Será hasta septiembre que se le dicte sentencia al exgobernador interino de Coahuila
Foto: Especial
Estados Unidos.- Jorge Juan Torres López, ex Gobernador interino del estado de Coahuila acusado por el delito de lavado de dinero, se declaró culpable este miércoles en una corte de Texas, Estados Unidos.
Torres -quien fue detenido el 5 de febrero de 2019 por elementos de la Fiscalía General de México- aceptó su culpabilidad desde el Centro de Detención del Condado de Aransas por medio de una audiencia a distancia con la jueza Nelva Ramos.
Luego de la declaración del otrora funcionario, la corte determinó que el próximo 10 de septiembre del presente año, a las 10:30 hora local, se dictará la sentencia definitiva.
‘Lavó dinero para ocultar sobornos’
En un comunicado de prensa difundido por la Corte del Sur de Texas, se dio a conocer que Torres López se declaró culpable “en un plan de lavado de dinero que incluye delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público”, dijo el fiscal Ryan K. Patrick.
Las autoridades de Estados Unidos vincularon al exmandatario con Javier Villarreal, antiguo colaborador de Torres López.
De funcionario a prófugo de la DEA
A sus 66 años, Jorge Juan Torres López, quien sustituyó a Humberto Moreira en la gubernatura de Coahuila, pasó de ser exmandatario del PRI y miembro de una prestigiada familia empresarial de Saltillo, a uno de los fugitivos más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA) debido a que fue uno de los peones de Humberto Moreira Valdez para depositar los fondos saqueados del erario de Coahuila en paraísos fiscales y bancos de Texas.
Admitió haber realizado transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió aquí a cambio de contratos de construcción de carreteras para el Estado de Coahuila.
Como parte de su declaración, Torres López acordó perder una propiedad en la Unión Americana asociada con los pagos.
La jueza de distrito en EU, Nelva González Ramos fijó la sentencia para el 10 de septiembre.
La ficha que emitió la DEA en el 2016, lo consideró prófugo de la justicia por el delito de conspiración para el lavado de dinero.
Documentos liberados por la Corte del Distrito de Texas sobre los procesos judiciales contra Torres López y el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, confirmaron que ambos fueron cómplices de Humberto Moreira en la transferencia de unos 35 millones de dólares a Bermudas y bancos de Texas.
Moreira Valdez fue investigado por esos delitos. Villarreal Hernández se declaró culpable de lavado y recibió sentencia en marzo de 2018.
Sin embargo, quedó en libertad en San Antonio, pues presuntamente negoció con las autoridades para rendir testimonio con el fin de entregar al resto de los conspiradores.
El nombre de Torres López también apareció durante el juicio de Luis Carlos Castillo Cervantes, “El Rey de los Dragones”, quien pagó 10% de “moche” por los contratos obtenidos durante la Administración del “Profe” Moreira.
Investigación
Las investigaciones de los fiscales de Estados Unidos arrojaron que Humberto Moreira viajó en febrero de 2009 a San Antonio con miembros de su gabinete y empresarios en vuelos privados.
El selecto grupo se reunió el 25 de febrero de ese año en el lujoso Club de Golf Sonterra, junto con cuatro cómplices: Javier Villarreal, Jorge Torres, – en ese momento, secretario de Desarrollo Social-, y los empresarios Rolando y Casimiro González Treviño, dueños de la cadena de Televisión RCG de Coahuila y estaciones de radio.
En ese encuentro, el entonces gobernador planeó el robo de fondos públicos del erario de Coahuila para depositarlos en cuentas particulares en las Bermudas.
Para abril de ese año, Torres López y Hernández comenzaron a abrir cuentas de inversión en dichas islas, a través del banco Butterfield and Son Limited, el cual opera en al menos cinco paraísos fiscales.
Las autoridades estiman que, a través de operaciones de divisas y transferencias bancarias, manejaron más de 35 millones de dólares con las cuales posteriormente adquirieron numerosas propiedades en San Antonio, Brownsville y South Padre Island, según la Oficina fiscal de Estados Unidos.
El exsecretario de Finanzas y Jorge Torres también realizaron transferencias a través del banco J.P. Morgan de la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas.
Detención y extradición
Fueron agentes federales quienes el 5 de febrero de 2019 capturaron a Jorge Torres López en reclamo a extradición por Estados Unidos, al enfrentar cargos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude.
La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República detalló que la captura fue en Puerto Vallarta, en un centro comercial denominado La Isla, sin que opusiera resistencia.
De acuerdo con las autoridades federales, el exmandatario coahuilense vivía en el fraccionamiento de lujo El Encanto, en Punta Mita, y había sido ubicado a partir de investigaciones de campo.
Fue trasladado al Reclusorio Preventivo Sur de la Ciudad de México, donde permaneció los siguientes meses.
El 29 de octubre de 2019, Torres López, fue entregado en extradición a la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, en EU, para ser procesado por la probable comisión de los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario.
Unanimidad
Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó un exhorto para que la Fiscalía General del Estado inicie investigaciones contra el exgobernador Jorge Torres López, por los mismos delitos que se le imputan en EU y que involucrarían recursos de Coahuila.
La petición fue propuesta por el diputado del PAN, Juan Antonio García Villa, quien recordó que las investigaciones de EU, contra Torres López, indican que diseñó y ejecutó diversos esquemas para hacerse de fondos públicos del Gobierno estatal a través de contratos falsos que generaron pagos por sobornos realizados en su favor.
Torres -quien fue detenido el 5 de febrero de 2019 por elementos de la Fiscalía General de México- aceptó su culpabilidad desde el Centro de Detención del Condado de Aransas por medio de una audiencia a distancia con la jueza Nelva Ramos.
Luego de la declaración del otrora funcionario, la corte determinó que el próximo 10 de septiembre del presente año, a las 10:30 hora local, se dictará la sentencia definitiva.
‘Lavó dinero para ocultar sobornos’
En un comunicado de prensa difundido por la Corte del Sur de Texas, se dio a conocer que Torres López se declaró culpable “en un plan de lavado de dinero que incluye delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público”, dijo el fiscal Ryan K. Patrick.
“Jorge Juan Torres-López, de 66 años, admitió haber realizado transacciones financieras en los Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió aquí a cambio de contratos de construcción de carreteras para el Estado de Coahuila”.
Las autoridades de Estados Unidos vincularon al exmandatario con Javier Villarreal, antiguo colaborador de Torres López.
“Aproximadamente en diciembre de 2005, Héctor Javier Villarreal-Hernández fue nombrado subsecretario de Programa y Presupuesto para el estado de Coahuila. En ese momento, Torres-López era su supervisor. En julio de 2008, Villarreal-Hernández fue nombrado secretario de finanzas de Coahuila, donde permaneció hasta su renuncia en agosto de 2011.
“Villarreal-Hernández, de 49 años, también ha sido condenado en los Distritos Sur y Oeste de Texas por delitos de lavado de dinero y también está a la espera de la sentencia”, se dio a conocer esta tarde.
De funcionario a prófugo de la DEA
A sus 66 años, Jorge Juan Torres López, quien sustituyó a Humberto Moreira en la gubernatura de Coahuila, pasó de ser exmandatario del PRI y miembro de una prestigiada familia empresarial de Saltillo, a uno de los fugitivos más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA) debido a que fue uno de los peones de Humberto Moreira Valdez para depositar los fondos saqueados del erario de Coahuila en paraísos fiscales y bancos de Texas.
Admitió haber realizado transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió aquí a cambio de contratos de construcción de carreteras para el Estado de Coahuila.
Como parte de su declaración, Torres López acordó perder una propiedad en la Unión Americana asociada con los pagos.
La jueza de distrito en EU, Nelva González Ramos fijó la sentencia para el 10 de septiembre.
La ficha que emitió la DEA en el 2016, lo consideró prófugo de la justicia por el delito de conspiración para el lavado de dinero.
Documentos liberados por la Corte del Distrito de Texas sobre los procesos judiciales contra Torres López y el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, confirmaron que ambos fueron cómplices de Humberto Moreira en la transferencia de unos 35 millones de dólares a Bermudas y bancos de Texas.
Moreira Valdez fue investigado por esos delitos. Villarreal Hernández se declaró culpable de lavado y recibió sentencia en marzo de 2018.
Sin embargo, quedó en libertad en San Antonio, pues presuntamente negoció con las autoridades para rendir testimonio con el fin de entregar al resto de los conspiradores.
El nombre de Torres López también apareció durante el juicio de Luis Carlos Castillo Cervantes, “El Rey de los Dragones”, quien pagó 10% de “moche” por los contratos obtenidos durante la Administración del “Profe” Moreira.
Investigación
Las investigaciones de los fiscales de Estados Unidos arrojaron que Humberto Moreira viajó en febrero de 2009 a San Antonio con miembros de su gabinete y empresarios en vuelos privados.
El selecto grupo se reunió el 25 de febrero de ese año en el lujoso Club de Golf Sonterra, junto con cuatro cómplices: Javier Villarreal, Jorge Torres, – en ese momento, secretario de Desarrollo Social-, y los empresarios Rolando y Casimiro González Treviño, dueños de la cadena de Televisión RCG de Coahuila y estaciones de radio.
En ese encuentro, el entonces gobernador planeó el robo de fondos públicos del erario de Coahuila para depositarlos en cuentas particulares en las Bermudas.
Para abril de ese año, Torres López y Hernández comenzaron a abrir cuentas de inversión en dichas islas, a través del banco Butterfield and Son Limited, el cual opera en al menos cinco paraísos fiscales.
Las autoridades estiman que, a través de operaciones de divisas y transferencias bancarias, manejaron más de 35 millones de dólares con las cuales posteriormente adquirieron numerosas propiedades en San Antonio, Brownsville y South Padre Island, según la Oficina fiscal de Estados Unidos.
El exsecretario de Finanzas y Jorge Torres también realizaron transferencias a través del banco J.P. Morgan de la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas.
Detención y extradición
Fueron agentes federales quienes el 5 de febrero de 2019 capturaron a Jorge Torres López en reclamo a extradición por Estados Unidos, al enfrentar cargos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude.
La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República detalló que la captura fue en Puerto Vallarta, en un centro comercial denominado La Isla, sin que opusiera resistencia.
De acuerdo con las autoridades federales, el exmandatario coahuilense vivía en el fraccionamiento de lujo El Encanto, en Punta Mita, y había sido ubicado a partir de investigaciones de campo.
Fue trasladado al Reclusorio Preventivo Sur de la Ciudad de México, donde permaneció los siguientes meses.
El 29 de octubre de 2019, Torres López, fue entregado en extradición a la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, en EU, para ser procesado por la probable comisión de los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario.
Unanimidad
Por unanimidad el Congreso del Estado aprobó un exhorto para que la Fiscalía General del Estado inicie investigaciones contra el exgobernador Jorge Torres López, por los mismos delitos que se le imputan en EU y que involucrarían recursos de Coahuila.
La petición fue propuesta por el diputado del PAN, Juan Antonio García Villa, quien recordó que las investigaciones de EU, contra Torres López, indican que diseñó y ejecutó diversos esquemas para hacerse de fondos públicos del Gobierno estatal a través de contratos falsos que generaron pagos por sobornos realizados en su favor.
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