Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Octubre 23 de 2019
El tema de los presos políticos es muy antiguo en México, lleva décadas de ser un fuerte reclamo, el dolor de una herida abierta con puñal y que no cicatriza, sabemos que estos procesos no pueden ser rápidos y que van acompañados por la incertidumbre.
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el pasado Día de la Independencia una propuesta de Ley de Amnistía para que alcancen la libertad todos los presos políticos y los luchadores sociales que están injustamente encarcelados.
Es increíble que personas como los activistas mexicanos José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz que tomaron como causa de lucha la defensa del agua en su comunidad, fueran encarcelados por años como presos de conciencia y gracias a que Amnistía Internacional los adoptó, se comprobó que, mediante pruebas falsas –por represalia- fueron condenados a 6 años de cárcel en un proceso judicial viciado (La Jornada).
La Ley de Amnistía del actual gobierno federal beneficiaría especialmente a mujeres, jóvenes e integrantes de pueblos indígenas que son quienes viven en condiciones de mayor desigualdad e injusticia.
Esta Ley de Amnistía representa una de las primeras medidas del gobierno de AMLO para la reconstrucción del tejido social que está en franco deterioro y es un excelente mensaje para la pacificación del país.
Hemos visto en estas páginas una muy completa narrativa de las implicaciones de la Ley federal de Amnistía, sus antecedentes y probables beneficiarios.
La Secretaría de Gobernación ha informado que, en lo que va del sexenio han sido liberados 45 “presos políticos” por gestiones del Ejecutivo federal, pero ninguno es beneficiario de la Ley de Amnistía.
Entre las personas liberadas están defensoras del agua, del territorio, los recursos naturales y activistas opositores a la reforma educativa que se aprobó durante el Gobierno pasado, es emblemático el caso de seis pobladores de San Pedro Tlanixco, localidad del Municipio de Tenango del Valle, Estado de México que fueron acusados de homicidio del empresario español Alejandro Isaak Basso cuando defendían su derecho al agua, cargo por el que fueron sentenciados a 50 años de cárcel, aunque, después de 13 años de estar en prisión la Fiscalía General de Justicia del Estado se desistió de las acusaciones tras las observaciones de la SEGOB y la ONU.
Sabemos que la Ley de Amnistía tropezará con obstáculos formidables, como son los congresos locales y los gobiernos estatales, sobre todo los del PRI y los del PAN, ahí la lucha será en contra, ya que ellos se han opuesto, por ejemplo, a las propuestas de ciertas modalidades de interrupción del embarazo; el partido Morena contaba en 2018 con 20 congresos estatales los que se han reducido a 17 en las elecciones locales.
La ONU le ha dado su aprobación a la Ley en comento con algunas observaciones, como considerar a las personas procesadas o sentenciadas por tipos penales que han sido utilizados para reprimir el derecho a la manifestación, entre otras.
El conservadurismo ha mostrado su peor rostro en Nuevo León donde esta semana se aprobó por mayoría una ley que permite que personal público de salud se niegue a practicar abortos, atender a la comunidad LGBT, a personas con VIH y a migrantes e indígenas, es lamentable el retroceso en la vigencia de los derechos humanos de mujeres y grupos vulnerables, es sólo un ejemplo de lo que puede venir con la Ley de Amnistía.
La ruta hacia la Justicia Transicional será un camino largo y sinuoso ya que ésta es un conjunto de acciones, instituciones y procesos que le permiten a un país en conflicto o con altos índices de violencia y criminalidad, pasar de un régimen de impunidad a uno de justicia y verdad.
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