El documento enviado a la Cámara de Diputados prevé detenciones “en caso de urgencia”, incorpora la “investigación sin autorización judicial”, la revisión de personas y vehículos e integrar un cuerpo de “agentes infiltrados”.
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Publicado: 22/09/2011 13:31
México, DF. El presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que autoriza detenciones “en caso de urgencia” e incorpora un sistema de “investigación sin autorización judicial”, que incluye el cateo de domicilios por denuncia anónima, revisión de personas y vehículos, reconocimiento de personas, aportación de comunicaciones entre particulares y conformar un cuerpo de “agentes infiltrados”.
La iniciativa incorpora cambios al sistema de justicia penal para que los juicios sean orales, se videograben y sean públicos, excepto en casos de secuestro y que la víctima corra peligro; para que a un detenido acusado de delito se le tratará como inocente hasta que se le pruebe lo contrario y en esa etapa se le considerará imputado.
También se incluye un apartado de derechos de la víctima y al mismo tiempo se define que no se admitirá cualquier prueba obtenida con violación a derechos humanos, y se define que la prisión preventiva será el último eslabón de la cadena procesal.
Sólo se aplicará de oficio en delitos dolosos, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, así como los cometidos “contra la seguridad de la nación”, el libre desarrollo de la personalidad y contra la salud.
El proyecto de Calderón considera que la prisión preventiva podrá admitir excepciones, como el hecho de que el imputado sea mayor de 75 años de edad o mujeres embarazadas o en lactancia, y enfermos graves o en etapa terminal. Salvo, indica, cuando el imputado “pueda sustraerse de la acción de la justicia o manifieste una conducta de alto riesgo social”.
En la exposición de motivos, Calderón afirma que el nuevo sistema penal “plantea constituirse como necesaria respuesta del Estado a los ciudadanos en su derecho a una justicia pronta y expedita, a una administración e impartición de justicia brindada por instituciones respetuosas de la legalidad e integradas por personal capacitado, procedimientos transparentes y expeditos”.
Además, señala, “de resoluciones dictadas en audiencias públicas, de cara a las partes y al pueblo, por tanto, exentas de valoraciones basadas en pruebas ilegales que vulneren los derechos humanos de las partes”.
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