Derechos humanos: puro discurso

Amerigo Incalcaterra

El 23 de mayo último, el italiano Amerigo Incalcaterra, quien fungió como representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abandonó el país en medio de versiones en el sentido de que el gobierno de Felipe Calderón presionó para que se marchara. Desde su llegada a México en octubre de 2005, Incalcaterra fue crítico del gobierno federal por sus omisiones y fallas en materia de derechos humanos. A continuación presentamos un texto suyo, entregado en exclusiva a Proceso, en el que expone un duro diagnóstico sobre el caso mexicano.

Hasta el día de hoy el Estado mexicano ha recorrido un camino muy importante en el reconocimiento de los derechos humanos. Entre otras cosas, ha logrado que tomen un lugar relevante en el discurso y en el espacio público, al grado de que al día de hoy forman parte de lo políticamente correcto.

Sin embargo, si se mira con cierto detenimiento la realidad, resulta que por debajo del discurso de los derechos humanos subyacen realidades sumamente injustas, como la sistemática violación a los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública e, incluso, situaciones que se vieron reflejadas en casos como Atenco, Oaxaca o Pasta de Conchos, por citar tan sólo algunos.

La encrucijada consiste, por lo tanto, en saber si el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto están dispuestos a asumir el reto de implementar los estándares internacionales de derechos humanos y convertirlos en realidades tangibles en la vida diaria que viven millones de personas en México, o bien, dejar que se queden tan sólo plasmados en el discurso y en las normas jurídicas, pero sin que se realicen los esfuerzos necesarios para que se conviertan en detonadores capaces de transformar, por las vías institucionales, las realidades injustas que afectan la vida de las personas y las estructuras que marginan y excluyen a sectores importantes de la población.

De no asumir adecuadamente el reto de la implementación, se corre el riesgo de caer sin remedio en el camino del discurso vacío en el que se asumen compromisos y se hacen grandes declaraciones de buenas intenciones, pero en el que se carece de mecanismos eficaces para exigir el cumplimiento de los derechos. Paradójicamente, el discurso de los derechos, lejos de promover transformaciones estructurales más justas y equitativas, terminaría por reforzar el status quo.

Ante todo, habría que evitar que la brecha que separa el discurso de los derechos de la realidad de su ejercicio se ensanche de tal manera que se pierda toda conexión entre uno y otra. El análisis sobre la situación de los derechos quedaría fracturado en dos posiciones, en las que, por un lado, estaría un discurso autocomplaciente y hermético ante cualquier reclamo y, por otro, una realidad que clama justicia pero que no encuentra los espacios adecuados para hacerse escuchar y para desahogar sus reivindicaciones. Ello podría generar que grupos marginados, al no encontrar las vías jurídicas y políticas adecuadas para hacer valer sus demandas, se movilicen y provoquen una mayor tensión social. La situación se puede agravar aún más si esta tensión es aprovechada por grupos ilegales que buscan desestabilizar al país y minar las instituciones del Estado.

Hay que partir del hecho de que, en las últimas dos décadas, México ha tenido avances sumamente importantes en materia de derechos humanos. Sin embargo, también es necesario reconocer que, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, la mayoría de los avances se han dado en el plano normativo e institucional, sin que esto signifique necesariamente que tales avances se traduzcan en logros concretos de manera que las personas puedan gozar y ejercer sus derechos humanos.

Así, pues, la cuestión central de la implementación se subdivide en dos retos específicos: primero, en cómo lograr que los compromisos asumidos en la esfera internacional sirvan de palanca transformadora del andamiaje jurídico protector de derechos humanos a nivel nacional; segundo –y sin duda el paso más importante–, en cómo lograr que las instituciones y las normas puedan ser empleadas por las personas para exigir el cumplimiento de las obligaciones que el Estado asume en materia de derechos humanos.

En relación con el contexto o marco de implementación de los derechos humanos quiero destacar dos notas que no pueden pasarse por alto: las profundas asimetrías que existen entre la población en el ejercicio de los derechos humanos y la existencia de ciertos problemas estructurales en el país que desencadenan diversos contextos de violación a los derechos humanos.

Asimetrías

En México coexisten muchas realidades contrastantes. Las asimetrías de poder, la iniquidad en la distribución de la riqueza, la persistencia de rasgos culturales discriminatorios y el mantenimiento de privilegios para ciertos grupos de la población se traducen en un desigual acceso a los derechos humanos de parte de los sectores de la población.

El telón de fondo es el de las asimetrías que existen en el ejercicio de estos derechos; por un lado, personas que por su situación económica y social o por sus condiciones personales pueden ejercer casi sin ningún problema sus derechos; por otro, personas que por el simple hecho de haber nacido en una determinada región del país, por formar parte de un grupo que sufre discriminación o por sus condiciones sociales y económicas tienen que enfrentar un sinnúmero de obstáculos para poder disfrutar de sus derechos.

Problemáticas estructurales

Otra nota que define el contexto de los derechos humanos es la existencia de ciertas problemáticas ampliamente generalizadas que en sí mismas implican ya una violación a los derechos humanos, pero que a la vez, su persistencia genera diversos contextos de violación a los derechos humanos. En su plan de acción 2005, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, identificó que en el mundo existen seis obstáculos de esta naturaleza; pobreza, discriminación, conflictos armados y violencia, impunidad, déficit democrático y debilidad de las instituciones del Estado. En el caso de México, la pobreza –vinculada a la desigualdad y a la discriminación–, la impunidad y las restricciones a la libertad de expresión, constituyen tres causas estructurales a partir de las cuales se generan diversas situaciones de violación a los derechos humanos.

Para poder superar dichas problemáticas y asumir el gran reto de la implementación es necesario centrar la atención en aquellos déficit o debilidades estructurales que obstaculizan la plena realización de los derechos humanos, especialmente los de aquellos grupos de mayor vulnerabilidad y discriminación. La identificación de estas problemáticas permite enfocarse en aquellas tareas que quedan pendientes en la agenda de derechos humanos.

Orden jurídico insuficiente

Debido a ciertas limitaciones internas y deficiencias en la manera en que reconoce los derechos humanos, la Constitución mexicana no permite ser aprovechada al máximo por las personas y los grupos en su afán por defender estos derechos. Para que la Constitución pueda recobrar todo su potencial y su máxima eficacia jurídica como norma fundamental protectora de derechos humanos es necesario avanzar en una reforma integral estructurada en torno a los siguientes ejes: la transformación del marco conceptual a partir del cual la Constitución reconoce los derechos humanos; el reconocimiento de la jerarquía constitucional de las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales sobre la materia, y el reconocimiento del principio pro personae; el reforzamiento de los derechos humanos de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y discriminación; el fortalecimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, poniendo especial énfasis en su carácter universal y en el establecimiento de mecanismos adecuados para su exigibilidad y justiciabilidad; la introducción de la perspectiva de género, y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para proteger los derechos humanos.

Mecanismos débiles

Se requiere fortalecer el papel del Poder Judicial como garante de los derechos humanos de las personas. Sobre todo, el sistema de justicia en México presenta muchos obstáculos para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan exigir sus derechos.

La creación de un sistema de instituciones nacionales ha paliado esta problemática; sin embargo, con excepción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de algunas agrupaciones locales, los organismos públicos defensores de esos derechos se encuentran generalmente en una situación precaria. La eficacia de éstos depende en gran medida del grado de legitimidad y aceptación que logran frente a la ciudadanía. Para ello es fundamental no sólo que se garantice su autonomía e independencia desde un punto de vista formal, sino que también se garanticen otros aspectos fundamentales, como la coherencia de su trabajo con los estándares internacionales en la materia, su cercanía con los grupos en situación de vulnerabilidad, su apertura y transparencia, su capacidad de coordinar su actividad con las organizaciones civiles y la pluralidad de sus integrantes.

Por otra parte, hablar de los mecanismos de protección de los derechos humanos implica necesariamente abordar el problema de la impunidad. En este rubro quedan pendientes problemáticas de gran calado, entre éstas los feminicidios, la tortura, las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, así como las perpetradas en el marco de la guerra sucia, las agresiones en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. Las mejores medidas para evitar que estos hechos se perpetúen es que el Estado asuma adecuadamente el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como el deber de reparar los daños causados a las víctimas por violaciones a sus derechos humanos.

Omisiones

A pesar de algunos esfuerzos encomiables como el Programa Nacional de Derechos Humanos (2004-2006), las políticas públicas a nivel federal y estatal no han incorporado a fondo una perspectiva en este rubro. Un signo muy positivo es que al tema se le haya otorgado un papel central en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012); también el que actualmente se esté preparando un nuevo programa nacional en la materia coordinado por la Secretaría de Gobernación. Estos esfuerzos deben estar enmarcados en una verdadera política de Estado en derechos humanos, entendiendo que las políticas públicas son las mejores vías para cristalizar las obligaciones que asume el Estado al respecto.

La sociedad civil

Sin duda, el panorama no podría estar completo sin el análisis de la labor que realiza la sociedad civil en la protección y promoción de los derechos humanos. Las organizaciones que los defienden han jugado un papel central tanto en el señalamiento de situaciones y problemáticas como en el acompañamiento y defensa de casos específicos de violación a estas garantías ciudadanas. Las organizaciones han logrado profesionalizarse e incrementar sus capacidades para desempeñar un papel estratégico en ámbitos cruciales como el legislativo, así como en el diseño e implementación de políticas públicas e, incluso, en el litigio estratégico. Un elemento central es que han sabido aprovechar muy bien los instrumentos y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para fortalecer sus acciones a nivel nacional.

Cultura incipiente

En México el concepto de derechos humanos es relativamente nuevo. Los principios y valores que subyacen en él no se han arraigado en las prácticas y concepciones de la población; incluso se puede decir que en general existe un gran desconocimiento y confusión del papel que éstos desempeñan en la sociedad. Más todavía, en la cultura mexicana existen valores y hábitos contrarios a estos derechos, como el machismo, la intolerancia, el autoritarismo, el racismo o clasismo y la corrupción, entre otros. Por ello, el reto es continuar promoviendo los derechos humanos, lo mismo en el ámbito de la educación formal que en la informal. También debe buscarse llegar a sectores que por lo general no participan en el movimiento pro derechos humanos.

Cooperación internacional

Por último, debo mencionar que en todos los tratados internacionales de derechos humanos se destaca el aspecto de la cooperación internacional como un recurso para fortalecer el respeto a estos derechos en el ámbito nacional. La idea que subyace en el fondo es simple: aunque el principal responsable de los derechos humanos es el Estado, se asume, primero, que ningún Estado tiene un récord impecable en su protección; y, segundo, que los Estados necesitan de otras instancias internacionales para impulsar los cambios necesarios.

El establecimiento de la figura del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos responde precisamente a la necesidad y demanda de los propios Estados de contar con un aliado que aproveche la experiencia internacional que los asista en la implementación de los estándares de derechos humanos. A través de los años, y no sin serias dificultades, la Oficina del Alto Comisionado ha comprendido que la mejor manera de hacer cambios en la realidad es trabajar a nivel local, de manera conjunta con los Estados, mediante tareas de observación, protección y cooperación técnica.

En este ámbito México es reconocido como un pionero. Hasta hoy es el único país que, a pesar de no estar inmerso en un conflicto armado, solicitó la presencia permanente de una Oficina del Alto Comisionado en su territorio. Necesariamente, el trabajo de la Oficina tiene que ser distinto al que realiza en otras partes del mundo, dado que México cuenta con las instituciones, recursos económicos y capacidades humanas adecuadas para enfrentar las problemáticas de derechos humanos.

En febrero pasado, la Alta Comisionada Louise Arbour visitó el país. Vino a firmar con el Estado mexicano un mandato que definiría las labores de su Oficina en este país. Este mandato dota de fundamento y clarifica las actividades que la Oficina ya venía desarrollando; además, abre la posibilidad de que –en la medida de sus posibilidades humanas y económicas– esta Oficina se comprometa más en las tareas de seguimiento, protección y promoción de los derechos humanos.

Corresponde a las autoridades y a la sociedad civil debatir y plantear cómo desean aprovechar la presencia de la Oficina en territorio mexicano. Debo aclarar que su objetivo es servir a las personas que habitan en México, brindar asesoría y cooperar con las instituciones nacionales, así como acompañar a la sociedad civil en el proceso de implementación de los derechos humanos.

Para lograrlo, la Oficina debe conocer cuál es la situación en materia de derechos humanos, así como dar seguimiento profesional a las situaciones que se presenten en este rubro, proveer de información, y sobre todo colaborar y advertir de los retos que afectan a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante las violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, el Estado en su conjunto tiene que entender con más amplitud la labor que realiza la Oficina en México. No se entendería la presencia de la Oficina si ésta no ejerciera un mandato amplio, si no pudiera elevar a la opinión pública las problemáticas existentes para que las fuerzas vivas de la sociedad mexicana puedan tener elementos suficientes para elaborar respuestas integrales y participativas; si en definitiva no pudiera servir como motor que fomente el cambio. La Oficina no tiene vocación de perpetuidad, sólo estará un tiempo determinado en el país; de ahí la importancia de que se aproveche al máximo esta oportunidad que la comunidad internacional está ofreciendo al país.

La Oficina está llamada a fomentar el diálogo y la participación de la sociedad civil con las autoridades, a levantar los temas que requieren ser debatidos públicamente para poder avanzar en la implementación de los derechos humanos y a detonar los cambios y proyectos capaces de transformar las estructuras y situaciones que impiden a todas las personas ejercer sus derechos humanos.

México puede pasar de las palabras a los hechos. Para ello es necesario dar un giro de 180 grados a nuestra manera de pensar los derechos humanos. Debemos sacarlos de los grandes foros, de los discursos grandilocuentes, del laberinto diplomático. El verdadero ejercicio de estos derechos se construye desde abajo, en las comunidades, en los grupos marginados. Debemos dotarlos de herramientas para que sean ellos los que exijan y defiendan sus derechos humanos; debemos construir las vías institucionales adecuadas para dar respuestas efectivas.