Ricardo Ravelo
Febrero 18 de 2022
El equipo de abogados del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros y Checadores de Veracruz continúa avanzando por la vía legal hasta lograr su objetivo: anular la requisa decretada por Carlos Salinas en 1991.
En el caso de los trabajadores portuarios de Veracruz afectados por la requisa que en 1991 ordenó el entonces presidente Carlos Salinas, la justicia sigue estancada en el gobierno de la Cuarta Transformación. La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de resarcir los daños y devolverles el patrimonio que perdieron hace tres décadas, sigue sin atenderse. Ya existe un grupo interinstitucional, conformado por varias dependencias para atender el asunto, pero es la fecha en que ni siquiera se han podido reunir. Mientras tanto, los obreros siguen muriendo en la miseria; padecen enfermedades terminales que no pueden atender por falta de recursos económicos. Los trabajadores aseguran que confían en la palabra del presidente López Obrador a pesar de que ya es desesperante tanta espera, pero advierten: Todo tiene un límite y vamos a tomar acciones cueste lo que cueste.
Mientras la negociación con el Gobierno Federal sigue estancada por desacuerdos internos, los estragos causados por la pandemia, morosidad oficial, entre otras causas, el equipo de abogados del Sindicato de Maniobristas, Carretilleros y Checadores de Veracruz, encabezados por Alejandro Pulido Cueto, continúan avanzando por la vía legal hasta lograr su objetivo: anular la requisa decretada por Carlos Salinas en 1991 y, así, dicen, recuperar los bienes de los que fueron despojados en aquel año fatídico.
A tres años de haber iniciado el movimiento para recuperar sus propiedades –edificios, cuentas bancarias, maquinaria y concesiones –el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin resolver el conflicto, a pesar de que ha dicho que en este caso “habrá justicia”.
Lo que le extraña al abogado Pulido Cueto es que el mandatario ya resolvió los problemas del sindicato de Mineros, también el de Luz y Fuerza del Centro, pero sigue pendiente “el de nuestro sindicato de maniobristas”. Nosotros fuimos despojados de nuestro patrimonio por Carlos Salinas de Gortari y el entonces gobernador Dante Delgado y la justicia sigue pendiente con nosotros.
– ¿Qué impide que se haga justicia en el caso de los trabajadores portuarios de Veracruz? –se le pregunta al abogado Pulido Cueto.
-En primer lugar, las dependencias involucradas en este caso, no se habían puesto de acuerdo. Son varias secretarías y dependencias, entre otras, la Secretaria del Trabajo, Comunicaciones, Marina, Hacienda, Relaciones Exteriores, el SAT, por citar sólo algunas.
“Hubo muchísimos retrasos debido a la pandemia, también ha habido mucha morosidad, desacato de instrucciones del Presidente y otros vicios. Después de tres años, ya existe un acuerdo interinstitucional; finalmente se logró, pero los titulares de las dependencias referidas no se han podido reunir para tratar nuestro tema y decidir la resolución del problema.
“En concreto, nos tienen que devolver nuestros bienes porque ya se demostró que la requisa de 1991 fue ilegal. Fue un vil atraco del gobierno de Carlos Salinas y Dante Delgado para apoderarse del negocio portuario. Nos quitaron nuestros edificios, cuarenta y dos cuentas bancarias, las dos concesiones en el puerto que teníamos y nuestros derechos laborales. En ese tiempo, los directivos sindicales fueron amenazados de muerte para ceder todo nuestro patrimonio y ahora, treinta años después, estamos avanzando por la vía legal pero también intentamos llegar a un acuerdo con el gobierno para que nos hagan justicia”.
De acuerdo con Pulido Cueto, al interior del grupo interinstitucional existen funcionarios que se resisten a que nuestro problema se resuelva, tengo la impresión que este grupo obedece a los intereses de Carlos Salinas, el gran ganón del negocio portuario.
–¿A qué dependencias se refiere usted? –se le inquiere.
–Hablo de funcionarios de la API de Veracruz, Lindavin, SAT, Hacienda, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Marina. Sus titulares hacen caso omiso de las instrucciones del Presidente. A la lista se suma el titular de la API de Veracruz, Romel Eduardo Ledezma Abaroa, quien nos ha cerrado las puertas. Todo este grupo obedece a los intereses de Carlos Salinas y se han convertido en un obstáculo para que nuestra causa avance. Es la hora que no se han podido reunir para tratar nuestro problema y darle solución.
Pulido Cueto le recuerda al Presidente López Obrador que así como él fue perseguido por el poder durante su etapa de luchador social y aspirante presidencial, el equipo que él encabeza como abogado del sindicato de maniobristas está enfrentando acoso permanente por parte de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de Veracruz y el titular de la API del puerto de Veracruz, Romel Eduardo Ledezma.
Acusa: “Nos están acosando a todos los directivos del sindicato de maniobristas, en espacial a mi; he recibido amenazas y expreso con toda sinceridad que temo por mi vida. Si algo me llega a suceder quiero que el Presidente y la Opinión Pública sepa que hago responsable al expresidente Carlos Salinas, a Dante Delgado y al almirante Romel Eduardo Ledezma, administrador de la API de Veracruz.
Pulido Cueto señala que los trabajadores portuarios no están solos: cuentan con apoyo internacional, por ejemplo, de International Dockworkers Council (IDC), que encabeza Yordy Aragunde desde España, así como de una red de organizaciones de trabajadores que operan en cien puertos del mundo y que conocen a fondo el problema que enfrentamos desde hace treinta años.
La vía legal avanza
Desde el año 2009, por ejemplo, los trabajadores portuarios impulsan el juicio de nulidad 31677/09-17-05-3 para lograr la devolución de las concesiones que hasta 1991 tenían tanto la empresa Servicios Portuarios como el Sindicato de Maniobristas para realizar la primera y segunda maniobra dentro de la zona portuaria de Veracruz.
Según los abogados pulido Cueto y Napoleón Bedolla, fue ilegal que los trabajadores hayan sido despojados de dichas concesiones en 1991, tras la requisa. Lo aberrante, sostienen, fue que la Quinta Sala de un tribunal de alzada devolvió las concesiones. Incluso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elaboró un oficio –sin firma –en el que informó al Poder Judicial que había dado cumplimiento al fallo, pero resultó falso, pues hasta la fecha ningún obrero del sindicato de maniobristas está trabajando en los muelles porque “nunca cumplieron con la ejecutoria de nulidad”.
El 22 de noviembre de 2021, los abogados le solicitaron a la Quinta Sala que se cumpla con la resolución emitida en 2009. De acuerdo con el abogado Bedolla, a partir de que se cumpla dicho fallo las concesiones que le otorgó el gobierno a API Veracruz por cien años quedarían anuladas.
El litigante aclara que en la lucha legal no pueden alegar que la requisa de 1991 se anule porque ya está fuera de tiempo, el tema requisa está prescrito. Sin embargo, lo que no prescribe nunca es el atropello laboral, el derecho de los trabajadores. Estos son imprescriptibles, asienta.
Explica que el Tratado Internacional de Viena, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Constitución determinan que los derechos laborales no prescriben.
Desde su óptica legal, el abogado Napoleón Bedolla, quien recientemente se sumó al equipo de abogados encabezados por Pulido Cueto, sostiene que el decreto del 1 de junio de 1991 se basó en el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
En aquel tiempo, recuerdo, los juristas Héctor Fix, Ignacio Burgoa y Gabino Fraga, expertos en Derecho Constitucional y Administrativo rechazaron la requisa de Carlos Salinas porque no deviene de ningún precepto constitucional y sólo se basó en la Ley de Vías Generales de Comunicación.
La Ley de Vías Generales de Comunicación expone tres razones para que se decrete una requisa: que haya guerra, grave perjuicio al orden público o bancarrota del país. Sin embargo, esto no justifica por ninguna razón quitarle el patrimonio a personas físicas ni morales. De acuerdo con Bedolla, los juristas arguyeron en su momento que el decreto presidencial adoleció de los requisitos que marca el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; también viola el artículo 6.
El decreto, según el litigante, se basó en el criterio de que hubo un grave perjuicio al interés público, pero el decreto no explica en qué se basó ese perjuicio ni tampoco lo prueba.
“El sindicato estaba enfrentando pérdidas económicas, pero esto sólo era en perjuicio de los trabajadores, no del país; el decreto presidencial no prueba tal perjuicio público y adolece de un derecho humano: motivación y fundamentación.
En la lucha legal, y también en las negociaciones, que todavía no inician formalmente, los abogados reclaman al gobierno la devolución de los bienes propiedad del sindicato de maniobristas: edificios, cuentas bancarias (42 en total), pago del usufructo de la maquinaria “que nos robaron y que explotaron las actuales empresas que operan en el puerto) y pensiones debidamente legalizadas, derecho éste último que les fue violentado al quedarse sin fuente de trabajo ni sindicato porque ambas fueron disueltas.
El tema de las cuentas es un misterio: ninguna autoridad les ha dado información sobre los saldos que disponen; existe la sospecha fundada de que dichas cuentas fueron saqueadas durante el gobierno de Carlos Salinas, aunque existe un documento oficial en el que se ordenó que a los obreros se les devolvieran tanto cuentas como edificios, pero en ese tiempo el sindicato de maniobristas y la empresa Servicios Portuarios de Veracruz ya no existían, de tal suerte que los trabajadores carecían de personalidad jurídica para hacer el reclamo. Además, los directivos sindicales de ese entonces enfrentaban amenazas de muerte y nadie se atrevió a gestionar las devoluciones.
– ¿Qué va a ocurrir con las cuentas? –se le cuestiona al abogado Pulido Cueto.
El abogado Bedolla interviene: “Creo que en las cuentas ya no hay ni un peso. Eso no lo van a devolver.
Alejandro Pulido precisa:
“Considero que, si ya no hay dinero en las cuentas, nos tendrán que informar quién o quiénes dispusieron de esos fondos y con qué derecho lo hicieron. Por otra parte, como se trata de nuestro patrimonio, el gobierno de López Obrador tendrá que responder por esos fondos porque forma parte del patrimonio que nos arrebataron por la fuerza.
“Según información que he obtenido, algunas cuentas están en poder del SAT, otras están o estuvieron en una empresa financiera de Pedro Aspe. Ahí las mantuvieron “sudando” intereses cuyos beneficiarios fueron ellos mismos. Ahora nos tendrán que responder por todos los saldos. En total son 42 cuentas que tenían varios miles de millones de pesos. Si las cuentas ya no tienen dinero, entonces el gobierno de López Obrador nos tendrá que responder por ese saqueo.
APUNTES DEL SUBSUELO
Jalisco: Magistrada del clan Alfaro resolverá juicio por patrullas
El caso de la compra de 290 patrullas en el municipio de Guadalajara, con un sobreprecio que raya en los 400 millones de pesos, se ha convertido en un escándalo nacional que puso bajo el reflector a Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, al salir a flote un cuantioso negocio maquinado por el edil en contubernio con otros funcionarios, entre ellos, Rafael Martínez, excuñado del gobernador Enrique Alfaro.
Los regidores de MORENA, quienes denunciaron este presunto caso de corrupción, aseguran que priva la desconfianza en el Poder Judicial en Jalisco por su parcialidad, es decir, porque los fallos están siendo manejados precisamente por Martínez, quien cuenta con fuerte influencia entre jueces y magistrados dispuestos a manipular la justicia a cambio de jugosas recompensas.
El caso de las patrullas ya tiene larga historia en apenas tres meses. En diciembre el Ayuntamiento sometió a concurso la compra de cientos de patrullas y motocicletas dizque para reforzar la seguridad municipal. El 14 de diciembre dicha licitación fue impugnada por fraudulenta. Dos días después, se le notificó al Ayuntamiento la suspensión de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), la cual no acató.
Lo extraño de todo esto es que de una forma inusitada el magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez, presidente de la Sala Superior del TJA, echó abajo la suspensión, según algunas denuncias, sin conocer el expediente del caso. De esta forma, el alcalde jalisciense Pablo Lemus tuvo argumentos suficientes para otorgarle el contrato millonario a su empresa preferida –Integradora de Apoyo Municipal S.A de C.V. –, declarada ganadora con la oferta más alta: cotizó 792 millones de pesos todo el paquete de vehículos, lo que implica un sobreprecio de poco más de 300 millones de pesos.
Ahora el juicio recayó en manos de la magistrada María Abril Ortiz Gómez, de la Quinta Sala, apenas nombrada en el cargo en octubre de 2021, y quien es señalada de estar ligada al partido Movimiento Ciudadano, al gobernador Enrique Alfaro y a todo el clan que tiene el poder político en el estado de Jalisco.
Ortiz Gómez, según las acusaciones que pesan en su contra, fue empleada gubernamental y obedece a los intereses de Pablo Lemus, Rafael Martínez (el excuñado de Alfaro) y al propio gobernador Enrique Alfaro.
En medio de denuncias por los presuntos actos de corrupción, manejo de recursos legales para frenar el acto, fallos dudosos y un escándalo que ya saltó a la esfera nacional, una de las empresas afectadas por el fallo presentó una recusación ante el citado tribunal administrativo.
En el punto sexto del alegato, se expone la parcialidad que tiene la magistrada Ortiz Gómez en este caso, lo cual es violatorio de la ley, ya que todo juzgador debe actuar con imparcialidad.
Dice el punto sexto de la recusación:
…La recién nombrada como magistrada adscrita a la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, María Abril Ortiz Gómez, fue nombrada en esa posición del partido político en el gobierno Movimiento Ciudadano, según consta en los medios de comunicación, visibles como hechos notorios (y cita las ligas de las publicaciones)
Según consta en su currículum, es exempleada en gobiernos del partido político Movimiento Ciudadano, partido político que se encuentra en el gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara y que hoy es precisamente autoridad demandada en el juicio de nulidad IV-4524/2021.
..Los cargos que María Abril Ortiz Gómez ha tenido en el Ayuntamiento de Guadalajara y gobierno del estado han sido de confianza y no como producto de años de servicio civil de carrera (En el alegato se citan todos los cargos que ha desempeñado la actual magistrada Ortiz Gómez en los gobiernos encabezados por Movimiento Ciudadano).
Sigue el alegato:
Por lo anterior, se acredita que la recién Magistrada adscrita a la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Jalisco tiene vínculos cercanos y de estrecha amistad a gobiernos de Movimiento Ciudadano, y desde luego potenciales agradecimientos a ellos, por lo que puede y afecta su capacidad para ser una juzgadora imparcial.
Es decir, del análisis de su currículum vitae, se desprende que la hoy magistrada no tiene carrera judicial, como por ejemplo, primer ser actuario de juzgado, después secretario de acuerdos de juzgado, etcétera, ni siquiera como mérito se observa que haya sido litigante en materia administrativa, más allá del tiempo que estuvo como funcionaria pública en los organismos descritos con anterioridad.
..Obtuvo el cargo público como magistrada de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa…a partir de acuerdos políticos del partido Movimiento Ciudadano, partido que gobierna el Ayuntamiento de Guadalajara, y que es autoridad demandada en el juicio de nulidad IV-4524/2021, juicio que supuestamente por razón de “turno” le tocó a la magistrada Ortiz Gómez.
Según otras denuncias, quien manipula los turnos para colocar casos que favorezcan sus intereses es Rafael Martínez, excuñado del gobernador Alfaro, señalado como una pieza estratégica en el mundo mafioso que opera en el Poder Judicial.
Ante este embrollo de corruptelas, los regidores de Morena, encabezados por Carlos Lomelí, solicitaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que atraiga el caso para que se aclare el tema del sobreprecio con el que se pretenden adquirir tanto las patrullas como las motocicletas.
La razón, según explicó, es que no existe confianza en el Poder Judicial de Jalisco porque sirve a los intereses políticos tanto del gobernador Enrique Alfaro como del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus.
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