La matanza de La Mesa

Rosario Mosso Castro

Los motines del 14 y el 17 de septiembre en la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, sólo confirmaron el control que ejercían Los Sureños, Los Paisas y Los Shalomes, quienes se enfrentaron por el mercado interno de las drogas. Las pésimas condiciones de los reclusos y la reacción tardía de los funcionarios -sospechosamente ineficaz- atizaron una batalla, confusa en sus detalles, que provocó más de 30 asesinados a fuego y cuchillo. Con autorización del semanario Zeta, que se edita en la ciudad fronteriza, reproducimos textualmente este reportaje, publicado en su edición del viernes 19.

Más de 30 muertos y un Cereso destruido es un saldo inadmisible para un secretario de Seguridad Pública del estado. Sobre todo si un motín era la amenaza latente ante el hacinamiento y la corrupción de carceleros.

Efectivamente, Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública, no pudo ni prever el motín, por más anunciado, ni sofocarlo una vez estallado.

La incapacidad del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán y la fuerza del crimen organizado en Baja California quedaron expuestas nuevamente el 14 y 17 de septiembre, de la manera más vergonzosa... desde el interior de un Centro de Readaptación Social que, declararon una y otra vez, tenían bajo control.

La realidad esos días fue que siete internos tuvieron el control del penal.

Divididos en tres grupos de poder al interior de la cárcel, Los sureños, Los paisas y Los Shalomes fueron los dueños de la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, por un lapso de 72 horas.

Rencillas entre las bandas delictivas y la corrupción de las autoridades carcelarias fueron el detonante de los cruentos motines que arrojaron un saldo extraoficial de 31 muertos.

Los poderosos del penal e iniciadores de la sangrienta rebelión: Víctor Eduardo Aguilar Sánchez El Perro, Martín Madrigal Cázares, Juan Beltrán López (alias Benjamín Molina, alias El Juanillo), Víctor Eduardo Aguilar Sánchez, Juan Beltrán López, más otros dos reos de los cuales no se proporcionó nombre.

Estos hombres, sentenciados todos, fueron quienes dominaron la situación que al gobierno se le salió de control y que evidenció la incapacidad oficial para contener una situación de emergencia:

1.- La Secretaría de Seguridad tardó tres días en trasladar a los presos rijosos a la Ciudad de México, y a otros a los penales de El Hongo y Ensenada.

2.- Ocultaron la lista de lesionados y de muertos.

3.- Nunca tuvieron el control ni el resguardo de la penitenciaría y de los familiares que ahí se encontraban.

4.- Policías estatales, federales y militares no siguieron un protocolo de ataque, se les puede ver en las imágenes televisivas resguardándose de pedradas y disparando sin estrategia alguna.

5.- El jueves 18 de septiembre, de la Secretaría de Seguridad se comunicaron con empleados del penal para solicitarles que no se presentaran a trabajar, pues aún no tenían el control total de las instalaciones.

6.- La podredumbre y suciedad en el trato a los reos quedó de manifiesto.

7.- También la corrupción de las autoridades de la prisión, luego de que el director está siendo investigado, un custodio está detenido y otros dos se encuentran prófugos.

Ante este escenario de desatinos gubernamentales, el gobernador del estado se escondió. Acaso ordenó a los titulares del gabinete de seguridad que el jueves hicieran gira por medios de comunicación en una intentona de tomar control por lo menos de las declaraciones públicas.

El secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, exhibió más la invalidez administrativa al intentar evadir la responsabilidad de lo sucedido en el penal, al señalar que los culpables eran dos grupos de criminales organizados que tenían pugnas por el control del tráfico de drogas y demás sustancias prohibidas en el penal.

De la Rosa evidenció, en su defensa, el poderío del crimen organizado en la penitenciaría, incluido el tráfico de drogas. También fue un hecho: Conocían el problema pero no elaboraron plan de ataque.

Guerra por el tráfico de droga

El recrudecimiento de los enfrentamientos entre dos bandas del crimen organizado que controlan el tráfico en el centro de readaptación de La Mesa en Tijuana empezó el sábado 6 de septiembre sin que la autoridad tomara medidas precautorias. Ese día ambos grupos iniciaron una "guerra campal" cuando se fue la visita, hecho que los funcionarios mantuvieron oculto, pretextando que no era grave dado que no hubo heridos con armas, sólo dos lesionados por golpes.

El 13 de septiembre, las autoridades "complicaron" el panorama cuando custodios realizaron una revisión en la que presuntamente actuaron a favor de uno de los grupos delictivos. Llegaron a una celda donde "vivían" 23 delincuentes de baja peligrosidad, se llevaron a nueve jóvenes acusados de robo en sus diferentes modalidades, para que "confesaran" quiénes estaban introduciendo heroína y cuál era la línea de distribución. Ahí mataron a Israel Márquez Blanco.

La situación subió de tono cuando las autoridades del sistema penitenciario, dirigido por De la Rosa, conocieron del asesinato y, tras la fuga de los homicidas, el comandante Marco Antonio Ibarra Chávez y el subcomandante Daniel Ibarra Pérez bloquearon la información y los detalles del asesinato plenamente probado con elementos periciales. Esta actitud evidenció complicidad por omisión.

La información proporcionada al gabinete estatal fue que, aprovechando la inconformidad ante la tortura y asesinato del joven Márquez Blanco, en la hora de visita los traficantes repartieron droga e incitaron la violencia.

Los reos fueron informados también de la presunta participación de custodios y autoridades en el asesinato, al permitir la huida de los asesinos del primer reo. Se hicieron de las llaves de las celdas, liberaron a los presos en el interior de la cárcel y la Policía Estatal no pudo acceder al edificio por "falta de llaves". Casualmente, fue el mismo grupo de custodios el que estuvo de cargo en los dos motines.

Las bandas que controlaron la Penitenciaría

De acuerdo con información en propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, al interior del Cereso en Tijuana hay tres grupos:

1.- Los Sureños

Presuntamente dirigidos en Tijuana por el interno Víctor Eduardo Aguilar Sánchez El Perro, ingresado al penal "por secuestro y homicidio calificado múltiple". Explicaron las autoridades que este hombre actúa por instrucciones de Martín Madrigal Cázares, quien purga condena por asesinato. Por su peligrosidad, Madrigal había sido trasladado al Cereso de El Hongo a finales de julio; sin embargo, seguía controlando el tráfico en el penal de Tijuana por medios electrónicos, teniendo a Aguilar Sánchez como lugarteniente.

El de Los sureños es el grupo más numeroso, integrado principalmente por miembros de la Mafia Mexicana que opera en el Barrio Logan y elementos del cártel de los hermanos Arellano Félix, a quienes les venden protección además de droga. También son conocidos como Los Pelones.

2.- Los Paisas

Este es un grupo menos numeroso que incluye a delincuentes procedentes del interior de la República, particularmente de Sinaloa. Como cabeza de célula la autoridad tiene identificado al interno Juan Beltrán López, alias Benjamín Molina, alias El Juanillo, acusado por delitos contra la salud, "tráfico de personas y secuestro".

3.- Los Shalomes o Chalones como los identifica la policía.

La misma indagatoria indica que en la lucha interna por el control, este grupo se afilió al de Los Paisas, incrementando el poder de estos delincuentes.

El relato de los hechos, conforme a declaraciones recabadas entre los internos y custodios por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, fue que desde la mañana del domingo 14 de septiembre los presuntos líderes criminales Víctor Eduardo Aguilar Sánchez y Juan Beltrán López y sus traficantes estuvieron distribuyendo droga, más de la acostumbrada en el penal, a cambio de participar en la rebelión que planeaban, exacerbados por la tortura, el abusos y demás violaciones a los derechos humanos cometidos dentro de la cárcel.

"Aprovecharon el escenario", dijo Daniel de la Rosa, mientras explicó que todo se inició en el edificio seis, el de máxima seguridad, y siguió al uno; en ambos complejos purgan su condena los principales miembros de la mafia interna. Siguieron las revueltas de los internos del edificio dos, el cinco, el cuatro y después el descontrol total.

De los 8 mil 100 internos, los números oficiales indican que sólo 550 presos participaron en el primer disturbio. Pero la tarde del domingo los otros 7 mil atestiguaron y declararon haber visto cómo algunos internos se enfrentaban a golpes con los de la banda rival. Incluso, "cómo arrojaban los cuerpos de otros reos a la alumbrada que habían hecho con ropa, muebles y colchones".

Los cadáveres estuvieron tanto tiempo en el fuego que se calcinaron al punto de los huesos, ni siquiera quedó la dentadura para identificar. De hecho, las autoridades continúan buscando restos humanos en la reconstrucción de las instalaciones del penal.

A las 2:02 horas del lunes 15, en el gobierno del estado dijeron tener el control de la penitenciaría, que los internos no habían llegado a la armería, pero no pudieron explicar los balazos que se escucharon en el interior ni reportaron haber encontrado armas antes de meter a todos los internos en las celdas que aún servían. De hecho, no se ha explicado cómo es que más de una docena de los muertos lo fueron por impactos de bala.

La declaración oficial supone que para el miércoles 17 de septiembre, día del segundo motín, ya no había grupos de criminales vendiendo droga en el penal. No se había efectuado ningún traslado, pero dijeron haber controlado la situación. Además acusaron: La segunda reyerta la iniciaron las mujeres presas, a quienes acusan de liarse con los custodios, obtener las llaves de las celdas y liberar a los hombres.

Esta vez, 800 reos participaron en el motín. Quemaron lo que quedaba y, de nuevo, los grupos antagónicos aprovecharon para ajustarse cuentas. Cuando la autoridad investigadora pudo entrar a la prisión, encontraron que entre celda y celda de los edificios seis y uno, habían abierto boquetes. Al interrogar a los internos que las ocupaban, éstos aseguraron que un grupo de reos había atravesado de celda en celda con la intención de llegar a un espacio específico y matar a dos reos, que a la fecha están desaparecidos.

Ese mismo 17 de septiembre, al ingresar el Ministerio Público a la penitenciaría de La Mesa, encontró 17 cadáveres colocados en el área clínica y de enfermería del Cereso: 13 con heridas de arma de fuego, dos asesinados a golpes y tres con armas punzocortantes.

Trasladan a reos a penal de máxima seguridad

En las indagatorias oficiales los reos testigos del motín identifican a Víctor Eduardo Aguilar Sánchez El Perro como la cabeza negociadora de los internos rebelados. A él le atribuyen las amenazas, la privación de la libertad y homicidio de un custodio, y el maltrato y sujeción de otro.
Con el mismo grado de responsabilidad categorizaron al líder de Los Paisas, Juan Beltrán López. Además identificaron como cómplices a Miguel Arellano Cabrera, preso por homicidio, y a Luis Alfonso Reyes Cháirez.

Los cuatro reos fueron enviados a la prisión de El Hongo la tarde del 17 de septiembre, luego de sofocado el segundo motín. Al día siguiente, el 18 de septiembre, fueron remitidos, en compañía de Martín Madrigal Cázares y otros dos presos que no fueron identificados, a penales de máxima seguridad en el país, aunque De la Rosa no aclaró si a Puente Grande o a Almoloya de Juárez.

En las averiguaciones previas se incluyó al preso Francisco Javier Cantú Carlos El Pancho, como participante activo en los homicidios. Este hombre fue el mismo que el 31 de marzo de 2008 decapitó en una celda del penal al exagente federal Evaristo Morales Pérez, quien estaba acusado de participar en un secuestro fallido. El asesinato ocurrió dos días antes de que el exoficial acudiera a rendir su declaración.

Primera investigación: La muerte de Israel Márquez Blanco

La Procuraduría de Justicia del estado está llevando a cabo cuatro investigaciones.

La primera por el asesinato de un interno reportado el sábado 13 de septiembre. Encontraron el cadáver en el área de enfermería. Tenía lesiones compatibles con sometimiento por sujeción en pies, muñecas y golpes contusos en el rostro; la causa de muerte de Israel Márquez Blanco fue traumatismo craneoencefálico.

El director del penal les informó que había un testigo presencial de los hechos, el custodio Álex Cervantes Jaramillo, quien señaló como responsables al comandante y al subcomandante.

Explicó que en la celda 103, al hacer una revisión aleatoria y sorpresiva, había 23 internos y encontraron heroína y mariguana. Los sacaron a todos de la celda. Después, uno por uno, ocho internos y el occiso fueron sometidos a un interrogatorio por parte del comandante y el subcomandante, en un cuarto cercano a las celdas.

El custodio Cervantes Jaramillo era el encargado de trasladar a los reos al interrogatorio, mientras escuchaba los gritos de los hombres sometidos a las torturas. Al joven Márquez Blanco lo interrogaron en dos ocasiones. La última, comandante y subcomandante abandonaron la celda y ordenaron a Cervantes que cuando el reo se vistiera lo llevara a la enfermería. El custodio esperó 10, 15 minutos, y al no salir el reo, entró a la celda y se dio cuenta de que el cuerpo parecía sin vida. Con apoyo lo llevó a la enfermería y el doctor dijo que estaba muerto. De esto fueron informados el director del penal, Carlos Arturo González García, y el subdirector, quienes estaban comiendo y regresaron.

Los custodios que asesinaron al muchacho ya habían huido. Lo hicieron luego de informar al director del hallazgo de droga en la celda mencionada. González García no hizo nada al respecto, aun cuando declaró haberlos visto "desencajados", no preguntó más. Se fue a comer y los oficiales asesinos se fugaron en sus vehículos.

Entre el momento en que el director los ve y cuando le informan del homicidio, transcurrió media hora, fue entonces que dieron parte al Ministerio Público. González García dio acceso a los expedientes de los comandantes, de donde se tomaron direcciones, pero ya no los encontraron en sus casas.

Se ejercitó acción penal contra el custodio que pasó de testigo a responsable por omisión y coparticipación en un homicidio en grado de tentativa, tortura y lo que resulte. También se giraron órdenes de aprehensión contra el comandante Marco Antonio Ibarra Chávez y el subcomandante Daniel Ibarra Pérez, y solicitaron apoyo de las autoridades de Estados Unidos. "Porque presumimos que cruzaron a San Diego", dijo el procurador Rommel Moreno Manjarrez.

Segunda investigación: El motín y los cuerpos calcinados

La segunda indagación se inició en la Agencia del Ministerio Público el domingo 15 de septiembre a las 14:15 horas, cuando les notificaron el primer motín. A las 2:25 de la madrugada del lunes, cuando se decretó el control por parte de las autoridades, los investigadores entraron a las instalaciones de la penitenciaría. Les informaron que dos internos muertos por proyectil de arma de fuego estaban en el área de pasillos administrativos. Y que donde se prendió una hoguera se encontraba un cuerpo calcinado.

"Se pensó que se trataba de una sola persona pero después de la inspección se rescataron diversos restos óseos, a los que se les están haciendo estudios químicos para determinar la correspondencia y a cuántas personas pertenecen, todavía no se determina", declaró el licenciado Rommel Moreno, procurador de Justicia del estado. Sin embargo, personal pericial informó que de las primeras revisiones se presume que los restos calcinados puedan corresponder a por lo menos cuatro personas.

De acuerdo con las declaraciones de reos, los hombres calcinados fueron echados en la hoguera por los mismos internos. Respecto de los baleados en el pasillo, los investigadores rescataron un proyectil cotejable de uno de los cuerpos, y varios de la zona donde cayeron, determinaron la posición víctima-victimario y trayectoria: "Se está determinando si el arma usada, calibre .223 y AR15, corresponde o no a una corporación policiaca, porque en este momento no sabemos si había reos con armas", explicó el procurador.

Tercera investigación: 17 muertos el miércoles 17

La tercera averiguación previa se inicia el miércoles 17 de septiembre a las 20:00 horas, cuando el Ministerio Público es notificado de los resultados del segundo motín: "Nosotros tenemos información preliminar por parte de la propia estructura del sistema penitenciario de que había aproximadamente 15 muertos, cuando contamos encontramos físicamente 17, pero no podemos dejar de mencionar que pueden ser 20, porque estamos cuerpo por cuerpo bajo tres premisas; el sistema de Afis de identificación dactilar, cotejo de pelos, la prueba de Walter; y el radizonato de sodio para determinar los perfiles.

"En estos casos no se encontraron restos humanos distintos, sin embargo los reos hablan de otros dos muertos y estamos revisando a la luz del día para corroborar o eliminar las versiones", detalló Rommel Moreno.

Más detalles: En 14 de los 17 cuerpos se encontraron balas calibre .223, de escopeta 12 y 9 milímetros.

Cuarta investigación: Evasión de reos

Al mismo tiempo se abrió una indagatoria por evasión de reos.

El procurador explicó a Zeta:

"Como internos que se evadieron de la justicia y los recapturaron, tenemos dos detenidos". Y aparte otros seis como implicados, "por actos vandálicos que concluyeron en el delito de daños en propiedad ajena y lesiones, y otros cinco detenidos en calidad de presentados", estos últimos fueron aprehendidos en el exterior de la penitenciaría.

En cuanto al detonante del motín, la línea principal de la Procuraduría coincide con la que siguen en la Secretaría de Seguridad: rencillas entre líderes de bandas de traficantes de droga en el interior del centro de readaptación.

Funcionarios implicados

Además de los custodios y comandantes investigados por homicidio luego del primer motín, en la segunda rebelión se inició una investigación por omisión, sobre los funcionarios del sistema penitenciario en el gobierno de Baja California.

Fueron destituidos de sus cargos y se ejercitó acción penal contra Simona Gamiño Gurrola, exsubsecretaria del Sistema Estatal Penitenciario; Miguel Ángel Canett García, exdirector general de Centros de Readaptación Social, y Carlos Arturo González García, exdirector del Centro de Readaptación Social de Tijuana.

Ninguno de los ex funcionarios ha rendido su declaración, pero: "Se ejercitó acción penal y se dejó un triplicado abierto que significa que se está investigando para deslindar responsabilidades de cada una de las personas", explicó el fiscal estatal.

"Se les está investigando por no haber tomado las medidas necesarias desde el domingo, para que no se diera un segundo motín, hay responsabilidad en cuanto a los delitos que se cometieron al interior del centro de readaptación en Tijuana.

"En el código penal se establece que es contra la administración de la justicia, considerado leve y tiene libertad bajo caución, pero a este delito se agrega lo que derive por omisión en los delitos correspondientes, aunque jurídicamente la misma ley establece que no hay dolo."

Gurrola, Cannet y González son considerados como presuntos responsables en el mismo esquema.

Al preguntarle a Rommel Moreno si la línea de mando implicaba responsabilidad en las omisiones al secretario, Daniel de la Rosa concluyó: "Yo no quiero especular, voy con lo que van arrojando las investigaciones y declaraciones adonde llegue, la petición del gobernador es la transparencia y en ese sentido estamos trabajando".

De la Rosa: Sabía de las bandas criminales

El jueves 18 de septiembre, Zeta entrevistó al secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, y dadas sus declaraciones revelando su conocimiento de los grupos de traficantes y distribución de droga en el penal de Tijuana, se le preguntó qué medidas había ejercido al respecto, pero el funcionario se remitió al programa general de los Ceresos en Baja California.

"Hay que ver la realidad de los penales de México y en ninguno podemos decir que no ingresa droga o sustancias ilícitas, pero lo importante es generar las condiciones para erradicar esas situaciones: ustedes han visto que se ha venido fortaleciendo el sistema de fiscalización en las visitas; implementación de operativos de revisión para decomisos de celulares, droga y armas: inversión en infraestructura; traslados a otros penales; la próxima inauguración mínima peligrosidad: y en 2008 establecer aduanas inteligentes con rayos que tienen mayor efectividad para evitar el ingreso de artículos prohibidos."

Cuando se solicitó mayor precisión de su reacción al enfrentamiento del sábado 6 de septiembre, agregó: "Fue una riña con lesionados que no eran de consideración, se aisló a esas personas y se tenían en el edificio de máxima peligrosidad de La Mesa, el cual tenía revisiones más constantes que el resto, porque no estaban las condiciones para trasladarlos y menos para enviarlos a El Hongo, donde estaba el jefe de Los Sureños".

Luego De la Rosa regresó a las respuestas generales:

"Ya se estaba tramitando el traslado de todos estos reos a otras entidades federativas. Se estaban generando los listados de cada uno de los penales de la entidad con los cuales se iba a solicitar formalmente a la federación el traslado. Ya se había establecido comunicación telefónica con el subsecretario federal, Francisco Patiño, hace tres semanas. Pero esta medida es para todos los Ceresos, y después de las listas que apenas se están armando, seguiría un estudio jurídico y procedería sólo que el interno no estuviera amparado."

Respecto del supuesto y anunciado control de La Peni, el tiempo que tardaron en resolver los motines y los negociadores que actuaron, el funcionario estatal respondió asegurando que el sistema penitenciario de Baja California sí tiene una estrategia de acción antimotines.

Que existe un grupo de reacción, una estrategia de coordinación con el resto de las corporaciones policiacas, que es encabezado por el comandante del Cereso, pero que en este caso estaba prófugo, razón por la cual tomó su lugar el director del Penal como negociador.

Justificó la lentitud oficial ante la rebelión de los presos:

"El riesgo que había con la visita eran los custodios tomados como rehenes que estaban amenazando con puntas. Si no los hubieran tenido privados de la libertad no los hubieran soltado poco a poco, el último grupo salió a las cero horas del lunes. En las negociaciones El Perro amenazaba con quemar a los custodios y dañar a los familiares."

Justificó De la Rosa el ingreso de dos cámaras de televisión en medio del motín, a pesar de que no está considerado en el protocolo de negociación: "Ahí se tomaron en cuenta las solicitudes de los reos, como ellos no cumplieron se acabó de manera rápida".

-¿Se le pidió a usted el visto bueno en las negociones?

"No; de hecho cuando llegamos lo que se estableció fue que ningún tipo de negociación, sino entrar a contener. Lo que hicimos después con la llegada de las diferentes corporaciones policiacas."

-No hubo estrategia de control dentro ni fuera...

"Sí, por eso se están haciendo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, porque ahí sí hay una omisión desde el momento mismo en que se suscita un incidente y se avisa tres horas después, y en los motines el tiempo es muy valioso, y una riña que pudo no pasar a mayores derivó en esto, aprovechado por los grupos criminales."

-¿Qué parte de lo que se hizo y se dejó de hacer es su responsabilidad?

"Aquí vemos que hay resultados que se están realizando pero también acciones que en un momento dado son sujetas de investigación, y bueno, en esas acciones también tiene que ver la responsabilidad de todos."

-¿Y la suya?

"Realmente como titular de la secretaría de Seguridad Pública tengo a mi cargo el sistema penitenciario y dentro de él hay responsables específicos, inclusive por normatividad jurídica. Y si alguno de esos responsables no actúa adecuadamente, todos estamos sujetos a la propia normatividad."

-¿Va a renunciar?

"Lo importante es lo que se ha venido desarrollando, estamos en esta responsabilidad por una confianza y por las acciones emprendidas en Baja California por parte del gobernador del estado, entonces ya será la evaluación de los ciudadanos de Baja California y del gobernador."
Proceso 21/09/2008