martes, 14 de enero del 2014
Todos los indicadores -internacionales y domésticos- y todas las mediciones coinciden en un señalamiento en torno al presupuesto que en México se dedica a la educación pública: el monto, como proporción del Producto Interno Bruto, es suficiente, pero se gasta mal.
Como todos sabemos, tal circunstancia ha sido históricamente negada por los dos sectores que intervienen de manera fundamental en el diseño y ejecución del gasto público: el Gobierno en sus tres órdenes y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Pero la evidencia de que, en efecto, el presupuesto educativo se gasta mal, ha estado siempre a la vista de todos, particularmente en la forma de un auténtico ejército de “aviadores” creado y sostenido gracias a la abierta complicidad que el SNTE y el poder han mantenido históricamente.
Disfrazados de “comisionados”, miles de “maestros” han transitado su “vida productiva” sin pisar las aulas ni dedicar una sola hora a tareas relacionadas con el proceso educativo.
Los entrecomillados, según se desprende del reporte que publicamos en esta edición -relativo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación- son inevitables, tanto como las preguntas que surgen al conocer las conclusiones de la revisión del presupuesto educativo de 2011: no se puede llamar “maestro” a quien, pese a cobrar como tal, ni siquiera puede ser localizado en el lugar donde teóricamente presta sus servicios.
En total, de acuerdo con las cifras de la ASF, en Coahuila se paga a más de seis mil 200 “fantasmas” que cobran como si estuvieran enseñando frente a grupo pero que no pudieron ser localizados cuando se les buscó en los 79 planteles a cuya nómina se encuentran adscritos.
Se trata de una cifra monstruosa de “aviadores” cuya presencia en la nómina educativa es intolerable y el gasto que representan -unos 137 millones de pesos-, un insulto para los contribuyentes y, en general, para los habitantes de una entidad agraviada por la corrupción en el manejo del presupuesto público.
Frente a tal realidad es indispensable que la Secretaría de Educación de Coahuila nos ofrezca una explicación puntual sobre el diagnóstico de la ASF y que establezca compromisos concretos, no solamente para desaparecer a los “aviadores” de la nómina educativa, sino también para recuperar los recursos ilegalmente entregados a estos.
Adicionalmente, es preciso conocer el padrón de “aviadores”, a fin de que la sociedad tenga la posibilidad de identificar a quienes la están defraudando y agraviando con su actuación cotidiana.
Por lo demás, es indispensable que se inicien procedimientos administrativos y, eventualmente, se enderecen procesos penales en contra de quienes, desde el Sindicato magisterial y las oficinas públicas, seguramente entraron en contubernio para perpetrar este monumental fraude que hoy ha quedado al descubierto.
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