RAÚL A. RUBIO CANO
Septiembre 28 de 2017
Informa a este teclador, Aleira Lara Galicia, líder del Programa Agricultura y alimentación de Greenpeace México, que senadores del PRI y el PVEM, aprovecharon que la atención del país está en atender la emergencia provocada por los sismos de los días pasados para cometer la trastada más cruel: aprobar las iniciativas de la Ley General de Biodiversidad y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que permitirían el saqueo y la privatización de recursos genéticos, denunciaron organizaciones civiles. El pasado 26 de septiembre, por la mañana, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, encabezada por Ninfa Salinas (PVEM), y ante la ausencia de legisladores del PAN y el PRD, avaló ambas iniciativas controversiales y cuestionadas por la sociedad civil, académicos e investigadores por ser consideradas entreguistas, violatorias de derechos de las comunidades indígenas y atentar contra el medio ambiente. “Cuando la población mexicana está demostrando la unión para ayudar, con solidaridad y generosidad, trabajando en la atención y reconstrucción de los sitios afectados, los legisladores se alían para dar un golpe bajo a la ciudadanía y el medio ambiente, haciendo evidente una vez más su insensibilidad hacia el pueblo mexicano”, señalaron organizaciones como: Asociación de Consumidores Orgánicos (ACO), Conservación de Mamíferos Marinos de México – COMARINNO, Greenpeace, Grupo GEMA, Producciones Serengueti – Marianela Hoyo, Vía orgánica. En el caso de la iniciativa de Ley General de Biodiversidad se abroga la Ley General de Vida Silvestre incluyendo la asimilación del Protocolo de Nagoya a la legislación mexicana sin ningún tipo de candados que puedan evitar la erosión genética de los recursos naturales mexicanos ni la protección para el conocimiento tradicional para la conservación y uso de la biodiversidad. Incluso la misma Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) se ha manifestado en contra de este proyecto al señalar que la iniciativa está encaminada a flexibilizar los marcos regulatorios en materia ambiental, como la inexistencia de un Sistema Nacional de Recursos Genéticos, entre otros señalamientos. Además, viola el artículo segundo de la Constitución mexicana pues no se hizo el más mínimo esfuerzo por incluir a los pueblos indígenas en el proceso de elaboración de la ley bajo ningún debate o consulta pública plural e informada como pidió la sociedad civil y comunidades científicas en los primeros intentos de aprobar esta ley a principios de este año. Otras organizaciones y grupos académicos han señalado que este proyecto de ley permite la realización de actividades mineras en las Áreas Naturales Protegidas, incluso en las zonas núcleo. Este proyecto pone en bandeja de plata la privatización de los recursos genéticos del país. Es indignante que los ciudadanos tengan que enterarse de las aprobaciones de estas leyes tan importantes para la sociedad mexicana, en medio de una tragedia que enluta al país y que muestra lo bajo del actuar del poder Legislativo cuando las prioridades deberían ser otras y no la privatización de sus recursos naturales. Concluyó: Aleira Lara y demás organizaciones ¡Órale! raurubio@gmail.com
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