Ricardo Ravelo
El empecinamiento de Felipe Calderón en combatir al narcotráfico sólo con armas y en los estados donde tradicionalmente se asienta disparó la violencia en todo el territorio nacional. El alto costo para las fuerzas policiacas y militares (medio millar de muertos) no se traduce en la liberación de territorios e instituciones. En vez de ello, los narcos trasladan sus disputas a otros estados y ahí conquistan nuevos feudos.
El pleito entre los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, modificó la configuración de los cárteles del narcotráfico.
Con nuevas alianzas y una mayor cobertura de territorios, esas organizaciones no sólo refuerzan sus operaciones, sino que le dificultan al gobierno la captura de sus principales cabecillas. Muestran además una capacidad de fuego que ya preocupa a los miembros del Gabinete de Seguridad. Después de más de 500 bajas en las fuerzas federales, las autoridades se aprestan a mejorar el armamento de los policías y el blindaje de los automóviles que utilizan en los operativos.
Lejos de acabar con uno de los negocios más rentables del mundo, que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) genera ganancias cercanas a 300 mil millones de dólares anuales, el gobierno mexicano se enfrenta a la violencia cada vez más avasallante del narco –un conjunto de agrupaciones mejor organizadas–, pero también a otro flagelo: los feudos creados por éstas.
Así lo sostiene, por ejemplo, el investigador Eduardo Buscaglia, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Experto en temas de seguridad nacional afirma que, debido al “vacío de poder” y al abandono de las políticas sociales, entre otras razones, los grupos de narcotraficantes realizan una especie de feudalización en varias regiones del país donde la fuerza del Estado no puede revertir la falta de credibilidad que arrastra.
Según Buscaglia, quien junto con otros investigadores ha estudiado el comportamiento del crimen organizado en 107 países, en el caso de México el gobierno mantiene su política de contención mediante la fuerza militar, en tanto que el narco avanza en sus planes de expansión: financia campañas de presidentes municipales, diputados locales, legisladores federales, gobernadores… Y así seguirá, afirma, hasta alcanzar el poder absoluto.
–¿Hay salida para revertir esta fuerza, que ya no sólo es armada? –se le pregunta.
–La salida es un pacto político, un acuerdo entre el presidente de la República y las fuerzas económicas dominantes del país. Ya se experimentó en Rusia, con éxito; en Colombia está funcionando y tales acuerdos van de la mano con políticas que corten los canales de supervivencia de las organizaciones criminales.
Puntualiza: “Ese pacto implicaría nuevas reglas en el juego político, tales como implantar controles y autocontroles patrimoniales o clarificar los flujos financieros hacia las campañas políticas. Quien viole las reglas, pues tendrá que asumir consecuencias. Esa es la única forma de cortar los vínculos del narco con las figuras del poder”.
Una de las graves fallas de México, dice el investigador, es que su política criminal camina sobre una rueda: la represión militar y policiaca.
Explica: hay países que combaten a la delincuencia organizada sólo golpeando selectivamente a las cúpulas y a los brazos armados (dos de las cuatro ruedas), sin desmantelar los vínculos financieros y patrimoniales de los grupos criminales con el ámbito empresarial “lícito”, la clase política, los anillos de corrupción y de protección política (las otras dos ruedas). Esos países, dice, terminan causando mayores niveles de violencia, como ahora ocurre en México.
Desde su punto de vista, los estados que más aceleradamente se precipitan hacia la llamada “feudalización” del narco son Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Colima, Chihuahua, Baja California, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, donde los cárteles ya se fundieron con las clases política y empresarial.
–Le preguntaba si esta crítica situación tiene salida y ahora le pregunto: ¿es viable en México ese pacto político que abrió esperanzas en otros países?
–En México no.
–¿Por qué?
–El presidente Felipe Calderón no tiene liderazgo, es un hombre débil que carece de controles en el país y que, si intenta hacerlo, no tendrá éxito, al menos por ahora. El pacto tampoco es posible debido a que no existe un aglutinamiento de poder en el Congreso, y me refiero a que no hay condiciones para que crezca el poder parlamentario.
–¿Qué debe suceder en el país para que pueda fraguarse un pacto político que frene al narco?
–En las condiciones actuales es muy difícil. Quizás esos resortes puedan activarse, en dirección al pacto, cuando la violencia del narco toque a la puerta de Carlos Slim, Salinas Pliego o Azcárraga Jean. Tiene que ocurrir un secuestro como el que sufrió Ingrid Betancourt en Colombia para que el poder presidencial y estas figuras empresariales se den cuenta de que el costo de no hacer nada es más alto que el de hacer algo.
Los otros pactos
Actualmente los narcos se dispersan en una especie de retirada estratégica, pero no dejan de enfrentarse a las fuerzas federales y a sus rivales con lanzagranadas, bazucas y armas calibre .50, nunca antes vistas en los cárteles mexicanos. Por eso, entidades como San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro e Hidalgo, por citar algunas que no estaban tan contaminadas de violencia, ahora son escenario de disputas y matanzas.
A su vez, los estados que históricamente han sido asiento de cárteles, como Sinaloa y Chihuahua, pasaron a ser tierra de nadie: la primera entidad, por ejemplo, ocupa el primer lugar en violencia: entre abril y mayo fueron ejecutadas 191 personas, 71 en el primer mes y 120 en el segundo. Mayo fue el mes más violento de los recientes 16 años, según la procuraduría de Sinaloa.
En Chihuahua, cuna del cártel de Juárez, se han registrado cerca de 100 ejecuciones en lo que va del año. Pero además 21 agentes están sentenciados a muerte por el narcotráfico, que ya ejecutó a cuatro de ellos.
Sin capacidad de respuesta y escondido tras un reiterativo discurso de que “le vamos ganando la batalla al narco”, el gobierno sufre un aumento de sus costos humanos conforme transcurre la guerra: en un año y siete meses de la administración de Felipe Calderón han caído 550 militares, marinos y policías federales.
La violencia no cesa. Después de la emboscada perpetrada por Los Zetas en Carácuaro, Michoacán, en mayo de 2007, donde fueron asesinados a mansalva cinco militares, otro escándalo volvió a mostrar la vulnerabilidad del gobierno y la capacidad de fuego del narco: la muerte de siete agentes de la PFP en Sinaloa. El caso aceleró los proyectos del gobierno para dotar a los policías de armamento más potente y de vehículos con mejor blindaje.
Las conclusiones de Buscaglia coinciden con la reconfiguración que impulsan algunos cárteles de la droga, como la alianza de los hermanos Beltrán Leyva con Los Zetas, quienes comenzaron a reunirse a mediados de 2006, cuando la agencia estadunidense antidrogas, la DEA, confirmó que en México se planeaba un pacto del cártel de Sinaloa con el del Golfo.
Según datos consultados por Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la ruptura de los Beltrán Leyva con El Chapo Guzmán está confirmada, después de varias décadas de relación. Los mismos informes sostienen que este conflicto –que es a muerte– provocó que otros viejos rivales en el negocio de las drogas volvieran a encontrarse para negociar nuevas estrategias.
Es el caso de Arturo Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes, hermano éste del llamado Señor de los Cielos (Amado Carrillo), quienes sellaron su alianza, rota desde el año 2001, cuando El Chapo se fugó del penal de Puente Grande y fortaleció lo que ahora se conoce como cártel del Pacífico.
El antagonismo entre Vicente Carrillo y El Chapo tiene historia: se recrudeció en septiembre de 2004, cuando en Culiacán, Sinaloa, fue ejecutado Rodolfo Carrillo Fuentes, El Niño de Oro, presuntamente por órdenes de Guzmán Loera, quien pretendía acabar con la hegemonía de los Carrillo en el negocio del narcotráfico (Proceso 1455).
El asesinato de Rodolfo fue planeado cuidadosamente en Monterrey, Nuevo León, durante un encuentro al que acudieron Guzmán Loera; los hermanos Beltrán Leyva; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, e Ismael Zambada García, El Mayo.
En esa reunión clandestina, acordaron tres acciones para apoderarse del negocio y convertir a Sinaloa en la federación de narcotraficantes más poderosa de México: acabar con los Carrillo Fuentes, destruir al cártel de Tijuana y erradicar al grupo armado Los Zetas, quienes se convirtieron en una verdadera pesadilla para El Chapo y sus aliados.
El plan se cumplió: Ramón Arellano Félix fue asesinado y Benjamín encarcelado, lo que puso en crisis al cártel de Tijuana; debilitaron en efecto al cártel de Juárez con el asesinato de Rodolfo Carrillo y, tal como maquinaron, le declararon la guerra al cártel del Golfo en su propio territorio hasta que vieron caer a su jefe, Osiel Cárdenas Guillén.
Aunque parecían irreconciliables, los cárteles de la droga –a diferencia de los partidos políticos– muestran un pragmatismo sorprendente para mantenerse impunes: ahora que los Beltrán están fuera del cártel de Sinaloa, Los Zetas (que ya son independientes) se aliaron con ellos y aparentemente también con Vicente Carrillo, según confirmó recientemente la DEA.
Por su parte, el cártel de Tijuana, descabezado desde 2003, se encuentra en etapa de rearticulación con su nuevo jefe, Francisco Rafael Arellano Félix, quien se hallaba recluido en una cárcel estadunidense y a principios de marzo de este año fue puesto en libertad por falta de pruebas.
Después de permanecer casi una década preso en México, el mayor de los hermanos Arellano fue extraditado a Estados Unidos, donde sólo permaneció encarcelado ocho meses: el 3 de marzo cruzó el puente Santa Fe, de Ciudad Juárez, sin que ninguna autoridad mexicana lo detuviera. Junto con su hermana Enedina, Francisco Rafael se ocupa de reestructurar su empresa criminal.
De acuerdo con un informe de la SSP, otros cárteles e importantes personajes del narco prosiguen sus operaciones dentro y fuera de México.
En el informe de la SSP ya citado, titulado Radiografìa de las organizaciones de narcotraficantes, se menciona a otros narcos como piezas clave del cártel de Sinaloa. Dice el estudio: “En un segundo plano, aunque también importante, en el cártel del Pacífico participan Cándido y Valerio Palma Salazar (hermano de El Güero Palma); Humberto y Jesús Loya Pérez; Manuel Alejandro Aponte Gómez, El Bravo, y Ernesto Guzmán Loera”, hermano de El Chapo.
La ruptura entre Guzmán Loera y los hermanos Beltrán Leyva, que derivó en la captura de Alfredo Beltrán, El Mochomo (detenido en enero de este año), y el asesinato de Édgar Guzmán, hijo de El Chapo (durante una balacera en Culiacán, el 8 de mayo), no mermó al cártel de Sinaloa, ya que éste cerró filas con la organización de los hermanos Valencia, afincados en Michoacán.
Dice el reporte de la SSP: “La familia Valencia hizo una alianza con la organización de Sinaloa y actualmente trabajan juntos en el trasiego de drogas. Los líderes del cártel de los Valencia son Luis Valencia Valencia, Óscar Orlando Nava Valencia, José Benavides Martínez, Juan Calixto Vázquez y José Silverio Martínez González.”
Poder de fuego
Fortalecidos con sus nuevos socios y con el respaldo de un buen número de policías estatales, Los Zetas siembran terror en varias regiones del país, donde ganaderos, empresarios y abarroteros, así como dueños de bares, cantinas y prostíbulos han sido secuestrados u obligados a pagar cuotas mensuales para mantenerse a salvo de los pistoleros y sus familias.
Unas de las regiones más sacudidas por Los Zetas es la Cuenca del Papaloapan, en el estado de Veracruz, una zona productora de caña de azúcar. Incluso existe la versión de que delincuentes comunes actúan como zetas aunque realmente no lo son.
En una franja de 54 kilómetros de ese estado –desde Tierra Blanca hasta Boca del Río– se han perpetrado 12 secuestros y varios “levantones”. En la mayoría de los casos no hay denuncias, salvo una carta enviada en abril pasado a la Presidencia de la República, en la que varias víctimas exigen seguridad al gobierno.
El fortalecimiento de Los Zetas, que cuentan con unos 700 miembros, ha permitido su desplazamiento a un mayor número de estados donde hasta hace poco no tenían presencia, como San Luis Potosí, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Coahuila (principalmente en la Comarca Lagunera) y Tijuana, donde disputan territorios con el cártel de Sinaloa por el boyante mercado del consumo de drogas.
Además de enfrentarse entre sí, Los Zetas, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa libran contra el gobierno una guerra que no parece tener fin. Los tres grupos delictivos empiezan a mostrar una capacidad de fuego que sorprendió al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna: en varias entrevistas radiofónicas reconoció que el narcotráfico dispone de armamento de mayor poder que el de los policías, por lo que, dijo, se incrementará el calibre de las armas y el blindaje de los automóviles que se utilizan en los operativos.
“Lo que hoy tienen los criminales (es) capacidad de fuego y este es un tema importante… Hemos asegurado armas de alto calibre, armas que eran inclusive (de) capacidades muy altas en términos de uso de fuego que calibres .50, las cuales eran usadas para tanquetas o antiaéreas”, explicó García Luna.
Un dato para ilustrar el poderío del armamento empleado por los cárteles: en lo que va del sexenio, la PGR, el Ejército y la SSP han asegurado 10 mil armas, lo cual, sin embargo, no ha mermado la capacidad de fuego de las organizaciones criminales.
Así lo reconoce García Luna, quien afirma: “Estamos trabajando con colegas de Estados Unidos para que no entren más armas al país”.
Proceso16/06/2008
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