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| La página del bloguero que acusa a Irene Muñoz. |
MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado lunes 27, el bloguero “Renegado Legítimo” publicó en su “Blog RL” un texto en el que denunció que Irene Muñoz Trujillo, directora general del área de Mensaje y Nuevas Tecnologías del gobierno del Distrito Federal, favorece con publicidad oficial a “medios de información amigos” de la administración de Miguel Ángel Mancera, incluidas dos páginas del periodista Raymundo Rivapalacio, quien aseguró es esposo de la funcionaria.
Con el título “#LadyContratos: la amiga de Mancera y los gastos publicitarios del GDF (1ª parte)”, el bloguero acusó a Muñoz Trujillo de “orientar” presupuesto del área que dirige hacia medios informativos “afines” al gobierno capitalino, en forma de contratos de publicidad, en medio de conflictos de interés y poca transparencia.
“Esa opacidad se presta a especulaciones de favoritismo y uso faccioso del presupuesto”, argumentó.
La investigación derivó del seguimiento de una denuncia que el bloguero realizó meses atrás, a propósito de la existencia de un contrato por 200 mil pesos que el gobierno capitalino cedió al portal de internet “Blog de izquierda”.
Con un lenguaje sarcástico e irónico, el bloguero, quien se identifica en el portal como “Francisco Javier”, mostró un mensaje de la cuenta de Twitter @irenemunoz, propiedad de la funcionaria, en el que se deslindó de la asignación de contratos. “Las funciones de mi cargo están publicadas en la gaceta. No hago contratos ni ahora ni antes, no tengo facultad”, respondió Muñoz Trujillo en la red.
También subió fotografías donde la mujer aparece sonriente, con un vestido dorado, en su fiesta de cumpleaños al lado del actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Otras imágenes la muestran junto con los periodistas Ciro Gómez Leyva y Raymundo Rivapalacio. Este último, según el autor del texto –quien presentó como prueba una supuesta invitación de la boda–, es esposo de la funcionaria y dueño de los portales “Estrictamente Digital” y “Eje Central”, dos de los beneficiados con presupuesto que supuestamente ella misma designó.
El bloguero va más allá al referirse a Irene Muñoz como “funcionaria patito”, porque ni siquiera a través de una solicitud de acceso a información pública, dice, pudo obtener su cédula profesional de los estudios que hizo en Ciencias de la Comunicación en la UNAM.
Incluso da un breve repaso de “sus pininos” como funcionaria del Partido Acción Nacional en el DF y en la campaña de Carlos Castillo Peraza para jefe de Gobierno, y como “coordinadora general de gabinetes (sic)” en la administración del entonces mandatario capitalino, Marcelo Ebrard.
Acto intimidatorio
Cuatro días después de la publicación del “Renegado Legítimo”, la asociación internacional Artículo 19 denunció que Irene Muñoz Trujillo interpuso una denuncia penal en contra del bloguero, aunque sin definir el delito.
Dedicada a la defensa de la libertad de expresión e información, la agrupación alertó que este hecho podría tomarse como abuso de la procuración de justicia para inhibir y “criminalizar” el ejercicio de la libertad de expresión.
Según el comunicado que emitió, el bloguero confirmó que ninguna autoridad ministerial le había informado sobre la denuncia penal en su contra, que calificó como un acto “intimidatorio” hacia su labor informativa.
Con tales antecedentes, Artículo 19 exigió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) desestimar la denuncia penal que Irene Muñoz Trujillo interpuso contra el “Renegado Legítimo” por lo que llamó “hechos constitutivos de delitos”.
De entrada, destacó que “llama poderosamente la atención que la mencionada funcionaria denunció de forma genérica ‘por hechos constitutivos de delitos’ al bloguero, sin especificar la conducta que le causó agravio”.
Entonces recordó que conforme a la reforma publicada el 19 de mayo de 2006 en el DF, los llamados delitos contra el honor –difamación y calumnia– fueron despenalizados.
Por eso, dijo que preocupa que la funcionaria pública “pretenda instrumentalizar y abusar de la procuración de justicia para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión”.
Y le advirtió la posible consecuencia: “esto sumaría otro mal precedente a la administración de Miguel Mancera, que constantemente ha criminalizado el ejercicio de la libertad de expresión”.
Con una larga lista de observaciones al gobierno de Miguel Ángel Mancera por las detenciones “arbitrarias y violentas” de reporteros y fotógrafos que la policía capitalina ha realizado en las manifestaciones, Artículo 19 precisó que “las informaciones y opiniones respecto al Estado y sus instituciones gozan de mayor protección constitucional y convencional, por lo que las entidades y funcionarios públicos tienen un deber de soportar con mayor intensidad las críticas en razón de la naturaleza pública de sus funciones”.
Fue claro respecto de la denuncia de Muñoz Trujillo contra el bloguero: “el Estado debe abstenerse con mayor rigor de imponer limitaciones a este tipo de expresiones e informaciones que son del interés general”.
Por ello, reiteró la exigencia a la PGJDF de apegarse “a sus obligaciones de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos y desestime la denuncia de Irene Muñoz Trujillo. De lo contrario, incurriría en una violación grave del derecho a la libre expresión mediante la criminalización de su ejercicio”.
Luego de conocer la denuncia y la demanda de Artículo 19, la agencia de noticias Apro solicitó al gobierno del DF la versión de Irene Muñoz Trujillo, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Con el título “#LadyContratos: la amiga de Mancera y los gastos publicitarios del GDF (1ª parte)”, el bloguero acusó a Muñoz Trujillo de “orientar” presupuesto del área que dirige hacia medios informativos “afines” al gobierno capitalino, en forma de contratos de publicidad, en medio de conflictos de interés y poca transparencia.
“Esa opacidad se presta a especulaciones de favoritismo y uso faccioso del presupuesto”, argumentó.
La investigación derivó del seguimiento de una denuncia que el bloguero realizó meses atrás, a propósito de la existencia de un contrato por 200 mil pesos que el gobierno capitalino cedió al portal de internet “Blog de izquierda”.
Con un lenguaje sarcástico e irónico, el bloguero, quien se identifica en el portal como “Francisco Javier”, mostró un mensaje de la cuenta de Twitter @irenemunoz, propiedad de la funcionaria, en el que se deslindó de la asignación de contratos. “Las funciones de mi cargo están publicadas en la gaceta. No hago contratos ni ahora ni antes, no tengo facultad”, respondió Muñoz Trujillo en la red.
También subió fotografías donde la mujer aparece sonriente, con un vestido dorado, en su fiesta de cumpleaños al lado del actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Otras imágenes la muestran junto con los periodistas Ciro Gómez Leyva y Raymundo Rivapalacio. Este último, según el autor del texto –quien presentó como prueba una supuesta invitación de la boda–, es esposo de la funcionaria y dueño de los portales “Estrictamente Digital” y “Eje Central”, dos de los beneficiados con presupuesto que supuestamente ella misma designó.
El bloguero va más allá al referirse a Irene Muñoz como “funcionaria patito”, porque ni siquiera a través de una solicitud de acceso a información pública, dice, pudo obtener su cédula profesional de los estudios que hizo en Ciencias de la Comunicación en la UNAM.
Incluso da un breve repaso de “sus pininos” como funcionaria del Partido Acción Nacional en el DF y en la campaña de Carlos Castillo Peraza para jefe de Gobierno, y como “coordinadora general de gabinetes (sic)” en la administración del entonces mandatario capitalino, Marcelo Ebrard.
Acto intimidatorio
Cuatro días después de la publicación del “Renegado Legítimo”, la asociación internacional Artículo 19 denunció que Irene Muñoz Trujillo interpuso una denuncia penal en contra del bloguero, aunque sin definir el delito.
Dedicada a la defensa de la libertad de expresión e información, la agrupación alertó que este hecho podría tomarse como abuso de la procuración de justicia para inhibir y “criminalizar” el ejercicio de la libertad de expresión.
Según el comunicado que emitió, el bloguero confirmó que ninguna autoridad ministerial le había informado sobre la denuncia penal en su contra, que calificó como un acto “intimidatorio” hacia su labor informativa.
Con tales antecedentes, Artículo 19 exigió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) desestimar la denuncia penal que Irene Muñoz Trujillo interpuso contra el “Renegado Legítimo” por lo que llamó “hechos constitutivos de delitos”.
De entrada, destacó que “llama poderosamente la atención que la mencionada funcionaria denunció de forma genérica ‘por hechos constitutivos de delitos’ al bloguero, sin especificar la conducta que le causó agravio”.
Entonces recordó que conforme a la reforma publicada el 19 de mayo de 2006 en el DF, los llamados delitos contra el honor –difamación y calumnia– fueron despenalizados.
Por eso, dijo que preocupa que la funcionaria pública “pretenda instrumentalizar y abusar de la procuración de justicia para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión”.
Y le advirtió la posible consecuencia: “esto sumaría otro mal precedente a la administración de Miguel Mancera, que constantemente ha criminalizado el ejercicio de la libertad de expresión”.
Con una larga lista de observaciones al gobierno de Miguel Ángel Mancera por las detenciones “arbitrarias y violentas” de reporteros y fotógrafos que la policía capitalina ha realizado en las manifestaciones, Artículo 19 precisó que “las informaciones y opiniones respecto al Estado y sus instituciones gozan de mayor protección constitucional y convencional, por lo que las entidades y funcionarios públicos tienen un deber de soportar con mayor intensidad las críticas en razón de la naturaleza pública de sus funciones”.
Fue claro respecto de la denuncia de Muñoz Trujillo contra el bloguero: “el Estado debe abstenerse con mayor rigor de imponer limitaciones a este tipo de expresiones e informaciones que son del interés general”.
Por ello, reiteró la exigencia a la PGJDF de apegarse “a sus obligaciones de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos y desestime la denuncia de Irene Muñoz Trujillo. De lo contrario, incurriría en una violación grave del derecho a la libre expresión mediante la criminalización de su ejercicio”.
Luego de conocer la denuncia y la demanda de Artículo 19, la agencia de noticias Apro solicitó al gobierno del DF la versión de Irene Muñoz Trujillo, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
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