Levy, Beltrones y Peña Nieto: ¿más tragedias como la de ABC?

Gustavo Leal F.*

Después de su funesto y nunca sancionado paso por el IMSS-Fox, Santiago Levy pretende regresar con el PRI-Beltrones-Peña Nieto a imponer fatalmente –ahora en la seguridad social– otro fracaso como el Progresa (Oportunidades), financiándolo con IVA generalizado a fármacos, alimentos y servicios sin excepción”.

Su enredada y tecnocrática “propuesta”: oootra “reforma” social publicitada por políticos ayunos de agenda, intelectuales orgánicos, analistas a modo y académicos jilgüeros, quiere desestructurar la integralidad de las prestaciones IMSS-ISSSTE para sustituirlas con un “universalismo” de paquetes mínimos en materia de pensiones-retiro, seguro médico, de vida y de invalidez, a la imagen y semejanza del Seguro Popular de Frenk.

Un presuntuoso “Seguro de Derechos Sociales Universales” que agrega ¡generosamente! uno de riesgos de trabajo –sólo para los asalariados– y otro de desempleo “modesto”, en remplazo de la indemnización por despido.

La nueva pesadilla de Levy equivale a 5 puntos del PIB: 30 mil millones de dólares. Para “instrumentarla” sería preciso elevar la imposición de gravámenes. ¿Cómo? Homogeneizando la tasa del IVA a 15 por ciento para todos los bienes y servicios sin excepción, justamente en esos mismos 5 puntos del PIB. Ese impuesto sería entonces bautizado como “contribución para los derechos sociales universales”.

Pero como con el Seguro Popular, el problema de fondo es que el enredo Levy y su fantástica “propuesta” tributaria no garantiza lo que ofrece: la pensión de retiro (en las Afore) apenas sumaría 30 por ciento del último salario devengado y el seguro médico sería racionado, como muestran sobradamente sus cuestionadas UMAES-IMSS.

Recientemente Alberto Díaz Cayeros preguntó: ¿qué ofrece México al resto de Norteamérica? Sin dejar de reconocer la asimetría con Estados Unidos y Canadá, respondió, una visión alternativa para detonar la cooperación regional permite ordenar las siguientes “oportunidades complementarias”: la estructura de edad de México es más joven; los trabajadores indocumentados son muchos porque sus servicios son necesarios; la competitividad internacional de la industria automotriz, electrodomésticos y otros sectores sólo son concebibles si los trabajadores mexicanos son parte integral de los procesos de producción; los servicios personales que requieren nuestros vecinos de la tercera edad se podrían ofrecer en comunidades de retiro en México; incluso hay “grandes ventajas complementarias” en servicios financieros, telecomunicaciones e informática (Reforma, 9/8/09).

Lo que ofrece México son los servicios “necesarios”, ¿de cocineros, meseros, camareras, nanas, jardineros y lavacoches, entre otros?

Como señaló el tecnócrata Ernesto Zedillo en junio de 2009: la mejor manera de promover la “igualdad de oportunidades” es vía la provisión de “servicios básicos de salud y educación”, así como la construcción de la infraestructura del “capitalismo popular”: que las personas en condiciones de pobreza tengan “identidad” legal, “certeza” en sus derechos de propiedad y acceso a instrumentos modernos de “ahorro e inversión”.
Justo el enredo de Levy que constituye la miserable política “social” del país diseñado por el priísmo autoritario de Salinas hace 27 años y continuado, sin chistar, por el panismo de Fox y Calderón.

Un “modelo” que, incapaz de crear empleo formal para realmente ampliar el horizonte del bienestar, sólo sume en un deterioro creciente la red pública de salud y seguridad social y ahora –siguiendo el enredo Levy– quisiera reducirla a meros paquetes “universales” básicos no garantizados como el Seguro Popular. Migajas de “derechos” para una ruidosa “ciudadanía” carente de deberes estatales integrales.

Como con ese Seguro Popular, el balance de Progresa-Oportunidades está aún por hacerse. Pero su costo social es patente: dádivas sociales “condicionadas” que empeoran a la baja los servicios, aunque preservan el uso electorero (Zedillo-Fox-Calderón) de los recursos. Dádivas que esquivan la red de seguridad social pero parasitan de ella. “Programas que dan salud” y “elevan” el desempeño presidencial.

La “nueva” reforma Levy arropada por Beltrones y Peña Nieto es la “agenda” de una elite en decadencia imposibilitada para abrir al debate nacional todo aquello que desborda el país salinista empeorado por Calderón.

Esa agenda efectiva, además de establecer las varias responsabilidades de Levy en su funesto paso por el IMSS –que culminaron en las 49 muertes de Hermosillo– debería iniciar actualizando un esquema integral de salud y seguridad social correspondiente al nuevo cuadro económico, seguido de una estrategia precisa para corregir los problemas estructurales de la operación de la red.

Ese es su reto y no un esquema de “seguridad social” que achica prestaciones, sólo para expandir un Presupuesto de Egresos al servicio de los poderes fácticos. Una propuesta integral con un compromiso explícito de mejora en los servicios que ya pagan derechohabientes, patrones, ciudadanos y usuarios de la red.

Pero frente al reto, Beltrones y Peña Nieto pasan frívolamente a escape reproduciendo con comodidad el enredo Levy, cuando en términos estrictos deberían vertebrar una propuesta orgánica para el sector (pensiones, salud, prestaciones económicas y sociales) en consonancia con los políticos del siglo XXI que aspiran ser.

Ambos se contentan con anticipar un “esquema universal” montado sobre meros paquetes básicos como los del Seguro Popular de Frenk. Y agregan: “si este es el propósito y hace falta dinero, entonces sí busquemos una profunda reforma fiscal”. ¿Entonces sí? Pero sucede que los recursos ya están ahí.

¿Podrán ambos reproducir de propia voz –sin tarjetas, con claridad, sencillez e incluyendo los nuevos impuestos contemplados– el enredo de quien diseñó el contrato letal de la guardería ABC?

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Guarderías: ¿acatarán Molinar Horcasitas y Karam?

Gustavo Leal F*

Daniel Karam, sucesor del politólogo Juan Molinar Horcasitas al frente del IMSS calderonista, manifestó que acataría totalmente, sea quien sea el responsable”, el fallo que emitirá el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la presunta violación de garantías individuales en la tragedia de la guardería ABC subrogada en Hermosillo, una vez que el ministro Arturo Zaldívar (sustituto de Fernando Franco) elabore el informe final sobre la base preliminar divulgada el 1º de marzo pasado.
El 29 de julio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló en su primer informe sobre la guardería ABC que “dueños y autoridades causaron la tragedia” y el 3 de agosto recomendó enfáticamente al IMSS la “revisión inmediata de las condiciones físicas y legales en que operan las subrogadas en todo el país” (recomendación 49/2009).
Para la CNDH, la tragedia pudo haberse evitado “si se hubiera contado con el personal requerido”, violación que propicia la normatividad del modelo-contrato de subrogación ambientado por Genaro Borrego (1995) y diseñado por Santiago Levy (2002).
El IMSS, agrega, incurrió en acciones y omisiones violatorias de los derechos humanos y en la “inobservancia” de las NOM-167-SSA1-1997 (para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores) y NOM-002-STPS-2000 (sobre condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en centros de trabajo).
La CNDH afirma que el día de los hechos “el personal de la guardería fue insuficiente e ineficiente en la evacuación de los menores” y concluye que de haberse contado con más personal en el momento del siniestro, “hubiera ayudado a las labores de rescate de los menores y con ello eventualmente salvar más vidas”. Y destaca que los dueños y responsables de la guardería “actuaron bajo la anuencia o tolerancia de los servidores públicos del IMSS”. La CNDH acredita que el 5 de junio –día del siniestro– en la guardería laboraba menos de 50 por ciento del personal: 14 de 40, que además, no disponían de la preparación adecuada. ¿Por qué? Por ese modelo-contrato de subrogación Borrego-Levy.
La recomendación 49/2009 destaca que los dueños y responsables de la guardería “actuaron bajo la anuencia o tolerancia de los servidores públicos del IMSS” y ordena que se tomen las medidas administrativas correspondientes “para iniciar, o en su caso agotar los procedimientos administrativos conducentes, para verificar la manera en que están operando las guarderías subrogadas y determinar, si resulta procedente, la continuación del servicio de guarderías o bien la suspensión del mismo por no garantizar de manera adecuada las condiciones de seguridad necesarias”.
La respuesta de Karam fue que la recomendación de la CNDH ¡“no contiene nada nuevo”! ¿Acató?
En su informe de resultados de la Cuenta Pública 2008 (febrero 2010), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ratificó que Molinar Horcasitas firmó en 2008, “sin tener facultades expresas”, 155 contratos de subrogación. Molinar recibió la autorización del Consejo Técnico que, como director del IMSS, por entonces presidía. Ambos, director y consejo, “incurrieron en responsabilidad legal”.
Ante ello, la ASF pide al órgano interno de control del instituto que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias”. La ASF concluye que las guarderías que el IMSS y el ISSSTE subrogan a particulares “son un peligro para los niños”.
De una muestra de 106 subrogadas, la ASF constató que en nueve “el IMSS no realizó ninguna de las seis visitas de supervisión”. En el ISSSTE se comprobó que 62 contratos vigentes en 2008 “fueron firmados por delegados sin tener facultades para hacerlo”. En tanto, las “estancias” changarro de Calderón que opera Sedeso “cubrieron 21.4 por ciento de la población potencial y no consideraron disposiciones legales y normativas relacionadas con aspectos de salud y protección civil”.
El informe de la ASF califica el tipo de gestión que ha imperado 10 años en el IMSS-PAN y que, desde Santiago Levy, describe un deterioro notable en el desempeño de sus órganos superiores. Ese deterioro posibilitó la tragedia.
¿Ya solventó el IMSS-Karam las observaciones de la ASF? ¿Acató?
El informe preliminar de la SCJN concluye inequívocamente que “de la lectura que se haga de la ley y de la disposición reglamentaria en comento no se advierte la posibilidad de que terceros ajenos al instituto puedan prestar el servicio de guarderías” y señala directamente al politólogo Juan Molinar Horcasitas como autoridad “involucrada en la violación de garantías”.
Por su parte, él señaló, primero que la “responsabilidad está en el lugar donde inició el incendio”. Luego aseguró que “sí”, había declarado ante la PGR sobre el asunto, lo que desmintió de inmediato el ex gobernador de Sonora Bours: “no hay ninguna declaración”. Después negó tener responsabilidad en la asignación y en el incendio: antes “se otorgaban por asignación directa, método incorrecto”. A cambio presumió haber establecido las licitaciones abiertas ampliando la red en 200 contratos: “mi responsabilidad consistía en continuar el proceso de renovación”. Más tarde reiteró “estar tranquilo, porque no tiene responsabilidad alguna” y llamó a “no minimizar” la importancia del sistema de guarderías IMSS (¡¡).
Por último cuestionó, el informe preliminar de la SCJN porque la Corte “malinterpretó y el IMSS tiene las atribuciones para firmar esos convenios” y luego, acosado, aceptó “estar a disposición” de la Corte: “voy a contestar”.
¿Realmente acatarán?
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Guarderías, ¿sólo responsabilidad administrativa?

Gustavo Leal F.*

El 4 de septiembre de 2009, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Salvador Vega Casillas, absolvió a Juan Molinar Horcasitas de cualquier responsabilidad” en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo porque en “el gobierno existe delegación de funciones y cada quien atiende la parte que le corresponde”.
Cinco meses después, en su Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó lo que ya constituía un dictum popular: que junto con Santiago Levy –quien diseñó el modelo de subrogación del IMSS–, Juan Molinar Horcasitas es responsable, seguido de Daniel Karam, quien continúa subrogando amparado en “nuevos” contratos “vigilados” por Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles; subrogaciones que son un peligro para los niños y abaten la calidad del servicio prestado.
Según la ASF, Molinar Horcasitas firmó en 2008, “sin tener facultades expresas”, 155 contratos de subrogación. Recibió la autorización del Consejo Técnico que, como director del IMSS, por entonces presidía. Ambos, director y consejo, “incurrieron en responsabilidad legal”.
Ante ello, la ASF pidió al Órgano Interno de Control del instituto que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias”. La ASF concluyó que las guarderías que el IMSS y el ISSSTE subrogan a particulares “son un peligro para los niños”.
De una muestra de 106 guarderías subrogadas, la ASF constató que en nueve “el IMSS no realizó ninguna de la seis visitas de supervisión”. En el ISSSTE se comprobó que 62 contratos vigentes en 2008 “fueron firmados por delegados sin tener facultades para hacerlo”. En tanto, las “estancias” changarro de Calderón que opera la Sedeso “cubrieron 21.4 por ciento de la población potencial y no consideraron disposiciones legales y normativas relacionadas con aspectos de salud y protección civil”.
El informe de la ASF calificó el tipo de gestión que ha imperado 10 años en el IMSS-PAN y que, desde Santiago Levy, describe un deterioro notable en el desempeño de sus órganos superiores. Ese deterioro posibilitó la tragedia.
La principal responsabilidad reposa en la subrogación de la cuota por conducto de adjudicaciones y licitaciones. Porque los padres de las víctimas la entregaron al Estado mexicano: el IMSS, y fue ese Estado, vía el IMSS, el cual la subrogó a privados.
Adjudicaciones directas. Levy propuso en 2003 el modelo y contrato de subrogación, con Antonio Scheleske, Araceli de Fernández –esposa del rector del ITAM–, Dora García Kobeh y Evelyn Rodríguez. El Consejo Técnico lo autorizó y la –entonces– Secodam lo avaló. No consta que la Comisión de Vigilancia del IMSS, siguiendo el artículo 265 de la Ley del Seguro Social, hiciera alguna observación.
Licitación pública abierta. Molinar Horcasitas, con Sergio Salazar, Carla Rochín y la arquitecta Nora Patricia Bonilla, renovó en 2007 el contrato de la Guardería ABC, conociendo las anomalías que había detectado desde el 26 de julio de 2005 la PGR (La Jornada, 13.6.2009). Su responsabilidad es, pues, doble: primero renovó y luego siguió licitando.
El “sistema” Molinar de asignación de contratos –que sólo aportó la “licitación” (2008) al diseño de adjudicación directa de Levy– estaba basado en una cuota máxima de referencia por niño –que varía según la región–, a partir de la cual los interesados tenían que ofrecer descuentos al IMSS. Así que, buscando ganar el concurso, abatían aún más la “calidad” del modelo-Levy.
Licitación pública abierta con datos de los interesados. Karam sigue licitando el mismo modelo-contrato-Levy con el “sistema” Molinar Horcasitas “mejorado”: agregando los datos de los interesados y un “nuevo” contrato 2009 –criticado por los prestadores–, que impone fianzas, seguro de responsabilidad civil y costear las revisiones de protección civil. Con ello Karam “deslinda” al IMSS de cualquier responsabilidad civil, laboral o de cualquier índole legal.
Pero la mayor tragedia de la seguridad social mexicana no ameritó que alguno de los tres sectores que forman el Consejo Técnico o la Comisión de Vigilancia convocaran a asamblea general. No sólo los funcionarios del IMSS se encuentran bajo el escrutinio público. También sus órganos superiores que pueden convocar a la autoridad suprema institucional: esa asamblea general. La tragedia exigía una con carácter de extraordinaria. ¿Acaso Hermosillo no es de “importancia y trascendencia para el instituto?
¿Y qué ha comunicado el politólogo Molinar? Primero señaló que la “responsabilidad está en el lugar donde se inició el incendio”. Luego aseguró que “sí”, había declarado ante la PGR sobre el asunto, lo que desmintió de inmediato el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours: “no hay ninguna declaración”. Después negó tener responsabilidad en la asignación y en el incendio: antes “se otorgaban por asignación directa, método incorrecto”. A cambio estableció las licitaciones abiertas ampliando la red en 200 contratos: “mi responsabilidad consistía en continuar el proceso de renovación”. Finalmente reiteró “estar tranquilo porque no tiene responsabilidad alguna” y llamó a “no minimizar” la importancia del sistema de guarderías del IMSS (¡!).
Del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultado de los trabajos de la comisión designada para indagar sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en la tragedia, aguardamos justicia al delimitar cuidadosamente responsabilidades en la defensa del principal derecho humano: el derecho a la vida.
Porque acaso, después de 49 muertes, la de Molinar Horcasitas, ¿es sólo una responsabilidad administrativa?
*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

Influenza A y guarderías: visión “sanitaria” de la tecnocracia calderonista

Gustavo Leal F. *

En el transcurso del operativo federal que atendió la emergencia desatada por la epidemia de influenza A, los funcionarios designados por Felipe Calderón al frente de las instituciones sanitarias brillaron por su alta precisión “financiera”.

Exactamente lo mismo aconteció cuando “atendieron” la tragedia en la guardería subrogada ABC en Hermosillo, Sonora: la peor tragedia de que se tenga registro.

Influencia A: Salomón Chertorivski, comisionado de Protección Social en Salud (Seguro Popular), después de que el doctor Córdova comunicó (1º de mayo) que se había liberado 1.6 millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular –con los que se compraron equipos para analizar las muestras de casos sospechosos, antivirales, cubrebocas y gel antibacterial– el 23 de mayo de 2009 Chertorivski declaró que los recursos tomados del fondo para “atender” la contingencia sumaron 720 millones de pesos y que ella “no afectó” los planes para la incorporación de nuevas enfermedades cubiertas por ese fondo. En su opinión “el fondo goza de buena salud”.

Tal vez por esa “salud”, el 20 de marzo de 2009 Calderón puso al frente del Seguro Popular a Chertorisvski y el secretario Córdova trató de justificar el curioso nombramiento pretextando que “al tratarse de un seguro médico se requiere una persona que tenga un perfil profesional enfocado a la economía” (¿?) Todavía agregó: “porque es un seguro, y de abajo está soportado por toda la parte técnico-médica” (¿?) ¿Pero quién y cómo “soporta” al “de arriba”: a Chertorisvski?

Daniel Karam, director del IMSS, el 15 de mayo aseguró que las finanzas del organismo “no han sido afectadas”. La reserva financiera, sostuvo, asciende a 146 mil millones de pesos y por la contingencia se erogaron 600 millones de pesos para comprar antivirales, equipos, material de curación y tiempo extra laborado los fines de semana.

El 29 de mayo, Karam admitió que la capacidad de respuesta del instituto “se ha mermado”. Según sus indicadores: mientras en 1981 se contaba con 1.83 camas por cada mil derechohabientes, a la fecha sólo se dispone de 0.83. Esto obedece, agregó “a que la inversión en infraestructura ha sido deficiente. El reto para esta administración es terminar, al menos, con 0.95 por cada mil derechohabiente”.

Tragedia en la guardería subrogada ABC: Daniel Karam, director del IMSS, aún sin haberse cumplido 24 horas de la tragedia, el 6 de junio, comunicó desde Hermosillo que “ya había contactado” con cuatro funerarias locales para que reciban a los pequeños “sin costo para los padres”.

Cuatro días después, el 10 de junio, dijo que el IMSS otorgaría 14.3 millones de pesos a las 78 familias de los infantes lesionados y fallecidos por el incendio de la guardería.

Los recursos, agregó, se utilizarían para apoyar los gastos funerarios y atención médica adicional, así como los traslados que requieran los padres de las víctimas.

Se entregarán 155 mil 519 pesos por familia con hijos fallecidos y 234 para las que los tienen hospitalizados.

Para los que resultaron “afectados”, la atención médica será “vitalicia”. Para ello se dispuso una bolsa por 50 millones de pesos que cubrirá traslados, viáticos y hospedaje de los padres. También se edificará un área de atención de quemados en Hermosillo.

Eso es todo. Porque para todo lo demás, Karam sólo se comprometió a realizar –como antes Juan Molinar Horcasitas y Santiago Levy– un “diagnóstico” sobre las condiciones en que operan las mil 568 guarderías del IMSS y “se suspenderán las que no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad”.

Terceta de tecnócratas de la alternancia: La visión financiera de la tecnocracia sanitaria calderonista cuenta con un representativo grupo de voces igualmente autorizadas que los han antecedido en la “misión”.

Julio Frenk, desde la Secretaría de Salud del foxismo, gustaba repetir, casi hasta el hartazgo: no sólo más dinero para la salud, ¡también más salud para el dinero!

Molinar Horcasitas, como antecesor de Karam en el IMSS del calderonismo, disfrutó afirmar frente a la Canifarma (agosto 2008) que “un derechohabiente del Seguro Social, conforme a la cobertura de servicio que le da el propio instituto, podrá ir al sector privado para recibir la atención si así lo desea, y será el IMSS el que le pague al prestador privado”, porque, agregó, un “mercado interinstitucional de servicios de salud” es la mejor manera de poner fin “a los monopolios perezosos y a la ineficiencia de las instituciones de salud pública”.

Santiago Levy, como director foxista del IMSS, no se podía quedar atrás. Aparentemente muy seguro de sí mismo, en la reunión del consejo técnico, celebrada el 23 de enero de 2002, aseveró: “vamos a tener un recorte en servicios generales de 22 por ciento, en conservación de 9 por ciento, con lo cual desafortunadamente el deterioro va a continuar”. Todo, porque la meta que se había establecido era ¡acumular reservas! por 10 mil 364 millones de pesos.

En el año previo, 2001, el IMSS de Levy había adjudicado directamente la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que se incendió el 5 de junio de 2009, dejando un saldo fatal de 45 infantes muertos.

Junto con Miguel Ángel Yunes desde el ISSSTE, ¿alguna vez podrán los responsables designados por Calderón, Salomón Chertorivski y Daniel Karam, intentar atender la materia sanitaria propiamente dicha?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco