sábado, 8 de marzo de 2008

Desfiladero

Jaime Avilés
■ Pemex: documentos falsos para salvar a Mouriño
■ Evidente alianza de los chuchos con Calderón
■ Zavaleta, ideóloga de Gamboa
La ALDF se abstuvo de aprobar un acuerdo que exhortaría a diputados federales a crear una comisión que investigue a Mouriño. La imagen pertenece a la sala de sesiones de la Asamblea Después de la comparecencia de Juan Camilo Mouriño, el jueves ante el Sutrite (Supremo Tribunal de la Televisión), surgen razonables dudas. ¿Al reconocer que firmó con Pemex contratos de servicios en beneficio de su empresa, Ivancar, cuando era diputado federal panista y luego coordinador de asesores de Felipe Calderón Hinojosa en la Secretaría de Energía, el favorito de Los Pinos se echó la soga al cuello o inició, más bien, su defensa jurídica? Veamos…
En apariencia, Mouriño aceptó ser culpable de haber violado el Código Penal Federal, en la modalidad de tráfico de influencias, coalición de funcionarios y delincuencia organizada, infracciones por las que podría ser inhabilitado de por vida, multado e incluso enviado a la cárcel… Sin embargo, las acusaciones podrían desvanecerse al tenor del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala: “para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia (…) de su empleo”, todo servidor público deberá (inciso XIII) “abstenerse de celebrar contratos relacionados con prestación de servicios de cualquier naturaleza (…) con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte (…) sin la autorización previa y específica de la Secretaría (de la Función Pública) a propuesta del titular de la entidad o dependencia de que se trate”, en este caso Pemex… Dicho de otro modo, si los abogados del titular de Gobernación consiguen presentar una “autorización previa y específica” de la Secretaría de la Función Pública, emitida de 2000 a 2004, para que Mouriño firmara esos contratos a petición de Pemex, el mozalbete gallego quedaría a salvo… de la cárcel, de la multa y de la inhabilitación, y sus cómplices en el presunto tráfico de influencias –los ex directores de Pemex Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, así como el actual, Jesús Reyes Heroles– volverían a conciliar el sueño, pero nada lo librará del descrédito en que ha caído sólo dos meses después de haber asumido la oficina de Bucareli… Esta columna apuesta doble contra sencillo a que en este preciso momento el gobierno espurio está abocado a la búsqueda o falsificación de tales “autorizaciones previas y específicas”, y no porque Desfiladero posea una bola de cristal sino porque así lo adelantaron, indiscretos como son, el senador Santiago Creel y el líder panista Germán Martínez, luego de reunirse con Mouriño el jueves por la mañana… De acuerdo con una nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, publicada ayer en la página 5 de este diario, los sagaces tinterillos de la ultraderecha golpista opinaron que si el asunto saliera del Congreso –es decir, si dejara de ser político– y llegara al ámbito de la procuraduría, los asesores de Mouriño contarían con todos los elementos para defenderlo, “especialmente para justificar el porqué Pemex no tuvo otra opción, en el sureste”, que firmar esos contratos con Ivancar… Más claro, entonces, ni el agua. No obstante, no podrán desmentir que Mouriño violó la fracción número 14 de la citada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice que éstos deberán “informar por escrito al jefe inmediato y, en su caso, al superior jerárquico sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos (de interés personal, familiar o de negocios)” en que participen durante el desempeño de su cargo. ¿Y por qué no podrán desmentirlo? Hostia, porque el mismísimo Mouriño, durante su presentación en Televisa, el jueves, declaró en vivo y en directo, de costa a costa y de frontera a frontera, que mientras fue diputado federal y más tarde coordinador de asesores de la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, esto es, su jefe inmediato y superior jerárquico en ambos casos, “desconocía la existencia, a detalle, de mi participación en las transacciones” con Pemex… Salta a la vista, pues, que Mouriño está condenado a retirarse del servicio público antes de los “dos o tres meses” de gracia que le dio el diputado Juan N. Guerra, y que muy pronto caerá por varias e importantes razones: una, porque su situación jurídica, aun en el mejor de los casos, es insostenible; dos, porque su autoridad moral para prevalecer como “jefe” de la política interior es nula, y tres, porque todos los altos funcionarios que aparecen involucrados junto a él en presunto tráfico de influencias, delincuencia organizada y lo que resulte van a preferir sacrificarlo que sostenerlo… Es muy ilustrativo que, en esta obvia coyuntura, los principales chuchos del PRD intenten mirar para otro lado con la secreta esperanza de que la suerte le vuelva a sonreír a Mouriño. Allí está el ejemplo de Ruth Zavaleta, quien decidió no hablar del tema porque, así dijo, “no soy Ministerio Público”, plasmando una idea tan seductora que el priísta Emilio Gamboa Patrón no tuvo empacho en repetirla textualmente…. De igual modo, por obra y gracia de los propios chuchos, que se ausentaron el pasado miércoles del salón de sesiones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se abstuvo de aprobar un punto de acuerdo para exhortar a los diputados federales a crear una comisión especial que investigue el tráfico de influencias y otros delitos atribuidos a Mouriño… Con tales posturas, los chuchos ratifican la evidente alianza que han establecido con Felipe Calderón, para robarse, o sea, ganar de cualquier forma, las elecciones internas del próximo domingo 16. Prueba de ello es la carta que una lectora le mandó a Julio Hernández y que éste publicó ayer, para contarle que recibió en su casa propaganda de Jesús Ortega, con datos que sólo poseen el IFE e Hildebrando, es decir, el gobierno de facto… Pero los chuchos están actuando a la sombra de los gobernadores perredistas, como sucede en el estado de Chiapas, donde Gyovani Campos, a nombre del secretario de Gobierno de Juan Sabines, Jorge Antonio Morales, coordina a los delegados de esa dependencia en las distintas regiones de la entidad, para que hablen con los presidentes municipales de todos los partidos políticos a fin de que éstos, en conjunto, le garanticen 100 mil votos a Ortega y a su candidato local, Alejandro Gamboa… Y el próximo viernes, anotenlo, a las 18 horas, en el auditorio de Villa Olímpica, el Círculo de Estudios de Coapa exhibirá La rosa blanca, la película de Roberto Gavaldón sobre la expropiación petrolera. La entrada será gratis, pero hay que llegar temprano.