viernes, 30 de mayo de 2008

Alejandro Irarragorrri Gutiérrez descortés y oportunista contumaz

Humberto Moreira Valdés lo agarró donde duele con los 150 millones que entregó ilegalmente al grupo cervecero Modelo de México


*El triunfo del Santos, es de la afición y de los futbolistas, no de las llamadas autoridades

Juan Monrreal López
Mayo 30 del 2008

México, D.F.- Mostrando sus preferencias partidistas, el Director deportivo del grupo Modelo de México. S.A de C.V. Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente del equipo de fútbol Santos de la primera división del balompié mexicano, cobijó como primer anfitrión del palco de los directivos visitantes en el llamado Estadio Azul, al ejecutivo de Coahuila, Humberto Moreira Valdés; sin siquiera tomarse la molestia de albergar al presidente municipal de la ciudad de Torreón, - José Ángel Pérez Hernández -; alcalde del Ayuntamiento que da abrigo al conjunto que posiblemente obtenga el campeonato del balompié mexicano el próximo 1 de junio; Santos Laguna.

Preocupados en el primer tiempo; el bisoño cabeza del Santos, Irarragorri Gutiérrez, sonreía nervioso frente a quien entregó fuera de la legalidad 150 millones de pesos del dinero público para que se construyera el nuevo estadio del club santista conocido como el Territorio Santos Modelo (TSM); Humberto Moreira Valdés.

Calzado con blusa oficial, de cuando el Santos juega de local, Moreira Valdés volteó incrédulo a la cara de Alejandro Irarragorri, cuando en el minuto 16 de la primera parte, el equipo de la Laguna estaba un gol a cero abajo del Cruz Azul.

Oportunista, como en todas las actividades que ahora desarrolla, el empleado número uno del estado de Coahuila y aspirante a la presidencia nacional, por gracia de los apoyos de personajes como Carlos Salinas y Elba Esther Gordillo Morales; mismos que son capitaneados por el dinero de Carlos Slim, - por cierto, proveniente de la empresa privatizada por Carlos Salinas a favor del conocido como el segundo hombre más rico del mundo, en un país donde existen 40 millones de pobres en precariedad extrema – sonreía, se paraba en los palcos, queriendo hacerse notar ante las cámaras de televisión nacional.

Humberto Moreira Valdés, se encuentra en carrera loca, - junto con su hermano Rubén, presidente estatal del PRI -, por conseguir la mayoría de los diputados coahuilenses a favor del PRI en el área de la Laguna, cueste lo que cueste: Humberto Moreira, convenció a Irarragorri Gutiérrez, que el desempeño del equipo del Santos, es esencial para derrotar al PAN en las elecciones de octubre de este año.

Por ello, el suertudo “coyote” de fertilizantes, Alejandro Irarragorri, no invitó a José Ángel Pérez Hernández, a la platea de la directiva en el Estadio Azul, en el conocido como juego de ida.

El equipo Santos, es una entidad económica que no cotiza de acuerdo a la Ley de Ingresos del municipio de Torreón.

Irarragorri, el grupo Modelo de México y el alcalde de Torreón, son cómplices por evasión en las contribuciones municipales, en el renglón de los espectáculos, de acuerdo a la Ley de Ingresos de este municipio.

Humberto Moreira, sigue embebido que todo lo puede desde el Palacio Rosa, al igual que su antecesor Enrique Martínez y Martínez, - a quien por cierto -, Humberto Moreira, también apuesta con desaparecerlo de la Historia de Coahuila, como consta en sus declaraciones y acciones en contra de quien lo protegió, después de haber sido botado por Rogelio Montemayor Seguy, por consecuencia de sus corruptelas en el INEA.

Total, el Santos ganó 2 a uno, marcador que pronosticó Demócrata Norte de México; como lo saben un buen número de amigos, y a quienes hemos dicho que el Santos será campeón, aunque todavía faltan 90 minutos.

Sin embargo, el triunfo no es de Irarragorri, ni de Moreira. Es en primer lugar de la afición, de los jugadores, de todos aquellos que creemos que la identidad lagunera sigue reafirmándose a pesar de que seamos dos estados donde nos encontramos distribuidos los hijos del Río Nazas y sus lagunas, hoy extintas.

Que Moreira e Irarragorri sean priístas de conveniencia; no es un asunto que a los auténticos sentimientos de toda la afición guerrera preocupen. Cómo en su momento tampoco alarmó cuando Alejandro Irarragorri Gutiérrez, con ánimos elitistas intentó cancelar la transmisión de los juegos por señal abierta de televisión en agosto del 2007.

Ignorantes de la Historia del futbol en la Laguna; Irarragorri Gutiérrez, como Humberto Moreira, no sacarán raja de quienes por sentimientos de identidad saben que el Club Santos de futbol es de todos los laguneros.

Los políticos e incluso Irarragorri , se irán de aquí, pero las emociones de la gente común por un equipo lagunero de fútbol seguirán.

Finalmente, antes de ellos, con ellos, sin ellos o contra ellos, la afición lagunera construirá sus guerreros; incluso en el camino de la democracia, con todas sus acepciones.

Santos será campeón el 1 de junio. El triunfo será de la gente lagunera, ni siquiera de Irarragorri Gutiérrez, que un día se irá de estas “pinches tierras”, como dice a sus cercanos este “coyote” de fertilizantes y pasiones auténticas de quienes creen en la alegría que brinda un equipo de fútbol.

jueves, 29 de mayo de 2008

Saca Santos ventaja en la Ida de la Final

29 de Mayo, 2008



MÉXICO - Cruz Azul no pudo capitalizar el buen futbol que generó en la primera mitad y Santos Laguna le dio la vuelta en el complemento para llevarse ventaja de 2-1 en el capítulo de "ida" de la final del Torneo Clausura 2008.


El primer gol del partido fue obra del delantero uruguayo de Cruz Azul, Nicolás Vigneri, a los 17 minutos. Por Santos marcó Fernando Arce (61) y el ecuatoriano Christian Benítez (87).


La Máquina necesita ahora ganar por dos goles de ventaja el próximo domingo en el Estadio Corona, donde se jugará el encuentro de "vuelta" a partir de las 17:00 horas, mientras que los de la Comarca, alentados por unos cinco mil seguidores la noche de este jueves, podrán ser monarcas sólo con mantener esta delantera.


Cruz Azul salió decidido a tomar ventaja en casa y desde el silbatazo inicial se fue sobre el arco enemigo, cobijado por el apoyo de su afición.


El paraguayo Carlos Bonet y César Villaluz se coordinaron por la derecha para elaborar los avances celestes, mientras que Jaime Lozano y Edgar Andrade lo hicieron por la izquierda.


Además de la presión de la Máquina, Santos parecía aturdido y no pudo superar el mediocampo en los minutos iniciales.


Después de un par de intentos, el paraguayo Pablo Zeballos, al minuto 17, puso en movimiento el marcador en un servicio preciso desde el corredor derecho a cargo de Bonet, que salió a donde estaba Vigneri, quien desvió el esférico lo suficiente para dejar sin oportunidad al arquero de Santos, Oswaldo Sánchez.


Cuatro minutos después, Zeballos pudo ampliar la delantera cuando le robó un balón en la salida a Jorge Iván Estrada, entró al área, pero su tiro fue bien controlado por el portero de los Guerreros.


La primera mitad se mantuvo con dominio del equipo cementero, sólo que no logró ampliar la delantera que ya traía en el marcador, mientras su zaga se comportaba a la altura, y controlaba al peligroso ataque lagunero, al que impidió balones a modo y que limitó a algunos disparos lejanos.


El cuadro visitante ajustó al medio tiempo y para el regreso al campo jugó mejor, le robó el balón a los celestes, quienes ya no llegaron con la misma continuidad, ni peligro.


Encontraron además rápido el empate para callar al público, en una jugada donde Christian Benítez avanzó por la izquierda y puso servicio al centro para el arribo de Fernando Arce, quien en linderos del área soltó un disparo tan potente que no dio oportunidad de lanzarse al arquero Yosgart Gutiérrez.


La Máquina buscó retomar el control del encuentro, pero se mostró errático y además culminó casi todos sus remates hacia el centro, para no volver a complicar en casi todo el juego a Oswaldo Sánchez.


Los seguidores celestes se mantuvieron expectantes y no dejaron de impulsar a su equipo, aunque al final cuando se registró la voltereta empezaron a abandonar las tribunas del Estadio Azul.


Miguel Sabah ingresó de cambio para buscar variantes al ataque, pero sus intentos carecieron de la fuerza y sobre todo la colocación para batir al guardavallas de la Comarca.


La diferencia que marcó el encuentro se registró en el minuto 87, cuando el uruguayo Nicolás Vigneri tuvo un balón a modo para fusilar a Sánchez y no lo hizo en espera de que la defensa le cometiera alguna falta.


Vino entonces el contragolpe, culminado por el ecuatoriano Christian Benítez.


El cuadro de la Comarca consiguió así romperle el invicto a los celestes en su casa y regresar con todo a su favor al Estadio Corona para definir esta final en busca de su tercer trofeo como campeón.


El arbitraje estuvo a cargo de Marco Antonio Rodríguez, quien tuvo una labor buena. Amonestó por Cruz Azul a Gerardo Torrado (41), Edgar Andrade (46), Joaquín Beltrán (59). Por Santos mostró cartón amarillo a Rafael Figueroa (25).


Alineaciones:


Cruz Azul.- Yosgart Gutiérrez, Carlos Bonet, Joaquín Beltrán, Julio César Domínguez, Jaime Lozano, Gerardo Torrado, Cristian Riveros, César Villaluz, Edgar Andrade (Gerardo Lugo, 63), Nicolás Vigneri y Pablo Zeballos (Miguel Sabah, 72). DT: Sergio Markarián (URU).


Santos.- Oswaldo Sánchez, Jorge Iván Estrada, Rafael Figueroa, Fernando Ortiz, Edgar Castillo, Walter Jiménez (Francisco Torres 85), Juan Pablo Rodríguez, Emmanuel Ludueña (Osmar Mares 76), Fernando Arce, Vicente Matías Vuoso y Christian Benítez (Oribe Peralta, 91). DT: Daniel Guzmán.

Derechos humanos: puro discurso

Amerigo Incalcaterra

El 23 de mayo último, el italiano Amerigo Incalcaterra, quien fungió como representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abandonó el país en medio de versiones en el sentido de que el gobierno de Felipe Calderón presionó para que se marchara. Desde su llegada a México en octubre de 2005, Incalcaterra fue crítico del gobierno federal por sus omisiones y fallas en materia de derechos humanos. A continuación presentamos un texto suyo, entregado en exclusiva a Proceso, en el que expone un duro diagnóstico sobre el caso mexicano.

Hasta el día de hoy el Estado mexicano ha recorrido un camino muy importante en el reconocimiento de los derechos humanos. Entre otras cosas, ha logrado que tomen un lugar relevante en el discurso y en el espacio público, al grado de que al día de hoy forman parte de lo políticamente correcto.

Sin embargo, si se mira con cierto detenimiento la realidad, resulta que por debajo del discurso de los derechos humanos subyacen realidades sumamente injustas, como la sistemática violación a los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública e, incluso, situaciones que se vieron reflejadas en casos como Atenco, Oaxaca o Pasta de Conchos, por citar tan sólo algunos.

La encrucijada consiste, por lo tanto, en saber si el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto están dispuestos a asumir el reto de implementar los estándares internacionales de derechos humanos y convertirlos en realidades tangibles en la vida diaria que viven millones de personas en México, o bien, dejar que se queden tan sólo plasmados en el discurso y en las normas jurídicas, pero sin que se realicen los esfuerzos necesarios para que se conviertan en detonadores capaces de transformar, por las vías institucionales, las realidades injustas que afectan la vida de las personas y las estructuras que marginan y excluyen a sectores importantes de la población.

De no asumir adecuadamente el reto de la implementación, se corre el riesgo de caer sin remedio en el camino del discurso vacío en el que se asumen compromisos y se hacen grandes declaraciones de buenas intenciones, pero en el que se carece de mecanismos eficaces para exigir el cumplimiento de los derechos. Paradójicamente, el discurso de los derechos, lejos de promover transformaciones estructurales más justas y equitativas, terminaría por reforzar el status quo.

Ante todo, habría que evitar que la brecha que separa el discurso de los derechos de la realidad de su ejercicio se ensanche de tal manera que se pierda toda conexión entre uno y otra. El análisis sobre la situación de los derechos quedaría fracturado en dos posiciones, en las que, por un lado, estaría un discurso autocomplaciente y hermético ante cualquier reclamo y, por otro, una realidad que clama justicia pero que no encuentra los espacios adecuados para hacerse escuchar y para desahogar sus reivindicaciones. Ello podría generar que grupos marginados, al no encontrar las vías jurídicas y políticas adecuadas para hacer valer sus demandas, se movilicen y provoquen una mayor tensión social. La situación se puede agravar aún más si esta tensión es aprovechada por grupos ilegales que buscan desestabilizar al país y minar las instituciones del Estado.

Hay que partir del hecho de que, en las últimas dos décadas, México ha tenido avances sumamente importantes en materia de derechos humanos. Sin embargo, también es necesario reconocer que, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, la mayoría de los avances se han dado en el plano normativo e institucional, sin que esto signifique necesariamente que tales avances se traduzcan en logros concretos de manera que las personas puedan gozar y ejercer sus derechos humanos.

Así, pues, la cuestión central de la implementación se subdivide en dos retos específicos: primero, en cómo lograr que los compromisos asumidos en la esfera internacional sirvan de palanca transformadora del andamiaje jurídico protector de derechos humanos a nivel nacional; segundo –y sin duda el paso más importante–, en cómo lograr que las instituciones y las normas puedan ser empleadas por las personas para exigir el cumplimiento de las obligaciones que el Estado asume en materia de derechos humanos.

En relación con el contexto o marco de implementación de los derechos humanos quiero destacar dos notas que no pueden pasarse por alto: las profundas asimetrías que existen entre la población en el ejercicio de los derechos humanos y la existencia de ciertos problemas estructurales en el país que desencadenan diversos contextos de violación a los derechos humanos.

Asimetrías

En México coexisten muchas realidades contrastantes. Las asimetrías de poder, la iniquidad en la distribución de la riqueza, la persistencia de rasgos culturales discriminatorios y el mantenimiento de privilegios para ciertos grupos de la población se traducen en un desigual acceso a los derechos humanos de parte de los sectores de la población.

El telón de fondo es el de las asimetrías que existen en el ejercicio de estos derechos; por un lado, personas que por su situación económica y social o por sus condiciones personales pueden ejercer casi sin ningún problema sus derechos; por otro, personas que por el simple hecho de haber nacido en una determinada región del país, por formar parte de un grupo que sufre discriminación o por sus condiciones sociales y económicas tienen que enfrentar un sinnúmero de obstáculos para poder disfrutar de sus derechos.

Problemáticas estructurales

Otra nota que define el contexto de los derechos humanos es la existencia de ciertas problemáticas ampliamente generalizadas que en sí mismas implican ya una violación a los derechos humanos, pero que a la vez, su persistencia genera diversos contextos de violación a los derechos humanos. En su plan de acción 2005, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, identificó que en el mundo existen seis obstáculos de esta naturaleza; pobreza, discriminación, conflictos armados y violencia, impunidad, déficit democrático y debilidad de las instituciones del Estado. En el caso de México, la pobreza –vinculada a la desigualdad y a la discriminación–, la impunidad y las restricciones a la libertad de expresión, constituyen tres causas estructurales a partir de las cuales se generan diversas situaciones de violación a los derechos humanos.

Para poder superar dichas problemáticas y asumir el gran reto de la implementación es necesario centrar la atención en aquellos déficit o debilidades estructurales que obstaculizan la plena realización de los derechos humanos, especialmente los de aquellos grupos de mayor vulnerabilidad y discriminación. La identificación de estas problemáticas permite enfocarse en aquellas tareas que quedan pendientes en la agenda de derechos humanos.

Orden jurídico insuficiente

Debido a ciertas limitaciones internas y deficiencias en la manera en que reconoce los derechos humanos, la Constitución mexicana no permite ser aprovechada al máximo por las personas y los grupos en su afán por defender estos derechos. Para que la Constitución pueda recobrar todo su potencial y su máxima eficacia jurídica como norma fundamental protectora de derechos humanos es necesario avanzar en una reforma integral estructurada en torno a los siguientes ejes: la transformación del marco conceptual a partir del cual la Constitución reconoce los derechos humanos; el reconocimiento de la jerarquía constitucional de las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales sobre la materia, y el reconocimiento del principio pro personae; el reforzamiento de los derechos humanos de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y discriminación; el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, poniendo especial énfasis en su carácter universal y en el establecimiento de mecanismos adecuados para su exigibilidad y justiciabilidad; la introducción de la perspectiva de género, y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para proteger los derechos humanos.

Mecanismos débiles

Se requiere fortalecer el papel del Poder Judicial como garante de los derechos humanos de las personas. Sobre todo, el sistema de justicia en México presenta muchos obstáculos para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan exigir sus derechos.

La creación de un sistema de instituciones nacionales ha paliado esta problemática; sin embargo, con excepción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de algunas agrupaciones locales, los organismos públicos defensores de esos derechos se encuentran generalmente en una situación precaria. La eficacia de éstos depende en gran medida del grado de legitimidad y aceptación que logran frente a la ciudadanía. Para ello es fundamental no sólo que se garantice su autonomía e independencia desde un punto de vista formal, sino que también se garanticen otros aspectos fundamentales, como la coherencia de su trabajo con los estándares internacionales en la materia, su cercanía con los grupos en situación de vulnerabilidad, su apertura y transparencia, su capacidad de coordinar su actividad con las organizaciones civiles y la pluralidad de sus integrantes.

Por otra parte, hablar de los mecanismos de protección de los derechos humanos implica necesariamente abordar el problema de la impunidad. En este rubro quedan pendientes problemáticas de gran calado, entre éstas los feminicidios, la tortura, las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, así como las perpetradas en el marco de la guerra sucia, las agresiones en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. Las mejores medidas para evitar que estos hechos se perpetúen es que el Estado asuma adecuadamente el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como el deber de reparar los daños causados a las víctimas por violaciones a sus derechos humanos.

Omisiones

A pesar de algunos esfuerzos encomiables como el Programa Nacional de Derechos Humanos (2004-2006), las políticas públicas a nivel federal y estatal no han incorporado a fondo una perspectiva en este rubro. Un signo muy positivo es que al tema se le haya otorgado un papel central en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012); también el que actualmente se esté preparando un nuevo programa nacional en la materia coordinado por la Secretaría de Gobernación. Estos esfuerzos deben estar enmarcados en una verdadera política de Estado en derechos humanos, entendiendo que las políticas públicas son las mejores vías para cristalizar las obligaciones que asume el Estado al respecto.

La sociedad civil

Sin duda, el panorama no podría estar completo sin el análisis de la labor que realiza la sociedad civil en la protección y promoción de los derechos humanos. Las organizaciones que los defienden han jugado un papel central tanto en el señalamiento de situaciones y problemáticas como en el acompañamiento y defensa de casos específicos de violación a estas garantías ciudadanas. Las organizaciones han logrado profesionalizarse e incrementar sus capacidades para desempeñar un papel estratégico en ámbitos cruciales como el legislativo, así como en el diseño e implementación de políticas públicas e, incluso, en el litigio estratégico. Un elemento central es que han sabido aprovechar muy bien los instrumentos y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para fortalecer sus acciones a nivel nacional.

Cultura incipiente

En México el concepto de derechos humanos es relativamente nuevo. Los principios y valores que subyacen en él no se han arraigado en las prácticas y concepciones de la población; incluso se puede decir que en general existe un gran desconocimiento y confusión del papel que éstos desempeñan en la sociedad. Más todavía, en la cultura mexicana existen valores y hábitos contrarios a estos derechos, como el machismo, la intolerancia, el autoritarismo, el racismo o clasismo y la corrupción, entre otros. Por ello, el reto es continuar promoviendo los derechos humanos, lo mismo en el ámbito de la educación formal que en la informal. También debe buscarse llegar a sectores que por lo general no participan en el movimiento pro derechos humanos.

Cooperación internacional

Por último, debo mencionar que en todos los tratados internacionales de derechos humanos se destaca el aspecto de la cooperación internacional como un recurso para fortalecer el respeto a estos derechos en el ámbito nacional. La idea que subyace en el fondo es simple: aunque el principal responsable de los derechos humanos es el Estado, se asume, primero, que ningún Estado tiene un récord impecable en su protección; y, segundo, que los Estados necesitan de otras instancias internacionales para impulsar los cambios necesarios.

El establecimiento de la figura del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos responde precisamente a la necesidad y demanda de los propios Estados de contar con un aliado que aproveche la experiencia internacional que los asista en la implementación de los estándares de derechos humanos. A través de los años, y no sin serias dificultades, la Oficina del Alto Comisionado ha comprendido que la mejor manera de hacer cambios en la realidad es trabajar a nivel local, de manera conjunta con los Estados, mediante tareas de observación, protección y cooperación técnica.

En este ámbito México es reconocido como un pionero. Hasta hoy es el único país que, a pesar de no estar inmerso en un conflicto armado, solicitó la presencia permanente de una Oficina del Alto Comisionado en su territorio. Necesariamente, el trabajo de la Oficina tiene que ser distinto al que realiza en otras partes del mundo, dado que México cuenta con las instituciones, recursos económicos y capacidades humanas adecuadas para enfrentar las problemáticas de derechos humanos.

En febrero pasado, la Alta Comisionada Louise Arbour visitó el país. Vino a firmar con el Estado mexicano un mandato que definiría las labores de su Oficina en este país. Este mandato dota de fundamento y clarifica las actividades que la Oficina ya venía desarrollando; además, abre la posibilidad de que –en la medida de sus posibilidades humanas y económicas– esta Oficina se comprometa más en las tareas de seguimiento, protección y promoción de los derechos humanos.

Corresponde a las autoridades y a la sociedad civil debatir y plantear cómo desean aprovechar la presencia de la Oficina en territorio mexicano. Debo aclarar que su objetivo es servir a las personas que habitan en México, brindar asesoría y cooperar con las instituciones nacionales, así como acompañar a la sociedad civil en el proceso de implementación de los derechos humanos.

Para lograrlo, la Oficina debe conocer cuál es la situación en materia de derechos humanos, así como dar seguimiento profesional a las situaciones que se presenten en este rubro, proveer de información, y sobre todo colaborar y advertir de los retos que afectan a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante las violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, el Estado en su conjunto tiene que entender con más amplitud la labor que realiza la Oficina en México. No se entendería la presencia de la Oficina si ésta no ejerciera un mandato amplio, si no pudiera elevar a la opinión pública las problemáticas existentes para que las fuerzas vivas de la sociedad mexicana puedan tener elementos suficientes para elaborar respuestas integrales y participativas; si en definitiva no pudiera servir como motor que fomente el cambio. La Oficina no tiene vocación de perpetuidad, sólo estará un tiempo determinado en el país; de ahí la importancia de que se aproveche al máximo esta oportunidad que la comunidad internacional está ofreciendo al país.

La Oficina está llamada a fomentar el diálogo y la participación de la sociedad civil con las autoridades, a levantar los temas que requieren ser debatidos públicamente para poder avanzar en la implementación de los derechos humanos y a detonar los cambios y proyectos capaces de transformar las estructuras y situaciones que impiden a todas las personas ejercer sus derechos humanos.

México puede pasar de las palabras a los hechos. Para ello es necesario dar un giro de 180 grados a nuestra manera de pensar los derechos humanos. Debemos sacarlos de los grandes foros, de los discursos grandilocuentes, del laberinto diplomático. El verdadero ejercicio de estos derechos se construye desde abajo, en las comunidades, en los grupos marginados. Debemos dotarlos de herramientas para que sean ellos los que exijan y defiendan sus derechos humanos; debemos construir las vías institucionales adecuadas para dar respuestas efectivas.

martes, 20 de mayo de 2008

Pemex y Fundidora

Abraham Nuncio

Lo que quieren hacer con Pemex es lo que hicieron con la Fundidora. El que así hablaba es un ex obrero de la que fue la principal siderúrgica de América Latina. Por primera vez desde que fue cerrada la planta, hace 22 años, un programa televisivo difundía la voz de los trabajadores, entonces calumniados por los medios de mayor influencia en Monterrey. Convertidos en cajas de resonancia de los empresarios y las organizaciones patronales repitieron una mentira mil veces (la típica receta goebbeliana) e hicieron de ella una verdad del tamaño del cerro de la Silla.

La quiebra de la industria que le dio identidad a Monterrey desde su fundación en 1900 le era imputada a la negligencia y la ociosidad de los obreros y, por supuesto, a la radicalidad de su sindicato. Fue una infamia, como bien la calificó Héctor Benavides, el conductor del programa Cambios (uno y otro auténticas ínsulas en el mar de la desinformación masiva), de la empresa Multimedios. A raíz del cierre de Fundidora, ellos y sus hijos fueron puestos en la lista negra, y allí siguen.

El Estado mexicano echó mano de una coartada burda y cruel para someter al país a los dictados de los aparatos financieros internacionales dominados por el esquema de cualquier banco: el que más acciones tiene manda. La crisis golpeaba con fuerza –después del auge petrolero, qué ironía– y había dos necesidades que el gobierno priista estableció como prioritarias: pagar su enorme deuda externa y apuntalar a las empresas privadas cuya sangría a manos de sus propios dueños las tenía en graves problemas de solvencia. “Es una obligación moral apoyar a Alfa”, sentenció el candidato de la renovación moral. La deuda externa del holding regiomontano que más había crecido y derrochado en los últimos seis años equivalía a 5 por ciento de la deuda externa pública de México. Adelantándose a Miguel de la Madrid, el gobierno de José López Portillo, a través de Banobras, ya le había hecho un préstamo tan desmesurado como ilegal al grupo Alfa.

Alfa se había fortalecido, como el resto de los grupos industriales de mayor peso, con los subsidios estatales. Subsidios que no podían venir de otras partes sino del endeudamiento del Estado en dólares para financiarlos en pesos y, por supuesto, de los recursos de Pemex. Recordemos a Heberto Castillo: “Los actos del gobierno contradicen las declaraciones del presidente, que reiteradamente ha dicho que debe disminuirse el ‘subsidio monstruoso’ que Pemex otorga en petróleo y gas y que en 1980 alcanzó ya la fabulosa suma de 720 mil millones de pesos. ¿Quiénes serán los socios verdaderamente anónimos de Alfa? ¿Qué funcionarios del gobierno?”

Esas reflexiones del gran luchador social que fue Heberto las retoma Esteban Ovalle Carreón, ex trabajador de Fundidora, en un opúsculo titulado El asesinato de Fundidora: “En esa época se hicieron programas de reconversión para HYLSA –empresa privada (del grupo Alfa)– y para el Grupo Acerero del Norte, que compró Altos Hornos de México, en Monclova; pero no se midió con la misma vara a Fundidora. A HYLSA, al poco tiempo, se le dio otro apoyo muy importante, al convertir su deuda externa en dólares a pesos mexicanos, absorbiendo el gobierno federal la pérdida en la diferencia cambiaria. El gobierno quería salvar a HYLSA, no a Fundidora. Más claro ni el agua.”

Pero esa claridad no vale para quienes pretenden, desde el poder, privatizar el petróleo y la electricidad, que son de la nación. Y las experiencias no cuentan: dos décadas después del escandaloso préstamo de Banobras a Alfa, Hylsa pasó a ser propiedad de la trasnacional Techint.

Aceros Planos, una de las filiales de la Fundidora, que operaba con números negros, fue privatizada poco después. Las familias Clariond-Reyes y Canales Clariond, propietarias de Imsa, fueron las adquirentes. Tras la adquisición a precio de amigos, Fernando Canales Clariond no tuvo dificultad alguna en desembolsar 50 millones de pesos destinados a financiar la campaña electoral que lo colocó en el gobierno de Nuevo León. La tendencia monopólica mundial, que se ha dado a conocer con el apodo de globalización, avanzó más tarde otro paso en la frágil economía mexicana. Ternium, que pertenece a Techint, adquirió Imsa. Como me ven se verán, dice ya esta empresa a Altos Hornos de México y a otras acereras que un día constituyeron el sistema siderúrgico nacional.

La quinta columna presidencial, empresarial, partidaria y mediática de la derecha le advierte a la sociedad mexicana que sin la inversión extranjera no podrá sobrevivir y menos explorar y explotar su petróleo y demás recursos naturales. Las patrañas y las medidas políticas son las mismas que se emplearon para cerrar Fundidora. En primer lugar, no invertir en la planta para restarle capacidad de renovación tecnológica y, por tanto, capacidad productiva.

El monto de inversiones entre 1976 y 1990, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de la Industria Siderúrgica Paraestatal, estaba calculado para la Fundidora en 310 mil millones de pesos; sólo le fueron asignados 2 mil 100 millones. Las inversiones realizadas permitieron, no obstante, una significativa modernización de la planta, con lo cual se esperaba que produjese un millón 500 mil toneladas anuales. Su productividad podía haber sido mayor, pues en 1974 arrojó un saldo de 920 mil toneladas con cuatro hornos de hogar abierto que fueron clausurados sin explicación alguna. En 1985 produjo 950 mil toneladas. Por otro lado, su deuda era ya alta en 1974. Con la devaluación de 1976 se disparó de 4 mil 449 millones de pesos a 13 mil 375 millones de pesos. Pero podía ser tan amortizable como la de Hylsa y no entregada finalmente como ésta al capital extranjero, a pesar de haber sido saneada con dinero público.

A la Fundidora se la asfixió financieramente. Se la mal mantuvo. Vino la desactivación de varios de sus departamentos. Y finalmente el desprestigio de su operación y sus trabajadores.

Se trataba de introducir una verdad cuya irradiación ideológica por su propia boca iba a morir. “Con el fracaso de Fundidora se demuestra que no es función del Estado ser empresario”, dijo el industrial galletero Alberto Santos. La suya fue la primera gran industria de Monterrey en pasar a ser propiedad del capital extranjero (Pepsico, en este caso). Le siguieron los bancos y las siderúrgicas. Hasta ahora, los bancos y empresas privatizados no le han dejado al país crecimiento, y menos desarrollo. No se entiende por qué Pemex y la CFE habrían de ser excepción.

Demasiadas arterías se dijeron de la Fundidora. Entre otras, que era una industria altamente contaminante. En su derredor no aparecieron nunca los numerosos casos de males cancerígenos característicos del entorno de otras empresas (77, según la Semarnat) sin que nada se haya podido hacer hasta la fecha para reubicarlas. Todas son privadas.

De un Estado que pone por encima del interés público el de los particulares, nada bueno puede esperarse. Ese Estado es el que cerró Fundidora y el mismo que ahora quiere privatizar Pemex y la CFE. Lo menos que se puede hacer, con una pizca de memoria y sentido común –no se requiere ser un intelectual cotizado para tenerlos–, es oponerle resistencia.
La Jornada Mayo/20/2008

lunes, 19 de mayo de 2008

El crimen: venganza y traición

Ricardo Ravelo

En pleno despliegue del Ejército por todo el país, continúan las matanzas entre narcotraficantes. La ambición y el poder de los hermanos Beltrán Leyva los llevó a confrontarse con El Chapo Guzmán y sus aliados, así como a desatar una cacería de altos mandos policiacos. Y aunque esto los coloca entre dos fuegos, los Beltrán están en la cumbre de su poder y tienen infiltradas a las corporaciones policiacas, como lo demuestra el asesinato del coordinador de la PFP, Édgar Millán Gómez, crimen que puso de cabeza al gobierno de Felipe Calderón.

Se mueven entre Querétaro, Morelos, Guerrero, Sonora, Sinaloa y el Distrito Federal, donde disponen de casas de seguridad y de un nutrido ejército de gatilleros para eliminar a los rivales que se interponen en sus fines criminales; tienen amplias relaciones en la esfera del poder político, se infiltraron en las corporaciones policiacas, y hasta diciembre de 2007 eran considerados como la segunda célula más poderosa del cártel de Sinaloa, cuyo liderazgo oficialmente se le reconoce a Ismael Zambada García, El Mayo.

Se trata de los hermanos Beltrán Leyva: Marcos Arturo, El Barbas; Héctor Alfredo, El H o El Mochomo (preso en el penal federal de Puente Grande, Jalisco, desde enero pasado); Mario Alberto, El General, y Carlos. Todos ellos se iniciaron en el negocio del narcotráfico a finales de los ochenta bajo la tutela del llamado “jefe de jefes”, Miguel Ángel Félix Gallardo, detenido en abril de 1989.

Sin embargo, ahora los Beltrán Leyva están en conflicto con quien fuera su socio y amigo: Joaquín Guzmán Loera. En los círculos policiacos la ruptura se considera como un hecho y se atribuye a que los Beltrán quisieron independizarse y formar su propio cártel.

Después de mantenerse impunes por más de dos décadas, son ahora los capos más perseguidos por el gobierno mexicano tras los múltiples atentados perpetrados contra altos mandos policiacos federales.

Aunque en lo que va del sexenio han sido ejecutados poco más de 450 jefes tanto de la Policía Federal como de las corporaciones estatales, el caso que más sacudió al gobierno de Felipe Calderón, por el nivel de infiltración y poder que mostraron los Beltrán Leyva, fue el asesinato de Édgar Millán Gómez, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP) y quien encabezaba los operativos contra los cárteles del Golfo y de Sinaloa.

De acuerdo con la investigación que lleva a cabo la PGR –después de arrebatarle apresuradamente el caso a la procuraduría capitalina al ejercer su facultad de atracción, horas después del asesinato–, todo indica que la ejecución de Millán Gómez fue producto de una traición perpetrada desde el interior de la propia Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Genaro García Luna.

No se sabe, hasta ahora, si Millán Gómez tuvo arreglos con los Beltrán Leyva y no pudo cumplirlos; lo cierto es que la planeación del crimen se le atribuye al agente federal José Antonio Martín Montes Garfias, quien era cercano colaborador y amigo de Millán Gómez.

Datos de la averiguación previa AP/PGR/DDF/SZC/CAM/1333/08 indican que Montes Garfias, quien conocía todos los movimientos de Millán, “dirigió la adquisición de vehículos, armas y radios” en el Distrito Federal para la ejecución del crimen. Con base en este plan, el jueves 8 el sicario Alejandro Ramírez Báez (asesino a sueldo con antecedentes de robo de vehículos) acribilló a Millán Gómez en la casa de los padres de éste, adonde el jefe policiaco había llegado con dos escoltas –Leobardo Plata Hernández y Daniel Vega Hernández–, que nada pudieron hacer para impedir el asesinato.

Detalles de la investigación y otros datos aportados a Proceso por agentes que conocieron a Millán permiten establecer que el ataque al coordinador de Seguridad Regional se planeó a principios de año.

Según las fuentes consultadas, Montes Garfias –que entre sus amigos se hacía llamar El Señor– fue enviado por Millán Gómez a la plaza de Culiacán, Sinaloa, en febrero pasado. En esa entidad, asiento del cártel de Sinaloa, trabó relación con los Beltrán Leyva, quienes un mes antes, en enero, sufrieron una fuerte acometida con la detención de Alfredo Beltrán, El Mochomo, presuntamente entregado por El Chapo Guzmán a las autoridades.

Meses después, Montes Garfias solicitó permiso (una licencia médica que le permitió ausentarse del trabajo) y luego reapareció en las oficinas centrales de la PFP al lado de su amigo Millán Gómez. Antes, en octubre de 2007, estuvo comisionado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde brindaba protección a los cargamentos de droga.

Un día antes de ser ejecutado de ocho balazos, Édgar Eusebio Millán había coordinado un operativo en el estado de Morelos. En esa cacería de narcos estuvo a punto de ser detenido Arturo, el mayor de los hermanos Beltrán Leyva. La persecución inició en Cuernavaca, cuando la policía federal detectó un vehículo sospechoso y lo siguió. En la población de Xoxocotla los agentes se enfrentaron a balazos con los escoltas de Beltrán.

De acuerdo con la investigación, esta refriega fue el detonante para ejecutar a Millán Gómez, pues Arturo Beltrán echó a andar el plan fraguado meses atrás mediante su contacto, Montes Garfias. Este agente se había dado a la tarea de abrir el casillero de Millán Gómez, de donde sustrajo un juego de llaves de la casa de los padres de Millán; después sacó a éstas un par de duplicados y le entregó uno –según la Secretaría de Seguridad Pública– al sicario Ramírez Báez.

Las pesquisas revelan que los Beltrán Leyva pagaron 5 millones de pesos a Montes Garfias por el asesinato del coordinador regional de la PFP, quien a su vez entregó a Ramírez Báez 40 mil pesos y tres onzas (75 gramos) de cocaína.

Gerardo Garay, coordinador de la División Antidrogas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), confirmó el martes 13 que Montes Garfias, quien ingresó a la Policía Federal de Caminos en 1994, mantenía un estrecho vínculo con capos del cártel de Sinaloa y “tiene relación con los hermanos Beltrán Leyva”.

Garay dio a conocer otros detalles del vínculo de Montes Garfias con el cártel de Sinaloa: “Hay líneas de investigación que nos refieren trasiego (de drogas) en el Aeropuerto” (Internacional de la Ciudad de México), presuntamente bajo la protección de Montes y otros agentes que, como confirmó Proceso, también estaban “en la lista negra” de los Beltrán –y de Montes Garfias– y cuyos nombres hasta ahora se mantienen bajo reserva.

Las pesquisas de la SSP y la PGR señalan que Montes Garfias y el sicario Ramírez Báez no actuaron solos: para asesinar a Millán Gómez se aliaron con Juana Virginia González Chicuéllar, La Vicky; María Teresa Villanueva, y Jorge Ortega Gallegos. Este último tenía 96 teléfonos celulares registrados a su nombre, los cuales “arrendaba sin registro y sólo los mantenía activos un mes”.

Según Gerardo Garay, el agente federal Montes Garfias presuntamente también está relacionado con el asesinato de Roberto Velasco Bravo, otro agente federal ejecutado el 1 de mayo en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Estirpe de narcos

En los días posteriores a su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, ocurrida el 19 de enero de 2001, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue arropado por dos grupos con los que poco tiempo después crearía el llamado cártel de Sinaloa: los hermanos Beltrán Leyva e Ismael El Mayo Zambada, poderoso empresario lechero.

Los Beltrán Leyva eran viejos conocidos suyos, pues junto con Héctor Palma Salazar, El Güero, se habían formado al lado de Miguel Ángel Félix Gallardo y Miguel Ángel Caro Quintero, así como a la sombra de José Ramón y Diego Laija Serrano. A partir de 1991, se ligaron con Rafael Aguilar Guajardo, jefe del cártel de Juárez. Tras la muerte de éste, los protegió Amado Carrillo Fuentes.

Tras la fuga de Guzmán Loera, el apoyo de los Beltrán Leyva fue significativo para los planes de expansión del cártel de Sinaloa: lograron que la organización se posicionara en 11 estados y le declararan la guerra a Osiel Cárdenas junto con su cerco protector, Los Zetas.

En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/021/2005, así como las causas penales 82/2001 y 125/2001, se dan a conocer detalles del poder que representan los Beltrán Leyva en el mundo del narcotráfico. Se afirma, por ejemplo, que dirigen operaciones de transportes de droga, lavado de dinero, compra de protección (al estilo de Félix Gallardo y Amado Carrillo) y reclutamiento de sicarios.

Con amplias relaciones en el gobierno y en las policías federales, los Beltrán tienen un radio de acción en una veintena de estados, entre los que destacan Sonora, Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Querétaro, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León y el Estado de México.

Las investigaciones de la PGR señalan que los Beltrán son originarios de Temeaca, municipio de Badiraguato, Sinaloa, y proceden de un clan familiar cuyas actividades de siembra y tráfico de goma de opio se remontan a más de medio siglo.

Marcelo Peña, cuñado de Joaquín Guzmán Loera y quien se convirtió en testigo protegido con la clave Julio, declaró ante la PGR que la antigüedad de los Beltrán Leyva en el negocio de las drogas era tal que Arturo (el mayor de los hermanos) fue quien inició en el narcotráfico a El Chapo, quien tiene poco más de 20 años de historia delictiva.

El testigo reveló un dato nuevo en su declaración del 27 de junio de 2001: “Arturo Beltrán Leyva es primo lejano de El Chapo… Sé que esta persona (Arturo) es muy ostentosa y tiene una casa en Acapulco, porque El Chapo me mandó una vez a visitarlo, citándome en su casa que tiene en el fraccionamiento Las Brisas de Acapulco”.

Entre el cártel de Sinaloa hay otras líneas de parentesco como también afirma el testigo Julio, un hijo de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, está casado con una sobrina de los Beltrán, según declaró a la PGR Albino Quintero Meraz. Este último dijo ser compadre de Arturo Beltrán Leyva, a quien solía ver frecuentemente en Querétaro, uno de sus refugios.

Alianza rota

En julio de 1993 Guzmán Loera fue detenido en Guatemala, traído a México y encarcelado en el penal de Almoloya de Juárez. Pese a ello, su poder no se debilitó: en 1995 fue trasladado al penal federal de Puente Grande, Jalisco, donde siempre estuvo apoyado económicamente por Arturo Beltrán Leyva. Arturo Guzmán, El Pollo –hermano de Joaquín y quien posteriormente fue asesinado en el penal La Palma, presuntamente por órdenes de Osiel Cárdenas– era el contacto con los Beltrán.

De acuerdo con declaraciones del testigo protegido César, a mediados del año 2000 El Chapo necesitaba dinero. Le urgía cubrir la nómina interna del penal de Puente Grande y pagar otros favores, por lo que le pidió a su cuñado Marcelo Peña que localizara a Arturo Beltrán en Acapulco.

Tan pronto como pudo, Peña localizó a El Barbas, quien lo citó en un McDonald’s ubicado en la costera Miguel Alemán de Acapulco, donde los Beltrán ya se habían afincado.

Beltrán Leyva entró al restaurante, saludó al enviado de El Chapo, le entregó un maletín de dinero y se despidió dándole una palmada en el hombro.

Este gesto de Arturo Beltrán muestra qué tan estrecha era su relación con Guzmán Loera, la cual actualmente está rota debido a que los hermanos Beltrán pretendieron independizarse del cártel de Sinaloa, pues querían afincarse en la plaza de Torreón y Gómez Palacio, Durango (en la llamada Comarca Lagunera). Otra versión es que no querían seguir bajo el liderazgo de Guzmán, quien ya no les inspiraba confianza.

Lo cierto es que El Chapo Guzmán, Juan José El Azul Esparragoza Moreno, Ismael Zambada e Ignacio Nacho Coronel –todos miembros del cártel de Sinaloa– declararon la guerra a los hermanos Beltrán desde diciembre de 2007.

Como consecuencia de la ruptura, en enero de 2008 fue detenido Alfredo Beltrán, El Mochomo; meses atrás fue aprehendida Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico. Los Beltrán, por su parte, no se quedaron con los brazos cruzados: el 11 de mayo de este año tomaron parte en un tiroteo desatado en Culiacán, Sinaloa, a raíz del cual fueron asesinados Édgar Guzmán Beltrán, hijo de El Chapo Guzmán, y Arturo Meza Cázares, hijo de Margarita Cázares Salazar, La Emperatriz, presunta operadora financiera de El Mayo Zambada.

Tales hechos, según la SSP y la PGR, son consecuencia de la guerra que libran los hermanos Beltrán con Guzmán Loera.

La guerra entre esas bandas y la creciente ola de violencia asociada obligó al presidente Felipe Calderón a reaccionar. Después de lanzar un “ya basta”, ordenó poner en marcha el Operativo Conjunto Sinaloa. En respuesta, un comando armado, presuntamente del cártel de Sinaloa, atacó la comandancia de la Policía Ministerial en Guamúchil con armas de grueso calibre y dos granadas.

De acuerdo con Eduardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México y experto en temas de seguridad, mientras el presidente Felipe Calderón continúe atacando al narcotráfico por la vía de la fuerza, la respuesta de los cárteles será más agresiva, pues no se ataca el lavado de dinero ni el flujo financiero que alimenta a los cárteles.

Y lo peor que puede ocurrir en esta etapa de agitación, dice el investigador, es que el narco y todas sus células se reposicionen en todo el país, pues gran parte de la República Mexicana está contaminada por una especie de “feudalización” del narcotráfico. El problema es que los grupos sociales beneficiados por el narco protegen sus intereses, en tanto crece el descrédito del gobierno federal por sus yerros, desatinos y complicidades.

Proceso19/05/2008

sábado, 17 de mayo de 2008

La guerra de EU contra los periodistas

Amy Goodman*


Sami al-Haj es hoy un hombre libre luego de haber sido prisionero del ejército de Estados Unidos durante más de seis años. ¿Su crimen? Ejercer el periodismo. En su embestida contra los periodistas, el gobierno de Bush ha encarado acciones tales como ataques directos, intimidación, encarcelamiento y bloqueo informativo, y así limitar la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo. El blanco principal durante estos últimos siete años ha sido Al Jazeera, la emisora árabe de televisión con sede en Doha, Qatar.

En noviembre de 2001, a pesar de que Al Jazeera había proporcionado al ejército de Estados Unidos las coordenadas de sus oficinas en Kabul, bombarderos estadunidenses atacaron su sede destruyéndola. Un reportero de Al Jazeera que cubría la cumbre entre George W. Bush y Vladimir Putin, celebrada en Crawford, Texas, ese mismo mes, fue detenido por la FBI porque su tarjeta de crédito estaba “vinculada con Afganistán”. En la primavera de 2003, Estados Unidos lanzó cuatro bombas sobre el hotel Sheraton de Basora, Irak, lugar en el que los corresponsales de Al Jazeera –los únicos periodistas que informaban desde aquella ciudad– eran los únicos huéspedes. Otro trabajador de la televisora, al pasar por un puesto de control en Bagdad, mostró su identificación a un infante de marina estadunidense, pero sólo consiguió que los marines dispararan contra su vehículo. Él salió ileso. No se puede decir lo mismo de Tareq Ayyoub, corresponsal de Al Jazeera que se hallaba en el techo de las oficinas de la cadena de noticias en Bagdad el 8 de abril de 2003, cuando un avión de combate de Estados Unidos lanzó misiles contra el edificio. Tareq resultó muerto. Su viuda, Dima Tah- boub, me dijo: “El odio engendra odio. Estados Unidos afirmó que estaba haciendo esto para aniquilar el terrorismo. ¿Quién practica el terrorismo ahora?”

Y luego está la historia de Sami al-Haj. Como camarógrafo de Al Jazeera, informaba sobre la invasión estadunidense de Afganistán. El 15 de diciembre de 2001, cuando se encontraba en una ciudad paquistaní cercana a la frontera con Afganistán, Haj fue arrestado y posteriormente enviado a una prisión en Afganistán. Seis meses después, esposado y amordazado, fue trasladado en avión a la prisión estadunidense de la bahía de Guantánamo. Estuvo detenido allí durante casi seis años, fue interrogado repetidas veces pero nunca se lo acusó de crimen alguno y nunca fue juzgado por un tribunal. Realizó una huelga de hambre durante más de un año, pero fue alimentado a la fuerza por sus carceleros con un tubo introducido por la nariz hasta su estómago. Haj fue liberado repentinamente esta semana. El gobierno de Estados Unidos anunció su traslado a Sudán, su país de origen, para ser custodiado allí, pero el gobierno de Sudán no llevó a cabo ninguna acción contra él. Fue llevado inmediatamente a una sala de urgencias, y en poco tiempo fue visto nuevamente en su emisora, Al Jazeera.

“Estoy muy feliz de estar en Sudán, pero a la vez muy triste por la situación de nuestros hermanos que siguen en Guantánamo. Las condiciones allí son muy muy malas, y empeoran día a día. Nuestra condición humana, nuestra dignidad humana fue violada; el gobierno estadunidense fue más allá de todos los valores humanos, de todos los valores morales y de todos los valores religiosos. En Guantánamo hay animales llamados iguanas, ratas que son tratadas con más humanidad. Pero hay gente de más de 50 países que está completamente privada de todos sus derechos y privilegios, y a quienes no les conceden los derechos que otorgan a los animales”. Haj describió la profanación del Corán como parte de los esfuerzos para quebrantar su voluntad: “Demostraban su desprecio al Corán, lo destruyeron varias veces y ponían sus pies sucios sobre él. También se sentaban en el Corán cuando intentaban enfadarnos. Cometieron repetidas violaciones contra nuestra dignidad y nuestros órganos sexuales”. Al menos un funcionario del Departamento de Defensa estadunidense ha negado esas acusaciones.

En enero, Asim al-Haj, hermano de Sami, me habló sobre los 130 interrogatorios en una entrevista: “Durante aquel tiempo, los interrogatorios trataban todos sobre Al Jazeera y su presunta relación con Al Qaeda. Intentaron inducir a mi hermano a que espiara a sus colegas de Al Jazeera”.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), 10 periodistas han permanecido detenidos por el ejército de Estados Unidos largos periodos de tiempo y después han sido liberados sin que se presentaran cargos en su contra. Hace unas semanas, el ejército estadunidense liberó en Irak al fotógrafo de Associated Press (AP) Bilal Hussein, ganador del Premio Pulitzer, luego de haberlo mantenido en prisión durante dos años sin presentar cargos en su contra. El ejército había acusado a Hussein en una ocasión de ser un “agente terrorista que se había infiltrado en AP”.

El comité informa que 127 periodistas y otros 50 trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en Irak desde 2003, mucho más del doble de los periodistas fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. Debemos recordarle al gobierno de Bush: no maten al mensajero.

* Amy Goodman es la presentadora de Democracy Now, noticiero internacional diario emitido en más de 700 emisoras de radio y tv en Estados Unidos y el mundo.

© 2008 Amy Goodman

Traducción: Ángel Domínguez y Democracy Now en español.

lunes, 12 de mayo de 2008

Alimentos: silencioso asesinato en masa en países en desarrollo

Cambiar el sistema agroalimentario, única alternativa para detener el fenómeno

■ El futuro inmediato, de penuria y altos precios
■ Los transgénicos no serán la solución

Luis Hernández Navarro



Comenzó en México como la guerra de la tortilla en enero de 2007. Se siguió a Italia como la huelga del espagueti nueve meses más tarde. Después se convirtió en alud imparable. Las protestas contra el alza en el precio de los alimentos se sucedieron en Haití, Mauritania, Yemen, Filipinas, Egipto, Bangladesh, Indonesia, Marruecos, Guinea, Mozambique, Senegal, Camerún y Burkina Faso.

En el mundo de hoy hay más hambre de la que había. La desesperación y la rabia ante el hecho de no tener un bocado que llevarse a la boca han provocado saqueos y robo de cereales en campos, bodegas y tiendas; también caos, pillaje e incendios. Muchos gobiernos han respondido con detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas. En Pakistán y Tailandia los ejércitos patrullan las calles.

En Haití, las manifestaciones dejaron saldo de varios muertos y decenas de heridos. Para paliar el descontento, el haitiano René Preval anunció un programa de subvención para la producción local de arroz, leche y huevos.

En Marruecos, ciudadanos furiosos han formado los tansikiyate para luchar contra el alza de precios de productos de primera necesidad. El pan subió de golpe 25 por ciento en septiembre de 2007, y se produjeron graves incidentes en la ciudad de Sefrú.

En Egipto, el descontento actual remite a épocas pasadas. El clérigo Sheik Yusef al Bradi, de la Universidad de Al Azar, recordó las similitudes con la famosa “revuelta del pan” en 1977, cuando el gobierno intentó recortar las subvenciones a los alimentos y se produjeron grandes disturbios. Por lo menos tres personas murieron en el delta del Nilo.

En febrero de 2008 se suscitaron graves conflictos en Camerún. La policía reprimió salvajemente a los inconformes. El presidente Paul Biya, quien gobierna desde 1982, reconoció 40 muertos; los inconformes afirman que fueron más de 100.

Se trata de un hecho global. Usualmente la escasez generalizada de alimentos se ha producido en países y regiones localizadas, ante desastres naturales, plagas o guerras. Pero ahora sucede de manera simultánea en multitud de naciones y varios continentes.

El aumento –por ejemplo– a los precios del trigo tiene impacto real, pero limitado, para los consumidores europeos. En el viejo continente el pan supone apenas 1.8 por ciento del costo de la canasta básica. Pero en países con poblaciones pobres, como India, China y Egipto, que han hecho grandes esfuerzos por combatir la desnutrición, ha tenido efectos severos.

La situación es dramática. Cada cinco segundos se produce en el mundo una muerte de un menor de 10 años por hambre, y la situación va a agravarse. Hay cerca de 850 millones de seres humanos que no tienen que comer. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas estima que, a partir de la actual crisis, hay 100 millones de personas hambrientas más. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), en 37 países se ha desatado una crisis alimentaria. En 2008, los naciones más pobres pagarán 65 por ciento más por sus importaciones de cereales; en algunos países africanos el incremento será de 74 por ciento.

Jean Ziegler, relator especial de la ONU sobre el derecho a los alimentos, sostiene que es como si detrás de cada víctima por la hambruna hubiese un asesinato. “Esto es un asesinato en masa silencioso.”

La ley de San Garabato (vender caro, comprar barato)

La producción de alimentos se ha modificado notablemente en el último año y medio. Las piezas del sistema agroalimentario mundial se han trastocado. Hasta ahora la agricultura se había caracterizado por una caída sostenida en los precios reales, acompañada por incrementos temporales en los precios de algunos productos, cultivos excedentes, agresivas políticas de apoyo a los precios y protección comercial. Esta disminución en los precios ocurrió a pesar del aumento en los costos de fertilizantes y energéticos.

Esa tendencia cambió ya radicalmente. El nivel de reservas de granos y oleaginosas, de acuerdo con los estándares históricos, se ha reducido dramáticamente. Sus precios se han incrementado hasta llegar a las nubes.

Hoy, el arroz cuesta en Asia tres veces más de lo que valía hace apenas tres meses. En la bolsa de Chicago el precio de un bushel (25.401 kilogramos) de maíz alcanzó 6.37 dólares, precio nunca antes visto. El trigo elevó su valor 130 por ciento en un año.

Esta escalada inflacionaria abarca muchos otros productos agropecuarios. En México el litro de aceite subió de 6.73 pesos en enero de 2006 a 36.50 en abril de 2008, mientras el pan de caja pasó de 13.21 pesos en enero de 2006 a 24 en abril de este año. En casi todo el mundo han aumentado lácteos, carnes, huevo, vegetales y frutas.

Irónicamente, durante 2007 la producción mundial de granos aumentó 4 por ciento en relación con 2006. La cosecha fue de 2 mil 300 millones de toneladas. Esto es un volumen tres veces mayor al obtenido en 1961. Sin embargo, durante ese mismo lapso la población humana se duplicó.

El problema del hambre en el mundo no es, entonces, falta de comida, sino que millones de seres humanos no pueden comprarla. En contra de lo que señalan las leyes del mercado, que dicen que si la producción aumenta los precios bajan, el costo de los alimentos ha subido.

Parte de la adversidad proviene de la creciente concentración monopólica de la industria agroalimentaria mundial. El hambre de muchos es la bonanza de pocos. En momentos de adversidad como la actual, un puñado de empresas han visto crecer sus ganancias de manera desorbitada.

Es el caso de las compañías dedicadas a la fabricación de fertilizantes. Durante 2007, Potato Corp incrementó sus beneficios 72 por ciento respecto de 2006. Yara tuvo 44 por ciento más utilidades. Las ganancias de Sinochem crecieron 95 por ciento, y las de Mosaic 141 por ciento.

También las grandes comercializadoras de granos. Durante los tres primeros meses de 2008, Cargill obtuvo beneficios 86 por ciento mayores que durante el mismo periodo del año anterior. En 2007, ADM tuvo ganacias 67 por ciento superiores a las de 2006; Conagra, 30 por ciento; Bunge, 49 por ciento, y Noble Group, 92 por ciento.

Igual suerte tienen las multinacionales procesadoras de alimentos, como Nestlé y Unilever, y las firmas dedicadas a producir semillas y agroquímicos, como Dupont, Monsanto y Sygenta. (Véase, “El negocio de matar de hambre”, Grain, abril de 2008).

Los granos de la mazorca

¿Por qué, entonces, si el volumen de la cosecha de granos en 2007 logró récord mundial, los precios de los alimentos se han elevado?

Básicamente, por la confluencia de cinco factores en el marco de la crisis general de un modelo de producción agropecuario. Éstos son: utilización de granos básicos para elaborar agrocombustibles; incremento en el precio de los insumos; efectos del calentamiento global en la agricultura; cambios en el patrón de consumo alimentario, y la especulación en la bolsa de valores. Todo ellos como parte de la crisis del modelo de la agricultura industrial en grandes predios, altamente dependiente del petróleo, basada en la lógica de las ventajas comparativas y el libre comercio, dominante hoy día.

En sincronía con el aumento del precio del petróleo en el mundo, se ha intensificado la elaboración de agrocombustibles. Más que por el impulso del mercado, su fabricación ha crecido por el apoyo de cuantiosos subsidios y políticas públicas destinadas a su fomento. La Unión Europea acordó como obligación para 2010 que 5.75 por ciento del transporte se base en bioetanol y biodiesel. En Estados Unidos, la legislación prevé que en 2012 se usarán 27 mil millones de litros de agrocombustibles. George W. Bush propuso como meta elaborar 133 millones de litros en 2017. Para ello se ha establecido un ambicioso programa de incentivos económicos a los productores.

El crecimiento de la demanda mundial de agrocombustibles ha reducido la producción de granos, reconvertido los cultivos en amplias superficies agrícolas y disparado los precios. La población mundial consume directamente menos de la mitad de los granos que se cosechan. El resto sirve para alimentar vacas y vehículos motorizados.

El incremento en el precio del petróleo ha subido los costos de producción agrícola. El modelo preponderante es adicto al oro negro. No puede sembrar sin él. Los fertilizantes y parte de los agroquímicos utilizados en las cosechas son hechos con petróleo. La maquinaria y los vehículos para sembrar, cosechar, procesar, almacenar y transportar necesitan combustibles y aceites provenientes de refinados del petróleo. Parte de la energía eléctrica requerida para extraer agua y regar los sembradíos se genera con derivados del petróleo. Los plásticos que cubren invernaderos y las mangueras para regar los campos son fabricados con materias primas provenientes del petróleo. Los materiales para envasar y el trasporte hacia los mercados requieren derivados del petróleo. Y todos ellos cuestan más ahora. Plásticos como el polipropileno valen hasta 70 por ciento más que en 2003.

El modelo agrícola industrial preponderante es parcialmente causante del cambio climático. Ahora, esa transformación ha dislocado la agricultura mundial. La tradicional incertidumbre del sector es mucho mayor. El uso excesivo de fertilizantes, la degradación de suelos, la reconversión de terrenos antes forestales y la ganadería han convertido la agricultura en uno de los mayores productores de gases de efecto invernadero. Según el informe Stern, la suma de producción agrícola, cambio de uso del suelo, producción y comercialización de insumos y fabricación de equipos e implementos agropecuarios, son responsables de 41 por ciento del total de gas carbónico que se emite en el mundo.

El clima ha enloquecido y arrastrado la vida rural. La sequía en Australia devastó las siembras de trigo, y las exportaciones cayeron más de 20 por ciento. Canadá, segundo productor mundial después de Estados Unidos, va a tener la producción más pequeña en cinco años. En Kansas se sufrieron nevadas. En China, el calentamiento global acortará el periodo de crecimiento de los cereales y las semillas no tendrán tiempo de madurar. Además, las recientes inundaciones destruyeron 5.5 millones de hectáreas de trigo y colza. Sequías y lluvias amenazan con derrumbar las cosechas por doquier.

El crecimiento económico en países como India y China ha modificado la pauta de consumo alimentario de millones de personas. Hoy comen más, mejor y otro tipo de productos. Por ejemplo, el consumo de carne de vacuno ha aumentado. Pero para producir un kilo de carne de res en pie se necesitan ocho kilos de cereales. Un kilo de carne comestible requiere el doble de cereales. Así, detrás de los millones de hamburguesas que se consumen en el mundo hay más y más sembradíos de granos y oleaginosas para engordar vacas.

El mercado agrícola ha entrado en la órbita financiera. La comida forma parte del casino de la especulación financiera. Ante la crisis de las hipotecas, la debilidad del dólar y la recesión en Estados Unidos, los fondos de inversión se han trasladado al lucrativo negocio del hambre. La comida se ha convertido –mucho más de lo que ya era– en bien para especular. Durante 2007, dichos fondos invirtieron 175 mil millones de dólares en el mercado de futuros (contratos que obligan a comprar o vender una mercancía a un precio y un plazo determinados). Actualmente dominan 40 por ciento de los contratos en la bolsa de valores de Chicago, proporción sin precedente. La compra de soya en ese terreno pasó de 10 millones de toneladas en marzo de 2007 a 21 millones el mismo mes de este año.

Un modelo en crisis

La producción de alimentos es un arma clave y poderosa que Estados Unidos ha aceitado desde hace décadas. Guerra, alimentos y derechos de propiedad intelectual están estrechamente vinculados con la estrategia económica de la Casa Blanca desde los años 70. Desarrollo de la industria militar, producción masiva de granos y patentes han sido pilares de la hegemonía estadunidense en la economía mundial.

La comida es un instrumento de presión imperial. John Block, secretario de Agricultura entre 1981 y 1985, afirmó: “El esfuerzo de algunos países en vías de desarrollo por volverse autosuficientes en la producción de alimentos debe ser un recuerdo de épocas pasadas. Éstos podrían ahorrar dinero importando alimentos de Estados Unidos”.

Los productos agrícolas made in USA son una de las principales mercancías de exportación de ese país. Con su mercado interno saturado está empujando, agresivamente, para abrir las fronteras a sus alimentos. Una de cada tres hectáreas se destina a cultivar productos agropecuarios para exportación. Una cuarta parte del comercio rural la realiza con otros países. Si hasta antes de 1973 los ingresos por las ventas de este sector al exterior fluctuaban alrededor de 10 mil millones de dólares cada año, a partir de entonces aumentan en un promedio anual de 60 mil millones. El éxito se basó, en mucho, en la combinación de apoyos gubernamentales a la producción y al producto, para derrumbar los precios por debajo de los costos de producción, así como en abundantes subsidios a la exportación.

El presidente George W. Bush lo ratificó al firmar la Ley de Seguridad para las Granjas e Inversión Rural de 2002. “Los estadunidenses –dijo– no pueden comer todo lo que los agricultores y rancheros del país producen. Por ello tiene sentido exportar más alimentos. Hoy, 25 por ciento de los ingresos agrícolas estadunidenses provienen de exportaciones, lo cual significa que el acceso a los mercados exteriores es crucial para la sobrevivencia de nuestros agricultores y rancheros. Permítanme ponerlo tan sencillo como puedo: nosotros queremos vender nuestro ganado, maíz y frijoles a la gente en el mundo que necesita comer.”

Sistemáticamente, los organismos financieros multilaterales han promovido la destrucción de la producción agrícola local y la importación de alimentos de las naciones más pobres. El 70 por ciento de los países en desarrollo son ahora importadores netos de alimentos. Sus habitantes viven el asesinato silencioso en masa de esta guerra no declarada.

Aunque los springbreakers del libre comercio, como Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, insisten en que para superar la crisis hay que hacer más de lo mismo, esto es, liberalizar los mercados, desregular la economía, desarrollar nueva tecnología y dar ayuda alimentaria, el modelo de agricultura industrial y ventajas comparativas comienza a cuartearse. Los estados se han decidido a intervenir en la economía.

Según Economist Intelligence Unit (La Jornada, 29/4/08), “de 58 países cuyas reacciones son seguidas por el Banco Mundial, 48 han impuesto controles, subsidios al consumidor, restricciones a la exportación o aranceles inferiores”. Malawi ha desafiado con éxito el Consenso de Washington y se ha convertido en exportador de granos.

A finales de febrero el presidente Evo Morales aprobó un decreto que prohíbe temporalmente la exportación de varios alimentos, como carne de res y arroz, debido a la escasez en el mercado. La medida también afecta al trigo, el maíz, el azúcar y los aceites comestibles, que Bolivia exportaba a naciones vecinas, cuya carestía en el mercado local disparó los precios. Según el mandatario boliviano, “en la vivencia familiar, cuando sobran nuestros productos, tenemos todo el derecho a vender y exportar; si faltan, estamos en la obligación de garantizar la alimentación familiar”.

Quince países latinoamericanos acordaron en la Cumbre sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria declarar la emergencia. Nicolás Maduro, canciller venezolano, propuso crear un “fondo agrícola-petrolero” y un banco latinoamericano de productos agropecuarios. Los gobiernos centroamericanos están desembolsando dinero en efectivo, dando fertilizantes y semillas mejoradas, comprando granos a los campesinos para evitar que los altos precios terminen hundiendo en la miseria a millones de personas.

India ha prohibido que arroz, trigo, garbanzos, papas, caucho y aceite de soya coticen en el mercado de futuros. Rusia ha congelado precios de leche, huevos, aceite y pan. El gobierno chileno entregará un bono equivalente a unos 45.5 dólares a un millón 400 mil familias pobres. Indonesia ha triplicado sus subsidios a los alimentos.

La superficie agrícola llegó, en lo esencial, a su límite. El modelo de revolución verde de los 60 ha alcanzado un tope. Entre los 70 y 90, los rendimientos agrícolas crecieron a un ritmo de 2.2 por ciento al año. Sin embargo, ahora aumentan a una tasa de uno por ciento anual. No hay tierra agrícola suficiente para producir simultáneamente granos para la alimentación humana y para “dar de comer” a los automóviles. Es falso que transgénicos vayan a resolver esa crisis; por el contrario, la agravarán.

Para los pobres del mundo, las noticias no son buenas. El futuro inmediato será de penuria alimentaria y altos precios. No hay perspectiva de comida barata.

El asesinato silencioso en masa que viven hoy las naciones no desarrolladas y sus pueblos debe ser detenido. Ello sólo será posible cambiando drásticamente el actual sistema agroalimentario. La solución al problema está en manos de 450 millones de campesinos minifundistas, a los que, por todos los medios, se ha tratado de expulsar de sus parcelas. Tres cuartas partes de los pobres del mundo sobreviven de la agricultura, y 95 por ciento de los campesinos habitan en países pobres. Es a ellos a quienes debe apoyarse.

También deben impulsarse políticas públicas que defiendan la soberanía alimentaria de las naciones. Cuando sea necesario, los gobiernos deben tener el derecho a cerrar sus fronteras para defender su producción interna, a apoyar a sus productores con los estímulos que consideren convenientes. Hoy, más que nunca, la agricultura debe estar fuera de la Organización Mundial del Comercio.

Como lo saben quienes han vivido guerras, la mayor debilidad de una nación es depender de otras para alimentar a sus ciudadanos. La comida más cara es la que no se tiene.

La era del hambre

Leonardo Boix

El Chatham House, un think tank británico al que recurren con frecuencia los hombres del poder, presentó recientemente un informe sobre el futuro alimentario que enfrentará el planeta. Su diagnóstico es pesimista: si no se frenan los precios de los alimentos, si no se discuten los temas de oferta y demanda, el porvenir será catastrófico...

LONDRES.- En los últimos tres años, los precios globales de los alimentos crecieron hasta en 83%, según reportes del Banco Mundial.

El organismo advierte: si esta tendencia continúa las consecuencias serán catastróficas para el planeta. Y explica que en los próximos años habrá hambrunas que golpearán a los pueblos más vulnerables.

A pesar de que los altos precios de estos productos no son inusuales en los mercados agrícolas, sí es alarmante que los incrementos se extiendan a los principales alimentos y materias primas, sostiene el organismo.

En septiembre de 2005, la Cumbre Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió “resolver el impacto de precios de materias primas volátil, así como apoyar los esfuerzos de países dependientes de dichas materias primas para reestructurar, diversificar y reforzar la competencia de esos sectores”.

Tres años más tarde, los precios del maíz, el arroz, la soja y el trigo alcanzaron su mayor nivel, lo mismo que el petróleo y el oro, cuya cotización es la más elevada en la historia contemporánea.
El Chatham House de Londres, el prestigioso think tank inglés en materia de estrategias políticas y de desarrollo que consultan con frecuencia los gobiernos de todo el mundo, publicó recientemente un informe en el que hace una evaluación de la crisis que se avecina.

Este documento –difundido el pasado 30 de abril bajo el título Aumento de precios de alimentos. Responsables e implicaciones para el desarrollo y firmado por Alex Evans, especialista del Centro de Cooperación Internacional de la New York University, donde preside el Programa sobre Cambio Climático y Bienes Públicos Globales– propone un debate profundo para lograr un desarrollo a nivel internacional y se pronuncia por cambios estructurales.

“Aunque a corto plazo la presión recaerá en la demanda, es imprescindible tener en cuenta factores ‘de escasez’ a largo plazo que afectarán la situación, como el cambio climático, la escasez de fuentes hídricas, la seguridad energética y la presión a la tierra”, detalla Evans.

De acuerdo al texto, la demanda es el principal factor que dispara los precios de los alimentos. Históricamente, el crecimiento de la demanda para los alimentos era de 1.5% anual; en el último año ese índice aumentó a 2%.

Otro elemento que destaca Evans es el rápido crecimiento económico, en particular el de las economías emergentes como las de China e India; así mismo, explica que ese crecimiento correspondería a 50% del factor que ha impulsado el aumento en los precios de los alimentos.

Subraya también que los mayores ingresos en las familias de clase media en la mayoría de los países conllevan una modificación de los patrones de consumo de alimentos, como las dietas basadas en carnes y lácteos.

Por lo que atañe al papel de los biocombustibles como fuente de demanda para los granos, el informe del Chatham House sostiene que “éstos han sido un elemento significativo” en la tendencia alcista de precios alimenticios. Estados Unidos, por ejemplo, ya destina alrededor de 7 mil millones de dólares anuales para apoyar los combustibles con etanol. Este tipo de combustible consume 20% de los granos de maíz de ese país, promedio que, se estima, aumentará a 32% para 2016, asienta el informe.

En Europa, la situación es igual de preocupante. La Unión Europea (UE) propone que para 2020 el 10% del transporte utilice biodiesel, un biocombustible sintético líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales.

Las proyecciones del grupo de inversión Goldman Sachs, con sede en Nueva York, son todavía más dramáticas: la demanda de alimentos crecerá hasta 2.6% en una década. En ese sentido, el Banco Mundial informó el pasado 27 de marzo que la producción de alimentos deberá crecer otro 50% para 2030 (y 85% para la carne) para satisfacer la creciente demanda.

En ese sentido, el lunes 5 la ONU solicitó a Estados Unidos y a la UE reducir la producción de biocombustibles para no empeorar la crisis alimentaria mundial.

“Era comprensible en momentos en que los precios de los alimentos eran muchos más bajos y las reservas más grandes, pero no tiene sentido ahora que existe una escasez global de alimentos”, explicó Jeffrey Sachs, el economista estadunidense que asesora al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, después de discutir el tema en el Parlamento Europeo.

Escenarios críticos

Evans también considera en su investigación la oferta de alimentos. A corto plazo, dice, ésta responderá lentamente al incremento de la demanda. Y con respecto a la reducción de las exportaciones de países productores de alimentos como India, Argentina o Kazajstán, sostiene que este aspecto se vuelve problemático cuando los países importadores adquieren grandes volúmenes de alimentos para incrementar sus reservas en caso de escasez.

Otro elemento que destaca el think tank británico es la volatilidad de los precios actuales atribuidos a inversores especuladores que buscan garantías en los mercados de materias primas debido a un dólar débil y como consecuencia de las caídas de los mercados de bonos y de capitales accionarios (equity).

A corto plazo, afirma Evans, los problemas de precios de alimentos se resolverán gracias a que en el hemisferio norte se registró una buena cosecha de granos; pero a largo plazo, la escasez “se hará sentir de forma significativa”.

Y plantea un escenario pesimista: Un aumento prolongado de los precios del petróleo, sumado a sequías masivas provocadas por la falta de agua, el cambio climático y por problemas con las reservas energéticas “harán que en un futuro no muy lejano los países en desarrollo sufran una crisis sin precedentes por los precios de alimentos”.

Para el autor de Aumento de precios de alimentos. Responsables e implicaciones para el desarrollo, de todos los flagelos, el de la escasez de agua será “el de mayor preocupación”, ya que la demanda global del líquido se triplicó en los últimos 50 años.

En la actualidad, destaca, alrededor de 500 millones de personas viven en países con escasez crónica de agua. Y agrega que probablemente esta cifra aumente a 4 mil millones para 2050.

Según el informe, otro factor relevante en la ecuación de precios alimenticios es el fin de reservas acuíferas subterráneas sobreexplotadas en las últimas tres décadas por países como Estados Unidos, Egipto, Pakistán, India y China. Pero el “factor clave” será sin duda la disponibilidad de la tierra.

Ante un aumento desmesurado de la demanda de alimentos, arguye Evans, “se deberán cultivar nuevas tierras; en la actualidad las mejores superficies son cultivadas en forma extensiva, lo que resulta funesto para el medio ambiente del planeta”.

La Chatham House advierte también que el cambio climático incidirá de manera notable en el precio de los alimentos. Menciona, entre otros aspectos, el descongelamiento de glaciares y las sequías de extensas tierras arables, especialmente en China e India, donde miles de hectáreas dejaron de ser cultivables.

Si las temperaturas aumentan entre 1 y 3 grados centígrados, como pronosticó el 17 de noviembre pasado el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), “las implicaciones serán dramáticas en los precios de alimentos”, afirma el organismo británico.

Así mismo, afirma que el cambio climático incrementará el número de personas en peligro de morir por hambruna, y aumentará de 40 a 170 millones el número de desnutridos en el mundo.

Qué hacer

En su informe State of World Aquaculture de diciembre de 2006, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (Food and Agriculture Organization, FAO), dependiente de la ONU, sostiene que hay otro 12% de tierras disponibles que no han sido deforestadas o sujetas a la erosión o desmineralización. Del total de las tierras que pueden ser cultivadas, 16% están degradadas.

El organismo agrega que en 36 países la seguridad alimenticia es crítica; necesitarán de algún tipo de ayuda externa para que su población no padezca hambrunas y muertes masivas. De éstos, 21 se encuentran ubicados en África, aunque no todos están afectados de la misma forma, afirma el organismo.

El informe de Chatham House cita que mediante el Programa Mundial de Alimentación (PMA), la ONU proporciona ayuda a 73 millones de personas en 78 países. Su presupuesto para este año es de 2 mil 900 millones de dólares, que resulta insuficiente debido al aumento en los precios de alimentos. Si continúa esta tendencia, el programa precisará 500 millones de dólares para hacer frente al problema de desnutrición en países en desarrollo, menciona el documento elaborado por Evans.

El autor explica que frente al incremento en los precios de los alimentos, los países de la UE, así como China, Egipto, México, Perú y Rusia han optado por reducir o eliminar las tarifas de importación.

“Sin embargo, parte de esas reducciones se han visto afectadas o se han perdido por la imposición de tarifas de exportación adicionales o cuotas de otros países, algunos de estos productores de gran envergadura, como es el caso de Argentina (donde) las medidas para reducir los precios domésticos provocaron ya malestares sociales. Algo similar ocurrió en México, China, India, Kazajstán, Ucrania y Vietnam”, sostiene el informe.

Para el think tank, la cuestión crucial es “cómo incrementará el mundo la oferta de alimentos para satisfacer la enorme demanda”.

Y expone: “La comunidad internacional debe trabajar de lleno y rápidamente para determinar de dónde vendrá este incremento de demanda, tanto en términos geográficos como de nuevas técnicas agrícolas y de tecnologías.

“La comunidad internacional debe ayudar a los países más pobres para que éstos se beneficien de los altos precios de alimentos. En ese sentido, naciones como Canadá, Rusia, Ucrania, Brasil y Argentina, que son importantes exportadores de alimentos, deberían integrar a largo plazo a países de África donde en la actualidad la producción alimenticia sigue siendo mucho más baja que en otras regiones por falta de inversión, infraestructura, sistemas de transporte y tecnología.”

Lo anterior podrá lograrse mediante políticas de inversión y cooperación entre naciones cuyas desigualdades se están reduciendo por primera vez en las últimas décadas, precisa. Y asegura que entre 2003 y 2007 el Producto Interno Bruto (PIB) de los países del hemisferio sur creció más rápido que en los países en desarrollo, lo que es gratificante para América Latina y África.

En 1980, el PIB de países desarrollados era 23 veces mayor que en los países en desarrollo; para 2007 ese producto bajó a 18. “Este es un momento de enormes cambios para las políticas globales de alimentos, tanto en países en desarrollo como en los desarrollados. ¿Qué deberían lograr estas políticas? Antes que nada claridad en la naturaleza de las opciones que enfrenta la población mundial”, destaca Chatham House en su informe.

Más: “Hay beneficios importantes en los objetivos para las políticas de alimentos, entre éstos la competitividad para consumidores, la seguridad en la oferta, la conservación medioambiental y medidas para garantizar los cultivos locales. Es vital que los seguidores de las políticas desarrollistas se sumen a este debate y ayuden a delinear los objetivos para un sistema alimenticio viable para el siglo XXI que incluya a todos por igual.”

Sin embargo, advierte Evans: si las preguntas más difíciles sobre los objetivos generales para resolver la crisis de precios alimenticios son escondidas bajo la alfombra o no se responden de manera adecuada, “los más pobres del mundo serán mal representados en el debate”, incluso marginados.

Enemigo de lo que él llama “falsos debates”, exhorta a los grupos desarrollistas a buscar nuevas alianzas y mecanismos para el intercambio entre naciones: “En ese sentido –dice–, habrá que comenzar a utilizar el término de ‘democracia alimentaria’, en lugar de ‘seguridad alimentaria’. Un aspecto clave a la hora de pensar entre todos una salida a este problema que afectará a los (países) más débiles.”

Proceso12/05/2008

lunes, 5 de mayo de 2008

Tiovivo. Ismael Hernández Deras, perpetuo poder de mega incompetencias

“…el proceso de enloquecer es aburrido por la sencilla razón de que nadie es consciente de que sucede… Si alguien pudiese ser consciente de su locura, dejaría de estar loco… Pero cuando vemos una excentricidad encajada con mansedumbre, el estado ha enloquecido”.
G.K.Chesterton
El funcionario loco

Juan Monrreal López
Mayo 5 del 2008

Cuando Ismael Hernández Deras arrebató la candidatura a Carlos Herrera el 14 de diciembre de 2003 en la Convención príista, - por cierto, donde arrancó votos de último momento a un costo de millones de pesos que lo hicieron candidato oficial -, la rancia clase política duranguense lo festinó, “por haber derrotado a un personaje con gruesas ligas con el narcotráfico, - se referían al jefe del grupo Carlos Herrera-”, decían y siguen sosteniéndolo, quienes se encuentran chupando la ubre presupuestal bajo la sombra del actual ejecutivo.

Después, los empresarios de la ciudad de Durango, gozosos, se congratularon de tener a uno de los suyos como aspirante, pues como se sabe, más del 60 por ciento del comercio de esa ciudad depende del presupuesto estatal.

Ni qué decir de los medios de comunicación de la capital del estado. Animados, todos se aprestaron, - como hasta ahora- , a hincarle el diente a las jugosas partidas presupuestales de propaganda para “hermosear” en su páginas, en sus comentarios electrónicos, ó, en las imágenes de la televisión, el Frankestein de pedazos en que Hernández Deras ha convertido la entidad después de tres largos años de corrupción, incompetencias político-administrativas, así como de ausencia de estrategias económicas plausibles.

Dirigida por un limitadísimo jefe de Comunicación Social, Amaury Alvarado, quien mantiene como manejo de difusión repartir sobres de papel manila a los reporteros a la vez que negocia gruesas sumas de dinero, con pasquines, libelos, periódicos a modo, “para que no me tires”, y endulcen el oído del mandarín duranguense; Amaury es finalmente el jefe de propaganda que el trabajo de Ismael merece; mucho pregón, cero crecimiento económico; exagerada corrupción.

Después de tres años en la cabeza gubernamental, Ismael Hernández, ya demostró que ser joven no es sinónimo de energía, de claridad gubernamental, tampoco de honradez.

Indolente hasta lo que más, - escuchen atentamente las respuestas que ofrece en las ruedas de prensa banqueteras; ñoñas hasta el bostezo, inconexas, dislálicas -, pronto, antes de ganar la gubernatura, negoció con el ex gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier, la enorme deuda ilegal de más de tres mil millones de pesos, que mantiene al estado sumido en la postración presupuestal.

El enorme pasivo contratado preponderantemente para gasto corriente, está prohibido por las Leyes de la administración pública. A Ismael Hernández, no le importó.

Lo primordial era mantener la llamada gobernabilidad, que en boca de Hernández Deras, formado en la pudrición del priísmo, es cadena de complicidades.

Las secuelas de proteger al ex gobernador saltan. Sin embargo, si se escarba, el asunto es peor.
Por falta del dinero que engulle el pago de los intereses de la deuda, - ya dijimos ilegal por todos los costados -; la existencia cotidiana de los duranguenses se ve lacerada.

Los pobres de la entidad mantienen derogadas cualquier expectativa de mejoramiento en sus condiciones de vida por la vía de la obra pública o programas sociales, dado el génesis del inmenso pasivo gubernamental. Además, los pocos recursos económicos que se encuentran etiquetados para infraestructura, se hallan focalizados hacia aquellos trabajos que dejan el famosísimo 10 por ciento, no hacia la obra pública que genera progreso, de acciones que combatan los altos índices de marginación que perviven en Durango.

Las famosas construcciones que ha trazado Ismael no necesariamente forjan desarrollo.

Muchas de las obras son elefantes blancos que se levantaron para generar ganancias a las constructoras de los priístas; también a los empresarios que patrocinaron su campaña. Véanse las acciones ejecutadas y se descubrirán trabajos malos, caros e inútiles. Peor; desangran profusamente el presupuesto, pues finalmente necesitan mantenimiento. Y eso, trae consecuencias inmediatas. Por ejemplo, cortar presupuesto de educación, salud, mejoramiento del entorno de la población, incluida la vivienda.

Tan grande es la inoperancia de Hernández Deras, que a casi 4 años de administración mantiene profundas perturbaciones para poder cuajar un equipo de gobierno.

Si se realiza una revisión hemerográfica, el lector encontrará que ninguna administración reciente ha hecho tantos cambalaches en las secretarías ó en las subsecretarías estatales y regionales. Las efectos son palmarios; parálisis administrativa, enconos entre los grupos priístas, el cochupo como forma de gobernar, y por supuesto, gestión social estratégica cero.

¿No es acaso el crecimiento más bajo del país forjado por Durango durante 2007, consecuencia del desorden mental Hernández Deras?

¡Claro que lo es! Ismael es el primer responsable del desarrollo o decrecimiento económico de Durango. Y aquí no existen razones para argumentar, – como ya lo dijo el Secretario de desarrollo económico -, que es la globalidad o la mala fe de instituciones como BANAMEX o BANCOMER, las que arrojaron los resultados. Las variables económicas, indicadores económicos y sociales usados para evaluar al resto de las entidades de la República, son los mismos. Finalmente, la adorable iniciativa privada que tanto alaba el séquito gubernamental fue la que evaluó.

Lo que se encontró aquí, es incompetencia y falta de honestidad de un gobernante que no destina los pocos fondos de casi 13 mil millones de pesos del presupuesto estatal a las verdaderas sendas del progreso.

Lo más grave es que aún le quedan casi tres años al frente de la administración, y no se ven cambios de actitud; peor, las elecciones federales del 2009 son ahora su primera preocupación.

Por eso Ismael no encuentra el camino. ¿Dejar a alguno de los suyos para qué como los gatos entierre los desfalcos de la Cuenta pública? ¿Entregar el gobierno al PAN y algunas alcaldías al PANAL, partido que pertenece a su mentora política Elba Esther Gordillo? No se olviden las conversaciones de Ismael con el ex presidente del PAN, Manuel Espino, en las que Hernández Deras asume que aportó dinero a la campaña de Felipe Calderón, igual que a la propaganda sucia en contra de López Obrador. Tampoco se debe borrar de la memoria, la súper bolsa que Elba Esther reunió para que el llamado “hijo de Elba Esther”, iniciara la campaña hacia la gubernatura. Esos elementos siguen presentes.

Son casi cuatro años de Hernández Deras al frente del gobierno; una administración que conforme pasa el tiempo, se caracteriza por su desmedido pudrimiento. La cerrazón. La impunidad. Por ello, la clase política desplazada de la administración, a manera de desquite y al igual que el murmullo popular, le han etiquetado con el apelativo del mega: el mega desempleo, - cero empleos en tres años -; el mega fraudes – por el fraudulento uso de las 99 mil toneladas de cemento de Mariana Trinitaria-; el mega pedazos - por la ejecución de las obras en cachitos, como la Universidad Politécnica-; el mega encubridor – por proteger a Guerrero Mier- ; el mega mendaz – por presumir que se sumaría al gabinete de Felipe Calderón -; el mega re estructurador , - por los cambalaches sin ton ni son en su gabinete –; y, por último, el mega corrector , - por querer destituir a varios alcaldes, pero principalmente al de Ciudad Lerdo, Carlos Aguilera - .

¡Y todavía le faltan casi dos años y medio en el Palacio de Zambrano!

A ver que deja del estado.