoral y de participación ciudadana(IEPC), ciento veinte policías municipales, además de 30 elementos de la dirección estatal de Investigaciones (DEI), fueron los dispositivos de guerra que desplegó el gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, para seguir violentando el proceso electoral que el pasado 4 de julio se usó para elegir gobernador, 39 alcaldes y 15 diputados de elección directa.

Sin identificación que los acreditara como agentes en activo, presuntos agentes de la DEI impidieron el paso a las oficinas del IEPC de Gómez Palacio, a senadores de la República, diputados locales, legisladores federales, reporteros; haciendo alarde del poder de fuego que pendía en las fundas donde portaban pistolas calibre 380.

Desplegados en los alrededores de las oficinas de conteo de votos, desde temprano controlaron a todo aquel que quisiera hacer uso de sus derechos ciudadanos consagrados en el Artículo 150 de la Ley estatal electoral que reza que las sesiones del Consejo estatal y los consejos municipales electorales serán públicas; esto no pasó en el conteo de los sufragios distritales.

Sólo los priistas tuvieron libre acceso a un local contiguo al IEPC. Previamente habían rentado un recinto que usaron como guarida para librar las vallas de metal sin ser molestados.

Colocados en atalayas sobre construcciones aledañas, comandos armados de la DSPM de esta ciudad, vigilaban que el mandato de la Ley electoral en su Artículo 150, se violentara.

El laberinto de vallas férreas no reconocía más autoridad que un supuesto agente de la DEI que nunca se identificó con nadie.

La investidura del senador Guillermo Anaya Llamas, delegado del PAN en Durango, de poco sirvió. El diputado local Julio Castañeda, también luchó para poder franquear los blocaos que se colocaron para brindar seguridad para librar una probable agresión, según dijo el Consejero presidente del IEPC el priista Juan Manuel González Alonso.

Con listas en la mano, los policías hurgaban en las relaciones buscando los nombres de la gente que podían pasar.

Los priistas no tuvieron dificultad alguna.

Al filo de las 11 de la mañana, los diputados locales Juan Moreno Espinosa, “Míster Cemento”- por el hormigón donado por la Congregación Mariana Trinitaria, que operó ilegalmente para ganar la elección-, traspasaron las barreras sin ninguna dificultad, al igual que Gabriel Rodríguez e Hipólito Pasillas.

Incluso Francisco “Paco” Bardan, ex director del catastro municipal,- quien por costumbre pedía préstamos personales a los lideres para regularizar los predios-, se regodeaba entrando y saliendo del cerco policiaco, sin problemas.

Hasta las 11 de la mañana sólo Demócrata Norte de México, se encontraba cubriendo el conteo distrital, porque el presidente del IEPC Juan Manuel González Alonso, dio la orden de que nadie pasara.

Sólo después de mucho insistir, un par de reporteros de medios pudieron llegar hasta la pantalla de 26 pulgadas montada sobre la calle bajo el sol, para poder enterarse del conteo distrital.

Luego alrededor de las 11 y media de la mañana, Hiram Morales Sánchez, delegado del PRI en Gómez palacio, salió del recinto del IEPC para recibir instrucciones del diputado federal Ricardo Rebollo Mendoza, hermano de la alcaldesa electa, Rocío, de los mismos apellidos.

El legislador y alcalde con licencia, se acercó a 20 metros del recinto. Recogió los detalles del conteo y se fue.

Sorprendido porque Demócrata Norte de México, sorteó la fortificación montada, el senador Guillermo Anaya Llamas, expresó “¿te dejaron entrar?”, luego dijo que el gobierno del estado es quien tiene realmente el control del IEPC, señalando además que la elección estuvo llena de irregularidades.

Abundó.

“Durango se lleva la joya de oro en materia de irregularidades, de gente armada, de robo de urnas, de intimidación, un entrometimiento(Sic) absurdo descarado de parte del gobierno del estado”.

Luego cerró.

“Es vergonzoso ver, pues que utilicen a toda la policía, en vez de que cuiden a todos los ciudadanos, pues aquí habemos un puñado de 10 gentes simpatizantes de la coalición (Durango, nos Une), pacífica, y está bueno, cuidando como si aquí estuviera realmente la delincuencia organizada, cuando sabemos que la delincuencia organizada, se encuentra en las calles haciendo de las suyas y el gobernador en lugar de estar preocupado por ello, pues está preocupado porque sus candidatos ganen a como dé lugar(Sic)”.

Allí mismo la diputada federal chihuahuense, María Antonieta Pérez Reyes, señaló que la cantidad de policías que cercaron el IEPC:

“Es una vergüenza, yo no pensé que en estados como Durango, que pues están en el norte del país, que tienen un desarrollo aceptable, pudiera haber reste tipo de retroceso. Yo lo imaginaba en el sur del país, allá por Oaxaca, Michoacán, Chiapas; pero aquí me tiene muy sorprendida; esto (Ciudad) Juárez lo vio hace 25 años; hoy en Chihuahua, no pasa esta situación tan vergonzante, verdad, y lo peor es que son órdenes del gobernador (Ismael Hernández Deras), según me dicen los señores policías. Cómo es posible que la gente, el público, pueda ni tener acceso a la audiencia”

Entonces calificó la elección:

“Un retroceso brutal”

Agregó:

“Nosotros en el norte sabemos que en Durango, no ha habido alternancia, y de entrada eso nos dice que las cosas no están bien. En una democracia donde la alternancia ya es un beneficio de la ciudadanía, cuando no se ejerce ese derecho, es porque el estado está influyendo, bueno Durango, es un ejemplo”.

Terminó diciendo:

“Es una vergüenza que esto esté pasando en Durango”.

Demócrata Norte de México, (DNM) ¿Qué le diría al gobernador Ismael Hernández Deras?

La diputada federal manifestó:

-No, bueno, que el poder tiene su límite y el límite es la voluntad ciudadana.

Representantes partidistas tramposos

Con el control del IEPEC desde las oficinas de Ismael Hernández, más la asesoría de Gisela Rubach; especialista en burlar las voluntades ciudadanas mediante estrategias de escamotear el voto; pronto el PRI se adueñó de los representantes partidistas en el IEPC municipal.

Primero, acreditaron al delegado municipal del PRI Hiram Morales Sánchez, - quien llegó a este municipio de la mano de uno de los preferidos del Hernández Deras; Jorge Meade Ocaranza -, como representante del tricolor.

Luego lo reforzaron con el apoderado jurídico del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Gabriel de Jesús González Aguilera, - esposo de la locutora de Multimedios Estrellas de Oro, Abigail Montiel López-, quien fue habilitado como vocero del partido Verde.

Enseguida inscribieron al sub secretario del Ayuntamiento, Francisco de Santiago Campos, “El Tachis”, como comisionado del partido Duranguense.

Por cierto, De Santiago Campos, cuenta con una ficha en el CERESO gómezpalatino, lo que no se explica cómo libró el requisito de no contar con antecedentes penales para ocupar un puesto público.

Con los representantes copados, los acuerdos de Consejeros y representantes partidistas, fluyeron rápido a favor del PRI en los conteos.

Prácticas de guerra

Pero la intimidación y el cerco de las urnas en el IEPC no fueron suficientes para mantener el control.

Un funcionario del instituto, sin identificación, se dedicó a filmar y fotografiar a todos aquellos que no fueran miembros del PRI. Ni los periodistas se escaparon.

Demócrata Norte de México, le pidió su nombre, el supuesto funcionario se negó.

Fue una elección violenta: Hipólito Pasillas, diputado local del PRI

DNM ¿Fue una elección violenta?

Hipólito Pasillas, respondió:

“Pues por lo que se suscitó acá (la balacera en Hamburgo), los mismos diarios lo publicaron, lo que se suscitó en Hamburgo, fue una elección un tanto violenta, no tanto, bastante violenta, porque nunca se habían dado esos casos”.

Siguió:

“Aquí, que malo que hagamos todo eso. Mire, aquí todos nos criticamos unos con otros que el acarreo, mire aquí todos lo hacemos; si, entonces, pero que eso, ya, a que exista eso, un tipo tan fuerte como lo que sucedió en Hamburgo (la balacera), eso es otro boleto (Sic)”.

jmonrreall@yahoo.com

Una jornada particular

Miguel Ángel Granados Chapa

Anteayer todos los partidos obtuvieron triunfos y todos padecieron derrotas. Si la democracia se redujera únicamente a ser el mecanismo electoral en el que nada se gana o se pierde por entero y para siempre, diríamos que la jornada del domingo fue cumplidamente democrática. En una perspectiva de conjunto, imaginando que los comicios fueran un paquete de dimensión nacional, todo el mundo tiene algo que celebrar y algo de qué dolerse. Pero así como carece de sentido informar sobre los resultados totales de una elección municipal o legislativa, cuando lo relevante es qué ocurrió en cada municipio y en cada distrito, así es preciso no dejarse ganar por la ilusión de que, viendo el fenómeno en su conjunto, la del domingo fue una jornada singular, gratificante, un día que merece recordarse porque sus avances fueron mayores que sus retrocesos o estancamientos.

Si acercamos la lente a cada entidad donde se efectuaron elecciones para gobernador, veremos con menos entusiasmo o menor desilusión lo ocurrido. En Hidalgo, por ejemplo, la buena noticia de que Xóchitl Gálvez Ruiz reunió la mayor cantidad de votos jamás depositada a favor de un candidato opositor resulta mitigada por el perverso modo en que el gobierno y su partido la contuvieron. La cadena sinfín de atropellos en su contra tuvo su principal eslabón el domingo mismo, cuando la alianza opositora sufrió una agresión semejante en su propósito al asesinato de Ovando y Gil, las víctimas iniciales del cardenismo, muertos para que no funcionara el centro de cómputo del Frente Democrático Nacional, requisito previo a la caída del sistema y la incineración de las actas, pues contenía el mecanismo capaz de ofrecer un registro diverso del que prevaleció en aquel aciago 1988. En Pachuca no se causó la muerte a nadie, pero un comando asaltó el Centro de información estratégica de la coalición opositora.

Empeoró el atraco el intento de disfrazarlo de acción legal, beneficiosa para la población. La ordenó la Procuraduría de justicia del estado que, mostrando una extraña diligencia, atendió una denuncia anónima según la cual en aquella sede partidaria estaba reunida gente portadora de armas de alto poder. El montaje de pésima calidad tenía como objetivo estorbar de modo determinante las capacidades funcionales de la coalición, sus planes de representación general y en las casillas, con lo que se lastimó la operación de vigilancia imprescindible en una elección donde no se aplica la ley. Una entidad donde los Zetas se han instalado con aquiescencia política de quienes detentan el poder carece de la eficacia ministerial con que se actuó la noche del sábado, en que la presunta llamada ciudadana fue seguida con presteza de la petición y el obsequio de una orden de cateo que permitió el allanamiento a mano armada, la sustracción de documentación estratégica y la aprehensión de 12 personas que trabajaban en la organización del sistema de defensa del voto. Para coronar la insolencia de la operación, a cuyo éxito se debe acaso la ventaja que se registra a favor del candidato oficial, el gobernador Osorio informó por la noche a la Secretaría de Gobernación que 10 de las víctimas habían sido dejadas en libertad. Nada dijo, al parecer, sobre el botín obtenido por sus tropas ni el destino y el paradero de los prisioneros restantes.

Otra característica de la democracia electoral es la equidad en la contienda. Ese rasgo estuvo ausente en el proceso hidalguense, especialmente en el acceso a los medios. Los oficiales, el sistema de radio y televisión del estado, quedaron al servicio del candidato priista en proporción de tres a uno. Los medios particulares, especial pero no únicamente los impresos, por entero dominados por el aparato gubernamental, pretendían garantizar su porvenir. Buscaban la firma de convenios que cobraran vigencia en el eventual gobierno de la candidata opositora. La pretensión era una manera de extorsionarla: si no se firmaban esos documentos, de que depende la vida de publicaciones que no tienen más sentido que la firma de esos acuerdos con el gobierno, habría silencio en torno de Xóchitl Gálvez. Y lo hubo, porque obviamente la candidata rehusó adquirir compromisos que, por un lado, eran en extremo onerosos (hasta 20 millones de pesos importaba la exigencia de uno de esos periódicos mercenarios) y que, aun no siéndolo, eran inadmisibles desde la ética con que se condujo la abanderada de la coalición Hidalgo nos une.

Su jornada no concluyó el domingo por la noche. Denunció innumerables irregularidades en su contra, persecuciones e intromisiones disfrazadas de protección, practicada por la policía estatal (que está en la mira del Ministerio Público federal, como lo está el mismísimo presunto triunfador de la elección), desvío de programas y recursos públicos para comprar y coaccionar el voto, todo lo cual podría generar la anulación de los comicios, propósito que está en la agenda de la infatigable candidata.

Frústrese o no su gestión judicial, Xóchitl Gálvez no puede abandonar a su suerte a los 400 mil hidalguenses que sufragaron en su favor. No se pierde todo para siempre en una democracia. En Hidalgo no la hay pero esa regla esperanzadora está vigente. Defender el voto del domingo, ejercerlo de modo más eficaz en elecciones futuras, ésa es la tarea que compete a esa enorme fuerza de ciudadanos libres que encontraron en la candidata opositora una dirigente firme, que no se arredra, no se frustra ni se acomoda.


Cajón de sastre

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contiene y suscita una serie de malas noticias para el Sindicato Mexicano de Electricistas y otras menos malas (sin llegar a la categoría de buenas). En primer lugar, derrota su pretensión de declarar inconstitucional la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, por lo que queda firme el decreto del 11 de octubre. Sin embargo, por tratarse de un asunto de legalidad y no de constitucionalidad, se abstuvo de abordar el tema de la sustitución de patrón, que podrá promover el sindicato. Empero, esa cuestión deberá ser resuelta por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un peculiar tribunal de justicia (laboral) que depende del Ejecutivo y está por lo tanto sesgada por los prejuicios e intereses derivados de su subordinación jurídica y política.

Reforma
06/07/2010