La Laguna: Historias de muerte

 

Por Ricardo Ravelo

SinEmbargo

junio 9, 2017

“Las cifras no mienten. Los municipios más violentos, desde el 2010 a la fecha, son Torreón y Gómez Palacio”. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comarca Lagunera es una de las regiones más prósperas del país pero también es de las más violentas: grupos del crimen organizado como Los Zetas, el Cártel de Juárez y del Pacífico mantienen una disputa a sangre y fuego desde hace varios años, en tanto que buena parte de la clase empresarial ligada al sector agropecuario se ha dedicado, por décadas, al saqueo de tierras y de pozos de agua en municipios tanto de Durango como de Coahuila.

Un ejemplo de este descomunal saqueo ocurre, por ejemplo, en el municipio de Gómez Palacio, uno de los más prósperos del país que le aporta a Durango el 60 por ciento del PIB estatal. Ahí, entre 132 comunidades rurales y 400 mil habitantes están asentadas las empresas más acaudaladas de la República, algunas de ellas presuntamente ligadas con capos de la droga.

En La Laguna opera la boyante “Lala”, que encabeza Eduardo Tricio Haro, quien a su vez es dueño del 25 por ciento de las acciones de Aeroméxico; Leche Bell –alguna vez presuntamente ligada con Ismael “El Mayo Zambada”y cuyo escándalo tronó por el uso de recursos públicos por parte de esa compañía — así como Chilchota, fundada por el extinto Carlos Herrera Araluce, cuyo emporio fue heredado a sus hijos y durante su expansión no estuvo ajena a los escándalos por estar presuntamente relacionada con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Ocurre que entre las principales empresas lecheras de esa región existe una abierta disputa, tan férrea como la del crimen organizado, por el control de los pozos de agua. Y no es para menos. La Laguna es una región ubicada en pleno desierto.

Un dato estima que el 80 por ciento de los pozos de agua están controlados por Lala y Chilchota y muy poco han dejado para los campesinos. Otros datos sostienen que en toda la región lagunera existen unos 3 mil pozos de agua –unos mil 500 son piratas, pues no tienen concesión –y de ese total unos mil pozos están ubicados en el municipio de Gómez Palacio, de los cuales el 97 por ciento pertenecen a los grandes emporios lecheros y sólo el 3 por ciento están en manos de los campesinos.

Hasta 1988, cuando todavía no era muy evidente la participación del crimen organizado en el despojo de las tierras y el agua, el 87 por ciento de los campesinos vivían de la producción agrícola. Actualmente sólo entre el 4 y el 6 por ciento pueden sobrevivir de esa actividad, pues han tenido que vender sus propiedades algunas veces mediante amenazas de muerte por parte de los grupos de poder vinculados al narcotráfico. Otros grupos sociales vulnerables han sido desplazados debido a las amenazas del crimen organizado vinculado con las empresas más poderosas.

Y por encima de la inmensa pobreza que existe en esa región, en La Laguna se han construido los más importantes establos del mundo, las empresas más boyantes en la producción de leche, pollo y huevo. Pero la riqueza se ha quedado en pocas manos.

Quizá esta desigualdad explique la enorme violencia que azota a la Comarca Lagunera, ya que las bandas del narcotráfico se han aprovechado del vacío de Estado que existe en esa región, por décadas controlada por el crimen organizado, una actividad tan boyante como violenta.

Las cifras no mienten. Los municipios más violentos, desde el 2010 a la fecha, son Torreón y Gómez Palacio. En Torreón la disputa por el territorio la protagonizan los cárteles del Pacífico –también conocido como cártel del Poniente –, Los Zetas y el cártel de Juárez. En Gómez Palacio sólo opera el cártel del Pacífico.

Las estadísticas establecen que, en el año 2010, por ejemplo, en Gómez Palacio hubo 437 crímenes y en Torreón 375; en 2011 la primera demarcación registró 255 asesinatos y la segunda 735; en 2012, 315 y 783, respectivamente; en 2013, 208 contra 299 (Aquí la baja criminal obedeció a que el ejército entró a la región y desaparecieron los cuerpos municipales de policía debido a que estaban relacionados con el narcotráfico). En el año 2014 hubo 109 crímenes frente a 177; en 2015, 62 contra 214; en 2016, 45 por 98 ocurridos en Torreón. Y hasta abril de este año se contabilizan 67 asesinatos: 7 en Gómez Palacio y 58 en Torreón.

La cifra ha bajado en Gómez Palacio, según expertos consultados, debido a que en ese municipio la actividad criminal está controlada por una sola organización –el cártel de Sinaloa –en tanto que en Torreón la disputa es entre tres grupos.

Los grupos políticos y empresariales no han estado exentos de violencia. En el año 2013, por ejemplo, cuando el Ejército disolvió las policías municipales de los municipios de La Laguna –estaban al servicio del narcotráfico –hubo reacciones violentas: un grupo armado desató una balacera y rafaguearon la casa de Rocío Rebollo, exalcadesa de Gómez Palacio y actual diputada federal.

Algunos testigos dijeron que los balazos también se escucharon en la residencia de la familia Herrera Ale –sus vecinos — dueños de Chilchota, la segunda empresa productora de leche más importante en La Laguna, cuyos dueños han estado implicado en escándalos relacionados con el narcotráfico.

Una primera versión de estos hechos apuntó que un grupo del crimen organizado amedrentó a los Rebollo con la balacera, pero otra sostiene que tuvo que ver con la diputa familiar que existe entre los Rebollo y los Herrera y que éstos últimos habrían desatado la balacera como una medida de intimidación, su estilo para someter. No todo quedó ahí: días después los negocios de madera y pintura de la familia Rebollo fueron incendiados por desconocidos, según se dijo.

Un dato que no puede soslayarse es que, en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, Durango, ha regresado por sus fueros Arturo Hernández González, El Chacky, quien fue sicario del cártel de Juárez y lugarteniente de Vicente Carrillo Fuentes, hermano de “El Señor de los cielos”.

Hernández González estuvo ligado con Ernesto Herrera Ale, hijo de Carlos Herrera: en el año 2003, cuando el capo era perseguido por las fuerzas del orden, se refugió en la casa de la familia Reza, en Gómez Palacio, suegros de Herrera. Aquello abrió varias investigaciones por parte de la Procuraduría General de la República que no prosperaron, aunque los antecedentes forman parte de un voluminoso expediente criminal.

“El Chacky” después se refugió en Lerdo, Durango, y vivió al amparo de familiares de algunos políticos de la región, figuras del panismo, hasta que fue detenido. Poco más de diez años después, este personaje regresó a la Comarca Lagunera y a él se le atribuye ahora la ola de violencia y de terror en la zona.

Justamente Leticia Herrera Ale, hermana de Ernesto, construye su proyecto rumbo a la gubernatura de Durango desde la presidencia municipal de Gómez Palacio,Durango, territorio bajo el dominio de “El Chacky”.

Ella presume tener el apoyo de Emilio Gamboa y de Manlio Fabio Beltrones, líder del grupo parlamentario del PRI en el Senado y expresidente nacional del PRI, respectivamente, pero debido a su carácter estridente se ha peleado con sus propios correligionarios, entre ellos, el gobernador José Rosas Aispuro Torres, así como con los exmandatarios Ismael Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera.

De igual forma ha enderezado campañas de intimidación en contra de periodistas, entre ellos Juan Monrreal, quien afirma que desde hace seis meses es blanco de ataques y descalificaciones por parte de la alcaldesa Herrera debido a las publicaciones que ha realizado y que exhiben “sus actos de corrupción, su prepotencia” y los antecedentes de buena parte de sus colaboradores, muchos de ellos con antecedentes penales.

Después de interponer una queja por estos ataques, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomaron cartas en el asunto: giraron sendos oficios a la Secretaría General de Gobierno de Durango para aplicar el protocolo de protección al periodista Juan Monrreal debido a las amenazas de muerte que enfrenta por parte de la familia Herrera Ale.

Sin embargo, no han cesado los ataques en su contra, dice, pues afirma que existe la consigna por parte de Leticia Herrera de seguir con el hostigamiento, por lo que ya piensa en salir de la región y refugiarse en otro lugar. Expone sus razones: “Temo por mi vida y me queda claro que las autoridades parecen que desconocer lo que es el poder del narcotráfico en esta región”.

Juan Monrreal afirma que no quiere ser un número más en la lista de periodistas desaparecidos y/o asesinados en La Laguna, crímenes que por cierto siguen impunes porque fueron cometidos por exfuncionarios del mismo perfil que Leticia Herrera: “Son personas prepotentes que sienten que el poder les pertenece, que sienten que pueden pisotear a cualquier persona y ninguna autoridad mete las manos. Es la mentalidad de los delincuentes en el poder. Esta nueva clase política no sabe dialogar, sólo saben golpear, amedrentar y en el último de los casos asesinar y desaparecer”.

Monrreal López afirma que el perfil de Leticia Herrera es muy parecido al de su padre, Carlos Herrera, quien se sentía el dueño de la voluntad social. Era sumamente prepotente y sentía que con dinero y poder podía mandar incluso al propio gobernador.

Así operó Carlos Herrera hasta el 2007, cuando un comando armado del narco lo atacó a tiros y lo sentenció a muerte. Fue entonces cuando Herrera Araluce se retiró de la actividad política y empresarial. Se mandó construir un cuarto de pánico en su casa, donde se la pasó la mayor parte del tiempo encerrado.

Cuando falleció, hace un año, su cuerpo fue sacado del hospital Español por la puerta trasera. La familia mandó construir tres tumbas en un cementerio particular, donde el pánico lo siguió después de muerto: le pusieron vigilancia al panteón las 24 horas del día, pues hasta la fecha los atenaza el temor de que el crimen organizado se robe el cuerpo y lo tiren en la vía pública.

Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.