Froylán M. López Narváez
Las atrocidades inclementes, que aumentan, de la criminalidad de cárteles y la de ocurrencias sin conjuras estables, fuerzan a todo tipo eminente de poderes, Federal, estatal, y municipal, a diálogos que no logran el cometido de consensos, acciones eficaces y coordinadas prontas, en lo poco que cabe, para encarar el drama mexicano de las violencias en todos los estados de la República, día con día, minuto tras minuto.
La Universidad Nacional Autónoma de México ha concurrido, de tiempo atrás, con simposios, documentos, libros, conferencias. Ahora se ha dirigido vehementemente a los Poderes Federales. Con el gobierno de FCH hubo antier una reunión de funcionarios dependientes del michoacano y con compañeros de José Narro Robles, rector actual y seguramente del próximo régimen universitario.
Para bien, el encuentro propició discrepancias y coincidencias. No hubo malestares e inconformidades abundantes, pero sí las suficientes para que el diálogo accediese a concreciones y posibilidades de avances en esta etapa mexicana marcada por la inseguridad común, la victimación difusa, la desesperanza y la ansiedad amedrentada.
La postura de la UNAM no se confina al Poder Ejecutivo. Hace dos semanas se argumentó de manera semejante ante la Conferencia Nacional de Gobernadores 14 criterios hacia una política integral basados en la racionalización del uso de la fuerza, que ha de haberla, pero cuyo sentido y resultados no persuaden a los ciudadanos, habida cuenta de las mortandades, huidas y fugas del país. Se llegó a la sima infame de cancelación de tareas escolares en el estado de Guerrero por la extorsión de los malvados a profesores.
Se ha señalado la primacía de los derechos humanos y la seguridad social. Se pide, entre los 14 puntos, fortalecimiento del liderazgo civil. Ninguno de los precandidatos presidenciales ha tomado como clave de sus ofertas la constante tarea primaria, la guerra entre todos: narcos entre sí, políticos contra sus adversarios y partidos (el caso Monterrey lleva otro patetismo colectivo, tramposo, panista y priista).
Los profesores de la UNAM, Alonso Lujambio y Sergio García Ramírez, externaron discrepancia puntual. El secretario de la SEP, que ha impartido clases en la FCPyS, rechazó la consideración rectoril de que ha habido desatención a la prevención de criminalidad. Ya sin la carga del muertito parapresidencial, Lujambio no admite que el gobierno federal haya desatendido la prevención. Por el contrario, aseveró, jamás un gobierno había invertido tanto en la educación.
El exprocurador e investigador jurídico Sergio García Ramírez replicó sin insidia pero sí con ironía: no iba a contrastar cifras, pero sí a señalar otras indagaciones y resultados que no se avienen del todo con los que vertió Alonso Lujambio, pero sí son de registrarse las mortandades y las impunidades que el mismo Calderón lamentó; no sin que se le reprochase que acuse a judicaturas sin proporcionar pruebas de sus lamentos. Que, por lo demás, son queja irritada abundante, como se advierte en casos como el del ex funcionario de la CFE Néstor F. Moreno Díaz, ahora vergonzosamente prófugo, y el de los "casineros".
Ante las posibilidades de la extensión y arraigo mayor de las delincuencias, ante el temido colapso europeo y norteamericano, ante eventual y probable encabronamiento mexicano juvenil (no dirán los muchachos que están indignados como en España). La UNAM propone un pacto nacional; aunque ya hubo un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, más recusado que admitido en sus resultados, que se tipificarían por la definición de tareas a realizar, en especie, con cálculo de fechas y con la divulgación pertinente de los territorios reconquistados, las mermas financieras y personales de la delincuencia que no ha poco ha tramado su beligerancia y sus estrategias.
Por eso, quizás, Calderón pidió que los universitarios nacionales, no tan sólo los privatistas, diagnostiquen, estado por estado, el deterioro en materia de seguridad. También pidió un debate sobre la legalización de las drogas. El aspirante a gobernador panista, el secretario de Salud, sostiene que se ha invertido en Centros de Integración, para integrar y tratar caídos en las adicciones enfermizas. No hay contabilidad, conciencia pública, de qué se hace con esos fondos nacionales. Convendrían auditorías cínicas y financieras.
Como michoacano, Calderón es gustoso de las carnitas, no sólo las comestibles, sino aquellas que también reconoce en las ideas y en otro tipo de materialidades humanas. Está ausente la anticriminalidad organizada.
Bien por la creación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, por algo se empieza.
Reforma
07/09/2011
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