Como si fuera cosa del diablo que buscaba salir a la superficie desde lo más profundo del infierno, un enorme agujero se abrió en los terrenos de labranza de Santa María Zacatepec, Puebla. Con apetito imparable, el hoyo creció día tras día. Comenzó el 29 de mayo de 2021, con diámetro de cinco metros. En menos de un día alcanzó 30. Al poco tiempo llegó a 100 metros. Ahora tiene casi 130 y 30 metros de profundidad.
En su voracidad, el socavón se tragó siembras y la casa de la familia Sánchez Xalamiahua, agrietó muros de otras viviendas y se tragó a los perritos Spay y Spike, que finalmente fueron rescatados. Visto desde arriba, parece un enorme cráter lunar, con orificios en las paredes que semejan cañerías. En realidad, la cavidad no está sola. El demonio abrió también otras oquedades bajo la tierra, convirtiendo la zona en una especie de queso gruyere.
En La suave patria, Ramón López Velarde escribió: El Niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo. Pero en Puebla no fue la explotación del oro negro lo que el maligno concedió, sino la extracción del oro azul. Eso fue lo que causó que el socavón se abriera. En 1992, el moderno Belcebú dio en usufructo los manantiales, a empresas que se establecieron en San Mateo Cuanalá, municipio Juan C. Bonila, Puebla. Y, primero una embotelladora y luego la trasnacional Bonafont, los ordeñaron irracionalmente.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio, las autoridades han extendido a grandes negociantes, garantía de impunidad para hacer lo que deseen con los recursos hídricos. Un bien público como el oro azul, se ha privatizado (https://bit.ly/3s1bLdD). En lugar de instalar redes de agua potable, han facilitado su venta en envases de plástico. Tres trasnacionales controlan 80 por ciento de este mercado en nuestro país: Coca Cola (Ciel), Danone (Bonafont) y PepsiCo (E-Pura) (https://bit.ly/3gXmMqa).
Con sed de ganancias insaciable, Bonafont, parte del consorcio Danone, extrajo un millón 640 mil litros de agua al día, el consumo de una comunidad de 18 mil habitantes. Su ambición agotó mantos freáticos, dejó a más de 20 comunidades del municipio sin líquido vital y cavó un tejido invisible de túneles, cavernas y huecos subterráneos que precipitaron, en buena medida, según un estudio de especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la aparición del socavón. Obtuvo, a cambio, 3.28 millones de pesos diarios.
Desde 1992, los indígenas nahuas de la región se opusieron al despojo del agua. Para frenar la inconformidad, el gobierno estatal les impuso una alcaldía ilegítima. A lo largo de los años, una y otra vez, protestaron contra la devastación ambiental y el agotamiento de los pozos artesanales. En 2008, bloquearon la carretera federal México-Puebla y cerraron simbólicamente la empresa. Fue inútil. Las autoridades hicieron oídos sordos a la inconformidad y se alinearon con las trasnacionales.
Día a día, la situación se tornaba más y más apremiante. Los pozos se secaban, escaseaba el líquido para las siembras, los animales e incluso para consumo humano. Así, el 22 de marzo de 2021, Día Internacional del Agua, 22 comunidades organizadas en Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, clausuraron la planta.
En eso estaban, cuando el diablo se apareció en el socavón. Una denominación religiosa se congregó alrededor del cerco de seguridad de la oquedad, para orar, llamar a los mortales a arrepentirse de sus pecados, leer citas bíblicas y entonar cantos religiosos. Otros, más prácticos, inventaron un pan de fiesta con el nombre de Recuerdo del socavón.
Poco más de cuatro meses después, ante la negligencia gubernamental, el 8 de agosto, 142 aniversario del nacimiento del general Emiliano Zapata, el frente de pueblos indígenas ocupó la planta, tapó el
pozo ilegal en el que la empresa almacenaba el agua y fundó el centro comunitario Altepelmecalli (Casa de los Pueblos).
Engalanados los muros de las instalaciones por las pinturas de varios artistas plásticos, comenzaron a florecer todo tipo de proyectos autogestionarios: de educación, salud, cría de pollos, cerdos y borregos, una radio comunitaria, una biblioteca y otras actividades. Como un milagro, cuando cesó su extracción salvaje, el oro azul dejó de escasear en casas y predios (https://bit.ly/3gXmMqa).
El Altepelmecalli se convirtió en un gran centro de encuentros y reuniones inspiradas en el ecologismo de los pobres. Un verdadero cruce de caminos de la resistencia popular. Adoptó como eje de acción la lucha contra la devastación, el despojo, la opresión, la explotación y la discriminación. Movimientos en defensa de los ríos y el agua, contra la minería a cielo abierto, gasoductos y grandes hidroeléctricas se dieron cita allí para intercambiar experiencias y afinar planes. Honraban así la memoria del dirigente comunitario Samir Flores, asesinado impunemente en Amilcingo hace tres años.
Once meses duró la inédita experiencia de autorganización regional indígena. Amparadas por la oscuridad, en la madrugada del 15 de febrero de 2022, la Guardia Nacional y la policía estatal desalojaron a los pueblos con violencia y regresaron las instalaciones a Bonafont.
Muy lejos de ser un acto de justicia, la intervención policial en favor de la empresa es una invitación a que se abran más socavones y se abatan los mantos freáticos. La represión contra los indígenas nahuas, deja al descubierto de qué lado masca la iguana en conflictos por los recursos naturales entre pueblos originarios y grandes empresas.
El equipo de abogados del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros y Checadores de Veracruz continúa avanzando por la vía legal hasta lograr su objetivo: anular la requisa decretada por Carlos Salinas en 1991.
En el caso de los trabajadores portuarios de Veracruz afectados por la requisa que en 1991 ordenó el entonces presidente Carlos Salinas, la justicia sigue estancada en el gobierno de la Cuarta Transformación. La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de resarcir los daños y devolverles el patrimonio que perdieron hace tres décadas, sigue sin atenderse. Ya existe un grupo interinstitucional, conformado por varias dependencias para atender el asunto, pero es la fecha en que ni siquiera se han podido reunir. Mientras tanto, los obreros siguen muriendo en la miseria; padecen enfermedades terminales que no pueden atender por falta de recursos económicos. Los trabajadores aseguran que confían en la palabra del presidente López Obrador a pesar de que ya es desesperante tanta espera, pero advierten: Todo tiene un límite y vamos a tomar acciones cueste lo que cueste.
Mientras la negociación con el Gobierno Federal sigue estancada por desacuerdos internos, los estragos causados por la pandemia, morosidad oficial, entre otras causas, el equipo de abogados del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros y Checadores de Veracruz, encabezados por Alejandro Pulido Cueto, continúan avanzando por la vía legal hasta lograr su objetivo: anular la requisa decretada por Carlos Salinas en 1991 y, así, dicen, recuperar los bienes de los que fueron despojados en aquel año fatídico.
A tres años de haber iniciado el movimiento para recuperar sus propiedades –edificios, cuentas bancarias, maquinaria y concesiones –el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin resolver el conflicto, a pesar de que ha dicho que en este caso “habrá justicia”.
Lo que le extraña al abogado Pulido Cueto es que el mandatario ya resolvió los problemas del sindicato de Mineros, también el de Luz y Fuerza del Centro, pero sigue pendiente “el de nuestro sindicato de maniobristas”. Nosotros fuimos despojados de nuestro patrimonio por Carlos Salinas de Gortari y el entonces gobernador Dante Delgado y la justicia sigue pendiente con nosotros.
– ¿Qué impide que se haga justicia en el caso de los trabajadores portuarios de Veracruz? –se le pregunta al abogado Pulido Cueto.
-En primer lugar, las dependencias involucradas en este caso, no se habían puesto de acuerdo. Son varias secretarías y dependencias, entre otras, la Secretaria del Trabajo, Comunicaciones, Marina, Hacienda, Relaciones Exteriores, el SAT, por citar sólo algunas.
“Hubo muchísimos retrasos debido a la pandemia, también ha habido mucha morosidad, desacato de instrucciones del Presidente y otros vicios. Después de tres años, ya existe un acuerdo interinstitucional; finalmente se logró, pero los titulares de las dependencias referidas no se han podido reunir para tratar nuestro tema y decidir la resolución del problema.
“En concreto, nos tienen que devolver nuestros bienes porque ya se demostró que la requisa de 1991 fue ilegal. Fue un vil atraco del gobierno de Carlos Salinas y Dante Delgado para apoderarse del negocio portuario. Nos quitaron nuestros edificios, cuarenta y dos cuentas bancarias, las dos concesiones en el puerto que teníamos y nuestros derechos laborales. En ese tiempo, los directivos sindicales fueron amenazados de muerte para ceder todo nuestro patrimonio y ahora, treinta años después, estamos avanzando por la vía legal pero también intentamos llegar a un acuerdo con el gobierno para que nos hagan justicia”.
De acuerdo con Pulido Cueto, al interior del grupo interinstitucional existen funcionarios que se resisten a que nuestro problema se resuelva, tengo la impresión que este grupo obedece a los intereses de Carlos Salinas, el gran ganón del negocio portuario.
–¿A qué dependencias se refiere usted? –se le inquiere.
–Hablo de funcionarios de la API de Veracruz, Lindavin, SAT, Hacienda, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina. Sus titulares hacen caso omiso de las instrucciones del Presidente. A la lista se suma el titular de la API de Veracruz, Romel Eduardo Ledezma Abaroa, quien nos ha cerrado las puertas. Todo este grupo obedece a los intereses de Carlos Salinas y se han convertido en un obstáculo para que nuestra causa avance. Es la hora que no se han podido reunir para tratar nuestro problema y darle solución.
Pulido Cueto le recuerda al Presidente López Obrador que así como él fue perseguido por el poder durante su etapa de luchador social y aspirante presidencial, el equipo que él encabeza como abogado del sindicato de maniobristas está enfrentando acoso permanente por parte de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de Veracruz y el titular de la API del puerto de Veracruz, Romel Eduardo Ledezma.
Acusa: “Nos están acosando a todos los directivos del sindicato de maniobristas, en espacial a mi; he recibido amenazas y expreso con toda sinceridad que temo por mi vida. Si algo me llega a suceder quiero que el Presidente y la Opinión Pública sepa que hago responsable al expresidente Carlos Salinas, a Dante Delgado y al almirante Romel Eduardo Ledezma, administrador de la API de Veracruz.
Pulido Cueto señala que los trabajadores portuarios no están solos: cuentan con apoyo internacional, por ejemplo, de International Dockworkers Council (IDC), que encabeza Yordy Aragunde desde España, así como de una red de organizaciones de trabajadores que operan en cien puertos del mundo y que conocen a fondo el problema que enfrentamos desde hace treinta años.
La vía legal avanza
Desde el año 2009, por ejemplo, los trabajadores portuarios impulsan el juicio de nulidad 31677/09-17-05-3 para lograr la devolución de las concesiones que hasta 1991 tenían tanto la empresa Servicios Portuarios como el Sindicato de Maniobristas para realizar la primera y segunda maniobra dentro de la zona portuaria de Veracruz.
Según los abogados pulido Cueto y Napoleón Bedolla, fue ilegal que los trabajadores hayan sido despojados de dichas concesiones en 1991, tras la requisa. Lo aberrante, sostienen, fue que la Quinta Sala de un tribunal de alzada devolvió las concesiones. Incluso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elaboró un oficio –sin firma –en el que informó al Poder Judicial que había dado cumplimiento al fallo, pero resultó falso, pues hasta la fecha ningún obrero del sindicato de maniobristas está trabajando en los muelles porque “nunca cumplieron con la ejecutoria de nulidad”.
El 22 de noviembre de 2021, los abogados le solicitaron a la Quinta Sala que se cumpla con la resolución emitida en 2009. De acuerdo con el abogado Bedolla, a partir de que se cumpla dicho fallo las concesiones que le otorgó el gobierno a API Veracruz por cien años quedarían anuladas.
El litigante aclara que en la lucha legal no pueden alegar que la requisa de 1991 se anule porque ya está fuera de tiempo, el tema requisa está prescrito. Sin embargo, lo que no prescribe nunca es el atropello laboral, el derecho de los trabajadores. Estos son imprescriptibles, asienta.
Explica que el Tratado Internacional de Viena, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Constitución determinan que los derechos laborales no prescriben.
Desde su óptica legal, el abogado Napoleón Bedolla, quien recientemente se sumó al equipo de abogados encabezados por Pulido Cueto, sostiene que el decreto del 1 de junio de 1991 se basó en el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
En aquel tiempo, recuerdo, los juristas Héctor Fix, Ignacio Burgoa y Gabino Fraga, expertos en Derecho Constitucional y Administrativo rechazaron la requisa de Carlos Salinas porque no deviene de ningún precepto constitucional y sólo se basó en la Ley de Vías Generales de Comunicación.
La Ley de Vías Generales de Comunicación expone tres razones para que se decrete una requisa: que haya guerra, grave perjuicio al orden público o bancarrota del país. Sin embargo, esto no justifica por ninguna razón quitarle el patrimonio a personas físicas ni morales. De acuerdo con Bedolla, los juristas arguyeron en su momento que el decreto presidencial adoleció de los requisitos que marca el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; también viola el artículo 6.
El decreto, según el litigante, se basó en el criterio de que hubo un grave perjuicio al interés público, pero el decreto no explica en qué se basó ese perjuicio ni tampoco lo prueba.
“El sindicato estaba enfrentando pérdidas económicas, pero esto sólo era en perjuicio de los trabajadores, no del país; el decreto presidencial no prueba tal perjuicio público y adolece de un derecho humano: motivación y fundamentación.
En la lucha legal, y también en las negociaciones, que todavía no inician formalmente, los abogados reclaman al gobierno la devolución de los bienes propiedad del sindicato de maniobristas: edificios, cuentas bancarias (42 en total), pago del usufructo de la maquinaria “que nos robaron y que explotaron las actuales empresas que operan en el puerto) y pensiones debidamente legalizadas, derecho éste último que les fue violentado al quedarse sin fuente de trabajo ni sindicato porque ambas fueron disueltas.
El tema de las cuentas es un misterio: ninguna autoridad les ha dado información sobre los saldos que disponen; existe la sospecha fundada de que dichas cuentas fueron saqueadas durante el gobierno de Carlos Salinas, aunque existe un documento oficial en el que se ordenó que a los obreros se les devolvieran tanto cuentas como edificios, pero en ese tiempo el sindicato de maniobristas y la empresa Servicios Portuarios de Veracruz ya no existían, de tal suerte que los trabajadores carecían de personalidad jurídica para hacer el reclamo. Además, los directivos sindicales de ese entonces enfrentaban amenazas de muerte y nadie se atrevió a gestionar las devoluciones.
– ¿Qué va a ocurrir con las cuentas? –se le cuestiona al abogado Pulido Cueto.
El abogado Bedolla interviene: “Creo que en las cuentas ya no hay ni un peso. Eso no lo van a devolver.
Alejandro Pulido precisa:
“Considero que, si ya no hay dinero en las cuentas, nos tendrán que informar quién o quiénes dispusieron de esos fondos y con qué derecho lo hicieron. Por otra parte, como se trata de nuestro patrimonio, el gobierno de López Obrador tendrá que responder por esos fondos porque forma parte del patrimonio que nos arrebataron por la fuerza.
“Según información que he obtenido, algunas cuentas están en poder del SAT, otras están o estuvieron en una empresa financiera de Pedro Aspe. Ahí las mantuvieron “sudando” intereses cuyos beneficiarios fueron ellos mismos. Ahora nos tendrán que responder por todos los saldos. En total son 42 cuentas que tenían varios miles de millones de pesos. Si las cuentas ya no tienen dinero, entonces el gobierno de López Obrador nos tendrá que responder por ese saqueo.
APUNTES DEL SUBSUELO
Jalisco: Magistrada del clan Alfaro resolverá juicio por patrullas
El caso de la compra de 290 patrullas en el municipio de Guadalajara, con un sobreprecio que raya en los 400 millones de pesos, se ha convertido en un escándalo nacional que puso bajo el reflector a Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, al salir a flote un cuantioso negocio maquinado por el edil en contubernio con otros funcionarios, entre ellos, Rafael Martínez, excuñado del gobernador Enrique Alfaro.
Los regidores de MORENA, quienes denunciaron este presunto caso de corrupción, aseguran que priva la desconfianza en el Poder Judicial en Jalisco por su parcialidad, es decir, porque los fallos están siendo manejados precisamente por Martínez, quien cuenta con fuerte influencia entre jueces y magistrados dispuestos a manipular la justicia a cambio de jugosas recompensas.
El caso de las patrullas ya tiene larga historia en apenas tres meses. En diciembre el Ayuntamiento sometió a concurso la compra de cientos de patrullas y motocicletas dizque para reforzar la seguridad municipal. El 14 de diciembre dicha licitación fue impugnada por fraudulenta. Dos días después, se le notificó al Ayuntamiento la suspensión de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), la cual no acató.
Lo extraño de todo esto es que de una forma inusitada el magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez, presidente de la Sala Superior del TJA, echó abajo la suspensión, según algunas denuncias, sin conocer el expediente del caso. De esta forma, el alcalde jalisciense Pablo Lemus tuvo argumentos suficientes para otorgarle el contrato millonario a su empresa preferida –Integradora de Apoyo Municipal S.A de C.V. –, declarada ganadora con la oferta más alta: cotizó 792 millones de pesos todo el paquete de vehículos, lo que implica un sobreprecio de poco más de 300 millones de pesos.
Ahora el juicio recayó en manos de la magistrada María Abril Ortiz Gómez, de la Quinta Sala, apenas nombrada en el cargo en octubre de 2021, y quien es señalada de estar ligada al partido Movimiento Ciudadano, al gobernador Enrique Alfaro y a todo el clan que tiene el poder político en el estado de Jalisco.
Ortiz Gómez, según las acusaciones que pesan en su contra, fue empleada gubernamental y obedece a los intereses de Pablo Lemus, Rafael Martínez (el excuñado de Alfaro) y al propio gobernador Enrique Alfaro.
En medio de denuncias por los presuntos actos de corrupción, manejo de recursos legales para frenar el acto, fallos dudosos y un escándalo que ya saltó a la esfera nacional, una de las empresas afectadas por el fallo presentó una recusación ante el citado tribunal administrativo.
En el punto sexto del alegato, se expone la parcialidad que tiene la magistrada Ortiz Gómez en este caso, lo cual es violatorio de la ley, ya que todo juzgador debe actuar con imparcialidad.
Dice el punto sexto de la recusación:
…La recién nombrada como magistrada adscrita a la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, María Abril Ortiz Gómez, fue nombrada en esa posición del partido político en el gobierno Movimiento Ciudadano, según consta en los medios de comunicación, visibles como hechos notorios (y cita las ligas de las publicaciones)
Según consta en su currículum, es exempleada en gobiernos del partido político Movimiento Ciudadano, partido político que se encuentra en el gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara y que hoy es precisamente autoridad demandada en el juicio de nulidad IV-4524/2021.
..Los cargos que María Abril Ortiz Gómez ha tenido en el Ayuntamiento de Guadalajara y gobierno del estado han sido de confianza y no como producto de años de servicio civil de carrera (En el alegato se citan todos los cargos que ha desempeñado la actual magistrada Ortiz Gómez en los gobiernos encabezados por Movimiento Ciudadano).
Sigue el alegato:
Por lo anterior, se acredita que la recién Magistrada adscrita a la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Jalisco tiene vínculos cercanos y de estrecha amistad a gobiernos de Movimiento Ciudadano, y desde luego potenciales agradecimientos a ellos, por lo que puede y afecta su capacidad para ser una juzgadora imparcial.
Es decir, del análisis de su currículum vitae, se desprende que la hoy magistrada no tiene carrera judicial, como por ejemplo, primer ser actuario de juzgado, después secretario de acuerdos de juzgado, etcétera, ni siquiera como mérito se observa que haya sido litigante en materia administrativa, más allá del tiempo que estuvo como funcionaria pública en los organismos descritos con anterioridad.
..Obtuvo el cargo público como magistrada de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa…a partir de acuerdos políticos del partido Movimiento Ciudadano, partido que gobierna el Ayuntamiento de Guadalajara, y que es autoridad demandada en el juicio de nulidad IV-4524/2021, juicio que supuestamente por razón de “turno” le tocó a la magistrada Ortiz Gómez.
Según otras denuncias, quien manipula los turnos para colocar casos que favorezcan sus intereses es Rafael Martínez, excuñado del gobernador Alfaro, señalado como una pieza estratégica en el mundo mafioso que opera en el Poder Judicial.
Ante este embrollo de corruptelas, los regidores de Morena, encabezados por Carlos Lomelí, solicitaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que atraiga el caso para que se aclare el tema del sobreprecio con el que se pretenden adquirir tanto las patrullas como las motocicletas.
La razón, según explicó, es que no existe confianza en el Poder Judicial de Jalisco porque sirve a los intereses políticos tanto del gobernador Enrique Alfaro como del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus.
Por palabras no para. Al igual que en 1988 Jorge de la Vega Domínguez calificó los fraudulentos comicios de 1988 como un triunfo “claro, contundente e inobjetable” de Carlos Salinas de Gortari, ahora, Alfonso Cepeda, el general al frente del autoproclamado “ejército intelectual de la 4T”, asegura que los procesos electores para cambiar directivas del sindicato magisterial en algunos estados, fueron “pulcros, impecables, democrático e irreversibles” (https://bit.ly/3JnoehR).
Cientos de miles de maestros en todo el país disienten de esta valoración. Por ejemplo, del profesor Mario Roldán Roblero, egresado de la Normal Rural de Chiapas y dirigente de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Él sostiene que esos comicios son una farsa anticonstitucional.
Roldán, nacido en el municipio chiapaneco de Frontera Comalapa, orgullosamente campesino, promotor de la lucha ejidal, acompañante de comunidades evangélicas y católicas que buscan la igualdad social, asegura que el nuevo reglamento para los relevos seccionales “deja fuera de la jugada a 99 por ciento del magisterio”.
Conocedor del entramado gremial, el docente explica: “En los artículos 8 y 9 del reglamento de elecciones directivas, que se sacaron de la manga, se establece como uno de los requisitos para ser elegible tener ocho años de antigüedad y haber sido miembro de un comité ejecutivo seccional anterior. En el caso de la sección 40, esto se traduce en haber sido charro. Porque los comités seccionales anteriores, todos, han estado en manos del charrismo sindical”.
Añade: “En el título 4 de su reglamento, en el artículo 18, el inciso A y 1, están las atribuciones del comité nacional en el proceso. Ellos sacan la convocatoria. Ellos validan las planillas. Ellos nombran las mesas electivas, presidentes, secretarios, escrutadores. Ellos designan a quiénes van a trasladar las casillas. Ellos cuentan. Ellos manejan el padrón, las cuotas. Ellos todo. ¿Dónde está el piso parejo? ¿Dónde está la democracia sindical? Dejan a un lado la voluntad de las delegaciones, la voluntad del magisterio”.
Pese a que el general del autoproclamado “ejército intelectual de la 4T” tiene la sartén por el mango en las elecciones seccionales, sus planillas han sufrido dos derrotas. En la sección 3 de Baja California Sur se registraron cinco planillas, tres afines a él y dos opuestas. A pesar del acarreo y las presiones, la ganadora fue la opositora roja, con 4 mil 199 votos, es decir, 43.36 por ciento de la votación. La verde (oficial) alcanzó sólo 2 mil cuatro votos, 20.7 por ciento.
Tampoco le fue bien a Cepeda en la sección 31 de Tlaxcala. No obstante, las amenazas para intentar coaccionar el voto, la planilla opositora Suma Magisterial (azul) obtuvo 8 mil 506 votos, contra 7 mil 442 de Lealtad (blanca). Sin embargo, se impidió el registro de los maestros honestos y sólo se aceptó a docentes que han formado parte del comité sindical y tuvieron aval del comité nacional o seccional. En lo que fue una pugna intercharra, perdió el candidato del dirigente estatal saliente, y ganó una maestra ligada a comités anteriores. La CNTE calificó los comicios de simulación en que se mantienen las mismas artimañas para garantizar elecciones a modo (https://bit.ly/3pzjb5G).
En el artículo “El SNTE y la democracia ventrílocua” (https://bit.ly/3sF6fwp) documenté lo sucedido en otras secciones. Hoy hay un panorama más amplio. Más allá de lo amañando de las contiendas, destacan dos hechos: la baja participación del magisterio en las votaciones; el segundo es que el triunfo de las planillas de Cepeda se da, además de las trampas, gracias a la pulverización del voto opositor en varias planillas. Eso significa que, en términos absolutos, el dirigente nacional del SNTE y su grupo controlan tan sólo una pequeña minoría del magisterio.
El recuento de daños es ilustrativo. En la sección 25 de San Luis Potosí participaron siete planillas, seis contrarias a la oficial. La oficial naranja Unidad Sindical 26, que llevó a votar ilegalmente hasta estudiantes de las escuelas normales, consiguió 16 mil 502 votos. El resto 19 mil 311.
En la 24, de Querétaro, se registraron cuatro planillas, tres opositoras a Cepeda. La naranja (oficial) amenazó a maestros con quitarles los interinatos y ofreció préstamos personales, para autos y becas, mediante FomaQro. Obtuvo 5 mil 443 votos. Las restantes tuvieron 7 mil 115.
En la 57 de Yucatán compitieron tres planillas, dos opositoras a Cepeda. No se presentaron los porcentajes finales de la votación. El triunfo de la naranja (oficial) fue factible porque se rasuró el padrón y se permitió el registro de la planilla Rosada, sin cumplir el reglamento. Obtuvo 2 mil 825 votos, contra 3 mil 188 votos de los opositores.
En la 27 de Sinaloa contendieron cuatro planillas, tres opositoras. La naranja (oficial) hizo campaña seis meses antes, embarazó urnas e impidió a maestros votar, aunque tenían derecho. Consiguió 14 mil 417 votos, contra 15 mil 820 de las otras.
En la 37 de Baja California se inscribieron tres planillas. Para que triunfara la blanca (oficial) hubo coacción del voto y acarreo de votantes. Cosechó 6 mil 299 sufragios.
El proceso electoral del SNTE para renovar direcciones seccionales es, como señala el maestro Roldán, inconstitucional (impide elegir y ser elegido). Simple y llanamente, es un ejemplo de “democracia sindical amafiada”. Más temprano que tarde se descarrilará.
A lo largo de un año, García Luna ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos su liberación bajo fianza. En la primera ofreció el pago de un millón de dólares y en el segundo intento dobló la suma, pero la petición le fue negada: La razón, según argumentaron las autoridades estadunidenses, es que el exfuncionario mexicana tiene muchas relaciones políticas y en el crimen organizado que lo podían ayudar a evadir la acción de la justicia.
Mediante el recurso de la autoinculpación, Iván Reyes Arzate, excolaborador de Genaro García Luna en la secretaría de Seguridad Pública, fue sentenciado a diez años de cárcel en Estados Unidos. El exfuncionario habría colaborado con las autoridades estadunidenses y a eso obedece la sentencia tan baja que le fue impuesta. Reyes Arzate compurgará sólo ocho años, ya que lleva preso veinticuatro meses.
Brazo derecho de García Launa, Reyes Arzate confesó que colaboró con el cártel de Sinaloa cuando fungió como funcionario federal en el gobierno de Felipe Calderón. Conocido como “La Reina”, Reyes dijo, además, que brindó protección al cártel de Sinaloa mientras simulaba combatir al crimen en México.
Reyes Arzate colaboró durante algún tiempo bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública, García Luna, en el sexenio 2006-2012.
En su juicio, desarrollado en Estados Unidos, salió a flote información respecto de que recibió al menos unos tres millones de dólares en sobornos, todo ello, a cambio de informar al cártel sinaloense sobre investigaciones conjuntas entre México y Estados Unidos a un grupo llamado “El Seguimiento 39”. También dijo que recibió 290 mil dólares del cártel encabezado por Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, primero, e Ismael “El Mayo” Zambada.
La confesión autoincriminatoria de Reyes Arzate abrió la puerta a una colaboración con fiscales estadunidenses; por la información de que dispone, se ha convertido en uno de los testigos de cargo más pesados que enfrentará Genaro García Luna en su juicio, que iniciará, según se ha dicho, en octubre de este año después de unas tres posposiciones.
LA RED CRIMINAL
Bajo la acusación de enriquecimiento ilícito, derivada del hallazgo de inversiones por más de 27 millones de pesos en bienes inmuebles, el pasado 25 de noviembre de 2021 el gobierno mexicano solicitó formalmente la extradición de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
Esta decisión, sin embargo, ha desatado polémica, pues se asegura que detrás de este proceso podrían existir oscuras negociaciones para liberar al exfuncionario, quien fue detenido en 2019 en Dallas, Texas, por varios delitos, entre otros, conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud y haber brindado protección al cártel de Sinaloa.
A lo largo de un año, García Luna ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos su liberación bajo fianza. En la primera ofreció el pago de un millón de dólares y en el segundo intento dobló la suma, pero la petición le fue negada: La razón, según argumentaron las autoridades estadunidenses,
es que el exfuncionario mexicano tiene muchas relaciones políticas y en el crimen organizado que lo podían ayudar a evadir la acción de la justicia.
Después de la experiencia por el caso del General Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto –quien fue detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y protección al cártel H-2 y, un mes después, liberado y devuelto a México –el procedimiento que intenta el gobierno mexicano con García Luna es blanco de muchas sospechas.
El canciller Marcelo Ebrard explicó que el objetivo de la extradición es procesar y juzgar a García Luna en México. El delito por el que se le persigue es el de enriquecimiento ilícito y en Estados Unidos lo investigan por fomentar el tráfico de drogas y brindar protección al cártel de Sinaloa. En realidad, los cargos del expediente estadunidense son más graves. En México, el delito de enriquecimiento ilícito es de los pocos donde se revierte la carga de la prueba: es el acusado quien debe demostrar el origen lícito de su patrimonio. Por ese delito fue acusado Raúl Salinas de Gortari, uno de los políticos más corruptos, y fue liberado.
GARCÍA LUNA Y EL CÁRTEL DE SINALOA
Preso en Estados Unidos por servir a los intereses del cártel de Sinaloa; acusado de brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” –quien compurga una cadena perpetua en Estados Unidos por delincuencia organizada, Genaro García Luna empezó a ser cuestionado en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón por sus nexos con el narcotráfico, en particular, con el cártel de Sinaloa, el más poderoso del mundo, de acuerdo con la DEA.
García Luna ha sido señalado de ser el “policía del panismo”, pues ocupó cargos importantes desde el gobierno de Vicente Fox –fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) –y con Felipe Calderón ocupó el cargo de Secretario de Seguridad Pública.
De acuerdo con el periodista Jesús Lemus, autor del libro “El Licenciado” (editorial Harper Collins 2020) García Luna ya servía a los intereses del narcotráfico, y en particular del cártel de Sinaloa, desde el gobierno de Vicente Fox.
Dentro del cártel que entonces dirigía Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el funcionario era conocido como “El Licenciado”. Después de que Felipe Calderón fue calificado como presidente electo, luego de ganar las polémicas elecciones de 2006, miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos Ismael “El Mayo” Zambada, Arturo Beltrán Leyva y Sergio Villarreal Barragán, “El Grande” maquinaron el plan de comprar la secretaría de Seguridad Pública para que García Luna fuera su protector.
La ejecución del plan, según afirma Jesús Lemus, fue Villarreal Barragán, quien acudió a una fiesta de bautizo organizada por el entonces senador panista Guillermo Anaya Llamas –compadre de Felipe Calderón – en la ciudad de Torreón, Coahuila.
“El Grande” le pidió el favor a Anaya Llamas, a quien conocía desde tiempo atrás porque una hermana del político coahuilense estuvo casada con un hermano del narcotraficante actualmente preso en Estados Unidos.
De acuerdo con el libro “El Licenciado”, Anaya Llamas le pidió a “EL Grande que acudiera a la fiesta y que ahí le presentaría al presidente electo. Así ocurrió. En ese encuentro, Villarreal Barragán hizo la propuesta a Calderón y éste aceptó. De acuerdo con Lemus, el pago por la Secretaría de Seguridad Pública fue multimillonario y de esa forma el cártel de Sinaloa se consolidó como el grupo criminal más poderoso del mundo.
GARCÍA LUNA: LA HISTORIA DELICTIVA
A continuación, se relatan las acusaciones que en su momento le fueron hechas a García Luna y a varios de sus colaboradores más cercanos que lo acompañaron desde que fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el gobierno de Vicente Fox, y posteriormente como secretario de Seguridad Pública, en la administración de Felipe Calderón. Tales acusaciones salieron a flote en el sexenio de Fox, donde García Luna fue un estratega policiaco. Ocupó la titularidad de la Agencia Federal de Investigaciones, una copia bastante degradada del FBI. Nadie imaginaba entonces que el funcionario federal ya tenía nexos criminales, de acuerdo con los expedientes consultados.
Y es que varios de sus colaboradores cercanos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron acusados de corrupción y de tener ligas con el narco desde el año 2008; sin embargo, García Luna nunca destituyó a ninguno de ellos, por el contrario, los cobijó y los mantuvo en sus respectivos cargos.
Por ejemplo, Mario Velarde Martínez, quien durante el gobierno de Vicente Fox fungió como secretario particular de García Luna en la AFI tuvo tratos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. De acuerdo con las investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República, este personaje era parte de la red de funcionarios que colaboraba con el crimen organizado.
En aquel momento, Velarde era el quinto hombre cercano al entonces secretario de Seguridad Pública que era investigado por la PGR. Entonces estaba adscrito a la División Antidrogas de la Policía Federal en la SSP.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, integrada durante la llamada “Operación Limpieza” –que permitió la captura de altos funcionarios de la SSP y de la PGR por servir al crimen organizado, en particular al cártel de Sinaloa –Alberto Pérez Guerrero, identificado como testigo protegido con el nombre de “Felipe”, pormenorizó las complicidades de exfuncionarios policiacos con el narco:
Según “Felipe”, Velarde Martínez y Ricardo Gutiérrez –exdirector de la Interpol México y quien fue arraigado durante el gobierno de Calderón por sus presuntos nexos con el narco –tenían en común su amistad y presuntos negocios de venta de información con José Antonio Cueto, señalado en ese tiempo como responsable de reclutar e infiltrar a funcionarios para brindarle información a los hermanos Beltrán Leyva sobre operativos, órdenes de aprehensión, investigaciones y extradiciones.
NARRA EL TESTIGO “FELIPE”
“A principios del año 2007, el licenciado Mario Arturo Velarde Martínez se desempeñaba como director de área y es amigo cercano de Cueto, de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. Me pidió información sobre dos asuntos de los cuales no recuerdo en las oficinas de Interpol, en los que tenía conocimiento Cueto, por los cuales me dio Velarde Martínez la cantidad de 4 mil dólares, de los cuales 2 mil entregué a Cueto”-
El mismo día de esta declaración ministerial, realizada en la Embajada de México en Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA) entregó a la PGR una fotografía del cercano colaborador de García Luna, quien ya formaba parte de las investigaciones y de los expedientes oficiales.
La imagen fue presentada al testigo protegido “Felipe”, quien lo identificó de entre cinco fotografías de otros funcionarios que ya estaban siendo investigados tanto en México como en Estados Unidos por servir al crimen organizado.
El testigo “Felipe” identificó el rostro de Velarde Martínez. El testigo protegido tenía información sensible: había sido agente de la PGR y su último cargo fue haber sido comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por ello, conocía a los colaboradores cercanos a García Luna ligados al narcotráfico, entre otros, a Ricardo Gutiérrez, director de Interpol-México; Ricardo de la Guardia, exdirector de Despliegue
Regional e Interpol; Miguel Colorado, ex coordinador de Servicios Técnicos de la SIEDO –hoy SEIDO –y al capitán Fernando Rivera, exdirector adjunto de Servicios Técnicos de SIEDO.
Otros fueron arraigados, pues ya se tenía datos y evidencias de sus ligas con el cártel de Sinaloa y, en particular, con la célula de los hermanos Beltrán Leyva. Sus nombres: Francisco Navarro, jefe de Operaciones Especiales de la SSP; Enrique Bayardo del Villar, inspector adscrito a la Sección de Operaciones de la PFP –éste fue ejecutado durante su etapa como testigo colaborador cuando tomaba café en un Starbooks ubicado en la colonia Del Valle de la Ciudad de México –; Gerardo Garay Cadena, entonces jefe de la Policía Federal ´Preventiva y Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol-México.
LA RED CRIMINAL
Mario Velarde negó los cargos y los nexos que le imputaron con el narcotráfico, pero no fue suficiente: un testigo protegido de la DEA y de la PGR reveló que servía a los intereses del cártel de Sinaloa.
El testigo lo describió tal cual es físicamente. Dijo: “Mario Velarde Martínez es de tez blanca, cabello negro corto y ondulado, mide un metro con 65 centímetros de estatura, tiene entre 38 y 40 años de edad, es de ojos color negro, nariz regular, con frente un poco pronunciada”.
Y añadió: “Tiene un tic nervioso de estarse jalando los pellejos de los dedos pulgares y que casi siempre tiene curitas en los dedos por ello y que cuando lo conoció el declarante era el secretario particular del entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, pero después se fue como director de Enlace Externo en Interpol y más tarde quedó bajo las órdenes de la licenciada Maribel Cervantes, en la Policía Federal”.
Otro de los colaboradores de García Luna –Ricardo Gutiérrez –fue indiciado porque dos testigos protegidos lo acusaron de proteger los movimientos de Rey Zambada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El testigo también dijo que le vendía información a los Beltrán Leyva.
De acuerdo con el testigo y las investigaciones que entonces realizó la PGR, el exmilitar Roberto García –quien estaba adscrito a la Coordinación Técnica de la SIEDO –fue comprado por el cártel de Sinaloa, pero cuando lo detuvieron pidió acogerse al programa de testigos protegidos y fue identificado con el nombre de “David”.
En aquella ocasión, el testigo relató que once años atrás “El Rey Zambada” –hermano de Ismael Zambada García –era conocido como “El licenciado Óscar” para tratar con comandantes y funcionarios federales. Conocía a José Antonio Cueto desde los tiempos de la Fiscalía Antidrogas (FEADS).
Dijo el testigo: “Cueto conoció a todos los comandantes de la Policía Judicial Antidrogas, esos comandantes le presentaron al licenciado “Oscar” –o sea Rey Zambada – y añadió el testigo “David”.
“Óscar o el licenciado Óscar cuando utilizaba el Aeropuerto para viajar le hablaba a Cueto y él llamaba a Ricardo Gutiérrez, que era titular de Interpol México para que no pasara por ningún filtro de revisión; en específico, se trataba de gente que venía de Colombia, aunque no sé los nombres, pero se venían a ver con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”,
Por otra parte, el testigo “Felipe” –cuyo verdadero nombre es Alberto Pérez Guerrero – relató que el director de Interpol tenía problemas económicos y por eso vendían información al crimen organizado e incluso le llegó a pedir un préstamo de 300 mil pesos a Cueto, enlace de los Beltrán Leyva.
Según “Felipe”, un abogado de narcotraficantes que tiene su despacho en Guadalajara, de apellido Valenzuela o Valencia, le pagó dos asesorías que le brindó Cueto para elaborar unos amparos. Primero pagó 30 mil pesos y en otra ocasión le dio de 4 a 6 mil dólares.
Dijo: “Al pretender entregarle ese dinero (a Cueto) me pidió que le entregara 2 mil dólares a Ricardo Gutiérrez Vargas, director General de Interpol, lo que realicé directamente en su oficina ubicada en Torre Pedregal sobre Periférico Sur, enfrente del hotel Camino Real por el Pedregal y al recibir este dinero Gutiérrez Vargas me dijo que gracias, este ya sabía que esto era de parte de José Antonio Cueto; oficinas donde el emitente prestaba sus servicios.
“Esta entrega de dinero a Gutiérrez se repitió en una segunda ocasión sin saber qué cantidad, ya que era un sobre que Cueto me entregó y me dijo que se lo diera al director de Interpol refiriéndome que era dinero”.
“Felipe” también expuso en aquel testimonio que entre abril y mayo de 2007 Gutiérrez le dio un sobre cerrado con información que le pidió llevar al domicilio de Cueto en Valle Escondido, Atizapán, y así lo hizo.
Estos excolaboradores de García Luna fueron procesados por sus nexos con el crimen organizado. Cuando estaban en funciones fueron protegidos por García Luna. Todos ellos tenían nexos con Rey Zambada, quien ahora es uno de los testigos clave en el juicio que enfrentará el exsecretario de Seguridad Pública en Nueva York.
Cabe aclarar que todos los señalamientos incriminatorios en contra de los exfuncionarios –tanto los que operaban con García Luna como los que despachaban en la extinta PGR –formaron parte del expediente conocido como “Operación Limpieza”. La mayoría de ellos, sin embargo, fueron exonerados aparentemente por falta de pruebas; otros fueron encarcelados y recobraron su libertad. Ahora los testigos protegidos que hicieron las acusaciones testificarán en contra de García Luna. Es el caso de Rey Zambada y otros que dicen conocer detalles sobre la forma en que el exsecretario de Seguridad Pública brindó protección al crimen organizado, en particular, el cártel de Sinaloa.
