En el caso de la treintena de cubanos supuestamente secuestrados hace más de un mes en el sureste del país, la PGR investiga a funcionarios y agentes del Instituto Nacional de Migración, por su presunta colaboración en el plagio.
RICARDO RAVELO/JULIO 26, APRO
En el caso de la treintena de cubanos supuestamente secuestrados hace más de un mes en el sureste del país (para aparecer, de pronto, en Hidalgo, Texas), la PGR investiga a funcionarios y agentes del Instituto Nacional de Migración, dos de ellos cercanos a la titular de esta dependencia, la panista Cecilia Romero, por su presunta colaboración en el plagio. Documentos y declaraciones obtenidos por Proceso --los cuales presentan versiones contradictorias de los hechos-- apuntan también que integrantes de la AFI podrían estar involucrados en el operativo de "rescate".
En mes y medio después de que 33 cubanos fueron detenidos por la Armada de México en aguas del Caribe, frente a la zona hotelera de Cancún, para luego desaparecer camino a Tapachula, las investigaciones de la PGR alcanzan a siete funcionarios de Migración, dos de ellos personajes cercanos a la directora del INM, Cecilia Romero.
Acusados de tráfico de personas y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aparecen, en efecto, Tenorio Villegas y Diteo Domingo Domínguez, delegado y ex subdelegado del Instituto Nacional de Migración en Chetumal, sospechosos de haber contribuido al "rescate" de los extranjeros indocumentados.
Sin embargo, la historia del secuestro de los 33 cubanos --18 de los cuales llegaron a Estados Unidos-- y cuatro centroamericanos ha sufrido varios giros en las versiones oficiales, además de que declaraciones de quienes cruzaron la frontera involucran a la propia PGR, pues señalan que los secuestradores o rescatistas eran miembros de la AFI.
Según el expediente PGR/SIEDO/UEITMIO/031/08, al mismo tiempo que funcionarios del INM hacían los trámites para el registro y traslado de los indocumentados de Chetumal a Tapachula, presuntos agentes de la AFI --o Zetas con uniformes de la policía--, en complicidad con altos mandos del INM, maquinaban el rescate de los cubanos para hacerlos llegar a su destino: Estados Unidos.
Pero lo que era un trámite de rutina empezó a enredarse pronto debido a las órdenes y contraórdenes que surgían de las oficinas de Cecilia Romero.
Hasta el 10 de junio (la detención se había producido el sábado 7), la instrucción era precisa: llevar a los indocumentados a un albergue de Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Horas después, se instruyó a las autoridades regionales del INM en Chetumal que los detenidos tenían que ser conducidos a la base del INM de Tapachula, Chiapas.
Tras varias horas de ajetreo, la Secretaría de Gobernación, mediante el oficio DAJCHT/474/2008, dispuso que los agentes migratorios Carlos de la Parra Vázquez, Juan Carlos Ortega Abascal, Heyder Ignacio Cetina Lugo, Isaías Alvarado del Angel y César Augusto Velásquez Pulido se hicieran cargo del traslado de los cubanos y centroamericanos a Tapachula.
Ese mismo día, 10 de junio, cuando todo parecía estar definido, la versión de que los cubanos habían interpuesto un amparo detuvo el viaje, y no fue sino hasta poco después del mediodía del 11 de junio cuando el grupo de ilegales abordó el autobús 7710 de la empresa Autotur que los trasladaría a Tapachula para enfrentar allí el proceso de deportación.
Al frente de la misión iban Carlos Javier de la Parra Vázquez --quien estaba adscrito al Aeropuerto Internacional de Cancún-- y seis agentes más de Migración.
Con las autorizaciones del caso, José Luis Tenorio Villegas, jefe del Departamento de Regulación Migratoria y Asuntos Administrativos del INM en Quintana Roo, dio la orden de partir hacia Chiapas.
Pero las declaraciones de Carlos Javier de la Parra Vázquez y otros seis funcionarios del INM que se encuentran bajo arraigo de 90 días en el Distrito Federal --por presunto tráfico de personas y violaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada-- arrojan otros datos.
Inicialmente, De la Parra declaró que los agentes migratorios nunca tuvieron apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP), a pesar de que se solicitó su ayuda con anticipación.
Conforme a la averiguación previa PGR/CHIS/OCS/34/2008 --rendida ante las autoridades federales de Ocosingo, Chiapas, horas después de que los extranjeros fueron secuestrados--, De la Parra señaló textualmente:
"Deseo manifestar que solicitamos apoyo de la Policía Federal Preventiva en la ciudad de Chetumal, para que nos acompañara a realizar el traslado de las personas, obteniendo una respuesta negativa, no expresa, sino de facto, ya que nunca se presentó el apoyo."
En otra declaración, ésta rendida dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMIO/031/08, De la Parra Vázquez expuso que, pese a que no los apoyó la PFP, el viaje era en principio tranquilo; tanto, que cerca de las 16:00 horas "nos detuvimos en un restaurante a pie de carretera en el estado de Campeche", donde se encontraba un retén militar a unos 30 metros de distancia, lo cual serviría para el propósito de seguridad.
Después de comer en el restaurante y de proporcionar alimentos a los extranjeros en el camión, se disponían a reiniciar el viaje cuando uno de los conductores del autobús le consultó a De la Parra Vázquez --de acuerdo con su testimonio y el de otros que fueron rendidos ante la SIEDO-- si era posible tomar una ruta alterna para llegar a Tapachula, ya que, según el chofer, se había enterado de un accidente que podría retrasarlos varias horas.
De la Parra Vázquez autorizó el cambio de ruta, y en su testimonio ministerial expresó: "Se le autorizó esta ruta alterna toda vez que esta autoridad no tenía previamente asignada una ruta en específico y sí una comisión con destino a Tapachula, Chiapas, por lo que al cuestionarles por las características de la ruta y condiciones carreteras, el chofer Javier (García Castillo) nos comentó que eran buenas e inclusive más rápido, tomando entonces esta ruta, de lo cual no fue posible dar aviso (a sus superiores) por inconveniencias en la comunicación, toda vez que en la zona no hay recepción telefónica."
Transcurridas unas cinco horas de viaje por aquella vía alterna --que no se precisa en el expediente--, muy cerca de las 21:00 horas, cuando varios de los pasajeros dormitaban, el autobús se detuvo en el tramo carretero Chankalá-Ocosingo, cerca de Palenque. La razón: la carpeta asfáltica estaba bloqueada con varios troncos.
Entonces empezó la pesadilla. Según narran los agentes de Migración, vieron que de los matorrales salieron "varias personas armadas, quienes amenazaron al conductor para que abriera la puerta del autobús, y enseguida abordaron la unidad tres sujetos encapuchados y armados, obligando a los agentes federales y a los conductores a bajar de la unidad".
De la Parra Vázquez cuenta cómo vivió ese momento: "Nos obligaron a bajar del autobús con la cabeza baja y evitando verlos. Al descender nos cubrieron el rostro de diferentes maneras, llevándonos a la parte trasera del autobús, en donde nos despojaron de los celulares, relojes, anillos, cadenas y dinero.
"Luego fuimos obligados a internarnos en la selva siendo conducidos, caminando, unos 10 minutos, y luego nos obligaron a tirarnos al suelo manifestándonos que si nos movíamos nos matarían, por lo que permanecimos custodiados cinco horas, durante las cuales sufrimos de frío y picaduras de insectos.
"Tras un silencio prolongado presumimos que dichas personas ya se habían retirado, por lo que comenzamos a incorporarnos lentamente y con temor, descubriendo gratamente que estábamos solos; sin embargo, no dejamos de sentir temor, y nos dirigimos a la carretera guiándonos por el ruido de algún automóvil. Al llegar a la carretera nos percatamos de que no estaban el autobús ni los extranjeros, desconociendo la dirección que hayan tomado."
Sin embargo, mientras que el expediente de la PGR no registra que los siete agentes de Migración hayan mencionado que los secuestradores vestían uniformes de la AFI, los choferes del autobús y los 18 cubanos que declararon en Estados Unidos subrayaron ese hecho.
A solicitud de la SIEDO, los cubanos declararon ante el consulado de McAllen y San Antonio, Texas, y sus testimonios coinciden en que el rapto del 11 de junio fue perpetrado por unas seis personas armadas con carabinas que vestían uniformes de la AFI, quienes les dijeron:
"Ustedes no se preocupen, nosotros venimos a rescatarlos."
HABLAN LOS CUBANOS
Para los defensores de los agentes y funcionarios del INM ha significado toda una batalla legal tener acceso a las testimoniales de los extranjeros, pues afirman que la PGR ha ocultado el expediente y, sobre todo, las declaraciones de los cubanos respecto a la presunta intervención de agentes de la AFI en el rapto, ya que, destacan los abogados, "no conviene a la PGR que se ventile eso".
Pese a todo, en una audiencia verificada el pasado 3 de julio ante José Reynoso Castillo, juez Séptimo de Distrito, se incluyeron las declaraciones que 18 cubanos rindieron en Estados Unidos y a las cuales Proceso tuvo acceso. Entre los testimonios resalta el de Andrés Delgado González, quien refiere así lo ocurrido aquella noche del 11 de junio:
"Cayendo la noche, cuando habían transcurrido unas tres horas, de repente se detuvo la guagua (camión) y subieron tres personas con uniformes oscuros y (en) uno alcancé a ver que decía algo como AFI, quienes traían armas largas como carabinas y pistolas, y cuando se subieron, uno de los oficiales de Migración les dijo que con armas no se podían subir al autobús y uno de ellos le respondió algo como que era un arresto.
"Y empezaron a quitarles la camisa y les dejaron la que traían debajo, y con esa misma ropa les taparon la cabeza y los bajaron del autobús e inmediatamente los subieron a una camioneta con cabina."
A su vez, Alfredo Morales Hidalgo, oriundo de Cuba, detalla cómo operó el comando armado que interceptó el autobús:
"Cuando de repente el chofer abrió la puerta, subió una persona que iba vestida como con traje de asalto, es decir, un uniforme como de tipo militar de color oscuro; incluso llevaba en el cinto un arma de fuego corta, y de repente observé cómo los agentes de Migración agarraron su maleta y comenzaron a cambiarse de ropa.
"En ese momento, esta persona que iba armada se dirige al centro de la guagua y nos dijo que si éramos cubanos, y le dijimos que sí, y en ese momento nos dijo no se preocupen, la cosa no es con ustedes, sino con los de Migración.
"Eran como las siete y media de la noche cuando nos llevaron hasta esa habitación de la casa deshabitada y nos sentaron a todos en el piso, y pasaron como dos horas cuando de repente vi cómo pasaron unas personas, quienes llevaban a otras tapadas de la cabeza, encapuchadas para que no pudieran ser reconocidas, y como la habitación donde estábamos no tenía puerta, pues se podía ver hacia el exterior y sobre todo que el otro cuarto donde metieron a estas personas encapuchadas estaba (enfrente) del cuarto donde estábamos y no tenía puerta, pues se podía ver hacia el exterior (_). Puedo asegurar que se trata de los agentes de Migración que iban haciendo la conducción nuestra de Chetumal a Tapachula."
El testimonio de Rolando Torres Vega, otro de los cubanos secuestrados, coincide con la versión de Morales Hidalgo. Afirma que despertó cuando el autobús estaba parado y subió una persona armada.
"Nos preguntó si éramos cubanos, y le respondimos que sí. Entonces él dijo que no nos preocupáramos, ya que ellos venían a rescatarnos, y ellos (los miembros del comando armado) eran más de tres personas que iban en unas camionetas, sin recordar las características, pero cuando nos pararon me di cuenta que se veían como luces como de patrullas, es decir, de varios colores que se encendían y se apagaban."
Ante el consulado mexicano en McAllen, Texas, Francisco Reñier Cabrera Navarro, otro de los cubanos "rescatados", aportó más detalles:
"Al llegar a esa casa fue cuando me percaté (de) que (las personas que subieron al autobús) iban armadas, unos con pistola, otros con escopetas, y a los extranjeros nos metieron a un cuarto o habitación y a los de Migración a otra habitación, y esa casa tenía solamente dos habitaciones pero no tenía puerta ni ventanas y estaba en medio del monte, como a 200 metros de la carretera, y nos dijeron tanto a nosotros como a los de Migración que estuviéramos tranquilos, que no nos pasaría nada."
DE VICTIMAS A INCULPADOS
Tras salir de la casa donde fueron encerrados, los agentes llegaron a la carretera y descubrieron que ya no estaba el autobús, el cual fue abandonado en el ejido Sinaloa, cerca de Palenque, Chiapas.
Entonces pidieron ayuda: alguien les dio un "aventón" hasta Ocosingo. Allí presentaron una denuncia de hechos por el secuestro de los extranjeros, quienes ya se encontraban en trayecto a Veracruz para luego partir hacia Reynosa, Tamaulipas, y posteriormente cruzar a Hidalgo, Texas, donde los cubanos quedaron a salvo.
Tanto ese expediente como las autoridades de Migración establecen que sólo 18 cubanos pudieron cruzar a Estados Unidos, pues de los otros 15 detenidos nada saben, aunque suponen que por otra vía pudieron ingresar a territorio estadounidense, donde se habrían acogido a la llamada "ley de pies secos".
Otro dato relevante es que, tras el rescate o rapto, los 33 cubanos y los cuatro centroamericanos fueron llevados a una casa de seguridad, donde --según el expediente-- los atendió una pareja a la que los declarantes identifican como "El Negro" y "La Negra".
Dicen que estas personas no sólo les brindaron atención en Chiapas, después del secuestro, sino que también aparecieron en Veracruz (donde los cubanos fueron protegidos en casas de seguridad) y más tarde en Tamaulipas. Según dichos testimonios, en esta última entidad "El Negro" y "La Negra" les solicitaron sus números telefónicos para comunicarles a sus familiares que ellos, los cubanos, estaban bien y que pronto llegarían a su destino.
Mientras tanto, los siete funcionarios de Migración fueron trasladados de Chiapas a Tabasco y, posteriormente, citados a declarar ante la SIEDO, en el Distrito Federal.
Se quejan de que a pesar de que fueron víctimas del comando armado, fueron retenidos en la ciudad de México mediante argucias, ya que la PGR los entretuvo hasta que un juez federal otorgó la autorización para ser arraigados, según ellos, "sin haber cometido ningún delito".
Tras cumplir un mes en la casa de arraigo de la PGR en la ciudad de México, los funcionarios de Migración afirmaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fueron torturados psicológicamente por el comando armado, y que los daños y secuelas continúan debido a las condiciones en que se encuentran.
El 21 de julio, el sicólogo Delfino García Sánchez, experto en psicología clínica, certificó ante la SIEDO que sus pacientes Nadia Guadalupe Poot Hernández, Isaías Alvarado del Angel y Carlos Javier de la Parra Vázquez, sí sufrieron tortura psicológica por parte del comando armado.
En sus conclusiones asienta que las personas citadas "sí presentan secuelas y síntomas psicológicos compatibles a las de las víctimas por tortura psicológica y emocional desde el momento en que fueron interceptados en el traslado de personas hasta el momento actual, (y) dichos síntomas se han agravado por la situación de arraigo en las instalaciones de la SIEDO".
Este reportero solicitó a la PGR y al INM entrevistas para confrontar las diferentes versiones del caso y precisar diversos datos, pero de ninguna de ambas instituciones obtuvo respuesta.
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