Isssteleón-2020, después de Issemym-2018

Gustavo Leal F.*

M

ientras el entero sistema de pensiones se encuentra a debate nacional y frente a la inoportuna iniciativa del gobernador Jaime Rodríguez (8/6/20) publicitada por su secretario de Finanzas y tesorero general de Nuevo León, Carlos Garza, con sencillez y contundencia los trabajadores amparados en Isssteleón comunican al Congreso del estado que –a pesar de la 4T– ella no cumplió con el requisito y garantía de ser consensuada con los trabajadores, como fue el compromiso de los líderes sindicales promoventes.

No se garantizaron, tampoco, las condiciones adecuadas de tiempo, excepción (confinamiento), amplia información, análisis de contenido y posibilidad de levantar propuestas de mejora. La iniciativa exige, enfatizan, que se escuche a todos, dedicando el tiempo necesario. Además de que, reconocen, ella es indispensable para resolver la problemática de las pensiones y el servicio médico. (Por qué cuestionamos la Ley Isssteleón-2020).

La ley creada en 1983 para garantizar seguridad social a los trabajadores al servicio del estado acentuando atender, como aspecto principal el servicio médico (ar-tículo 1), fracasó. La ley 1993 (reformada) creó un sistema certificado de jubilación con cuentas individuales (a partir de 1994) y, como era de esperarse, también fracasó. La iniciativa de Ley Isssteleón-2020 quiere ahora, subrayan, volver a reformar dos problemas de naturaleza diferente que demandan soluciones diferentes.

Siguiendo a Carlos Ramírez Fuentes, ex titular de la Consar-Peña (hoy empleado de la consultora Integralia) y a su sucesor en la 4T, Abraham Vela Dib, en pensiones, la iniciativa ratifica pagarlas por capitalización individual. Pero el propósito principal no es mejorar las pensiones, sino recaudar recursos con el incremento de cuotas a los trabajadores.

Los de la ley 93 reciben apenas pensiones menores a 30 por ciento del último salario devengado. Se afecta principalmente a los 15 mil derechohabientes de cuentas individuales, debiendo también garantizarse respeto a los derechos de los actuales jubilados/pensionados y del personal amparado en la ley 1983. Al modificar los transitorios 15 y 17 de la ley 1993 el estado de Nuevo León evade su responsabilidad adquirida con ella misma. Además de que su esquema financiero, vía cuentas nocionales, deja en la incertidumbre a los trabajadores sobre el futuro de sus recursos y, al final del día, vuelve a pagar con cuentas individuales. Agréguese que la aplicación de un salario regulador ponderado contradice y anula la promesa que se hace a los trabajadores para mejorar el monto de sus pensiones.

Recientemente, Abraham Vela Dib, responsable de la Consar, observó que “el sistema de ahorro en cuentas individuales es lo que conviene al país, así como fortalecer el ahorro voluntario ( La Jornada, 21/1/20).

En materia del servicio médico se afecta a 21 mil 346 derechohabientes y a 13 mil jubilados y sus familias. Pero 63 mil derechohabientes, indican en “rechazo a la reforma Isssteleón”, están en riesgo permanente de perder vida y salud, gastando mucho del magro salario por el pésimo servicio recibido durante los pasados siete años. Esta situación deriva del trato inequitativo –por parte del gobierno del estado– en la aportación del déficit médico que genera la administración del servicio y que privilegia a algunos por exclusión de otros. Y se agrava con el más que opaco suministro de recursos, vía la Tesorería del estado, al Consejo Directivo de Isssteleón quien administra servicios de cobertura directa, en ocasiones, sin cobrar contraprestación. Debe añadirse la rampante corrupción con que se administran los recursos de los servicios, casi sin control y con nula fiscalización. Hoy se ignora el monto exacto de los pavorosos pasivos.

La gravedad de la situación se aprecia en la pérdida de vidas por atención inadecuada e inoportuna; sufrimiento de los pacientes, falta de equipo y aparatos médicos para la atención médica de calidad; retraso criminal en operaciones quirúrgicas de urgencia, desabasto constante y pago del bolsillo de los trabajadores. La iniciativa del gobernador Jaime Rodríguez es omisa y no se ocupa en ésta delicada materia.

Un penoso episodio similar al de Isssteleón ocurrió con la, también inoportuna, iniciativa del gobernador Alfredo del Mazo para reformar al Issemym de septiembre 2018. Una vez impuesta, el Congreso del estado de México la abrogó sólo unos meses después.

Los nuevos tiempos de la 4T no pueden admitir semejantes imposiciones. ¿Cómo podría atender AMLO la reiteradamente ofrecida acción –de la 4T– para enfrentar el profundo desafío pensionario nacional cuando los gobernadores Del Mazo y Rodríguez (con fuerte presencia de la Afore-XXI-Banorte en sus sistemas estatales) militan activamente justo en sentido contario de aquello que reclama urgente solución defendiendo modelos donde todo ya fracasó?

*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco