Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Septiembre 3 de 2019
Ha sido más de una semana colmada de noticias, expectativas, comentarios y análisis sobre el Primer-Tercer Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, 8 días en los que hay y sigue habiendo de todo, crítica ácida, mordiente y sarcástica, análisis responsable y sensato, y también ridiculización, deformación, bufonadas; no extraña, son muchos los que se sienten damnificados y otros muy ardidos.
El espíritu que guía al gobierno de AMLO es la redistribución del ingreso mediante el slogan, “primero los pobres”. Estamos ante un gobierno fuerte, sólido con convicciones esenciales que pone un hasta aquí a décadas de despojo al pueblo de México y al hurto financiero del Estado Mexicano, en el Informe se evidenció el robo del petróleo, el sistema criminal de facturación falsa, la política de condonaciones fiscales autorizadas por los Ejecutivos neoliberales, entre muchas otros abusos y atropellos.
Retomo un tema poco tratado del Informe por los medios y que en otro momento se mal entendió y causó gran polémica pues se interpretó como perdón a todos los delincuentes; el presidente propone crear una ley de amnistía que significaría el “perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por algunos tipos de delitos, generalmente políticos.” Se han presentado casos de personas, sobre todo de indígenas que están en prisión por años, sin haber sido sentenciados y permanecen ahí de manera injusta o arbitraria; se aclara que la amnistía no sería para homicidas, secuestradores ni violadores, ya se están revisando algunos casos.
El presidente hizo un complacido reconocimiento a las aportaciones de nuestros “héroes vivientes”, dijo, los migrantes mexicanos, los que en los 6 meses de este año enviaron remesas a sus familias por 16 mil 845 millones de dólares, el monto más alto que se ha registrado en toda la historia del país. Las remesas son la principal fuente de ingresos de México. Hecho que aplaudió con todos los asistentes.
Es obligación del Estado otorgar apoyos a la población más desprotegida para combatir la desigualdad y la pobreza extrema, las que han aumentado considerablemente casi la mitad de la población vive en pobreza.
El salario mínimo aumentó este año en 16 por ciento, como nunca en 36 años de neoliberalismo; en cuanto a la atención a los adultos mayores, 68 y más, 8 millones, el 94 por ciento del total han recibido su pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales, el doble de lo que obtenían antes; este apoyo es universal, un derecho de todo este segmento de la población.
En relación al programa de apoyo para discapacitados beneficia especialmente a niñas y niños pobres e incluye a 790 mil enfermos que reciben 2 mil 550 pesos bimestrales. Respecto a las guarderías infantiles 220 mil niños reciben una beca de mil 600 pesos bimestrales.
Las becas Benito Juárez, consisten en la entrega de 800 pesos mensuales por familia para estudiantes de preescolar, primaria, y secundaria, por 10 meses, sustituye al programa Prospera.
Todos los estudiantes de nivel medio superior del país de escuelas públicas tienen derecho a beca y los estudiantes universitarios de familias pobres reciben mil 400 mensuales, son 300 mil los beneficiados con este apoyo.
Es claro que a todos los niveles escolares se están aportando apoyos económicos, son 10 millones 90 mil estudiantes, con una inversión de 60 mil millones de pesos, por primera vez en la historia. Además, los beneficiarios reciben directamente los apoyos, sin intermediarios para evitar corrupción.
Hasta ahora, Solidaridad, Progresa y Prospera, fueron un fracaso para disminuir la pobreza, por ello asegurar el bienestar es el objetivo primordial de la 4T,
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