Ricardo Ravelo
Junio 18 de 2021
“Lo que está muy claro es que con el triunfo de Morena sobrevendrá un nuevo reparto territorial, en otros casos los cárteles que operaron se…
El reparto de territorios del narcotráfico en estados donde ganó las elecciones el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es un hecho que no tiene precedentes tan claros como ahora ocurre. Lo peor de todo es que, pese a las evidencias, el Presidente de la República guarda silencio ante este fenómeno que se reconoce en buena parte del país, pero nada se hace al respecto.
Con independencia de algunos diputados electos, investigados, según se ha publicado, por los órganos de inteligencia del Gobierno federal, los reflectores de la sospecha se han centrado en tres gobernadores electos el 6 de junio último: Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Rubén Rocha Maya (Sinaloa) y Ricardo Gallardo (San Luis Potosí).
Lo que se ha denunciado en estos tres casos es que fueron apoyados por algunos cárteles del narcotráfico, entre otros el de Sinaloa, cártel de Jalisco y algunas células aliadas que, el día de la jornada electoral, secuestraron a representantes de casillas para tener a su disposición las urnas que habrían sido retacadas de votos en favor de los abanderados de Morena.
Pero no sólo serían estos tres personajes que compitieron y ganaron las gubernaturas de los estados referidos. Los órganos de inteligencia estarían investigando a otros tres abanderados, cuyas cuentas estarían bajo observación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque oficialmente nada se ha dicho. En estas investigaciones están involucrados unos cinco partidos políticos, según las versiones publicadas.
Independientemente de que las indagaciones se hayan puesto en curso, quienes pusieron el dedo en este delicado caso fueron Mario Zamora, Senador de la República, y Ángel Ávila, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Las evidencias pondrán en serios aprietos a los candidatos ganadores, de comprobarse sus nexos con el crimen, pues las elecciones en los estados referidos tendrían que ser anuladas y los contendientes llevados a juicio ante la justicia federal. Pero esto parece muy distante que ocurra, más aún, si sus vínculos con los cárteles mencionados se hicieron por instrucciones emitidas desde Palacio Nacional.
Tanto Zamora como Ávila hablaron con detalles de lo que vieron y/o acreditaron que ocurrió el día de la elección; para ellos, fue evidente la mano del crimen organizado en la elección de Sinaloa –por ejemplo– con el objetivo de reforzar las campañas de los candidatos de Morena. Es claro que en esa entidad al cártel que encabeza Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los capos consentidos de la Cuarta Transformación, le convenía el triunfo de Rubén Rocha, viejo conocido de Zambada y de “El Chapo” Guzmán, pues además de ser paisanos en alguna época fueron vecinos y transitaban las mismas rutas de Badiraguato y otros municipios serranos controlados por el crimen organizado.
Según las denuncias, operadores del cártel de Sinaloa secuestraron cerca de un millar de representantes de casillas –algo poco visto incluso en Tamaulipas, donde las elecciones las ha operado el crimen– y de supervisores de varios partidos.
Con base en los datos y evidencias, uno de los denunciantes de estos hechos –Mario Ávila– dijo que se puede inferir que algunos candidatos contendientes están ligados al crimen, forman parte de los cárteles o tienen relación con grupos del crimen organizado, pues todos estos operadores criminales realizaron una operación electoral basada en la violencia y la intimidación con el objeto de que Morena ganara la contienda.
De igual forma, en Sinaloa fueron secuestrados los representantes de casillas, algo que generalmente realizan los gobernadores con apoyo de grupos armados, pero en esta ocasión los denunciantes atribuyeron dicha operación al cártel de Sinaloa y no al poder político local, tan corrupto como el propio crimen. Para llevar a cabo una operación de esta naturaleza no se puede pensar en otra cosa más que en una organización criminal del tamaño de Sinaloa que cuenta con poder bélico y un amplio ejército de aliados que pueden poner de rodillas a cualquier estructura de poder. Ya lo hicieron en octubre de 2019 tras la captura de Ovidio Guzmán –el hijo de Joaquín Guzmán Loera–, mostraron su poder y doblaron al Ejército y al Presidente Andrés Manuel López Obrador porque tuvieron que ordenar la liberación del hijo del capo, supuestamente, “para evitar un baño de sangre”. El día de la elección, simplemente se les respetó otra vez el territorio con un nuevo Gobernador que no solo es aliado sino viejo amigo de los jerarcas de esa organización criminal.
Antes de la elección, según los denunciantes, las encuestas no daban el triunfo a Rubén Rocha, pero la balanza se inclinó a su favor con el respaldo del cártel de Sinaloa. La operación fue muy parecida a las que en cada elección llevaban a cabo “Los Zetas” y el cártel del Golfo en Tamaulipas, particularmente durante los gobiernos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, dos exgobernadores priistas que se involucraron con el narcotráfico y el lavado de dinero, de acuerdo con sus respectivos expedientes criminales que sirvieron para encarcelarlos.
La misma operación electoral-criminal se aplicó, según las investigaciones que se realizan, en Michoacán para favorecer al abanderado de Morena, Alfredo Ramírez y en San Luis Potosí, otro enclave del narco, para respaldar a Ricardo Gallardo, quien está bajo investigación, según las versiones periodísticas que han circulado.
Con el triunfo arrollador de Morena, el partido del Presidente López Obrador gobernará en ocho de los 15 municipios más violentos del país, donde varios cárteles libran batallas estruendosas: De esta forma, dominará lo que se conoce como el corredor costero del Pacífico, la zona más boyante por donde opera el grueso del trasiego de drogas y diversos negocios manejados por los grupos criminales.
Se trata de los puertos de Lázaro Cárdenas (Michoacán), Manzanillo (Colima), Puerto Vallarta (Jalisco), Mazatlán (Sinaloa) y Guaymas (Sonora), Tijuana (Baja California), Acapulco (Guerrero) e Iztapalapa (CDMX). Otros grupos tendrían Cajeme (Sonora), Benito Juárez (Quintana Roo), Salamanca (Hidalgo) y Ciudad Juárez (Chihuahua), territorios clave para el crimen.
La alianza PRI-PAN-PRD gobernará otros corredores criminales, pues los mismos cárteles que ayudaron a Morena en el norte del país también habrían pactado en Guanajuato, Querétaro y en los nueve municipios que perdió Morena en la Ciudad de México, entre otros, en Cuauhtémoc, el corazón del crimen organizado, de los narcoabogados, del tráfico de enervantes, paraíso del lavado de dinero, de la prostitución y de la trata de personas.
Dolores Padierna, la candidata de Morena que perdió el municipio de Cuauhtémoc, resumió con sólo cinco palabras lo que ocurrió el 6 de junio en la capital del país: “La mafia salió a votar”. De esta forma, Padierna –la candidata de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum– no pudo contrarrestar la operación del crimen organizado que le arrebató el triunfo. Padierna, según se sabe, llevaba un plan de acción dirigido a poner orden a los giros negros y negocios operados por lo que ella llama “la mafia”, pero se lo impidieron.
Lo que está muy claro es que con el triunfo de Morena sobrevendrá un nuevo reparto territorial, en otros casos los cárteles que operaron se mantendrán en sus plazas, como es el caso de Guanajuato y Querétaro. En la Ciudad de México cambia el esquema: los grupos criminales que se posicionan en los principales municipios son cártel de Jalisco, Unión Tepito y el cártel de Tláhuac; hacia el norte del país, Sinaloa conquista nuevos territorios con los candidatos de Morena que resultaron ganadores. El cártel de Jalisco también dominará en el Estado de México, un territorio también controlado por cárteles michoacanos.
El año entrante habrá elecciones en Quintana Roo –la ruta del Caribe operada por Sinaloa– y en Tamaulipas, la otra frontera que le interesa ganar al Presidente para contar con todos los territorios controlados. Es muy probable que en los próximos meses el Gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sea desaforado, pues Morena ganó la mayoría en el Congreso de ese estado. Si no hay negociación, lo más probable es que Cabeza de Vaca tenga los días contados en el poder. Tamaulipas es una plaza importante para el crimen organizado y Morena busca ganarla para entregar el territorio a sus aliados. De esta forma, el cártel de Sinaloa crecería en dominio geográfico y da pasos contundentes para conformarse en lo que Juan José Esparragoza Moreno –“El Azul”– alguna vez propuso: Construir una Federación de cárteles o que uno solo tenga el mayor dominio territorial para imponer sus decisiones, pues la paz social sólo depende de las negociaciones con el poder y no del combate criminal por parte del Estado que, dicho sea de paso, no se realiza pese a la escandalosa militarización que vive el país.
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