partir del levantamiento Zapatista el primero de enero de 1994, el estado de Chiapas ha vivido varias iteraciones de la mal llamada guerra de baja intensidad, o contra-insurgencia, que combina la violencia paramilitar anti-zapatista (tinyurl.com/fzwdfpdb) con diversas medidas políticas y sociales, incluyendo la veda mediática, los programas asistencialistas y la instrumentalización de organizaciones sociales y partidos políticos, todo con el fin de aislamiento y contención de los rebeldes.
Si al inicio, la violencia estaba dirigida particularmente en contra de las bases de apoyo zapatistas y comunidades aliadas (adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona), durante el gobierno estatal de Manuel Velasco Coello (2012-2018) se favoreció la creación de nuevos grupos de choque, muchas veces conformados por el narco, con el objetivo de golpear en las zonas indígenas no solo al zapatismo, sino a todos los grupos opositores al PRI-Verde. Esto se extendió a las ciudades, como San Cristóbal de las Casas, donde surgieron bandas delictivas como los motonetos, los cuales siembran terror en la población y se dedican al narcomenudeo, huachicol, venta de lotes en áreas naturales protegidas (bosques y humedales) y el control del agua y su venta en pipas.
Con el cambio del gobierno federal, se genera la hipótesis de que la política nacional frente al narcotráfico sea la de abrazos, no balazos
o laissez faire. El hipotético o aparente corolario para Chiapas, primero con la alianza Verde-Morena y luego con las tensiones entre ellos, junto con los demás narco-partidos, ha sido el de dar mano libre a los grupos delictivos en toda la entidad, tanto en el campo como en la ciudad, con el doble fin de mantener acorralado y atacado al zapatismo, y controlar y hasta limpiar los territorios y recursos cotizados por el capital, sea para la minería, el petróleo, el turismo, las carreteras, y, en las ciudades, la especulación inmobiliaria probablemente alimentada por el lavado de dinero. Esto se está traduciendo en aumentos muy notables de narcotráfico y trata de personas y la generalización de los casos de grupos armados irregulares que disparan a comunidades e intimidan a las poblaciones.
En el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, dichos grupos gozan de la casi completa impunidad, y han ampliado su control territorial, buscando desplazar a toda clase de organizaciones y movimientos sociales que defienden la tierra y el territorio, sea en el campo o en la ciudad. Su máxima expresión es la combinación con fuerzas del narcotráfico tal y como se ha vivido en la zona norte del estado, en el que en municipios como Yajalón, Amatán, Aldama, y Chilón, entre otros, se tienen autoridades municipales y hostigamientos que por denuncias presentadas responden a dichos intereses. De acuerdo al CDHFBC, en Chiapas se tienen mas de 40 conflictos socioambientales
, un eufemismo por lo mismo. Todo esto junto con el continuado o intensificado hostigamiento al zapatismo (tinyurl.com/z5bc7uxz).
En el municipio de Pantelhó, de los Altos de Chiapas, se ha hecho evidente la descomposición del gobierno y la ejecución de opositores, con el asesinato de Simón Pedro ex dirigente de la las Abejas, el cual fue asesinado días después de haber presentado evidencias de colusión de las autoridades municipales con el narco, llevando a una verdadera crisis humanitaria con mas de 3 mil desplazados, y provocando la creación de autodefensas ciudadanas armadas (tinyurl.com/y9z59afx). Mientras tanto, hubo tiroteos entre narcos en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas se ha visto aumentada la violencia de los motonetos y otros grupos de choque, con disparos al aire en los barrios. El pasado 16 de julio hubo una confrontación entre motonetos y defensores de los humedales en los barrios del sur, y la ejecución de un voluntario italiano (tinyurl.com/b428yt3b), entre otros acontecimientos.
Todo indica que la aparente política de Rutilio Escandón, da mano libre a la delincuencia armada en Chiapas para el control del territorio y la contrainsurgencia anti-zapatista, ha devenido en una guerra entre cárteles y de éstos contra la ciudadanía (tinyurl.com/536umc8t), de tal manera que la entidad hoy en día se parece a la época de ascenso de la narcopolítica en estados como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora o Tamaulipas. Es en este contexto de deterioro generalizado en Chiapas, que el EZLN y el Congreso Nacional Indígena realizan su gira de denuncias en Europa.
En un panorama tan oscuro, sin embargo, hay elementos de esperanza. El triste hecho de que casi cualquier comunidad u organización puede ahora ser blanco de ataque, crea nuevas condiciones para concertaciones. Entre ellos, los históricos acuerdos desde abajo para poner fin a más de medio siglo de violencia en la Selva Lacandona (tinyurl.com/j5b2rv4w) y crear un plan de vida
colectiva para la coexistencia de todos los seres
de la región (tinyurl.com/hfe5xpky). Está también el eminente anuncio de una nueva iniciativa nacional de parte del EZLN (tinyurl.com/2z6chk92>). El Chiapas de Rutilio Escandón vive una extraordinaria batalla entre las fuerzas del bien y aquellas del mal.
León Enrique Ávila, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), y Peter Rosset, profesor de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)
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