miércoles, 22 de agosto de 2007

Armados con rifles de alto poder intentan detener las protestas del Ejido Lerdo

Cecilio Antonio Oliva y José Manuel Ramírez Robles, amenazan a los campesinos

-No queremos diálogos encañonados: ejidatarios

-La guerra del agua ya está en la Laguna

Juan Monrreal López
Agosto 22 2007

Lerdo, Durango.- Altaneros, prepotentes, custodiados por cerca de 20 elementos con armas de alto poder de la policía rural lerdense, el alcalde sustituto Cecilio Antonio Olivas Ibarra, junto con José Manuel Ramírez Robles, titular de los Servicios de agua potable y alcantarillado (SAPAL), intentaron amedrentar a los ejidatarios de esta comunidad con el propósito que desistan de pelear los derechos que sobre las aguas negras de este municipio tienen.

Amachados a colocar el 25 de agosto, la piedra inaugural de la planta tratadora de aguas residuales de esta ciudad, - sin diálogo con quienes han sido los usuarios de las aguas negras- , Olivas Ibarra, así como José Manuel Ramírez, quieren imponerse con abusos de autoridad. Ambos se encuentran a 8 días de entregar los puestos de la actual administración.

Tanto los mandos municipales como los estatales y federales, han puesto oídos sordos a los campesinos, quienes por 60 años han hecho usufructo de las aguas residuales de la cabecera municipal.

Y es que desde el principio del proyecto, los ejidatarios fueron excluidos, a pesar de ser dueños de los terrenos donde se levantará la procesadora. Hasta ahora, sólo han aparecido como figuras de fondo. Como imágenes de propaganda oficial. Como objeto a corromper con dádivas.

Con un costo estimado en 311 millones de pesos, equipada para limpiar entre 4.7 y 5.7 millones de metros cúbicos anuales, la planta fue adjudicada a la empresa constructora Tecnología Intercontinental S.A. de C.V. (TICSA), con sede en México, D.F. Una firma que se ha beneficiado con contratos similares, rubricados con gobiernos de extracción panista ubicados en distintas partes de la República.

Desde la época en que Rosario Castro Lozano, gobernaba el municipio, la ex alcaldesa
vendió el proyecto como la panacea municipal para resolver el problema de los drenajes citadinos.

La mejor carta fue anunciar que la obra no costaría un centavo al Ayuntamiento. Sin embargo, en compensación, TICSA, tiene en sus manos un contrato de venta de aguas residuales con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los próximos 20 años, una vez que se concluya la recicladora del líquido.

Turbia, en la operatividad política, Rosario Castro, intentó por todos los medios, - antes de tirar la alcaldía-, dejar en construcción la tratadora.

Para ello se valió de todo. Llegó hasta ofrecer 1 millón de pesos a varios de los líderes ejidales, pretendiendo su colusión.

Pero Castro Lozano, nunca se atrevió a tratar con la totalidad de los afectados; la asamblea de ejidatarios. Las consecuencias ahora se ven.

El asunto es que de acuerdo a las prisas que persiguen al alcalde Antonio Olivas, como al director de SAPAL, José Manuel Ramírez Robles, por colocar la piedra inicial el próximo sábado 25; esta mañana estallaron los forcejeos verbales junto con las amenazas de las autoridades, quienes se respaldaron con alrededor de 20 hombres fuertemente armados, pertenecientes a la corporación rural de la policía.

La ira de los burócratas reventó contra la tropa de mujeres del ejido, encabezadas por la Comisariada ejidal, Isidra Oralia Guerrero Orona, quienes se presentaron a dialogar en los terrenos donde se ubicará la tratadora.

Las señoras tuvieron que detener las arrogancias de las autoridades a gritos de “ni muertos conseguirán instalar la planta si no existe negociación clara”, respecto a las demandas planteadas por la comunidad que busca resarcir la privación del agua.

Al presente, las promesas de otorgar derechos del Distrito de riego 017, más la perforación de un pozo profundo electrificado que compense las pérdidas del líquido de la comunidad, son eso; ofertas que no encuentran respaldo en ningún documento oficial.

Hoy, Olivas Ibarra, como Ramírez Robles, trataron de engañar a los campesinos, simulando que simples minutas técnicas son documentos notariales.

Ramírez Robles, tiene fama de corrupto desde que ocupó la dirección del Distrito de riego 017.

Por lo pronto, los campesinos exigen sus derechos, en contra de las turbias maniobras de adjudicación e instalación de la planta tratadora de aguas residuales que vulnera sus razones jurídicas, tal como está planteado. “No nos oponemos a la construcción de la tratadora, sólo queremos que se respeten nuestros derechos”, dicen.

Las cloacas dejadas por Rosario Castro Lozano, huelen mal. Habrá que escarbarle a esta persona de dobles o triples morales.