POR: YOLANDA RÍOS / EL SIGLO DE TORREÓN / TORREÓN
UNA PARTE DEL SECTOR EMPRESARIAL, SE HA MANIFESTADO A FAVOR
Posturas encontradas que se han dado durante el proceso de licitación de la concesión del alumbrado público de Torreón, aprobada antier viernes por el Cabildo y que inició desde el mes de mayo con el lanzamiento de la convocatoria, ha divido opiniones entre diferentes sectores de la sociedad.
Si bien una parte del sector empresarial, se ha manifestado a favor como el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada CLIP y la Cámara de Comercio de Torreón integrante del Grupo Empresarial Lagunero (GEL), organismos sociales como Participación Ciudadana 29 en voz de Ricardo Segura Teniente, se declararon en contra y hasta impulsaron la interposición de ocho amparos, con el fin de interrumpir el proceso.
Ha sido el Partido Acción Nacional, encabezado por el senador Luis Fernando Salazar el que, al mismo tiempo de arranque de las campañas electorales, inició una abierta cruzada contra el proyecto de reconversión tecnológica del alumbrado público, concesionado por 15 años, a favor de la empresa Concesionaria del Servicio Público de Torreón, S. A de C.V., filial de Construlita Lighting International, quien obtuvo la concesión el pasado tres de junio.
Mientras que el Consejo Lagunero decidió dar un voto de confianza al proyecto luego de reunirse con el alcalde Miguel Riquelme y recibir una explicación del proceso y posteriormente tener una reunión con el regidor del PAN Sergio Lara, el CLIP pidió a la empresa concesionaria contratar proveeduría local.
La Canacoto, según Carlos Rangel Orona considera que Torreón merece un alumbrado de primera y debe hacerse un trabajo de calidad.
Por su parte, la postura más férrea ha sido la del panista Luiz Fernando Salazar que es similar a la expresada por Participación Ciudadana 29 y la síndica de vigilancia del ayuntamiento Gabriela Casale Guerra, en el sentido de que ha habido irregularidades en el proceso y que el costo de la privatización del alumbrado no se justifica ni legal ni financieramente,
Todavía el jueves pasado, el senador emitió un nuevo comunicado, en el que destaca, entre otros aspectos, que "no existe una aprobación previa del Congreso para comprometer recursos municipales y federales, tal y como se prevé en el contrato publicado por el ayuntamiento, lo cual viola los artículos 12 fracción X de la Ley de Deuda Pública del estado de Coahuila y los artículos 12 y 14 de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado de Coahuila''.
Salazar afirma que no se ha explicado a la ciudadanía la razón por la cual la empresa ganadora entregó documentos y planos con fechas de febrero, marzo y abril del año en curso, cuando la publicación de las bases fue el día 1 de mayo del presente año, lo que despierta fundadas sospechas de un posible arreglo previo.
Salazar y la síndica de vigilancia aseguran que hay cláusulas en el contrato de concesión que no favorecen al municipio.
Por ejemplo, que existen empresas que ofrecen que el costo del servicio se pague solamente con el ahorro que genera el cambio de tecnología, sin pagar un peso más.
Además de que se corre un riesgo financiero porque se comprometen participaciones federales en caso de que el municipio no pueda pagarle a la concesionaria.
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