Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo. Colaboración especial
Rosalino Andrés Pardo se dedica a la siembra de tomate verde de cáscara en el poblado Los Pinos, anexo de Xalpitzáhuac, perteneciente al municipio de Atlixtac en la Montaña de Guerrero, la cual es una zona con fuerte presencia indígena.
Esta temporada no podrá cosechar y vender su producto: el domingo, dos helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fumigaron la zona donde está ubicada su huerta, a una semana para cosechar el fruto, provocándole una pérdida económica que asciende a 89 mil 250 pesos que obtendría de la venta total.
Rosalino es campesino; él y su familia, conformada por su esposa y sus cuatro hijos – la mayor de 12 años de edad y el menor de 4 años –, viven de la siembra, cosecha y venta de tomate. A pesar de que no tiene tierras propias, en la comunidad las familias se apoyan entre sí: a veces Rosalino tiene que pagar entre mil y mil 500 pesos por la renta de los terrenos para la siembra del tomate; el que fumigó personal de la Sedena lo consiguió cuando el dueño le aceptó maíz a cambio de que le permitiera usarlo durante los tres meses y medio que requiere el proceso.
En entrevista telefónica, su hermano Pablo Andrés Pardo contó que el domingo, alrededor de las 11:00 de la mañana, él y Rosalino se dirigían al terreno para revisar los plantíos cuando vieron que los helicópteros estaban rociando un líquido en el lugar; corrieron, gritaron e hicieron señas a los militares para pedirles que pararan, pero fueron ignorados. La pérdida fue total.
“Nosotros vendemos el bulto de tomate de cáscara en 350 pesos. Nos los llevamos a Chilapa y allá, cuando bien nos va, lo podemos vender hasta en 800 pesos”, contó Pablo, quien dijo que la familia no toma en cuenta la inversión que tienen que hacer para poder sembrar.Saben que tienen que contratar peones, preparar la tierra y otras cosas, pero lo importante, lo que perdió su hermano, es la venta final. Contó que después de revisar el terreno, acudieron al 93 Batallón de Infantería en la ciudad de Tlapa para denunciar la fumigación ilegal e indebida que dejó a Rosalino sin el único medio con el que cuenta para mantener a su familia.
Allí, el personal que los atendió les dijo primero que debían dirigirse a la 35 Zona Militar en la capital para poder interponer una denuncia y solicitar la reparación del daño. Después, el Teniente de Infantería que los atendió volvió a comunicarse con ellos para decirles que por la actual emergencia sanitaria ante la pandemia de COVID-19 no era recomendable que viajaran y envió a un grupo de militares a inspeccionar el terreno, quienes tomaron fotografías del lugar, se fueron y prometieron que les darían una respuesta.
A la fecha la familia sigue esperando una respuesta “Nosotros quisiéramos que repongan el daño, que paguen lo que se iba a obtener de la venta de los bultos (de tomate). Eso es lo que le exigimos al Ejército”, concluyó Pablo Andrés Pardo.
