1994: Los terrores de salinas

EL ALZAMIENTO

 

Luego de soslayar por meses los informes de inteligencia civil y militar sobre la gestación del EZLN, Salinas se empeñó en acotar el movimiento armado

                      

Según bra en documentos, 10 organizaciones de masas estaban relacionadas con el EZLN como supuestas aportadoras de militantes.

domingo, 29 de diciembre de 2013

Por Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF (Proceso).- El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo temer al gobierno de Carlos Salinas de Gortari lo peor: la movilización de otros grupos guerrilleros en varias partes del país, una respuesta terrorista de la ultraderecha y la intervención abierta de Estados Unidos.

Ante ese escenario, no le quedó más que buscar una solución pacífica, mantener el cese unilateral del fuego y negar en todo momento que el de Chiapas fuera un problema militar.

Después de soslayar por meses los informes de inteligencia civil y militar sobre la gestación del EZLN, Salinas se empeñó en acotar el movimiento armado que se hizo visible el 1 de enero de 1994.

Su inmediata respuesta militar sólo duró 12 días y la reemplazó por una fórmula de negociación porque su gobierno llegaba a su último año en medio de una complicada sucesión presidencial, que se agravaría tres meses más tarde con el asesinato de su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio.

La gran apuesta de Salinas fue la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero el día que estalló la rebelión zapatista, el mandatario supo que la guerrilla no era cosa del pasado en México, a pesar de la represión militar y paramilitar desplegada en las décadas de los sesenta y setenta.

Los servicios de inteligencia del Estado mexicano conocían la evolución de los movimientos armados hasta llegar al surgimiento del EZLN. Sabían que era un ejército muy organizado, con una estructura amplia, relaciones intensas con organizaciones populares y preparación militar a partir de experiencias internacionales. Incluso llegaron a aceptar que había unos 35 mil hombres alzados en las montañas del sureste mexicano. La mayoría de ellos, armados con el apoyo de grupos de chicanos y puertorriqueños desde Estados Unidos.

Estaban también informados de que Chiapas era sólo una de las entidades de la Federación propicias para la guerrilla. Buena parte del país había mantenido durante años la formación clandestina de grupos armados, sobre todo en el centro y el sur. Una respuesta castrense exacerbaría más el ánimo en territorio nacional.

Tal era la lectura que Salinas hacía de los hechos en los primeros días del levantamiento zapatista, de acuerdo con dos documentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) entregados a Proceso a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El primero es un reporte que tiene clasificación triple A y que está fechado el 13 de enero de 1994, en plena crisis. Horas antes, Salinas había ordenado al Ejército cesar sus operaciones castrenses contra el EZLN, y previamente había aceptado la renuncia del secretario de Gobernación, Patrocinio González Blanco Garrido, quien se desempeñó como gobernador de Chiapas en plena gestación del EZLN en la Selva Lacandona.

Su lugar lo ocupó Jorge Carpizo, mientras que el frustrado candidato presidencial del PRI y actual senador por el PRD Manuel Camacho Solís fue designado por Salinas comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. Además, después de haber dejado el CISEN casi todo el sexenio en manos del jefe de la Oficina de la Presidencia, José María Córdoba Montoya, para el seguimiento de sus opositores, Salinas cambió al director del aparato de inteligencia, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y lo orientó a afrontar la subversión de los neozapatistas.

El primero de los reportes, con la clave DMJ-094-0002, se titula Evaluación de estrategia general para la atención del conflicto en Chiapas. De apenas 10 páginas, enuncia los "principios básicos" de la estrategia del salinismo ante el conflicto: solución pacífica a través del diálogo, con el mantenimiento unilateral del cese al fuego por parte del gobierno, pero sin reconocer al EZLN como una fuerza beligerante.

Por "solución del conflicto", el CISEN entendía la deposición de las armas y/o la renuncia del ELZN a la violencia como vía para alcanzar sus objetivos, dejando en claro que la búsqueda del diálogo por parte del gobierno era para recuperar la iniciativa y controlar los tiempos. Su propósito lo definió como "acotamiento regional" del problema.

Era claro el tratamiento que se daría a los insurgentes: "El conflicto en Chiapas no debe ser visto como un problema militar, sino jurídico, ya que no existen elementos para considerar necesaria una solución armada. Admitir una lógica de guerra sería aceptar la beligerancia del EZLN y caer en un juego ‘escenográfico’."

El CISEN reconoció que las "difíciles condiciones del contexto nacional" exigían claridad y firmeza del gobierno, algo que "actualmente no es registrado por la opinión pública", y evaluó que la iniciativa gubernamental acotaría los espacios de maniobra de los "inconformes".

Después de las hostilidades militares, la urgencia era detener la aceptación política y social que iban cobrando los zapatistas. A casi dos semanas del alzamiento, la dependencia precisó que los "inconformes" habían mantenido avances en los diferentes frentes, que identificó como el propio EZLN, el PRD local, las organizaciones sociales radicales, el "gobierno de transición" de Chiapas, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y varias ONG, "aparentemente todos articulados en una estrategia global".

DE ESPECIAL RELEVANCIA

Según el CISEN, había indicios de que, en esa estrategia para ganar espacios a favor del EZLN, el movimiento de Chiapas estaba articulado con otras partes de la República. En especial, la evaluación calificó como "preocupante" la participación activa de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) de Oaxaca, que en 1981 le arrancó al PRI, en Juchitán, la primera presidencia municipal del país.

Como de "especial relevancia" calificó el deterioro que se observaba en el ambiente local (población en general, ganaderos, pequeños propietarios y fuerzas políticas institucionales), así como en el ánimo y las condiciones de las fuerzas de seguridad pública ante la falta de claridad respecto del papel que desempeñaban, al igual que de cara a la inexistencia de una logística adecuada para periodos prolongados.

De acuerdo con el CISEN, el plan general para hacer frente al fenómeno pasó por dos definiciones: la estrategia A, que tenía el diálogo como premisa; y la B, llamada "claridad de rumbo y firmeza como principio", que no era otra cosa que la mano dura.

Ante el temor de que el conflicto saliera de Chiapas, insistió en una "solución negociada", por lo que aceptó como condición para el diálogo la participación de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), propuesta por el EZLN; el retiro militar de San Quintín, Monte Líbano y Sabanilla, y la suspensión de vuelos de aeronaves militares.

PROPUESTA FINAL

La propuesta final del CISEN al gobierno de Salinas fue una integración de ambas estrategias: "Dar 72 horas de plazo para iniciar el diálogo en las condiciones de ‘concesión’ dadas hasta la fecha, sin hacerlo explícito ni a la Conai ni a la opinión pública. Informando sólo sobre los esfuerzos del gobierno de la República para alcanzar la solución del conflicto a través del diálogo."

Al optar por una solución negociada, aceptó incluir los temas de la autonomía indígena, cauces de participación política, medidas de desarrollo social, solución a problemas agrarios y desarticulación del grupo armado.

Pero pidió claridad en los límites temporales y en los términos de la negociación, y en ningún momento retiró la idea de la "firmeza del gobierno". Si no se llegaba a una solución negociada, propuso "definir el restablecimiento gradual del Estado de derecho, de acuerdo con lo señalado en la segunda estrategia"; es decir, con la fuerza gubernamental.

Advirtió que la prolongación indefinida de los tiempos, "en aras de una negociación que se percibe inviable, sólo dará espacios para que la estrategia global de los ‘inconformes’ siga avanzando y lleve a condiciones aún más complejas que las actuales".

Después de referir la evolución de la guerrilla hasta llegar al Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-Pdlp), asentó que dicha organización recurrió a "la instrumentación de escuelas de conformación de frentes guerrilleros", teniendo como base la experiencia de Vietnam de guerra popular prolongada.

Resumió: Las organizaciones de masas hacen la lucha, el EZLN la lucha militar, y el Partido Clandestino dirige las acciones y las alianzas indígena, campesina, obrera y magisterial, mientras que el Frente Único tiene objetivos, funciones, organización, composición, dirección y actividades propias a realizar, con el propósito de unir a todas las fuerzas del país en torno a un programa, aprovechando los impactos del EZLN. Indicó que su responsabilidad era la solidaridad amplia a nivel internacional y combatir la imagen negativa de los rebeldes en los medios de comunicación.

OFERTA DE 35 MIL EFECTIVOS

El CISEN se hizo eco de "un documento que les ha hecho llegar el EZLN" a las organizaciones clandestinas, mediante el cual se ponían "a disposición del movimiento revolucionario 35 mil efectivos debidamente preparados y en su mayoría armados", organizados por combatientes, grupos, escuadras, pelotones, con sus respectivos jefes y subjefes, identificados como comisarios y subcomandantes.

Se había creado un corredor para la transportación de armas y parque "desde la frontera hasta los estados de Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Puebla". Para adquirirlas, "se está solicitando la aportación de cada persona (…), principalmente en objetos de oro (pulseras, anillos, cadenas, relojes, dientes, etcétera). Cuando se coopera con dinero, se compra pedacería de oro en Taxco y Puebla", detalló.

El oro se entregaba a las organizaciones de mexicanos chicanos y puertorriqueños que se encargaban de cambiarlo por armas y parque de distinto calibre en el mercado negro de Estados Unidos. Estos grupos de latinoamericanos normalmente estaban organizados en bandas y transportaban los arsenales hasta los estados fronterizos, apoyados "en ocasiones por narcotraficantes", haciéndose responsables de pasar todas las garitas aduanales.

El CISEN incluso situó rutas que coincidieron con las del narcotráfico, como la de Tamaulipas hacia Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, DF, Puebla, Oaxaca y Guerrero. Otra ruta que localizó fue la de Ciudad Juárez, Torreón, Zacatecas y San Luis Potosí. Una más: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y México.

PREVISIONES CATASTROFISTAS

Según el documento, 10 organizaciones de masas estaban relacionadas con el EZLN como supuestas aportadoras de militantes: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Congreso Estatal de Organizaciones Indígenas, Comunidades Eclesiales de Base, Comisiones Estatales de Derechos Humanos, Instituto Nacional Indigenista, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM, Confederación Nacional Campesina y Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.

En particular, al Estado mexicano le preocupaba que la rebelión zapatista hiciera resurgir a la derecha extrema, sobre todo en el norte y el occidente del país: Chihuahua y Coahuila, en particular la región de La Laguna, y Guadalajara, con la reaparición de los grupos de ultraderecha El Muro y Los Tecos.

El aparato civil de seguridad del Estado reconoció que las acciones político-militares del EZLN de enero de 1994 recrudecieron las posiciones radicales en México, por lo que las negociaciones eran clave para evitar que el conflicto se desbordara. Expuso: "Los acuerdos concretos entre las organizaciones clandestinas para realizar acciones militares conjuntas se entablarán después de los resultados que arrojen las negociaciones del EZLN con el gobierno mexicano. Por el momento, se otorgará todo el apoyo político a las acciones políticas militares (del) EZLN."

Para las negociaciones con el gobierno, estimó que el EZLN no depondría las armas, no identificaría a sus verdaderos dirigentes (del consejo clandestino) y exigiría ser reconocido como fuerza beligerante, entre otros aspectos. En el caso de las propuestas del gobierno, destacó que el Ejército se replegaría y se quedaría sólo con sus fuerzas normales en los cuarteles, y pidió que el subcomandante Marcos quedara como el único vocero del EZLN.

Después de tres meses de iniciado el conflicto en Chiapas, y administrando la propuesta de diálogo, el CISEN se encontró con "nuevas actitudes" de los rebeldes: "Indudablemente, el EZLN ha cambiado su actitud del 1 de enero a la fecha, que si bien al principio era radical y cerrada, ahora muestra una posición más flexible; del socialismo, el desconocer a Carlos Salinas como presidente, echar abajo el TLC y avanzar militarmente sobre la capital del país liberando pueblos, regiones, estados, han pasado a luchar por justicia, democracia y libertad, hasta el congelamiento de las carteras vencidas.

"No atacarán militarmente la infraestructura de las trasnacionales ni propiedades manejadas por el Estado. Actualmente están en pláticas con otras organizaciones clandestinas para consolidar sus relaciones a nivel nacional", pero también, a través del Frente Único, el EZLN busca relacionarse con organizaciones y partidos con los cuales tenga algo en común, incluyendo grupos afiliados al PRI y empresarios progresistas.

Dejó claro que el diálogo entre el EZLN y Camacho Solís "no resolverá en sí los problemas económicos, sociales y políticos de Chiapas ni del país, aunque se hablará de temas que interesan a las partes, pero no habrá acuerdos concretos".

Minería salvaje

 

Arturo Rodríguez García
26 de diciembre de 2013

Minera La Encantada. Fiebre por los minerales. Foto: FirstMajestic

La nueva fiebre del oro y otros minerales avanza en México: Detona conflictos sociales y esparce violencia al desplazar pobladores, crear tensiones sociales y desatar represión policiaca o militar en comunidades cuyos habitantes se oponen a la depredación de los megaproyectos mineros, impulsados sobre todo por compañías canadienses, entre otras, First Majestic Silver Corp. Esta información no proviene sólo de ejidatarios afectados ni de partidos opositores, sino del propio gobierno federal.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En 2013 se identificaron 26 conflictos sociales en el país, provocados por la contaminación ambiental, restricción o escasez de agua en comunidades, despojos territoriales, cambios de uso de suelo y violaciones a derechos humanos en 18 entidades, de acuerdo con datos de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz tienen al menos un conflicto de esa naturaleza. Baja California Sur, Chiapas y Jalisco registran dos conflictos cada uno; San Luis Potosí y Sonora, tres, y Oaxaca al menos cuatro, relacionados con actividades extractivas.
La situación es llamativa incluso en el contexto internacional pues, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), México es uno de los cuatro países de la región que acumulan más conflictos socioambientales derivados de la minería, puesto que enfrenta 26, igual que Argentina. En primer lugar figuran Perú y Chile, con 33.
En su Estudio de la minería en México, un análisis comparado con Canadá, la CDPIM cita las conclusiones a las que ha llegado la relatoría especial sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU; por ejemplo, esta instancia menciona la violación de derechos territoriales y la falta de consulta pública como origen de esos conflictos, además de la presión de las industrias extractivas, que complica la realización de modelos de gobernanza (Proceso 1937).
Para la CDIPM, el problema de fondo radica en la corrupción que prevalece entre las empresas y las instancias gubernamentales del sector.

Poder trasnacional

Antiguo enclave minero en el Bolsón de Mapimí, el de Ocampo, Coahuila, es uno de los tres municipios con mayor extensión territorial del país. Según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), está semimarginado, incomunicado y con una creciente expulsión poblacional.
Su potencial minero recobró importancia hace algunos años y desde 2006 la empresa canadiense First Majestic Silver Corp. compró La Encantada, una mina de plata y plomo en presunta decadencia que ocupa 4 mil 76 hectáreas.
El estudio de la CDPIM refiere que las operaciones de First Majestic ahí “no sólo se caracterizan por la corrupción y el desentendimiento de las autoridades a la problemática social, sino también por ser una de las minas que más gana y que menos retribuye” a la comunidad y a la Secretaría de Hacienda.
La minera desarrolló sus actividades en territorio ejidal, y en 2004, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ordenó que entregara las tierras al ejido, personal de la dependencia elaboró documentos alterados que hicieron imposible a los ejidatarios tomar posesión del terreno.
La mina La Encantada demandó un amparo, que le fue rechazado en 2006. La sentencia definitiva concluyó que la empresa no había demostrado la propiedad de las tierras; en cambio, los ejidatarios sí lo hicieron. Con todo, las maniobras de la delegación estatal de la SRA volvieron a impedir la entrega del fundo.
En 2011 los comuneros iniciaron un litigio en el Tribunal Unitario Agrario con sede en Torreón, que hasta la fecha no se ha iniciado debido a las prácticas dilatorias que siguen favoreciendo a la minera canadiense. Por ejemplo, en esa instancia argumentan que no se ha podido emplazar a la trasnacional porque en las oficinas no reciben al actuario. En un hecho inusual, la presidenta de dicho órgano jurisdiccional, María Oralia Aguilar Ruiz, decidió notificar a la empresa en Calgary, Canadá, donde First Majestic tiene su sede corporativa.
En ese tribunal los comuneros reclaman mil 342 hectáreas ocupadas de manera ilícita por la minera, además de que ésta construyó y aprovecha un camino de 15 metros de ancho y cinco kilómetros de longitud sobre los terrenos ejidales, sin pagar ningún derecho de uso, como tampoco lo hace por la servidumbre de paso de una tubería de agua y una línea de electricidad.
En sus tierras la empresa construyó un complejo de 300 viviendas, un hotel y una casa club para ingenieros, además de la infraestructura minera y una pequeña pista de la que despegan aviones cargados de mineral.
La Encantada es la principal explotación de First Majestic en México, que en 2012 reportó una utilidad bruta de mil 464 millones 679 mil pesos, pero sólo pagó 0.004% (68 mil 160 pesos) por derechos mineros.
Se trata de una mina subterránea donde se utilizan los procesos de cianuración y flotación para obtener plata. Aunque se supone que es un procedimiento extractivo menos peligroso que otros, el comisariado ejidal de Tenochtitlán, Mario Valdez, señala que desde hace años los animales empezaron a morir cuando pastaban cerca de la mina.
“La madera en la que transportan el cianuro está regada por todas partes como si fueran envolturas de chicle. Es una barbaridad de contaminación. La suspensión de partículas es visible, pero ninguna autoridad ambiental les pone freno”, dice.
Para obtener una concesión minera y permisos ambientales se debe demostrar la propiedad del terreno, pero los permisos se le siguen otorgando a la trasnacional. El 24 de abril de 2008, First Majestic obtuvo la autorización ambiental para construir una “planta de lixiviación dinámica y presa de jales”, que ocupará más de 14 hectáreas correspondientes al predio que reclama el ejido.
Los comuneros, en su mayoría hombres y mujeres de edad avanzada, realizaron una protesta el pasado 26 de junio. Sin embargo, la noche del 27 fueron detenidos por la Policía Investigadora de Coahuila, que los llevó a Múzquiz, Monclova, Cuatrociénegas, San Pedro de las Colonias y finalmente a Laguna del Rey, un recorrido inexplicable de 700 kilómetros.
“Fue un levantón intimidatorio que terminó en una Agencia del Ministerio Público. Fuimos acusados de ataques a las vías de comunicación”, dice el campesino. Ahí los obligaron a firmar una declaración previamente elaborada y sin asistencia de un abogado. Los dejaron libres en esa comunidad, desconocida para ellos, pero los reaprehendieron una hora después.
En aquella zona dominada por el narco y donde cualquiera puede desaparecer, dos de los ejidatarios de Ocampo temieron por su vida y trataron de huir de los policías. Ahora enfrentan un proceso por “evasión”.
La denuncia penal que dio origen a esa averiguación previa fue interpuesta por ejecutivos de First Majestic, cuyo equipo jurídico no puede aceptar notificaciones agrarias.
El 25 de noviembre, en una diligencia en la que el comisariado Mario Valdez intentó que se desestimara la querella porque el camino no forma parte de la red del gobierno estatal, no se ubica en ningún registro federal y los documentos confirman que ese lugar pertenece al ejido, el delegado de la procuraduría estatal en la región centro de Coahuila, Santos Vázquez, les dijo a los comuneros que el camino era de la mina, pues de lo contrario lo hubieran arreglado hace años.
En resumen, “nos acusan de ataques a las vías de comunicación por un camino que no está registrado en ninguna parte y en tierras que son nuestras”.
Por el despojo, las condiciones irregulares de su operación, sus escasas contribuciones y pagos de derechos, así como por la complicidad de autoridades y la represión contra quienes se le oponen, el caso de First Majestic fue considerado con especial énfasis en el informe de la CDPIM.
Ahí mismo, en La Encantada, la Organización Familia Pasta de Conchos, integrada por víctimas y familiares de víctimas de la minería en Coahuila, denunció la muerte de la trabajadora María de la Luz Piña, una joven abogada que ante la falta de oportunidades en la región se fue de minera y murió en un traslado. El caso se publicó en Proceso.com.mx el pasado 6 de mayo.
First Majestic también enfrenta la oposición a la instalación de una mina en la Sierra de Catorce, en Real de Catorce, San Luis Potosí, un lugar considerado sagrado por el pueblo huichol, pues ahí se ubica su santuario natural Wirikuta (Proceso 1806).
El informe de la CDPIM indica que otro conflicto en el que está implicada la empresa canadiense es el de su Compañía Minera La Guitarra, ubicada en el Estado de México, la cual enfrenta un embargo por una deuda mercantil que se niega a pagar.

Violencia expansiva

Otra empresa canadiense mencionada en el informe de la CDPIM es Blackfire Exploration, propietaria de la mina Payback, una explotación de barita (mineral utilizado para la perforación de pozos petroleros) en Chicomuselo, Chiapas.
En 2009, tras una larga oposición a la mina, Mariano Abarca y la comunidad habían conseguido notoriedad internacional con sus denuncias, y de junio a noviembre de ese año mantuvieron un plantón exigiendo la expulsión de la compañía.
En agosto de ese año Abarca fue secuestrado y posteriormente liberado; semanas después recibió amenazas de muerte, que denunció el 26 de noviembre. Al día siguiente un sujeto que trabajó para Blackfire lo acribilló a la puerta de su casa.
El 7 de diciembre siguiente la mina fue clausurada por infringir normas ambientales. Para entonces, la movilización social por los impactos de la minera ya había trascendido a escala internacional. Más aún, varios activistas acusaron a la empresa de ordenar el asesinato de Abarca.
La corrupción que hizo posible el establecimiento de esa mina en violación de la ley llegó a niveles diplomáticos. Con base en varios informes, el estudio de la CDPIM establece: “Todo parece indicar que la embajada canadiense prestó apoyo fundamental e inescrupuloso a las operaciones de la empresa minera en el país”.
La represión contra dirigentes sociales que se oponen a proyectos mineros en comunidades indígenas es especialmente grave en Guerrero, donde han muerto nueve líderes por defender los territorios comunales (Proceso 1935).
El corresponsal de este semanario en Guerrero, Ezequiel Flores, reportó que el pasado lunes 2 organizaciones sociales, policías comunitarios y el magisterio disidente marcharon para exigir que el gobernador, Ángel Aguirre, frenara la ola represiva.
El mismo día se informó del surgimiento del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), que también recriminó los ataques a los dirigentes populares.
Las FAR-LP emitieron otro comunicado el 16 de diciembre. En el documento advierten que considerarán objetivos militares a las empresas extranjeras con intereses mineros y energéticos. Dice el tercer párrafo:
“Desde siempre el régimen priista ha mentido y engañado a la nación, y hoy que regresa después de una frustrada transición democrática y del desmantelamiento de la industria de la nación, producto de 12 años de gobierno de la derecha panista que saqueó los recursos del país y malbarató a las empresas extranjeras nuestras riquezas, como fue el hecho de la extracción de oro en las concesiones mineras, que representó una explotación mayor que en los 300 años que duró la época de la Colonia…”
La comparación de la extracción aurífera colonial con la de los últimos años se publicó en la edición 1905 de Proceso, correspondiente al 4 de mayo pasado.
Aun cuando 70% de las minas son de inversión extranjera, la mayoría canadiense, los inversionistas de otros países y los nacionales también son causantes de conflictos sociales:
En Aquila, Michoacán, las operaciones de una mina de fierro propiedad del gigante italo-argentino Techint provocaron tensión social y el consecuente desplazamiento de 180 personas hacia Colima y otros lugares en julio pasado, según documentó el reportero Raymundo Pérez Arellano para el programa televisivo Punto de Partida, en agosto último.
Es el caso también de empresas nacionales como Grupo México, propietaria de la mina Pasta de Conchos –donde murieron 65 trabajadores en un accidente que aún no se ha esclarecido– y que se dispone a invertir en el sector eléctrico en el estado Puebla.
A su vez, los gigantes mineros Grupo México y Frisco tienen proyectos extractivos para esa entidad (Proceso 1905). Sus respectivos dueños, Germán Larrea y Carlos Slim, figuran entre los hombres más ricos del mundo.
Frisco pretende desarrollar la mina Espejeras en la Sierra Norte de Puebla. Es otro caso ilustrativo de los excesos mineros documentados en el estudio de la CDPIM, cuyas gestiones lograron frenar la autorización ambiental de la Semarnat a esa compañía en octubre pasado, para dar paso a un proceso de consulta indígena.
En entrevista, Raymundo García, comunero indígena de Tetela del Volcán, Morelos, llama la atención sobre el hecho de que si bien a Frisco se le frenó el permiso a partir de la movilización social, a la minera Autlán se le otorgó una autorización ambiental sin consulta alguna en Tlatlauquitepec, Puebla.
Considera que si bien se pudo detener la autorización ambiental, la Semarnat incurre en trampas, pues la organización e informe sobre la consulta se deja en manos de la empresa, con lo que se viola lo dispuesto en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por México.
“Desde nuestro punto de vista, se trata de privatizar hasta la consulta indígena”, sostiene García.

Negación de las diferencias

LUCE OSORIO SU VENA AUTORITARIA

 

 

‘Que nadie se confunda. Tolerancia es gobierno; tolerancia también tiene límites y tolerancia también es firmeza’

          

Según el discurso de Osorio Chong, se logró superar en el primer año de gobierno.

domingo, 29 de diciembre de 2013

Por Jesús Cantú

MÉXICO, DF (Proceso).- El pasado domingo 22 de diciembre, al pronunciar el discurso oficial en la conmemoración del 198 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lució su vena autoritaria y sentenció: "Que nadie se confunda. Tolerancia es gobierno; tolerancia también tiene límites y tolerancia también es firmeza", enviando un claro mensaje del hartazgo (intolerancia) del Gobierno Federal ante la voces que se oponen a las reformas legislativas.

El orador oficial se valió de un término fundamental en las democracias contemporáneas para darle una connotación totalmente diferente a la que encierra su definición y comprensión conceptual. Basta revisar el Diccionario de la Real Academia Española para evidenciar las contradicciones del secretario: la definición básica del término tolerancia es "respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias".

Antes de la advertencia mencionada, Osorio Chong había señalado: "Este gobierno seguirá abierto a escuchar todas las voces que quieran ser parte de la edificación del México de oportunidades para todos". Pero terminó enviando una advertencia a las voces disidentes, a los grupos u organizaciones que mantienen vigentes sus luchas en contra de las reformas legislativas aprobadas durante el primer año del actual gobierno.

Las contradicciones inician desde el momento en que Osorio Chong delimita qué voces escucharán en el gobierno, es decir, no es un llamado amplio e incluyente, pues en el contexto de su discurso el responsable de la política interior del país deja ver que es su "modelo de país" el único que ellos consideran como válido y, por lo tanto, las voces que se escucharán serán las de quienes se sumen y aporten en este sentido y rumbo, no las de quienes apuesten a un proyecto alternativo, pues para ellos el gobierno sabrá establecer los límites y responderles con firmeza. Así de claro.

Se olvida el titular de Gobernación de que el conflicto y las contradicciones son inherentes a las sociedades modernas, y de que en democracia lo importante es construir las instituciones que permitan resolverlos en forma pacífica, responsable, incluyente y racional. Y en democracia la mayor responsabilidad de abrir esos cauces es de la autoridad y las mayorías, es decir, en este caso del gobierno federal y los grupos que hicieron mayoría en el Legislativo para aprobar las reformas constitucionales y legales.

En democracia, el conflicto, las contradicciones y las diferencias siempre deben verse como una posibilidad real de perfeccionar las instituciones, a partir de un debate abierto, franco y racional que aun cuando no siempre permitirá arribar a consensos y superar las diferencias, siempre hará posible la identificación de deficiencias o áreas de oportunidad y haciendo valer los derechos de las minorías.

LA SOLUCIÓN: EL ANIQUILAMIENTO

En los regímenes autoritarios la solución es el aniquilamiento o sometimiento de la disidencia, la implantación de las soluciones de autoridad con el uso de la fuerza pública y el desconocimiento y vulneración de los derechos de las minorías, las cuales, aun cuando hayan perdido las votaciones, deben tener vías alternativas para hacer valer sus argumentos y posturas.

La democracia reconoce al pluralismo como un bien de la sociedad y, por lo tanto, debe encontrar las fórmulas para preservarlo como tal y, sobre todo, abrirle cauces para expresarse, participar e incluso defenderse de las decisiones mayoritarias. Y el principal obligado de abrir estos cauces y hacerlos respetar es el gobierno.

Antes, en el mismo discurso Osorio Chong, manifestó que al utilizar la política como instrumento para mover al país, Enrique Peña Nieto logró "que del encono se pasara al encuentro; que de la división se pasara al diálogo; que de la confrontación se pasara a la propuesta". Sin embargo, es obvio que esta no es la realidad, que el Pacto por México logró los votos necesarios en el Congreso de la Unión para sacar adelante las reformas, pero no superar el encono, la división y la confrontación.

Particularmente la reforma energética volvió a evidenciar la presencia de dos proyectos antagónicos de nación que han estado presentes abiertamente desde hace poco más de 40 años, a lo largo de los cuales lo único que cambia es la intensidad de sus manifestaciones y beligerancia y, desde luego, la correlación de fuerzas y sus consecuencias.

Dentro de este enfrentamiento hay que incorporar a las guerrillas rural y urbana, a la llamada guerra sucia, a la nacionalización bancaria de López Portillo, a la persecución y asesinato de perredistas particularmente en el gobierno salinista, a las reformas estructurales de los gobiernos de Salinas y Peña Nieto, al alzamiento del EZLN y al conflicto poselectoral del 2006, entre otros. Es decir, la expresión de las diferencias ha sido muy diversa: desde la insurrección y la represión hasta la disputa por las mayorías en las urnas y el Congreso de la Unión.

En estos momentos es importante abrir cauces institucionales para el procesamiento de estas diferencias, y uno de ellos puede ser la consulta popular, vista como un instrumento de control ciudadano de la autoridad, o sea, como una opción que la ciudadanía tiene para ratificar o rectificar las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo.

Si en lugar de estos cauces, los grupos disidentes y descontentos con las últimas reformas legislativas lo único que reciben son amenazas y, eventualmente, represión, las consecuencias serán funestas, pues lo único que se conseguirá será incrementar el encono, la división, la confrontación y la polarización, todo lo que, según el discurso de Osorio Chong, se logró superar en el primer año de gobierno.

Así que quien no debe confundirse es el gobierno: lo único que consiguieron fueron los votos necesarios para sacar adelante las llamadas reformas estructurales en el Congreso de la Unión, pero prevalecen las grandes diferencias en la sociedad mexicana, y hasta hoy las más altas figuras del gobierno ni siquiera muestran el deseo de superarlas, pues están tan obcecados con el poder que ni siquiera toman conciencia de ellas.

Los venenos de Temascalapa

 

 

                      

El Cader funciona desde 1970. Se ubica en la zona nororiente del Estado de México, a menos de 75 kilómetros del Distrito Federal. Algunos pobladores cuentan que entonces le compraron unos tambos al Centro para almacenar agua, pero se los pidieron después porque, les dijeron, el Cader los iba a utilizar para transportar desechos radiactivos.

domingo, 29 de diciembre de 2013

Por Rosalía Vergara

MÉXICO, DF (Proceso).- Tras su recuperación el pasado miércoles 11, el equipo médico contaminado con cobalto 60 que había sido robado en la localidad de Tepojaco, en Tizayuca, Hidalgo, fue depositado en un cementerio nuclear del Estado de México.

La empresa Asesores en Radiaciones transportó el material radiológico a Santa María Maquixco, localidad ubicada en Temascalapa, una zona náhuatl donde se encuentra el Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (Cader), que desde hace 40 años alberga residuos tóxicos.

En el traslado de dicho material, el grupo Asesores en Radiaciones apoyó a los funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y de la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), esta última dirigida por el físico Carlos Rodríguez Islas.

Juan Antonio Medina Austria, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entregó una carta a Fernando Salazar Macías, cuarto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual le informó que el material contaminado que se localizó días antes en Hueypoxtla, Zumpango, Estado de México, fue depositado en el Cader.

"La máquina antes mencionada se utilizaba para el tratamiento de cáncer y existe un total desconocimiento por parte de las autoridades responsables del peligro que representa", decía la misiva.

Y añadía: "La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sabe perfectamente del peligro que representa esta fuente radiactiva, de las muertes y malformaciones que se han dado durante décadas en 34 municipios del Edomex y 13 de Hidalgo. Conocen del cáncer y leucemia de nuestros niños y de muchas enfermedades de la región."

Asimismo, los promotores del escrito pidieron a las autoridades estatales solventar los gastos médicos para atender a las personas afectadas por el cobalto 60, un isótopo radioactivo sintético.

CASOS DE CÁNCER Y MALFORMACIONES

Temascalapa —que significa "en el agua de los temascales"— tiene 705 habitantes: 340 hombres y 365 mujeres, y en su entorno hay aún "templos de vapor" similares a los de las culturas mesoamericanas. Al menos 15 ejidatarios denuncian las enfermedades que padece la población debido a la cercanía del "cementerio nuclear".

El jueves 19, Medina Austria, en nombre de pobladores de la región, interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "por la violación a los derechos humanos de los habitantes de 34 municipios del Estado de México y 13 de Hidalgo por parte (del gobierno) de los Estados Unidos Mexicanos".

Dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, la queja incluye reportes de personas muertas por cáncer, así como casos de niños que nacieron con malformaciones.

Un mes antes, el 20 de noviembre, el activista y agraviado presentó una demanda ante el Tribunal Agrario contra el gobierno mexiquense porque el 18 de octubre pasado reprimió y encarceló a los campesinos que exigen el cierre del Cader. Con todo, confía en que a principios de 2014 el Tribunal Agrario número 23, radicado en el municipio de Texcoco, emitirá una sentencia satisfactoria.

En su denuncia de noviembre, Medina Austria relata que en 1994 el señor Cándido Domínguez lo invitó a una reunión en San Juan Bautista Teacalco, localidad ubicada en el kilómetro 18.5 de la carretera Tizayuca-Otumba, donde se halla el confinamiento de desechos radiactivos.

Las instalaciones del Cader ocupan 16.4 hectáreas y están protegidas por una barda de lámina de dos metros y medio aproximadamente. En su fachada se observa el logotipo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

En los años setenta, la Comisión Nacional de Energía Nuclear compró la parte principal del predio —14.7 hectáreas—, según consta en la escritura 297, volumen II, del 18 de junio de 1970, expedida en la Notaría 1 de Otumba, Estado de México.

En 1993 el ININ adquirió un terreno adicional de 1.7 hectáreas, de acuerdo con la escritura 13435, volumen 270, del 22 de septiembre de 1993 de la misma notaría.

Poco antes de que presentaran la querella ante el Tribunal Agrario, los habitantes de Temascalapa bloquearon durante 30 días la carretera para impedir que se depositaran 96 toneladas de varilla contaminada con cobalto 60. Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional los reprimieron, según el relato de Cándido Domínguez incluido en la denuncia:

"Aquí mero fue que los soldados nos apuntaron con sus máuseres. Otros nomás nos gritaban: ‘¡Arrodíllate, pinche revoltoso!’; ‘¡No te muevas, pendejo!’. Yo pensé que nos mataban."

"Esto fue antes de la llegada de la varilla y antes de que se inaugurara el pozo de agua potable en el pueblo, el 11 de junio de 1999. Hasta vinieron el gobernador —César Camacho Quiroz— y el entonces presidente municipal, Lázaro Juárez Austria. Se llevaron los tambos, los del cementerio, y ni siquiera nos regresaron el dinero que pagamos por ellos", explicó Domínguez.

Añadió que, después, como si fueran "conejillos de indias", los sometieron a análisis para conocer su estado de salud. El dictamen fue: "sin contaminación."

Posteriormente, los campesinos se opusieron a que llegaran al cementerio 96 toneladas de varilla contaminada con cobalto 60 que el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, había desechado de un equipo usado de radioterapia comprado a la empresa X-Ray Equipament Co.

"En aquel entonces, la importación de equipos de esa naturaleza requería la autorización del Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN), el cual, por ley, tenía la facultad de autorizar, vigilar y supervisar la posesión y uso de materiales radiactivos. El INEN nunca fue notificado por la empresa Centro Médico de Especialidades, S.A., de la intención de adquirir la mencionada unidad."

Sin embargo, el 6 de diciembre de 1983, Vicente Sotelo Alardín, un trabajador del área de mantenimiento del Centro Médico de Especialidades de Chihuahua, desmanteló el equipo. Los golpes fracturaron la pastilla que contenía el cobalto 60 y liberaron más de 6 mil pequeñas partículas del material contaminante.

La Fundidora Aceros Chihuahua (ACHISA) compró parte del material contaminado y a partir de éste se fabricaron varillas, que fueron enviadas a siete fundidoras. En tres de ellas –Fundival, de Durango; Alumetales, de Nuevo León, y Duracero, de San Luis Potosí– se detectaron algunas piezas contaminadas con cobalto 60.

Entre el 20 y el 26 de marzo de 1984 un helicóptero despegó de Fort Bliss, Estados Unidos, con un equipo especial. Su misión: detectar gránulos de cobalto en Ciudad Juárez.

"Veintisiete pedacitos se encontraron" con dicho equipo; "17 en esa ciudad y donde estuvo estacionada la camioneta de Vicente, nueve en la carretera y uno en la mera Ciudad de Chihuahua", refiere la queja.

Al final se detectó que había varillas contaminadas en Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Guanajuato y Aguascalientes.

"Vicente Sotelo fue aprehendido siete años después. Se le acusó de robo y de atentar contra la salud pública. En la cárcel lo apodaron El Cobalto. En 1993 recuperó la libertad", sostiene el documento.

Continuarán bajas temperaturas en la Comarca Lagunera

 

Por: FABIOLA P. CANEDO/ EL SIGLO DE TORREÓN/ TORREÓN

 

Torreón amaneció con 7.4 grados centígrados como temperatura mínima por la mañana y 11 grados como máxima de ayer por la tarde. Para hoy se espera una temperatura máxima de 12 a 15 grados por la tarde y para mañana una temperatura mínima de 6 a 9, de acuerdo al Observatorio Meteorológico de la Conagua.

Se informó que la cuarta tormenta invernal, conformada por un sistema de baja presión localizada al extremo norte del país y aunada con la abundante entrada de humedad del océano Pacífico, así como un canal de baja presión localizado frente a las costas de Tamaulipas, ocasionan nublados con lluvias en el norte, occidente, oriente y centro del país.
La masa de aire frío asociada al sistema frontal número 21 mantiene ambiente muy frío en gran parte del país con heladas en partes altas, bancos de niebla en las zonas de valle.
En la Comarca Lagunera, se pronostican temperaturas frías, cielo medio nublado a nublado, posibilidad de lluvia ligera y viento de intensidad ligera a moderada del noreste. La lluvia de ayer dejó un registro de 0.2 milímetros de lluvia en Torreón
De acuerdo con la Conagua, hoy por la mañana se registraron temperaturas mínimas que van desde los -5 a los 9 grados centígrados, siendo en los municipios de Tlahualilo, Durango, y Sierra Mojada, Coahuila, donde se presentaron los valores mas bajos.

Riquelme se deslinda de adeudo a PASA

 

Por: YOLANDA RÍOS / EL SIGLO DE TORREÓN / TORREÓN

El alcalde electo Miguel Riquelme se deslindó del adeudo por más de 50 millones de pesos que tiene la actual administración municipal con la concesionaria del servicio de limpieza PASA.

Aseguró que "no es mi responsabilidad el atraso de cinco meses, más intereses que presenta la cuenta".
Expresó que oficialmente no ha sido notificado de la totalidad del pasivo que hay, no sólo de la concesionaria, sino de otros rubros.
"Yo sigo pensando que será de alrededor de 200 millones de pesos. También me estoy preparando por si hay variables, de alguna manera tendremos que resolver los problemas, pero no por eso vamos a dejar de trabajar como lo hemos anunciado".
Opinó que sería muy dañino para la empresa PASA suspender el servicio de recolección de basura en forma total como lo anunció, para el sábado 28 de diciembre, si no les pagan el adeudo total.
"Los afectados serán los ciudadanos. Pero yo espero que se llegue a un arreglo con los representantes de la empresa, es mejor la negociación''.
Riquelme Solís anunció que ayer se reuniría con el alcalde Eduardo Olmos, con el actual tesorero Pablo Chávez Rossique y el tesorero entrante Enrique Mota Barragán, para ver la situación de este pasivo, específicamente.
PASA emplazó a las autoridades municipales por escrito para que paguen un monto de 55.5 millones de pesos correspondientes a adeudos del mes de julio a noviembre, por el servicio de aseo público de la ciudad.
Puso como fecha límite el viernes 27 de diciembre para recibir el pago o suspenderá totalmente el servicio el sábado 28 de diciembre.
El pasivo que PASA le cobra a la Tesorería Municipal no incluye la factura por el servicio del mes de diciembre.
Por la temporada de Navidad y Fin de Año, es el mes en que hay más actividad de aseo público y se incrementa al doble la recolección de basura en la ciudad. Por lo tanto la factura sale más elevada.
Hoy viernes deberá resolverse el caso de la deuda a la concesionaria.

Vence el plazo

PASA fijó hoy viernes 27 de diciembre como fecha límite para que le paguen. ⇒ Son cinco meses atrasados, incluyendo intereses.
⇒ Hacen un total de 55.5 millones de pesos.

Ya no está en servicio el sitio web del Ayto. de Torreón

 

Por: FABIOLA P. CANEDO / EL SIGLO DE TORREÓN / TORREÓN

EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SERÁ EN UNA SEMANA

El portal de internet del ayuntamiento de Torreón ya está fuera de servicio, pese a que aún falta una semana para que concluya la presente administración.

Desde hace varios días es imposible acceder a las páginas www.municipiodetorreon.gob.mx y www.torreon.gob.mx. En la primera dirección electrónica, aparece únicamente una pantalla blanca, sin más información, mientras que en la segunda hay una imagen con el mensaje: "En estos momentos nuestra web se encuentra en mantenimiento ofrecemos disculpas por los posibles inconvenientes ocasionados, gracias".

SIN RESPUESTA
A través del sitio de internet, los ciudadanos pueden acceder a diversos servicios e información de trascendencia, como las sesiones de Cabildo.
Ayer sesionó el Cabildo por la tarde y no hubo transmisión en internet, pese a que el ayuntamiento de Torreón gastó hasta 250 mil pesos por trimestre tan sólo en la cobertura de estas reuniones, pues cada una debe ser grabada y asentada, según lo que se establece en la Ley.
En años anteriores, por medio de internet era posible además cubrir pagos de la Tesorería Municipal, como el Impuesto Predial.
También se podían consultar los estados de cuenta, pero esto ahora resulta imposible.

AFLUENCIA
De acuerdo con datos de la Dirección de Informática del Municipio de Torreón, el sitio de internet del ayuntamiento maneja una afluencia de visitantes de 35 mil a 45 mil por mes, donde lo más frecuentado es la Bolsa de Trabajo, el Monitor de Cabildo y el Directorio de Funcionarios.
También el internet en los paseos públicos ha fallado considerablemente en los últimos días, de lo cual se han recibido múltiples quejas en la redacción de El Siglo de Torreón.
Otros apartados que los ciudadanos utilizan con frecuencia en el portal del Municipio son la Oficina del alcalde, el DIF Torreón y Transparencia ICAI.

DOS SITIOS
Desde 2011, el ayuntamiento de Torreón tiene dos páginas de Internet, www.torreon.gob.mx y www.municipiodetorreon.gob.mx, que en realidad es una sola, pero la última es un dominio web que se utilizaba por la Contraloría Municipal para atender los requerimientos informativos que realizaban los ciudadanos en materia de rendición de cuentas.
Según el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), el sitio de Torreón es de los más visitados en el estado, ya que los torreonenses son activos vigilantes del gobierno.
En el monitoreo del ICAI, se registra una gran actividad en los habitantes de la región en lo que se refiere a las consultas, pues están muy al pendiente de cuál es la información que se está subiendo por parte del Municipio.

Información más solicitada

Lo más buscado en el portal del ayuntamiento: ⇒ Monitor de Cabildo
⇒ Directorio de servidores públicos
⇒ Alcalde
⇒ DIF Torreón
⇒ Transparencia ICAI
⇒ Bolsa de trabajo

En Torreón,dejan cámaras inservibles

 

Por: YOLANDA RÍOS / EL SIGLO DE TORREÓN / TORREÓN

SIN FUNCIONAR, LA MITAD DE LAS VIDEOCÁMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN TORREÓN

 

Sólo 33 de las 64 videocámaras de vigilancia instaladas en cruceros de la ciudad funcionan, de acuerdo al inventario realizado por el equipo del próximo secretario del Ayuntamiento, Jorge Luis Morán.

Según la revisión, la causa de la inutilidad del 50 por ciento de las videocámaras instaladas a lo largo de esta administración municipal es “deterioro gradual”.
“Lo que nos dicen es que la mayoría se descompuso por falta de mantenimiento y por daños causados en balaceras”, explicó Morán. Dijo además que le causa extrañeza que no se aprovechen las cámaras como lectoras de placas de vehículos ya que, las que todavía funcionan, tienen esa capacidad.
Morán declaró que la mayor parte del dinero que se destinará en 2014 para seguridad pública, y que es una mezcla de recursos municipales y federales, se invertirá en infraestructura para la prevención del delito.
Del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun), la mayor parte de los recursos se utilizarán para la adquisición de patrullas nuevas, así como de más videocámaras. Además se promoverá entre el sector empresarial que instale sus propias cámaras, en tiendas, gasolineras e instituciones bancarias.
“Nosotros las podremos tener enlazadas a una central”, dijo.
Morán Delgado, quien a partir del primero de enero tendrá bajo su responsabilidad la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Prevención del Delito y la coordinación del Subsemun, además de participación en el Fideicomiso de Seguridad Pública, expresó que el gabinete de Seguridad del Ayuntamiento se reunirá cada semana.
Aseguró que las reuniones “serán con el fin de evaluar las acciones que se realicen en materia de seguridad pública, así como prevención del delito. Pero serán evaluaciones para resolver, no sólo para reunir y actualizar estadísticas’’.
Tras una reunión de preparación de las actividades que se realizarán en las diferentes áreas a su cargo, Jorge Luis Morán dijo que hay avances también respecto al grupo de élite que se creará en Seguridad Pública.
Respecto al estado físico del parque vehicular de la Policía Municipal, dijo que hasta que sea autoridad estará en condiciones de informar de lo que hay tanto en Seguridad Pública como en Vialidad, así como de la disponibilidad de agentes policiacos y de tránsito.

Vive prensa coahuilense un año de terror

 

La Redacción
26 de diciembre de 2013

La fachada de El Siglo de Torreón. Foto: Siglo de Torreón

TORREÓN, Coah., (apro).- Los ataques a la prensa en esta entidad estuvieron a la orden del día en el año que está por terminar.
En febrero pasado, por ejemplo, el diario El Siglo de Torreón fue blanco de tres ataques consecutivos, el último de ellos el más trágico porque perdió la vida un transeúnte y dos policías resultaron lesionados.
Además, cinco trabajadores del periódico fueron secuestrados y liberados un par de días después.
Meses después, en junio, sujetos armados atacaron las instalaciones de Televisa en Torreón.
Personal de la Fiscalía General del Estado encontró 163 casquillos percutidos calibre .223 y .9 milímetros.
En el atentado se registraron daños materiales en la fachada del inmueble y en la antena de la repetidora, sin embargo, no se interrumpió la transmisión.
Y desde septiembre último, el periódico La Voz de la Laguna vive el acoso permanente del alcalde de San Pedro de las Colonias, Jorge Antonio Abdala Serna.
Directivos del diario aseguran que las agresiones iniciaron después de que denunciaron que el funcionario municipal benefició a la constructora Vlaher al asignarle contratos de obra pública de manera directa. La empresa es propiedad de Vladimir Hernández Flores, hermano del director de Servicios Públicos Municipales, quien, a su vez, funge como prestanombres del alcalde.
En respuesta a tales denuncias, Abdala Serna logró llevarse a la planta de reporteros a trabajar a la presidencia municipal, para dejar sin reporteros al periódico La Voz de la Laguna, con el objetivo de que dejara de circular.
Posteriormente, empezó a presionar a los dueños de establecimientos donde se vende el diario. Incluso, les ofreció 20 mil pesos a cada a cambio de que dejaran de vender el periódico.
Ante el boicot, directivos de La Voz de la Laguna lograron montar una red de vendedores en los cruceros para continuar con la distribución del periódico. Sin embargo, elementos de la Policía Preventiva Municipal empezaron a presionarlos y a amenazarlos con meterlos a la cárcel si continuaban con esa actividad.
También aplicaron la “Ley Mordaza” al diario ya que algunos departamentos municipales, como la dirección de Seguridad Pública Municipal, la cual negó información oficial a los reporteros al medio de comunicación.
No conforme con ello vehículos del periódico fueron blanco de ataques.
Luego, el pasado 19 de septiembre, fue lanzado un explosivo en el taller donde se imprime el diario.
Además, el pasado 22 de noviembre fue ejecutada una persona a unos cuantos metros donde se encuentra el taller de impresión del diario.
Los directivos del rotativo lagunense presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR), incluida una por intento de secuestro de uno de sus reporteros.
En todas ellas, el alcalde Abdala Serna aparece como presunto responsable. Apro lo buscó para conocer su versión, pero en la presidencia municipal nunca respondieron a las diversas llamadas telefónicas que se hicieron.

‘Dios juzgará a políticos por generar pobreza en el campo’

DICE RAÚL VERA:

 

 

          

FRAY RAÚL Vera López criticó el modelo inequitativo en la distribución de riqueza que proviene de los impuestos en México.

viernes, 27 de diciembre de 2013

Raúl Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo, dijo que "Dios juzgará a políticos por generar pobreza en el campo"; se refirió a la mala distribución de riqueza proveniente de los impuestos que aplica el gobierno.
Criticó el Obispo el engaño de que son objeto las familias ejidales, cuando la clase política acude a pedir el voto durante las campañas, porque siempre hacen las mismas promesas.
Comentó que no se trata de ofrecer limosnas; los salarios son insuficientes y no alcanzan para cubrir las necesidades más elementales de las familias en el campo y la ciudad, dijo Raúl Vera López.
Se refirió luego a la manera en que se aplican los impuestos que se generan en México, y que el gobierno maneja de manera injusta al dejar desprotegidos a los más pobres.
Se requiere un salario justo que alcance para comprar comida y vivir dignamente; la justicia se debe aplicar empezando por erradicar la compra y el robo de votos, así se refirió Raúl Vera al tema de la pobreza que flagela a la población mexicana.
Por Héctor