- Fecha: 06 Jun 2014
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- Fuente: Rocío Méndez Robles
Carmen Olsen, quien fue agredida el 4 de enero de 2013 por policías municipales de Playas de Rosarito, interpuso denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Artículo 19, capítulo México, reporta que el Tribunal Superior de Justicia de Baja California (TSJBC) confirmó auto de formal prisión contra la periodista Carmen Olsen por "ultrajes a la autoridad", sumándose esta resolución a la ratificación de la sujeción a proceso por el delito de "difamación."
"Resulta sumamente preocupante", destaca Artículo 19, "la práctica, cada vez más común, por parte de la autoridad de acusar a periodistas de ultrajes a la autoridad el abuso de esta figura jurídica es un obstáculo para el libre ejercicio de la libertad de expresión y escrutinio de la función pública de servidores públicos."
Carmen Olsen, quien fue agredida el 4 de enero de 2013 por policías municipales de Playas de Rosarito, interpuso denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Un día después, las autoridades iniciarían con dolo un proceso contra la periodista Olsen acusándola de ultrajes (entiéndase agresión contra la autoridad), imputación que la periodista niega categóricamente.
Durante el 2013 los policías agresores fueron procesados y pese a que un juez les dictó auto de formal prisión, el 21 de octubre la Quinta Sala del TSJBC revocó el proceso por "falta de elementos." En noviembre 2013, el mismo Juez giró orden de aprehensión contra la periodista y pese a la apelación interpuesta por Carmen Olsen, esta semana le fue notificada la confirmación de su auto de aformal prisión, es decir "pasó de víctima a acusada."
Con la decisión del TSJBC, los policías agresores "no sólo quedan impunes sino que ahora son protegidos judicialmente de las acusaciones y señalamientos de la periodista Carmen Olsen," señala el grupo defensor de la libertad de expresión.
Artículo 19 puntualiza que "el discurso sobre autoridades se encuentra especialmente protegido, por lo que los agentes del Estado deben soportar con mayor intensidad a las críticas y la ofensa por estar sometidos a un mayor escrutinio público, así como cuentan con mayor acceso a medios de comunicación para el derecho de réplica", finaliza el organismo.
"Resulta sumamente preocupante", destaca Artículo 19, "la práctica, cada vez más común, por parte de la autoridad de acusar a periodistas de ultrajes a la autoridad el abuso de esta figura jurídica es un obstáculo para el libre ejercicio de la libertad de expresión y escrutinio de la función pública de servidores públicos."
Carmen Olsen, quien fue agredida el 4 de enero de 2013 por policías municipales de Playas de Rosarito, interpuso denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Un día después, las autoridades iniciarían con dolo un proceso contra la periodista Olsen acusándola de ultrajes (entiéndase agresión contra la autoridad), imputación que la periodista niega categóricamente.
Durante el 2013 los policías agresores fueron procesados y pese a que un juez les dictó auto de formal prisión, el 21 de octubre la Quinta Sala del TSJBC revocó el proceso por "falta de elementos." En noviembre 2013, el mismo Juez giró orden de aprehensión contra la periodista y pese a la apelación interpuesta por Carmen Olsen, esta semana le fue notificada la confirmación de su auto de aformal prisión, es decir "pasó de víctima a acusada."
Con la decisión del TSJBC, los policías agresores "no sólo quedan impunes sino que ahora son protegidos judicialmente de las acusaciones y señalamientos de la periodista Carmen Olsen," señala el grupo defensor de la libertad de expresión.
Artículo 19 puntualiza que "el discurso sobre autoridades se encuentra especialmente protegido, por lo que los agentes del Estado deben soportar con mayor intensidad a las críticas y la ofensa por estar sometidos a un mayor escrutinio público, así como cuentan con mayor acceso a medios de comunicación para el derecho de réplica", finaliza el organismo.
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