Dan más a deuda que a obra

LUCÍA PÉREZ / EL SIGLO DE TORREÓN / SALTILLO

El Gobierno de Coahuila destinará más dinero al servicio de la deuda pública que a obras de infraestructura durante 2012, según el programa de obras presentado por el gobernador Rubén Moreira.

Al anunciar el convenio de infraestructura para este año, Moreira dijo que su administración invertirá "por más de cuatro mil millones de pesos".

El presupuesto del Estado para este año dedica 4 mil 627 millones de pesos al pago de servicio de la deuda pública tras el refinanciamiento con los bancos acreedores.

Al anunciar su programa de obra, Moreira dijo que destinarán 190 millones de pesos a la autopista San Pedro-Cuatrociénegas para conectar a La Laguna con la frontera.

Moreira convocó a empresarios de Coahuila a que "apliquen y desarrollen las obras".

También destacó un gasto en infraestructura deportiva, con la construcción de gimnasios en varios municipios.

En el proyecto de presupuesto para 2012, el gobierno estatal había contemplado 2 mil 750 millones de pesos para servicio de la deuda, pero el monto se incrementó debido al pago de intereses.

En total, el servicio de la deuda se llevará 14 por ciento del presupuesto estatal. Por otra parte, el PAN presentó otra denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el exgobernador Humberto Moreira por el caso de la deuda.

S&P reduce a México el grado de calificación de deuda soberana

Los “desafíos” fiscales del país persistirán en los siguientes años, pronostica la firma

*Basó su decisión en que se reduce la posibilidad de que se implemente una reforma fiscal sustancial y se refuerce el crecimiento del PIB en la segunda mitad del sexenio de Calderón

Víctor Cardoso

Periódico La JornadaMartes 15 de diciembre de 2009, p. 17

La calificadora Standard and Poor’s Ratings Services redujo un nivel el grado de calificación de la deuda soberana de México por considerar que los “desafíos” fiscales del país “persistirán durante los siguientes años” y porque “se están reduciendo las posibilidades de que el país implemente una reforma fiscal sustancial u otras medidas para reforzar el crecimiento del PIB (producto interno bruto) en la segunda mitad de la administración del presidente Felipe Calderón”.
Ésta es la segunda de las tres calificadoras más influyentes en el mundo que rebaja la calificación de riesgo de la deuda soberana de México. Apenas el pasado 23 de noviembre Fitch Ratings también degradó su indicador.
Ahora, Standard and Poor’s ubicó la deuda de México en moneda extranjera a largo plazo en su escala BBB, y ya no BBB+, mientras a la de corto plazo se asignó el nivel A-3; era A-2. Para la deuda en moneda local la calificación pasó de A+ a A a largo plazo, y confirmó la de A-1 para la de corto plazo.
Aunque la calificadora consideró “estable” la perspectiva, fue crítica al señalar la “incapacidad para aumentar de manera sustancial la base tributaria y la baja posibilidad de que ocurra una importante reforma fiscal en los siguientes años”. Esto, precisó, ubica al país más en línea con la nueva categoría asignada.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda manifestó que “toma nota” de las razones que llevaron a la agencia Standard and Poor’s a degradar el nivel de la calificación soberana, y aunque dijo que “ratifica su compromiso para seguir avanzando en la atención de las debilidades estructurales señaladas por la agencia calificadora”, consideró que el nivel asignado al país “se encuentra por arriba del grado de inversión”.
Como muestra “de tal compromiso” la dependencia hizo referencia a dos llamadas reformas fiscales que se prevé generen un incremento en los ingresos tributarios no petroleros de tres puntos del PIB al cierre de esta administración; también mencionó “un esfuerzo significativo en la recomposición del gasto y la rendición de cuentas en su ejercicio, privilegiando la inversión social y en infraestructura y reduciendo el gasto administrativo”.
Asimismo, la SHCP recordó que la solvencia a largo plazo de los sistemas de pensiones de los trabajadores del sector público a través de las reformas impulsadas en esta administración reducen en aproximadamente 30 por ciento del PIB los pasivos pensionarios del país, y destacó la intensificación del proceso de reformas para incrementar la competitividad y el crecimiento.
Con un nuevo titular al mando de Hacienda, se observa un cambio en el tono de la reacción ante la baja de calificación. En esta ocasión la dependencia utilizó un lenguaje más mesurado que el del pasado 23 de octubre, cuando dio respuesta a la baja aplicada por Fitchs Ratings. Ahora se refirió al “compromiso con el fortalecimiento de la economía mexicana y de las finanzas públicas del país”.
Sin embargo, el discurso oficial parece no impresionar a la calificadora. A pesar de las voces que debaten sobre la posibilidad de una reforma fiscal “más sustancial”, afirmó que el debate presupuestal de 2010 casi fracasó; que el capital político de la administración de Felipe Calderón “se está volviendo cada vez más limitado” para aprobar alguna reforma controvertida en la segunda mitad de su mandato, ya sea la fiscal o petrolera y que, además, las elecciones de gobernadores en 11 estados durante 2010 presionan los tiempos para una potencial discusión al respecto hasta el segundo semestre del año próximo, y para entonces “ya estarán en marcha los manejos políticos y maniobras entre los potenciales candidatos y participantes en la elección presidencial de 2012”.

Vulnerabilidad fiscal y caída en ingresos petroleros

El reporte sobre la calificación mexicana está fechado en Nueva York por los analistas Lisa M. Schineller y Joydeep Mukherji, quienes fundamentaron su decisión tras una evaluación de las acciones recientes llevadas a cabo en México para incrementar sus ingresos no petroleros y mejorar las eficiencias de la economía.
“Probablemente serán insuficientes para compensar el debilitamiento de su perfil fiscal. Dicho debilitamiento se deriva de una combinación de modestas perspectivas de crecimiento del PIB aunadas a una menor producción petrolera durante los siguientes años. Las medidas sobre los ingresos aprobadas en el presupuesto de 2010 deberían ocuparse de las preocupaciones inmediatas sobre la vulnerabilidad fiscal relacionada con los volátiles ingresos petroleros. Sin embargo, la incapacidad para aumentar de manera sustancial la base tributaria y la baja posibilidad de que ocurra una importante reforma fiscal en los siguientes años sugieren que el perfil de deuda de México se mantendrá más en línea con los soberanos calificados en la categoría de BBB”, puntualizan los analistas.
Además hacen referencia a un hecho que las autoridades hacendarias mexicanas afirman tener bajo control: la deuda neta del gobierno de México se ha incrementado recientemente y se proyecta que se mantendrá en alrededor de 34 por ciento del PIB durante 2009-2011. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Hacienda, la deuda interna neta del gobierno federal a octubre pasado se ubicó en 2 billones 504 mil 731.6 millones de pesos, en tanto la externa asciende a 42 mil 132.1 millones de dólares.
Para la calificadora, además, las perspectivas de crecimiento del PIB durante los próximos años permanecerán en niveles moderados de 3 a 4 por ciento, limitando la mejora de la dinámica fiscal. “Pese a las ganancias en eficiencia asociadas con el cierre de Luz y Fuerza del Centro, la nueva gestión de sus activos, y las próximas concesiones de telecomunicaciones, consideramos que los fuertes vínculos del país con la economía estadunidense limitarán sus perspectivas de crecimiento dadas nuestras expectativas de un crecimiento reducido en Estados Unidos”, señala el reporte.
Por si fuera poco, los analistas indican en su reporte que los ingresos gubernamentales (22 por ciento del PIB) se encuentran muy alejados del nivel de 35 por ciento que se registra en otros países con el mismo grado de calificación, y que el gobierno ha mostrado “incapacidad” para ampliar su base tributaria y resolver “lagunas y exenciones en el régimen fiscal”.

La deuda del gobierno llegó a $4.5 billones; duplica la de 2000

Las amortizaciones serán mayores a la inversión productiva en Pemex, CFE y LFC

>Sólo durante este gobierno el endeudamiento creció 34.19%, según anexo del Informe
>A junio, el débito externo totalizó 153 mil 693 mdd, más del doble de la reserva internacional de divisas

Roberto González Amador

El total de compromisos de deuda del gobierno federal llegó en junio de este año a 4 billones 515 mil 380 millones de pesos, cantidad que prácticamente duplicó a la registrada en 2000, al comenzar los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), y que, en términos comparativos, equivale a 40 por ciento del valor total de bienes y servicios producidos por la economía nacional en un año, indicó información oficial.

Mientras el gobierno federal baraja la posibilidad de contratar mayor deuda el siguiente año para hacer frente a un “boquete” en las finanzas públicas para 2010, calculado en 300 mil millones de pesos, datos oficiales difundidos esta semana dieron cuenta de un creciente endeudamiento de los sectores público y privado, que se ha convertido en factor adicional de presión en la cotización del peso frente al dólar.

La información, contenida en el Anexo estadístico del tercer Informe de gobierno, revela que en los siguientes cuatro años los sectores público y privado deberán realizar amortizaciones de deuda externa por 67 mil 836.9 millones de dólares, unos 268 mil 500 millones de pesos al tipo de cambio actual. Se trata de una cantidad ligeramente superior al gasto en inversión productiva que realizan en un año las empresas estatales de energía: Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro, que para 2009 está presupuestado en 267 mil 951.5 millones de pesos.

El total de deuda del sector público, que considera los pasivos contratados por el gobierno federal, paraestatales y banca de desarrollo fuera de México y con la banca que opera en el país, sumó en junio de este año 4 billones 515 mil 380 millones de pesos. Es un monto que prácticamente cuadruplicó al registrado al finalizar 1995, año en que la crisis financiera y de balanza de pagos llevó a la administración a contratar un masivo programa de endeudamiento en el exterior para hacer frente a compromisos de pago inmediatos. En diciembre de 1995 el total de requerimientos financieros del sector público era de 916 mil 641 millones de pesos.

Comparado con el inicio de la actual administración federal, en diciembre de 2006 el saldo del endeudamiento del sector público aumentó de 3 billones 364 mil 700 millones de pesos a los actuales 4 billones 515 mil 38.6 millones, un repunte de 34.19 por ciento. Y, respecto del cierre de 2000, el aumento ha sido de 94.77 por ciento, según el documento.

El monto sobre el endeudamiento del sector público es una medida amplia de los pasivos que gravitan sobre las finanzas del Estado, tanto de los contratados en el exterior como en el mercado interno.

A partir de 2008 incorporan las obligaciones del gobierno federal por la reforma del sistema de pensiones de los burócratas y, desde este año, consideran el efecto del reconocimiento como deuda pública de Pemex de los pasivos de los Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas). Éste es un mecanismo iniciado durante la gestión del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), por el que el sector privado realiza y financia obras de infraestructura para Pemex y la CFE.

La deuda externa

En junio de este año, la deuda externa total –que considera los pasivos de los sectores público y privado– alcanzó un saldo neto de 153 mil 693.3 millones de dólares, cantidad que, para efectos comparativos, fue más del doble de la reserva internacional de divisas, que para esa fecha era de 74 mil 380.4 millones de dólares, de acuerdo con el anexo estadístico.

La deuda externa total en junio pasado fue superior en 53.5 por ciento a la registrada en diciembre de 2006, cuando se situó en 100 mil 121.8 millones de dólares.

En particular, el endeudamiento externo del sector público –que incluye al gobierno federal, paraestatales y banca de desarrollo– llegó en junio pasado a 86 mil 82.4 millones de dólares, un incremento de 57.18 por ciento respecto del nivel registrado en diciembre de 2006. En este caso, también, el saldo final incorpora el reconocimiento de la deuda generada por los Pidiregas.

El mismo documento indica que el sector privado mexicano ha registrado una dinámica de endeudamiento comparable a la observada en los años previos a la crisis de 1995.

En junio de este año, la deuda externa del sector privado –sin considerar a los bancos– ascendió a 63 mil 937.6 millones de dólares, cantidad superior en 34 por ciento a los 47 mil 535 millones registrados al cierre de 2006.

La deuda externa del sector privado en 1995 era de 23 mil 457.3 millones de dólares, mientras en 2000 sumó 41 mil 886 millones de dólares.

A la par del endeudamiento externo, el gobierno federal enfrenta pasivos contratados en el mercado interno por 2 billones 469 mil 415.6 millones de pesos, monto superior en 59.6 por ciento respecto del registrado al inicio de la actual administración federal, y de 307 por ciento superior a la registrada al cierre del año 2000, cuando por primera vez un gobierno del Partido Acción Nacional llegó a la Presidencia.

La deuda global supera $4.5 billones, más de un tercio del PIB: Hacienda

*Con el actual gobierno subió en un billón 150 mil 670 millones

Víctor Cardoso

Los crecientes requerimientos financieros del sector público mexicano hicieron llegar la deuda global a más de 4.5 billones de pesos, cifra superior a un tercio del valor del producto interno bruto (PIB) del país, reconoció la Secretaría de Hacienda.

Durante la actual administración, la deuda pública alcanzó el monto más alto desde 2003, al ubicarse en 38.5 por ciento como proporción del PIB. Sólo durante el actual gobierno los adeudos crecieron en un billón 150 mil 670 millones de pesos (casi 35 por ciento), desde los 3.3 billones que totalizaban en 2006.

Más aún, se estima que para 2010 el endeudamiento público se incremente al menos en 100 mil millones de pesos para cubrir parte del “boquete” fiscal pronosticado por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, debido a la previsible caída de ingresos fiscales, tanto petroleros como no petroleros.

Analistas financieros de Banamex-Accival pronosticaron que “ante el shock financiero más grande de los últimos 30 años”, si el gobierno federal decide incrementar la emisión de deuda pública para el año entrante “podría darse un desplazamiento de emisiones de deuda corporativa”, es decir, el endeudamiento del sector privado en el mercado bursátil nacional.

Según los expertos, en los últimos cinco años el gobierno federal ha colocado en promedio 850 mil millones de pesos anuales en Certificados de la Tesorería (Cetes), mientras la emisión promedio de certificados bursátiles de corto plazo de empresas privadas ha sido de 250 mil millones. “De esta forma, resalta que la colocación promedio anual de Cetes supera en 235 por ciento a la de certificados bursátiles corporativos de corto plazo”.

Por lo que se refiere a las colocaciones de deuda de largo plazo, integradas principalmente por Bonos de Desarrollo, de certificados del IPAB, Udibonos y Bonos M, el gobierno federal colocó un promedio de 450 mil millones de pesos, que superan en 285 por ciento a las corporativas (incluidas emisiones de estados y municipios), que sólo alcanzaron un promedio de 116 mil millones de pesos.

Resurgimiento del débito

De acuerdo con el último Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de la Secretaría de Hacienda, al 30 de junio pasado el sector público del país registró un endeudamiento neto total por 4 billones 515 mil 380.6 millones de pesos, según aparece en el reporte sobre el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP).

De forma desglosada se observa que los requerimientos financieros para atender los compromisos internos se ubicaron en 3 billones 363 mil 466.3 millones de pesos (que significan tres cuartas partes del total) y registró un crecimiento de 39 por ciento de 2006 a junio de 2009. Calculados en pesos, los requerimientos financieros para el sector externo sumaron un billón 151 mil 914.2 millones de pesos (25 por ciento del total) y registraron un crecimiento de 22 por ciento durante la actual administración gubernamental.

Por su monto, la deuda contraída por el gobierno federal es la que abarca la mayor cantidad. Según las cifras hacendarias este sector registra 2 billones 469 mil 415.6 millones de pesos (54.6 por ciento del total del sector público) como deuda interna, con un crecimiento de 59.6 por ciento desde el billón 547 mil 112.1 millones de pesos con los que arrancó el actual gobierno. Por el lado del endeudamiento externo, calculado en moneda nacional, el gobierno federal es responsable de 518 mil 793.7 millones de pesos, lo que significó un aumento de 19.7 por ciento desde los 433 mil 135.6 millones que había al cierre de 2006.

¿Pueden los gobiernos con el rescate?

Economist Intelligence Unit

Deuda pública


La deuda pública crece mientras los gobiernos combaten la crisis financiera y la recesión. ¿Funcionará su capacidad de fuego fiscal?

Hay pocas dudas de que la economía mundial se encuentra en su estado más lamentable desde la década de 1930. En todo el mundo la demanda se ha desplomado mientras empresas y consumidores son flagelados por el pernicioso bombardeo de mercados financieros disfuncionales, depreciación de la riqueza, desempleo al alza y temores galopantes. Los últimos pronósticos del FMI, dados a conocer el 28 de enero, sugieren que 2009 traerá la más profunda recesión mundial de la posguerra.

Para contener el declive, los gobiernos dan la batalla con un activismo pocas veces visto fuera de tiempos de guerra (ver gráfica). En algunos países, en especial China, los cálculos oficiales sobrestiman los posibles estímulos fiscales. Pero incluso haciendo a un lado la hipérbole burocrática, la respuesta gubernamental es fuerte. Ponderada por el tamaño de sus economías, los planes de 11 grandes economías, emergentes y avanzadas, costarán un promedio de 3.6% del PIB, aunque a lo largo de varios años. El FMI espera que este año se efectúen reducciones de impuestos e inversiones con valor de 1.5% del PIB.

En muchos países ricos el estímulo ha sido igualado –y a menudo eclipsado– por el costo inicial de los rescates financieros, que comprenden la recapitalización de los bancos y garantías para activos problemáticos. El Tesoro estadunidense ha prometido hasta ahora cerca de un billón de dólares (7% del PIB) para la industria financiera.

Sumemos a eso los ingresos fiscales perdidos por baja producción y el deterioro de precios de los activos, así como prestaciones por desempleo más altas. El FMI prevé que el déficit fiscal conjunto de los países ricos se elevará a 7% de PIB en 2009, cuando en 2007 fue de menos de 2%. A finales de este año la deuda pública del mundo desarrollado, como proporción del PIB, podría ser 15-20 puntos porcentuales más alta que hace dos años.

Las economías emergentes enfrentan resultados menos negativos, tanto porque el desorden de sus industrias bancarias es menor, como porque sus planes de estímulos, en general, son más pequeños. Pero pasarán también de un superávit presupuestario en 2007 a un déficit de 3% de su PIB. La deuda del sector público crece a su ritmo más rápido desde la Segunda Guerra Mundial.

La mayoría de economistas están de acuerdo en que los números rojos son tan inevitables como convenientes. Para evitar que una brusca recesión se convierta en depresión, los gobiernos deben intervenir para impedir el desplome financiero y enfrentar la desaceleración de la demanda privada. Los mercados financieros parecen ser de la misma opinión. Los rendimientos sobre bonos gubernamentales en los países más ricos son tan bajos en extremo como el clamor de los inversionistas por una deuda pública segura.

Sin embargo, hay ciertas señales de nerviosismo. Los precios de los credit-default swaps (derivados de crédito que protegen contra la falta de pagos) sobre deuda soberana se han elevado en forma radical, lo que sugiere que los inversionistas perciben mayores riesgos de moratoria. Dentro del mundo rico, las primas de riesgos se incrementaron de manera dramática para gobiernos ya endeudados, como los de Grecia e Italia. Los rendimientos sobre bonos estadunidenses a 30 años vieron su mayor aumento en dos décadas a mediados de enero, conforme crecía la preocupación de los inversionistas por la demanda de efectivo del tío Sam.

Este nerviosismo refleja en parte la incertidumbre sobre cómo será financiada la deuda pública. Pero la verdadera preocupación es que el precio final sea mucho más grande de lo que hoy sugieren las cifras.

Parece posible. Pese a ser tan grandes, los costos inmediatos de las limpiezas financieras parecen modestos contra el nivel del caos bancario y el costo de anteriores crisis bancarias. Hasta ahora el gobierno estadunidense ha puesto menos de la mitad de dinero público en el sector financiero, en relación con el tamaño de su economía, igual que Japón en los años 1990. Será necesario algo más si, como se rumora, el equipo de Barack Obama crea una mala banca para enfrentar los créditos problemáticos y coloca más capital en los bancos. Hace poco, Goldman Sachs calculó que el valor total de los activos en problemas de la banca estadunidense era de 5.7 billones de dólares; esto implicaría un costo inicial de varios billones de dólares.

El costo final y, en consecuencia, el incremento neto de la deuda pública a largo plazo, será mucho menor. En promedio, asevera el FMI, los países ricos recuperan la mitad de lo que invierten en rescates financieros. Suecia, cuyo rescate bancario es asumido como modelo, recuperó más de 90%. EU podría lograr un porcentaje cercano, pero la inversión inicial deberá ser cuantiosa.

Relájese y gaste

Sin embargo, el costo político del rescate de la banca y las enormes sumas involucradas han motivado que muchos políticos en países ricos estén poco dispuestos a realizar fuertes inversiones. La historia demuestra que eso es un error. Si un sistema financiero fracturado no se reconstruye con rapidez, se promueve una recesión más larga y los estímulos fiscales son mucho menos eficaces. Véase el contraste entre Japón, que tuvo numerosos paquetes de estímulos fiscales en los años 1990, pero no pudo salir de su depresión hasta que resolvió su problema de deudas, con Corea del Sur en 1997, que invirtió 13% del PIB en un enorme paquete de rescate bancario de emergencia.

Los costos fiscales de ese error pueden ser enormes. En un artículo reciente, Ken Rogoff, de la Universidad Harvard, y Carmen Reinhart, de la Universidad de Maryland, consideraron que las grandes crisis bancarias del periodo de la posguerra elevaron la deuda pública real más de 80% de PIB en promedio. La mayor parte de ese incremento provino, no de rescates financieros, sino de prolongadas recesiones y expansiones fiscales diseñadas para combatirlos. Incluso este año, la mitad del empeoramiento de los déficit del mundo rico derivó de la debilidad económica.

Si bien el estímulo fiscal no sustituye a la depuración financiera, es un apoyo importante en momentos en que la demanda se desploma. Pero mucho depende de lo bien que estén estructurados los proyectos. Todas las grandes economías prevén algunas reducciones fiscales, en particular para personas físicas. (Sólo unos cuantas, como Canadá y Rusia, planean reducir impuestos corporativos.) Pero los estímulos fiscales se enfocan en la inversión, en particular para infraestructura.

La teoría económica sugiere que eso tiene sentido. Cuando empresas y consumidores son presas de la incertidumbre, el gasto gubernamental es la manera más segura de fomentar la demanda. Consumidores y empresas tienden a ahorrar su dinero. Las evidencias, sin embargo, no son concluyentes. Los cálculos de los economistas sobre el efecto multiplicador de la inversión gubernamental y las reducciones fiscales varían mucho, y hay estudios igualmente serios que muestran resultados contradictorios. Más importantes que el nivel de la depresión global implica que los multiplicadores históricos podrían no ser tan significativos. Esto sugiere que lo más prudente es una estrategia general, que abarque reducciones fiscales e inversión.

Menos equilibrada, sin embargo, es la distribución de estímulos entre países. El paquete fiscal de EU, de 800 mil mdd o más, será con mucho el mayor en términos absolutos y uno de los más grandes en relación con el tamaño de su economía. Por desgracia, países acreedores ricos, como Alemania, hacen mucho menos. En el mundo emergente la audacia de China es admirable, y cuantiosas reservas proporcionan también mayor capacidad a otras economías emergentes. Pero muchos verán restringirse su capacidad de obtener créditos por la fuga de inversionistas que huyen del riesgo, y el aumento de la deuda pública en el mundo rico. En sus cálculos más recientes, el Instituto de Finanzas Internacionales prevé que los flujos de capital privado a las economías emergentes serán de sólo 165 mil mdd este año, 80% menos que en 2007.

Si los políticos se inquietan por los rescates bancarios, si los países que pueden instituir estímulos seguros no lo hacen, y si los inversionistas medrosos huyen de los mercados emergentes, las probabilidades de una recuperación duradera de la economía global son mínimas. Y esto, a su vez, representará mayores incrementos de la deuda pública. Una desaceleración económica de varios años podría fácilmente elevar los índices de la deuda gubernamental 30% del PIB o más.

Esto no tiene por qué ser una calamidad. Los gobiernos pueden amortizar enormes cargas de deudas sin moratoria o alta inflación. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la deuda bruta de Inglaterra sobrepasó 200% del PIB; EU alcanzó 120%. Durante la década de los 90, el rápido crecimiento y la prudencia fiscal permitieron que países como Irlanda o Canadá redujeran sus niveles de deuda de manera repentina.

Esta vez la diferencia es que el mundo rico enfrenta ya el costo de una población envejecida, lo cual presagia una carga fiscal muchas veces mayor que la prevista en los escenarios más oscuros de la crisis financiera. En este momento el activismo fiscal es indispensable, pero las consecuencias serán más grandes y duraderas de lo que muchos creen.

Fuente EIU

Traducción de texto: Jorge Anaya