Ricardo Ravelo
Diciembre 31 de 2021
El año 2021 terminó con nueve reporteros asesinados. Por estas muertes y las ocurridas en años anteriores, México está considerado por el Comité para la Protección de Periodistas.
A lo largo de mis poco más de 30 años de ejercer el periodismo, primero en Veracruz y luego desde la Ciudad de México, he enfrentado múltiples eventos difíciles: amenazas, censura, una demanda, calumnias y agresiones por parte de actores políticos: alcaldes, diputados, senadores y varios gobernadores.
En mi etapa como corresponsal, en Veracruz padecí el acoso de Miguel Ángel Yunes Linares, quien en 1992 despachaba como Secretario General de Gobierno en Veracruz.
Durante muchas madrugadas, el teléfono de mi departamento sonaba y al contestar escuchaba la voz amenazante: “Bájale o te vamos a partir la madre. Ya sabemos dónde vives”.
Esto se repitió muchas veces a lo largo del sexenio de Patricio Chirinos, en cuyo periodo Yunes fungió como Gobernador porque el entonces titular del Ejecutivo había sido borrado del mapa debido a una enfermedad crónica. Yunes intentó frenar así los múltiples reportajes que daban cuenta de sus negocios y fechorías como funcionario. Nunca fue ajeno a la descomposición que, desde entonces, padecía la entidad. Desde la dirección de Proceso Julio Scherer tuvo que hablar con Mario Ruiz Massieu, entonces Subprocurador General de la República, para que cesara el hostigamiento.
Años después, como reportero de ese semanario y a cargo de la fuente de justicia, la situación fue empeorando en el país: se multiplicaron las matanzas y salieron a flote diversos nombres de políticos que eran denunciados en expedientes judiciales de operar como piezas claves del crimen organizado. A esas listas se sumaban las de muchos agentes policiacos ligados al crimen, como Adrián Carrera Fuentes, señalado en los años noventa como protector de Amado Carrillo, el poderoso jefe del cártel de Juárez.
Hacia el cierre de la década pasada me ocupé en diversos reportajes sobre Tomás Yarrington Ruvalcaba, entonces Gobernador de Tamaulipas y aspirante a la Presidencia de la República. Denuncié sus vínculos con el crimen, alianzas con cárteles como Los Zetas, el cártel del Golfo y las operaciones que realizaba, de la mano de sus cómplices, para recolectar dinero del crimen en todo el estado y así financiar su anhelado proyecto político rumbo a la Presidencia de la República.
Su respuesta fue la amenaza despiadada. Recibí no pocas llamadas telefónicas en las que me decían que me iban a matar si no dejaba de publicar. Las voces eran de personajes del crimen ligados con el entonces mandatario tamaulipeco; policías relacionados con esa mafia y miembros de los cárteles afincados en Tamaulipas. No fueron pocas las cartas aclaratorias de Yarrington que intentaban desmentir evidencias, datos fehacientes, fuentes irrefutables.
En una ocasión un enviado de Los Zetas, quien dijo ser abogado de ese cártel, acudió a las instalaciones de Proceso a ofrecer una suma descomunal para que no se publicara nada de Tamaulipas. Desde la dirección, lo mandaron al diablo. Sin embargo, el acoso continuó hasta el cierre de ese turbulento sexenio criminal.
Las cosas no mejoraron en Tamaulipas con Eugenio Hernández, el sucesor de Yarrington. Igual que su antecesor, arribó al poder financiado por el crimen. Ya como Gobernador, se alió con los mismos testaferros que sirvieron a Yarrington.
Era claro que el Gobierno de Hernández se había convertido en una extensión del anterior: Los Zetas siguieron floreciendo, imbatibles en el estado; el mismo poder mostraban los miembros del cártel del Golfo, que extendieron sus tentáculos en todo el Golfo de México, hasta donde sembraron terror y violencia.
Alrededor del año 2007, enfrenté una demanda por daño moral de parte del entonces Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, denunciado en varios reportajes por sus vínculos con el crimen, negocios al amparo del poder, tráfico de influencias y otros presuntos delitos.
Como Yarrington, Bours se sintió presidenciable e intentó limpiar su imagen interponiendo una demanda en mi contra, desmintiendo hechos, testigos que declararon en su contra y expedientes sólidos que, en su momento, tuve a mi alcance. Irrefutable la información, la demanda del entonces mandatario sonorense se derrumbó en los tribunales.
Además de todas estas peripecias, en el 2010 fui calumniado cobardemente por la Presidencia de la República, entonces a cargo de Felipe Calderón, a través de una acción a la que se prestó Televisa al pretender relacionarme con el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, denunciado en decenas de reportajes bajo mi firma.
En múltiples números publiqué la historia, el retrato, nexos y aliados de ese personaje que, en aquellos años, operaba para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Lo que molestó a Calderón fue la publicación de una historia en la que conté, con base en expedientes, cómo el entonces mandatario se encontró con él en la fiesta de bautizo de la hija de su compadre, el Senador Guillermo Anaya Llamas.
Tiempo después, ese encuentro fue detalladamente explicado por el periodista Jesús Lemus en su libro El Licenciado, en la que narra que la entrevista fue acordada entre Anaya y el entonces Senador panista porque formaba parte del plan maquinado por el cártel de Sinaloa para que Genaro García Luna fuera nombrado Secretario de Seguridad Pública.
Con base en la información de Lemus, era claro que el cártel de Sinaloa compró una secretaría de Estado para su beneficio. Eso explicaba el enojo de Calderón y el por qué nunca quiso remover a su policía consentido. Televisa, por su parte, se prestó para asestarme aquel golpe bajo, serviles al poder hasta el exceso. A lo largo del Gobierno de Calderón, las amenazas en mi contra por parte de la gente que rodeaba a García Luna fueron permanentes, incómodos ante la información que desnudaba sus nexos con el narcotráfico.
Comparto con los lectores algunos pasajes difíciles, consecuencia de mi trabajo periodístico, al que ahora se suma la amenaza por parte del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien enojado por dos columnas periodísticas que exhiben la corrupción de su Gobierno dijo que ya presentó una demanda por daño moral en mi contra.
Las reacciones en las redes sociales y en diversos medios de comunicación fueron múltiples debido, entre otras razones, a que no es la primera vez que el mandatario jalisciense amenaza a periodistas: demandó a Carmen Aristegui y a Anabel Hernández porque difundieron información sobre las investigaciones que existen en Estados Unidos en contra de Enrique Alfaro que lo ligan con el crimen organizado.
Debido a que la declaración de Alfaro es una clara amenaza que pone en riesgo mi integridad física y la de mis familiares, tuve que aceptar –previa queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)– las medidas cautelares para garantizar mi seguridad; por otra parte, el mecanismo de protección a periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación, me ofreció incorporarme a su protocolo. Acepté.
Es muy complicado ejercer el periodismo en México. Los periodistas estamos expuestos a dos fuegos: al crimen y al poder político. Y en muchos casos ya no parece haber fronteras entre ambos: son lo mismo.
En estas condiciones, aun cuando está garantizada la libertad de expresión por el artículo 19 constitucional, en los hechos ésta se viola por las amenazas de los actores políticos y/ o criminales. En muchos casos, los hombres del poder ya no responden con argumentos ni debates: responden
como capos: con la metralla, con amenazas o con demandas a pesar de que las entidades que gobiernan se hunden en mares de sangre.
El año 2021 terminó con nueve reporteros asesinados. Por estas muertes y las ocurridas en años anteriores, México está considerado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), como el más peligroso para ejercer el periodismo.
JALISCO: ACRIBILLAN A DOS GUARDIAS DEL CANAL 44
El martes 28 de diciembre, después de que sostuve una entrevista con periodistas del Canal 44 de Guadalajara –uno de los más críticos del régimen de Enrique Alfaro– hombres armados a bordo de motocicletas intentaron entrar por la fuerza a las instalaciones de ese medio. Los guardias lo impidieron, como era su deber, pero fueron acribillados. No era la primera vez que sujetos presuntamente del crimen organizado intentaban ingresar por la fuerza: en noviembre pasado ocurrió el primer incidente, pero los agresores huyeron. El intento de penetración al canal quedó evidenciado porque algunas chapas de sus instalaciones resultaron averiadas.
El director de ese medio de comunicación –Gabriel Torres– que depende de la Universidad de Guadalajara, expuso que en 11 años de operaciones al aire nunca habían enfrentado un hecho de esa naturaleza.
Lo grave, dice, es que la Fiscalía de Jalisco empezó la investigación sin tomar en cuenta evidencias contundentes: Primero, expuso como una de sus líneas que se trató de un robo, lo cual queda refutado porque, según Torres, los guardias presentaban el clásico tiro de gracia, el cual les fue disparado en la cabeza con un arma .9 milímetros.
“Es difícil suponer que esto haya ocurrido por un robo”, expresa con tono de preocupación.
A través de una nota periodística difundida, el medio de comunicación que depende de la Universidad de Guadalajara expone que existen al menos siete inconsistencias de la Fiscalía de Jalisco que permiten considerar que no están haciendo una investigación puntual.
En el conocido Cerro del Cuatro operan Televisa, TV Azteca, Milenio, Canal Once y el Canal 44. Torres se pregunta, con toda razón, por qué los atacantes sólo intentaron penetrar en las instalaciones del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara
Según la información que dispone el Canal 44 –con base en videos y otras evidencias– existen otras inconsistencias de la Fiscalía y son:
–La Fiscalía no especifica el motivo de la agresión, y sostiene que no se trató de un ataque a las instalaciones del canal.
–Que no hay evidencia de que los agresores hayan intentado ingresar a las instalaciones, cuando existen videos y chapas dañadas que demuestran lo contrario. Además, sostiene, en estos hechos participaron cuatro agresores.
El argumento de que no se trató de un ataque a las instalaciones se sustenta, según la Fiscalía, porque los cuerpos fueron hallados a ocho metros de un de los edificios y el otro a 45 de la primera víctima. Sin embargo, el medio de comunicación señala que no se toma en cuenta que los guardias huyeron de sus agresores, pero fueron alcanzados y asesinados a tiros. De esto existe la evidencia de los videos.
La Fiscalía dice que acudió al lugar de los hechos inmediatamente para iniciar las investigaciones, pero según el reportaje que da cuenta de las inconsistencias de la Fiscalía, difundido por el Canal 44, ésta tardó 26 horas en dar a conocer los hechos y, hasta la fecha, no han requerido las pertenencias de los hombres asesinados, entre otros, sus celulares, donde podría haber información importante.
La organización defensora de la libertad de expresión y de los periodistas, Reporteros sin Fronteras (RSF), catalogó el hecho como grave y pidió al Mecanismo de Protección de Periodistas medidas de resguardo inmediatas para las instalaciones del Canal 44.
Asimismo, relacionó el ataque con la postura crítica que ha mostrado en canal frente al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aunque su director, Gabriel Torres, sostiene: “El fondo de esto no lo sé, pero son signos muy parecidos a los que empezaron a ocurrir en Tamaulipas”, donde el crimen organizado ligado al poder político impuso su ley desde hace varios años.
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