Abraham Nuncio
Lo que quieren hacer con Pemex es lo que hicieron con la Fundidora. El que así hablaba es un ex obrero de la que fue la principal siderúrgica de América Latina. Por primera vez desde que fue cerrada la planta, hace 22 años, un programa televisivo difundía la voz de los trabajadores, entonces calumniados por los medios de mayor influencia en Monterrey. Convertidos en cajas de resonancia de los empresarios y las organizaciones patronales repitieron una mentira mil veces (la típica receta goebbeliana) e hicieron de ella una verdad del tamaño del cerro de la Silla.
La quiebra de la industria que le dio identidad a Monterrey desde su fundación en 1900 le era imputada a la negligencia y la ociosidad de los obreros y, por supuesto, a la radicalidad de su sindicato. Fue una infamia, como bien la calificó Héctor Benavides, el conductor del programa Cambios (uno y otro auténticas ínsulas en el mar de la desinformación masiva), de la empresa Multimedios. A raíz del cierre de Fundidora, ellos y sus hijos fueron puestos en la lista negra, y allí siguen.
El Estado mexicano echó mano de una coartada burda y cruel para someter al país a los dictados de los aparatos financieros internacionales dominados por el esquema de cualquier banco: el que más acciones tiene manda. La crisis golpeaba con fuerza –después del auge petrolero, qué ironía– y había dos necesidades que el gobierno priista estableció como prioritarias: pagar su enorme deuda externa y apuntalar a las empresas privadas cuya sangría a manos de sus propios dueños las tenía en graves problemas de solvencia. “Es una obligación moral apoyar a Alfa”, sentenció el candidato de la renovación moral. La deuda externa del holding regiomontano que más había crecido y derrochado en los últimos seis años equivalía a 5 por ciento de la deuda externa pública de México. Adelantándose a Miguel de la Madrid, el gobierno de José López Portillo, a través de Banobras, ya le había hecho un préstamo tan desmesurado como ilegal al grupo Alfa.
Alfa se había fortalecido, como el resto de los grupos industriales de mayor peso, con los subsidios estatales. Subsidios que no podían venir de otras partes sino del endeudamiento del Estado en dólares para financiarlos en pesos y, por supuesto, de los recursos de Pemex. Recordemos a Heberto Castillo: “Los actos del gobierno contradicen las declaraciones del presidente, que reiteradamente ha dicho que debe disminuirse el ‘subsidio monstruoso’ que Pemex otorga en petróleo y gas y que en 1980 alcanzó ya la fabulosa suma de 720 mil millones de pesos. ¿Quiénes serán los socios verdaderamente anónimos de Alfa? ¿Qué funcionarios del gobierno?”
Esas reflexiones del gran luchador social que fue Heberto las retoma Esteban Ovalle Carreón, ex trabajador de Fundidora, en un opúsculo titulado El asesinato de Fundidora: “En esa época se hicieron programas de reconversión para HYLSA –empresa privada (del grupo Alfa)– y para el Grupo Acerero del Norte, que compró Altos Hornos de México, en Monclova; pero no se midió con la misma vara a Fundidora. A HYLSA, al poco tiempo, se le dio otro apoyo muy importante, al convertir su deuda externa en dólares a pesos mexicanos, absorbiendo el gobierno federal la pérdida en la diferencia cambiaria. El gobierno quería salvar a HYLSA, no a Fundidora. Más claro ni el agua.”
Pero esa claridad no vale para quienes pretenden, desde el poder, privatizar el petróleo y la electricidad, que son de la nación. Y las experiencias no cuentan: dos décadas después del escandaloso préstamo de Banobras a Alfa, Hylsa pasó a ser propiedad de la trasnacional Techint.
Aceros Planos, una de las filiales de la Fundidora, que operaba con números negros, fue privatizada poco después. Las familias Clariond-Reyes y Canales Clariond, propietarias de Imsa, fueron las adquirentes. Tras la adquisición a precio de amigos, Fernando Canales Clariond no tuvo dificultad alguna en desembolsar 50 millones de pesos destinados a financiar la campaña electoral que lo colocó en el gobierno de Nuevo León. La tendencia monopólica mundial, que se ha dado a conocer con el apodo de globalización, avanzó más tarde otro paso en la frágil economía mexicana. Ternium, que pertenece a Techint, adquirió Imsa. Como me ven se verán, dice ya esta empresa a Altos Hornos de México y a otras acereras que un día constituyeron el sistema siderúrgico nacional.
La quinta columna presidencial, empresarial, partidaria y mediática de la derecha le advierte a la sociedad mexicana que sin la inversión extranjera no podrá sobrevivir y menos explorar y explotar su petróleo y demás recursos naturales. Las patrañas y las medidas políticas son las mismas que se emplearon para cerrar Fundidora. En primer lugar, no invertir en la planta para restarle capacidad de renovación tecnológica y, por tanto, capacidad productiva.
El monto de inversiones entre 1976 y 1990, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de la Industria Siderúrgica Paraestatal, estaba calculado para la Fundidora en 310 mil millones de pesos; sólo le fueron asignados 2 mil 100 millones. Las inversiones realizadas permitieron, no obstante, una significativa modernización de la planta, con lo cual se esperaba que produjese un millón 500 mil toneladas anuales. Su productividad podía haber sido mayor, pues en 1974 arrojó un saldo de 920 mil toneladas con cuatro hornos de hogar abierto que fueron clausurados sin explicación alguna. En 1985 produjo 950 mil toneladas. Por otro lado, su deuda era ya alta en 1974. Con la devaluación de 1976 se disparó de 4 mil 449 millones de pesos a 13 mil 375 millones de pesos. Pero podía ser tan amortizable como la de Hylsa y no entregada finalmente como ésta al capital extranjero, a pesar de haber sido saneada con dinero público.
A la Fundidora se la asfixió financieramente. Se la mal mantuvo. Vino la desactivación de varios de sus departamentos. Y finalmente el desprestigio de su operación y sus trabajadores.
Se trataba de introducir una verdad cuya irradiación ideológica por su propia boca iba a morir. “Con el fracaso de Fundidora se demuestra que no es función del Estado ser empresario”, dijo el industrial galletero Alberto Santos. La suya fue la primera gran industria de Monterrey en pasar a ser propiedad del capital extranjero (Pepsico, en este caso). Le siguieron los bancos y las siderúrgicas. Hasta ahora, los bancos y empresas privatizados no le han dejado al país crecimiento, y menos desarrollo. No se entiende por qué Pemex y la CFE habrían de ser excepción.
Demasiadas arterías se dijeron de la Fundidora. Entre otras, que era una industria altamente contaminante. En su derredor no aparecieron nunca los numerosos casos de males cancerígenos característicos del entorno de otras empresas (77, según la Semarnat) sin que nada se haya podido hacer hasta la fecha para reubicarlas. Todas son privadas.
De un Estado que pone por encima del interés público el de los particulares, nada bueno puede esperarse. Ese Estado es el que cerró Fundidora y el mismo que ahora quiere privatizar Pemex y la CFE. Lo menos que se puede hacer, con una pizca de memoria y sentido común –no se requiere ser un intelectual cotizado para tenerlos–, es oponerle resistencia.
La Jornada Mayo/20/2008
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