-Sigue el conflicto del agua
Juan Monrreal López
Agosto 28 de 2007
Lerdo, Durango.- Como atracadores, casi a escondidas, atropellados, el gerente de las Cuencas centrales del norte de la Comisión nacional del agua (CONAGUA), Oscar Gutiérrez Santana y el alcalde Cecilio Antonio Olivas Ibarra, plantaron la piedra inicial de lo que será la planta tratadora de aguas residuales de la ciudad, el sábado 24 de agosto a las 8 de la mañana.
Apartados del pueblo lerdense, pero sobre todo de las protestas de los campesinos del Ejido Lerdo, los funcionarios se hicieron acompañar de cuando menos 50 policías, previendo ser descubiertos por quienes se mantienen peleando los derechos que disfrutan sobre las aguas negras de la ciudad.
En ceremonia fast track, como si fueran cómplices de ilegalidades, el alcalde Antonio Olivas; el gerente de CONAGUA, Oscar Gutiérrez Santana; el diputado federal panista, Juan de Dios Castro Muñoz; el diputado local blanquiazul, Fernando Gurza Zamora; así como, José Manuel Ramírez Robles, director del Sistema de agua potable y saneamiento del municipio (SAPAL), prácticamente arrojaron el pedrusco inaugural de la recicladora de aguas, ante los ojos de los uniformados que resguardaron el evento de manifestantes inexistentes.
El evento fue preparado con estrategia militar para evadir las controversias con los campesinos. Los funcionarios concibieron un programa de hechos consumados. Todo a escondidas. Sin diálogo con los quejosos. No importando la ola de suspicacias que existen acerca de posibles quebrantamientos de Ley, que medio mundo rumora en el municipio.
Desde la noche anterior, sigilosos guardianes de la Dirección de seguridad pública, comandados por burócratas de Antonio Cecilio Olivas, continuaron cercando el perímetro donde se procesarán las aguas negras de la ciudad, si acaso llegan a un acuerdo con los ejidatarios.
Comenzando la madrugada, fueron acantonados subrepticiamente alrededor de 50 guardias, ahora sí, desarmados.
El 22 de agosto, escoltas de Olivas Ibarra y José Manuel Ramírez Robles, se respaldaron en el mismo lugar con cerca de 20 policías fuertemente armados con rifles de alto poder, entre éstos los llamados R-15.
Así, sin platicar, con quienes son los dueños originales de los terrenos donde se asentará la tratadora, el alcalde junto con Oscar Gutiérrez Santana de CONAGUA, – de quien se está exigiendo una auditoria del uso del agua del ciclo pasado, ya que el líder campesino José Elías García Valenciano, asegura que se regaron más de 6 mil hectáreas sin autorización -, creyeron burlar las acusaciones del Ejido Lerdo, que se había organizado para marchar en contra de la inauguración de la empresa, hasta no ver sus derechos intactos.
De esta manera, los cerca de 300 manifestantes que se presentaron al lugar casi a mediodía, encontraron que el preámbulo de la obra ya había concluido.
Sólo quedaron en prueba; los policías, los terrenos cercados, al igual que un par de trascavos.
Protestas en la presidencia municipal
Enardecidos por la burla, los campesinos trasladaron a la presidencia municipal su reprobación.
Allí se aposentaron en el Salón Azul, donde momentos antes, las autoridades municipales, declararon a varios medios, haber firmado un convenio con el Ejido Lerdo.
Dijeron que “la presidenta del Comisariado Ejidal, Isidra Oralia Guerrero Orona, ya tenía copia” del compromiso.
El documento se encuentra en hojas tipo bond, tamaño carta, sin sellos; pero además, no cuenta con la firma de la dirigente campesina.
La minuta sólo es signada por, el alcalde, Cecilio Antonio Olivas Ibarra; el Secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Olmos Muñoz; el director de la SAPAL, José Manuel Ramírez Robles; así como por Federico Balli González, representante de “LA COMODATARIA”, (Sic), LA EMPRESA ECOSISTEMAS DE CIUDAD LERDO DURANGO SA DE CV (Resic), una sociedad clandestina hasta ese momento.
El concurso d
e la obra había sido ganado por Tecnología Intercontinental S.A. de C.V. (TICSA).Posesionados del Salón Azul, los campesinos exigieron con mantas y consignas que “nuestros derechos primero , sus negocios después ”, en referencia clara a Olivas Ibarra y José Manuel Ramírez Robles.
Pero, todo fue inútil. Javier Olivas, nunca respondió. Sigue en cerrazón para negociar.
Desde el gobierno; el caso del Ejido Lerdo, visión policíaca, no social
Con el conocimiento del dispositivo armado que levantó Cecilio Javier Olivas en contra de las marchas del Ejido Lerdo, el Procurador general de justicia del estado, Jesús Gutiérrez Vargas, se trasladó muy temprano a Gómez Palacio. Acompañado por 20 elementos de esa dependencia, temía un enfrentamiento en los terrenos de la tratadora, el sábado a mediodía.
Temprano se reunió con distintas personas en el café del Hotel Posada del Río, para sondear la situación. Hasta esos momentos ignoraba que la obra de la planta tratadora ya había sido puesta en marcha en la semiclandestinidad.
Con impresiones de periodistas, así como políticos, Gutiérrez Vargas se acuarteló en las oficinas de la Subprocuraduría de justicia del estado, en la Laguna de Durango, ubicadas en el periférico de Ciudad Lerdo.
Hasta ese lugar, pidió informes acerca de las actividades de algunos asesores del Ejido. Distorsionado, inexperto en el manejo político de las actividades públicas de algunos de ellos, sólo atinó a despejar sus dudas policíacas acerca de los consejeros ejidales.
De cualquier manera, de haberse suscitado algún incidente mayor, anidado donde estaba, le hubiera sido imposible llegar al lugar donde se encuentran los terrenos de la tratadora de aguas residuales, con todo y el helicóptero que trajo.
El secretario de gobierno, Oliverio Reza Cuellar, no se presentó; como tampoco se ha visto actuar a la Subsecretaria de gobierno en la Laguna de Durango, Rocío Rebollo Mendoza.
Turbios interese por las aguas negras de Lerdo
El lunes 27 de agosto, los ejidatarios se presentaron a la presidencia municipal cargando la piedra que inauguró los trabajos de la planta tratadora.
Los campesinos exigieron que se respeten sus derechos. “Que se firme un convenio con validez jurídica”.
Como siempre reiteraron, “no estamos en contra de la planta tratadora, sólo queremos transparencia y respeto a nuestros derechos”.
El asunto es que los intereses de los Castro Lozano, - Juan de Dios, Subprocurador de los Derechos humanos, Atención a víctimas y Servicios a la comunidad de la Procuraduría general de la República; María del Rosario, directora del Instituto nacional del federalismo y fortalecimiento municipal de la Secretaría de gobernación (INAFED), pero también del cachorro, diputado federal plurinominal, Juan de Dios Castro Muñoz, hijo del primero, sobrino de la segunda -, están en juego, tanto como las ambiciones de los poderes fácticos a los que sirven.
El gobierno del estado debería actuar antes de que las pasiones se desborden.
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