RAÚL A. RUBIO CANO
Febrero 7 de 2019
Ayer, en primera plana del periódico La Jornada, se comentaba: “Vamos por el rescate de Pemex y CFE, anuncia AMLO”. Y esta acción del nuevo gobierno federal definitivamente va muy en serio, generando ya con las acciones contra la corrupción, un fondo de ahorro que revivirá a esas empresas del Estado y los beneficios de estas los enfocará al servicio de la Nación. Otra de las acciones que va organizándose en forma y con todo entusiasmo, es el rescate para la Nación de la actividad minera. A ello el dirigente del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, señalaría el jueves 31 de enero del presente, en su editorial de La Jornada, que: “México debe afrontar una reforma de las condiciones en que se desenvuelve la actividad minera; para empezar, por la ley que dicta la regulación de esta importante industria, pero que no lo hace a fondo por los grados de flexibilidad y laxitud que en ella prevalecen a favor del sector empresarial del ramo y no en beneficio de la nación. Hace años que es necesaria una reforma de este tipo, si es que los empresarios mineros quieren en verdad aportar su esfuerzo al desarrollo del país en esta época. En reuniones que he sostenido con diversos representantes de la industria minera ha quedado de manifiesto que su revisión es una necesidad que debe ser atendida de manera insoslayable y sin pretextos. Por ejemplo, les he preguntado a algunos ¿cuánta extensión quieren llegar a tener del territorio nacional? Porque hoy poseen 30 por ciento, y no sabemos si quieren obtener 40, 50 o 100 por ciento de este. No creo que ningún mexicano esté dispuesto a aceptar una apropiación de semejante tamaño. Por eso, en la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República, a la cual pertenezco, he propuesto cambios a la Ley Minera encaminados a regular esa actividad económica, pues a lo largo de los años se perdió el control del Estado sobre las concesiones mineras, desde cómo otorgarlas hasta cómo regular los derechos de los empresarios sobre las propias concesiones, lo que incluye problemas de contaminación del medio ambiente y respeto a los derechos de las regiones, las comunidades, los ejidos y las zonas indígenas donde se asientan los desarrollos mineros. Naturalmente este es un debate que no les gusta mucho abordar a algunas empresas, pero hay que revisar todo, corregirlo y entonces volver a regularlo en beneficio del país y de las comunidades donde se asientan los fundos mineros.” ¡Órale! La Cuarta Transformación ¡Avanza! raurubio@gmail.com
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