Las empresas del sector de energía renovable han presentado 172 amparos en contra de la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reveló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Estas medidas legales en materia energética se dividen en cuatro bloques: los cambios de la Secretaría de Energía (Sener) a los Certificados de Energía Limpia (CEL); el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por el coronavirus covid-19; la política de confiabilidad de la Sener y el aumento de los costos de transmisión de electricidad a compañías de autoabasto energético.
“Todos los amparos en su característica provisional o definitiva han sido ganados, lo cual refleja que la opinión de los jueces es bastante amplia: el diferendo del sector privado (con el gobierno) tiene una razón que lo soporta”, declaró el presidente del grupo empresarial, Carlos Salazar Lomelín en conferencia de prensa virtual.
Del total de amparos solicitados, 33 corresponden a los cambios a certificados verdes, 47 al acuerdo del operador eléctrico, 72 responden a la política que limita la operación de nuevas plantas renovables y 20 más por los aumentos en los cargos de porteo verde.
El presidente del CCE recordó que el plan de infraestructura energética que propuso la iniciativa priviada desde enero de 2020, por 30,000 millones de dólares, sigue sin definirse por parte del gobierno.
“(El plan de infraestructura energética) ha quedado sin una respuesta”, comentó.
Sobre la cancelación de la planta eléctrica de ciclo combinado de Iberdrola en Veracruz, Lomelín dijo que el gobierno y la CFE no tendrían disponibles los 1,200 mdd que planteó la compañía española para su construcción.
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