Para la autora, abogada experta en extranjería, la ‘Directiva de la Vergüenza’ conlleva una condena a la clandestinidad para miles de personas inmigrantes, lo que va ahondar aún más en su aislamiento y su vulnerabilidad.
El 18 de junio fue aprobada por el Parlamento Europeo la ‘Directiva de la Vergüenza’. Fue aprobada sin enmiendas y con las prisas del Consejo de Europa ante un acuerdo histórico : es la primera vez que en Europa se adopta un acuerdo por el procedimiento de codecisión, que se supone sentará precedentes para reconocer un preponderante papel al Parlamento. Aunque este papel se base en privar de libertad a las personas inmigrantes e “internarlas” en tanto las expulsan. Los antecedentes de la misma se remontan a los acuerdos de Tampere que, según la Directiva establecía “un planteamiento coherente en materia de inmigración y asilo, que abarca a la vez la creación de un sistema común de asilo, una política de inmigración legal y la lucha contra la inmigración ilegal”. Evidentemente, la Directiva comienza por el final y argumenta su existencia en la necesaria “lucha contra la inmigración ilegal”. En todo lo demás existen tantas normativas en Europa como países socios. La importancia dada por el Consejo a la aprobación de la Directiva, tiene también una razón económica : poder activar el Fondo Europeo para el Retorno provisto de 676 millones de euros. Este Fondo ha sido fruto de prácticas que ya hace años se están llevando a cabo entre los Estados de la UE. Desde los alquileres de vuelos chárter colectivos hasta la construcción conjunta de los centros de internamiento en los países de Europa del Este. De las diversas argumentaciones dadas, sorprenden las afirmaciones del ponente [y eurodiputado alemán] M. Weber, afirmando que la directiva es un logro porque, la vida de los “irregulares” es, en realidad, una vida de “esclavitud”. Sin embargo, la Directiva responsabiliza a los inmigrantes de su propia esclavitud y no al sistema económico que los utiliza y que fomenta y se aprovecha de la irregularidad administrativa (es más barato no pagar los impuestos ni la Seguridad Social). En el caso de que un inmigrante sin papeles esté trabajando y su empleador no quiera pagarle el salario, es muy seguro que la persona inmigrante no irá a las instituciones (las mismas que decretan ahora la posibilidad de su privación de libertad) a pedir protección para sus derechos.
Es decir, aumentarán aún más los casos de esclavitud y los abusos contra las personas trabajadoras : no existirá una cobertura social puesto que los inmigrantes serán considerados cuasi-criminales. Y los que tengan la documentación tendrán que seguir un camino de sumisión. Un ejemplo : en el Estado español la primera residencia se otorga por un año. Para renovarla el inmigrante tendrá que tener un contrato de trabajo y no tener ningún tipo de antecedentes penales ni policiales. Es decir, tendrá que “portarse siempre muy bien” y, en todo caso, aceptar las condiciones que impongan los empleadores. Si no pueden correr el riesgo de quedarse sin permiso de residencia y trabajo. Y por tanto transformarse en candidatos a la expulsión.
La condena a la clandestinidad que comporta esta Directiva tiene la consecuencia de ahondar aún más en el aislamiento de las personas inmigrantes. La mayoría optará por recluirse en sus casas, por volverse invisibles ante el riesgo de detención, prisión y deportación. ¿Qué convivencia ciudadana conseguiremos en esta Europa ?
La violencia machista contra las mujeres es una realidad cotidiana en Europa. En lo referente a las mujeres inmigrantes sin papeles, esta Directiva no hace sino aumentar los riesgos y vulnerabilidad. La amenaza de prisión y deportación constituye hoy día en un arma de chantaje y de sometimiento de muchas mujeres inmigrantes. Incluso en el caso de ser mujeres inmigrantes con papeles, la amenaza difusa y el peso simbólico que representa la Directiva (al ser ‘expulsables’ las personas inmigradas también son ‘indeseables’) comportará un mayor riesgo para todas las mujeres. La Directiva especifica que tanto los menores no acompañados, como los menores que estén con sus progenitores, serán también sometidos a detención, prisión y expulsión. De forma cínica, se prevé que a estos menores “se les garantiza el derecho a la educación” mientras estén en prisión. Muchos de los niños y las niñas crecerán con el miedo a ser detenidos, viviendo en clandestinidad, sufriendo las angustias de su familia.
La Directiva no es solo una vergüenza. Es un verdadero atentado contra la convivencia entre todas las personas que vivimos y hacemos posible que exista Europa.
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