Gustavo Leal F.
A principios de junio 2019, vía la Junta Directiva del Issste, el director Luis Ramírez Pineda reiteró la solicitud para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobara disponer de 25 por ciento de la reservas institucionales –97 mil millones de pesos– con la finalidad de mejorar la infraestructura médica y atender diversas carencias. Esta dependencia es, según Ramírez, la responsable de determinar el monto a utilizar ( Reforma, 5/6/19).
Simultáneamente se comunicaba que Turissste generaba pérdidas anuales por un millón de pesos, aunque el único personal que ha salido del instituto son 87 trabajadores de confianza. Hasta diciembre 2018, según Edgar Díaz Garcilazo, director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, diversas de-pendencias adeudaban 800 millonesde pesos, mientras Turissste exhibíauna deuda con proveedores por un monto de 250 millones de pesos. La agencia no generaba recursos ni siquiera para pagar la nómina: 25 millones de pesos anuales. Tres de las 30 oficinas en el país no realizaron ni una sola venta durante 2018 y sólo siete lograron resultados positivos. En el contexto de la austeridad del gobierno federal se prevé la eliminación de más puestos de confianza, así como poner en marcha su reorientación para recuperar la función social para la que fue creado ( La Jornada, 6/6/19).
Inmediatamente, Pedro Zenteno, director de Normatividad de Administración y Finanzas, aseguró que al Issste sólo le quedan 5 mil millones de pesos para gastos de operación de los 80 mil millones que debe distribuir en pago de nómina, pasivos y compra de medicamentos. El 30 por ciento del gasto operativo se destina a fármacos y 70 por ciento al pago de pensiones. Ante la presión del gasto, se aguarda que 53 mil millones les sean saldados por adeudos de estados y universidades, tomando 15 mil millones de la reserva, de aprobarlo la Secretaría Hacienda.
También comunicó que se busca rehabilitar la cadena interna de almacenamiento y distribución de medicamentos que en sexenios pasados se delegó al sector privado. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se desmanteló para contratar a la empresa Servicios Integrales de Logística y Distribución SAPI (Silodisa), a la que anualmente le pagan mil millones de pesos y cuyo contrato vence en junio 2020. La visión de los gobiernos anteriores fue desmantelar y abandonar las cadenas de abasto disponibles, almacenes y red fría, con el pretexto de que había mucho robo hormiga, y contratar –entonces– a terceros. El contrato firmado con Silodisa –junio de 2017– ofrece recepción, resguardo, almacenamiento, selección, empaque, embarque, transportación, distribución y entrega de medicamentos y material de curación, así como el conteo de existencias en las unidades médicas y el Centro Nacional de Distribución.
Para Zenteno, el propósito de la rehabilitación de la red de distribución es ahorrar más de 50 por ciento del pago actual: consideramos que en 48 meses tendremos mejores condiciones al cien por ciento. Hoy podemos ayudar a la compra centralizada sólo con el material de curación porque no tenemos lista la red fría (con base en los lineamientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios). Y agregó que algunas distribuidoras que surtían al instituto vendían un cubrebocas por 5.80 pesos, cuando ese debería ser el costo por un paquete de mil piezas.
Además, Zenteno indicó que el Issste no recurrirá a la figura de asociación público privada (APP) para la construcción de hospitales y que se revisa la posibilidad de rescindir cuatro contratos heredados de la administración de Peña Nieto. Se llegó al absurdo, observó, de meterlas desde los gobiernos anteriores: un atraco en despoblado. Por ejemplo, la APP en Tláhuac cuesta 58 mil pesos el metro cuadrado, cuando en el mercado se cotiza entre 18 mil y 22 mil pesos. Además, hay 25 obras en proceso ( Reforma, 10/6/19).
Por su parte, Ismael Villanueva, director Normativo de Inversiones y Recaudación, consigna que hubo dependencias estatales que descontaron cuotas y aportaciones a sus trabajadores, pero esas jamás llegaron al Issste. De 2008 a2019 la deuda total suma 55 mil 458 mi-llones de pesos. De este pasivo 48 mil 388 millones de pesos corresponden a retenciones por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; mil 751 millones de pesos son de Fovissste y 5 mil 319 constituyen aportaciones que se entregan directamente al instituto como prestaciones, estancias y créditos.
La deuda del estado de Veracruz, 22 por ciento del total, suma 12 mil 344 millones de pesos. Le siguen Guerrero con 9 mil 829 millones de pesos; la Ciudad de México con 5 mil 639 millones de pesos; Chiapas con 4 mil 244 millones de pesos, y Oaxaca con 3 mil 643 millones de pesos. El faltante impacta los ingresos institucionales, la calidad de sus servicios y las pensiones de los trabajadores. Frente a este escenario, el Issste ya realiza un proceso de validación de derechohabientes ( Reforma, 16/6/19).
Por ello, el director Ramírez Pineda concluye que el déficit institucional –al cierre 2018– es de 3 mil 900 millones de pesos, aunque el Issste tiene solvencia y reservas por 94 mil millones de pesos.
Por otra parte, se concluirán 12 obras abandonadas: es el reflejo de lo que se dejó de invertir en el Issste desde hace muchos años (Reforma, 21/6/19). ¿Cuánto más tardará la 4T en asumir a fondo el asunto público?
*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
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