RAÚL A. RUBIO CANO
Febrero 19 de 2019
Palabras más, palabras menos, ayer el diputado del PT, Zeferino Juárez Mata, comentó desde la tribuna del Congreso del Estado: “El 18 de febrero de 1976 ocurrió en nuestra ciudad de Monterrey una matanza sin precedentes a manos de las fuerzas policíacas, entonces llamada Protección Ciudadana. Dicha fuerza represora se mantuvo al acecho durante varios lustros, persiguiendo, encarcelando, torturando y asesinando a miembros de las organizaciones urbano-populares que hoy conforman el Frente Popular ‘Tierra y Libertad’. Según Manuel Castells, ilustre sociólogo español, dicha red de agrupaciones sociales constituyen un modelo de organización popular en la búsqueda de una vida más digna y con oportunidades. Nos preguntamos ¿Por qué en México y en muchos pueblos del mundo existe la marginación y la exclusión? La respuesta es por la injusta distribución de las riquezas nacionales generada por la fuerza productiva de la misma población, que se concentra en apenas el uno por ciento de grandes acaudalados, quedando más del 85 por ciento de la población en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. La pobreza aparte de provocar exclusión también es la detonante de muchos rezagos y sociopatías, como los altos índices de delincuencia y criminalidad, las adicciones, la desnutrición y múltiples enfermedades, así como deserción y bajo rendimiento escolar. En 1971, un comprometido grupo de jóvenes estudiantes, profesionistas y maestros decidieron impulsar un movimiento urbano popular autónomo, que diera respuesta a la justa demanda de contar con un pedazo de tierra donde vivir con dignidad. Esta lucha inició con la toma de tierra y con la fundación de la colonia Tierra y Libertad un 28 de marzo de 1973, como respuesta a la falta de programas de vivienda que pudieran atender a miles de hombres y mujeres desplazados del campo a la ciudad, procedentes de diferentes estados de la República. Se trataba de miles de familia asentadas en los cinturones de miseria de la periferia de nuestra metrópoli. Aquella madrugada de hace 43 años, la policía incursionó al predio San Ángel de la colonia Granja Sanitaria, hoy Valle de Santa Lucía, y sin previo aviso dispararon a mansalva contra una pacífica asamblea popular, cazando como animales a quienes corrían a protegerse. La versión policíaca fue que los colonos habían disparado contra ellos. Mas no contaban que el capitán Gilberto Carretero, responsable de Inteligencia Militar en aquellos años y asignada a la zona del Topo Chico, fue testigo cuando un convoy de siete patrullas se detuvo en el complejo vial Gonzalitos y Constitución, en donde los policías descendieron y desenfundaron sus pistolas y balaceando sus patrullas, destrozando parabrisas y los guardafangos. El saldo trágico fue de 6 muertos y 15 heridos, varios de ellos lisiados de por vida. La justicia nunca llegó para las familias de Antonio Franco Hernández, Antonio Olivares López, Canuto Cruz Galván, José Ángel Nava García, Pablo Hernández Mata y Rubén Gutiérrez Aguilar, los mártires del movimiento urbano-popular…” y a quienes ayer por la tarde se les rindió marcha luctuosa por las calles de Monterrey, como cada año, para honrar su memoria, pues los culpables nunca fueron investigados, mucho menos indiciados ¡Órale! raurubio@gmail.com
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