JOSÉ GIL OLMOS Y PEDRO MATÍAS
OAXACA, OAX.- En 2004, Ulises Ruiz Ortiz recibió el gobierno del estado con una deuda directa anual de 500 millones de pesos. Seis años después, el priista había hecho crecer la cifra cuatro veces: según cálculos del gobierno actual de Oaxaca, se tienen que pagar 2 mil millones de pesos anuales de deuda directa.
La deuda total del estado es de 6 mil 200 millones de pesos –de los cuales se tienen que pagar anualmente los 2 mil millones mencionados– y no hay recursos para enfrentar el rezago social que se incrementó durante el gobierno de Ulises Ruiz, cuya administración está siendo auditada.
Mientras la pobreza y la marginación crecen, el dinero escasea. Las obligaciones derivadas de los proyectos de prestación de servicios (PPS) por 515 millones de pesos, más los 396 de la bursatilización de la deuda y los 294 del servicio de la misma suman mil 205 millones de pesos que tienen que ser pagados este año.
Para hacer frente a esas obligaciones Oaxaca tiene que echar mano de ingresos, como los derechos de control vehicular o el impuesto sobre la nómina; la recaudación de impuestos será de 589.4 millones de pesos este año.
La riqueza familiar
La administración de Ulises Ruiz está bajo la lupa. El gobierno actual, de Gabino Cué, le aplica ahora mismo 45 auditorías. Una a una las cuentas son revisadas con indagatorias más de tipo judicial que administrativo, pues hay indicios de que mucha documentación, principalmente de la Secretaría de Obras que estaba a cargo de Eviel Pérez Magaña, se quemó en el incendio del Tribunal Estatal en 2006, siniestro del que culparon a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Las auditorías, además, encontraron que funcionarios del gobierno anterior se dedicaron a desaparecer documentos del Registro Público de la Propiedad. Se descubrió que faltan libros completos de propiedades y a otros les arrancaron hojas, lo que pone en riesgo el patrimonio de muchos oaxaqueños.
En lo que se ha indagado se hallaron irregularidades y desvíos de recursos en los que están implicados algunos familiares del exgobernador. Es el caso de su tío, el director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, René Virgilio Ruiz Quiroz: una investigación de este semanario descubrió que esta persona hace poco adquirió un departamento de 4 millones 500 mil pesos en la zona de Santa Fe, en el Distrito Federal, según consta en el folio 1025270 del Registro Público de la Propiedad.
María de Lourdes Salinas, esposa de Ulises Ruiz, aparece también en este mundo de irregularidades y riqueza inexplicable: de la noche a la mañana se convirtió en accionista mayoritaria del complejo hospitalario Sedna, en el Distrito Federal, valuado en mil 500 millones de pesos (Proceso 1655).
No es la única implicada en la red de corrupción y complicidades. Víctor Hugo Ruiz Ortiz, hermano del exgobernador, también es acusado de haber creado seis empresas fantasma, con el mismo domicilio fiscal, recibiendo de esta forma 48 contratos de obras por 177 millones 789 mil 569 pesos.
Entre los escándalos del hermano del exgobernador está el caso del hospital de Santo Domingo Barrio Alto, Etla, que según el contrato SSO-DIMSG-LPN-PEF-003/09 tuvo un costo de 35 millones 621 mil 828 pesos, que se le pagaron al Grupo Empresarial Oaxes (a nombre del hermano de Ulises Ruiz), quien cobró pero nunca hizo la obra.
El cúmulo de irregularidades del gobierno y la familia de Ulises Ruiz es larga, pero en los hechos hay dos monumentales: las ciudades Administrativa y Judicial, que dejan endeudados a los oaxaqueños los próximos 30 años.
Las ciudades más caras
Oaxaca tiene tres tipos de deuda: la directa, que es de más de mil 433 millones de pesos; la generada por una operación de bursatilización por más de 2 mil 800 millones de pesos y que hoy por los intereses es de más de 3 mil 100 millones de pesos; y los compromisos derivados de la operación de los créditos del esquema PPS por la operación de la Ciudad Administrativa y la Ciudad Judicial, que para este año es de más de 2 mil 100 millones de pesos. En total, más de 7 mil 300 millones de pesos.
A la mitad de su gobierno, Ruiz quiso pasar a la posteridad como un gobernante moderno y retomó sus dos proyectos monumentales: las ciudades Administrativa y Judicial.
Las construyó, en extremos opuestos, a las afueras de la capital estatal a un costo de 15 mil millones de pesos en unidades de inversión (udis) a pagar en 30 años a Banorte, de Roberto González Barrera, con quien los priistas han tenido relaciones financieras importantes, como el préstamo de 800 millones de pesos que le hizo a Roberto Madrazo en su campaña presidencial de 2006.
El gobierno de Ruiz contrajo la deuda pagadera hasta el 31 de mayo de 2037 con una tasa de interés de 5.7%, según lo detalla el informe de dicho banco. Lo grave es que la contrajo en udis, los instrumentos más caros del mercado porque además del interés fijo hay que agregarle la inflación anual y los costos y gastos de operación del fideicomiso encargado de operar y administrar la colocación bursátil.
Lo peor es que en el fideicomiso –con número F/246859– el gobierno oaxaqueño dejó como garantía los ingresos del Impuesto sobre Nómina, los de los derechos vehiculares y los ingresos de la tenencia federal.
El 1 de diciembre de 2005, el gobierno de Oaxaca se convirtió en el primero en el país en aplicar el sistema de financiamiento PPS para la creación de infraestructura y equipamiento de las ciudades Administrativa y Judicial a través de Banorte.
Puesto que esta institución jurídicamente no puede suscribir un convenio comercial con el gobierno estatal, por ser persona moral, el acuerdo se hizo con la firma del empresario Neftalí García Arango, socio y amigo de Bulmaro Rito Salinas, exsecretario técnico del Poder Ejecutivo y excoordinador de Planeación del gobierno de Ruiz y quien estuvo implicado en una venta ilegal de rieles de ferrocarril por 19 millones de pesos.
Según documentos oficiales, García Arango dio de alta su empresa, Impulsora de Proyectos Oaxaca, un mes antes de firmar el contrato multimillonario en el cual queda como responsable de la creación de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de la Ciudad Administrativa, mientras que para la Judicial aparece el nombre de Nicolás Mariscal Servitje representando a la empresa Operadora de la Ciudad Judicial de Oaxaca.
Cuando al inicio de la obra la prensa local cuestionó a García Arango por su participación, éste dijo que su interés era ayudar. De acuerdo con el consultor financiero Marco Galicia Treviño, sólo por ser intermediario aquél ganó 32 millones de pesos inmediatamente.
Otro personaje que participó en este endeudamiento financiero es el exsecretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habib, a quien ya le giraron orden de aprehensión, de acuerdo con información obtenida por este semanario.
También está Esdras Cruz Cruz, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, a quien se acusa de haber participado en el esquema de crédito financiero junto con otro personaje, Emilio Báez, quien ha ofrecido sus servicios en ocho estado más que han adoptado el esquema PPS.
Pero el gobierno tiene que erogar 40 millones de pesos al mes por ocupar los edificios de Ciudad Judicial y Ciudad Administrativa. Aunado a ello hay que pagar los autobuses que trasladan diariamente al menos a 10 mil trabajadores. Los edificios de la Ciudad Administrativa presentan fallas estructurales, por lo que quienes laboran ahí están en constante riesgo.
El actual gobierno no puede rescindir del contrato porque hay una cláusula de penalización cuyo monto equivale a la deuda; tampoco puede intervenir en la administración del conjunto de edificios porque la concesionó a la empresa constructora, que en el caso de la Ciudad Administrativa sólo por el servicio de mantenimiento de elevadores recibe 10 millones de pesos mensuales.
Las irregularidades son tantas que para la construcción de estacionamientos y guarderías en la Ciudad Administrativa, que no estaban en los planos originales, se arrendaron dos terrenos aledaños por 1 millón 116 mil pesos mensuales. Lo dueños de esos terrenos son Mario Guzmán y Claudio Ruiz Solana, expresidentes de los comités de finanzas de las campañas electorales de Ulises Ruiz y de Eviel Pérez Magaña.
La Ciudad Administrativa se proyectó con una inversión absoluta de 353 millones de pesos, pero la cifra se duplicó por falta de previsión y ahora se pagarán 656 millones de pesos.
Por otra parte, los 14 edificios de la Ciudad Judicial son inoperantes, las instalaciones tienen fracturas y sufren inundaciones; los funcionarios de primer nivel han preferido alquilar otros edificios en la ciudad de Oaxaca.
Proceso
05/09/2011
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