Horizonte ciudadano
Rosa
Esther Beltrán Enríquez
Septiembre
3 del 2015
La noticia difundida
esta semana de que el Tercer Tribunal Unitario del Octavo Circuito de Saltillo,
solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer la apelación de la
PGR contra la negativa de un juez de ordenar la aprehensión de Javier Villarreal y de Sergio Fuentes
Flores, acusados de falsificar un decreto del Congreso local y registros de Hacienda para obtener créditos
bancarios por más de 3 mil millones de pesos, es una buena noticia. La PGR
atribuye a los ex funcionarios la violación a la Ley de Instituciones de
Crédito (LIC).
Hay que recordar que
Javier Villarreal se declaró culpable ante la corte Federal de San Antonio,
Texas, por el cargo de lavado de dinero (09-2014), aunque fue liberado bajo
vigilancia después de entregar a Estados Unidos 8.8 millones de dólares y será
sometido a audiencia para sentencia el 30 de marzo de 2016.
Rolando González Treviño, también se declaró culpable ante la Corte
Federal de Texas de lavado de dinero y desfalco de las arcas públicas de
Coahuila, y reveló que Humberto Moreira robó cientos de millones de dólares al
erario de Coahuila. El ex gobernador interino Jorge Torres López, hasta ahora
prófugo, también está acusado de lavado de dinero entre otros delitos.
Por si fuera poco esta semana fue ordenada la aprehensión de los hermanos empresarios Salomón y Antonio
Juan Marcos Villarreal, ahora prófugos de la justicia, por presunto lavado de
441 millones de pesos, la turbia historia de esta familia es antigua, también
se les acusa de blanquear más de 51
millones de pesos, además hay al menos cuatro cómplices de ellos prófugos
también.
Desde 2011 la familia
Moreira se ha empeñado eficazmente en mentir y en ocultar los hechos y encubrir
a los responsables de los cuantiosos y múltiples desfalcos públicos que ese año
se revelaron.
No creo que alguien
dude de que Rubén Moreira es el principal estratega de las tácticas
consecutivas para el encubrimiento y la reserva de la información sobre las
defraudaciones, eso es evidente.
Se conocen las
irregularidades de las que se valieron los funcionarios del sexenio anterior y del actual para
contratar la megadeuda y para sus reestructuras, pero las autoridades judiciales del estado permanecen impávidas, a
pesar de que se ha probado que hay materia para que las investigaciones se
abran y además, pruebas de que se usaron
documentos falsos y de que se contrataron créditos sin autorización del
Congreso, hechos comentados hasta la saciedad en estas páginas.
La lista de los confabulados en la megadeuda es larga y aún faltan por
conocer, hay que incluir a Ismael Ramos, Jesús Ochoa, Fernando de las Fuentes,
Enrique Martínez Morales, diputados locales y federales, jueces y un largo
etcétera; la red de complicidades es infinita.
Sin embargo, que el caso del moreirazo llegue a la Corte, abre una
rendija de esperanza aunque también ahí, lo hemos visto, puede haber
componendas.
“No
hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser
conocido y salga a la luz”; este fragmento de la Biblia, es
muy ilustrativo porque muchos de los que delinquen piensan que sus fechorías y crímenes nunca serán
revelados y menos castigados. Coahuila
está gobernado por delincuentes no por servidores públicos.
Seguramente Humberto
Moreira, siendo gobernador y comprando a la gente y todo lo que estaba a su
alcance pensó que sus engaños, fraudes y malversaciones del dinero público
nunca serían descubiertos, falta que Peña Nieto deje de protegerlo; que
Humberto haga algo bueno en su vida, que devuelva el dinero y se entregue a la
justicia en memoria de su hijo Eduardo.
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