miércoles, 4 de diciembre de 2019

Detrás de grandes obras del gobierno Bronco, va la bursatilidad de Capitales…


RAÚL A. RUBIO CANO
Noviembre 5 de 2019
Desde el pasado 3 de noviembre, circula desplegado en las redes sociales preocupadas sobre la protección de nuestro ambiente y en particular, sobre los cuidados al Río Santa Catarina. El documento va dirigido al Gobierno de Nuevo León, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), indicándoles un conjunto de organizaciones ciudadanas como El Río está Vivo, Vida No Cemento, No al Viaducto Elevado y el Río es Río, que: “Como personas servidoras públicas tienen la obligación legal de transparentar toda la información del proyecto Viaducto Elevado que pretende realizarse en el Río Santa Catarina. Porque cabe señalar que decir que el proyecto está planeado en la ‘orilla’ o en los ‘márgenes’ es una trampa discursiva usada por las distintas instancias gubernamentales, que se nutre de la desmemoria y la despolitización de la sociedad neoleonesa. Así que aprovechamos la oportunidad para recordar que el par vial Constitución-Morones Prieto están construidas en lo que originalmente formó parte de la morfología natural del Río Santa Catarina. Una vez aclarado lo anterior, señalamos que no solo están siendo opacos al no exponer públicamente los documentos técnicos del proyecto, los estudios de impacto ambiental y los fundamentos legales y científicos bajo criterios interdisciplinarios para autorizar el proyecto. También nos están excluyendo de la discusión pública al no transparentar el proceso desde el inicio. Y no, no son suficientes las reuniones que en su momento ha realizado el Secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital. Se requiere tener una discusión pública seria, documentada, con información veraz, actual, válida, cualitativa y cuantitativa, no solo con el punto de vista de ingenieros o urbanistas que no han incorporado la sustentabilidad como principio; sino la gama de especialistas en temas ambientales, sociales y de derechos humanos, así como la población directamente afectada. Al no hacerlo significa que están atentando contra el principio de pluralismo democrático y contra el objeto de todo gobierno: salvaguardar el bien público. De materializarse, esta acción gubernamental puede perfilar varias violaciones a derechos humanos: a la salud, al medio ambiente sano, a la participación democrática en los asuntos públicos, al agua, al desarrollo sustentable, así como los principios de máxima publicidad, transparencia y acceso a la información pública, solo por mencionar algunos. Aún cabe mencionar los derechos de la naturaleza, que, si bien no están plenamente garantizados bajo ese término, si existe una protección hacia los ecosistemas y la biodiversidad contenida en el bloque de constitucionalidad aplicable al caso. Les recordamos que toda violación de derechos humanos es susceptible de ser justiciable. Así que esperamos que rectifiquen su decisión, apegándose a derecho que regula su decisión y acción gubernamental”. Ya poco a poco se va filtrando información del citado proyecto que será realizado y costeado bajo esquema financiero con empresa española, la misma que intervino en la construcción de la autopista de paga Monterrey-Saltillo y que manejará una bolsa de 7 mil millones de pesos El asunto por lo visto, más que ser una necesidad de vialidad o de respeto a los ecosistemas del Río Santa Catarina, es un negocio más de bursatilización de capitales (por eso, no presentan estudios, no hay sustento técnico ni justificante urbano, social o ambiental, esas obras son un vil trinqueteo de capitales, que vamos a pagarles su valorización: nosotros); algo muy parecido a lo que quieren realizar con la Presa Libertad, porque ¿A quién le interesa obtener con una inversión de 5 mil millones de pesos (para empezar), el traer a Monterrey 1.5 metros cúbicos de agua por segundo (cuando mucho) combinado con el excremento de 50 mil cabezas de ganado? No cabe duda, son proyectos voraces de unos cuantos pillos, con el sello del Consejo Nuevo León, organismo arriba del gobierno Bronco y donde el gobierno de AMLO y la 4T, no pueden embarrarse, al contrario, debe de investigarse a fondo ese Neoliberalismo feroz que aún no muere en Nuevo León ¡Órale! raurubio@gmail.com

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