Arrasa el PRI en Tabasco y Coahuila

ARMANDO GUZMÁN

MÉXICO, D.F., 18 de octubre (apro).- De acuerdo con resultados preliminares y de encuestas de salida, el PRI arrasó en las dos elecciones estatales efectuadas este domingo en Tabasco y Coahuilla. En la primera entidad el gran perdedor sdería el PRD y en la segunda el PAN.
En Tabasco, de acuerdo a la encuesta de salida dada a conocer por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), el PRI lleva amplia ventaja en cinco de los 17 municipios de Tabasco, entre ellos, Centro, cabecera de Villahermosa.
Según este sondeo, difundido a las 18:00 horas por Federico Berrueto, el presidente de GCE, el tricolor habría triunfado en las alcaldías de Centro, Macuspana, Cárdenas, Comalcalco, Tenosique y mantiene cerrada pelea por la de Huimanguillo.
Jesús Alí de la Torre, habría refrendado la victoria del PRI en la alcaldía de Centro con 43 por ciento de los sufragios contra el 29 por ciento del abanderado del PRD, Fernando Mayans Canabal.
En Macuspana, gobernado por el PRD, tierra del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, la encuesta de GCE anticipa el triunfo del priista Alfonso Pérez Alvarez con 40.1 por ciento de la intención del voto, contra 24 por ciento del perredista, José Alberto Pinzón.
En Comalcalco, también gobernado por el PRD, la encuesta de salida favoreció al candidato tricolor, Alejandro Medina con un 54.4 por ciento contra 33 por ciento del perredista Óscar Rosado Jiménez.
En Cárdenas, igualmente gobernado por el PRD, el abanderado tricolor Nelson Pérez García aventaja al perredista Abenamar Pérez por 41 por ciento contra 27 por ciento de la votación.
En Tenosique, en manos del PRI, el tricolor habría refrenado su triunfo con su candidato Ángel Tárano con 40 por ciento contra 29 por ciento del perredista Raúl Gutiérrez.
En Huimanguillo, gobernado por el PRD, la encuesta de salida de GCE no anunció tendencias por cerrada pelea entre el priista Gerald Washington y el perredista Francisco Sánchez Ramos.
El líder nacional del PRD, Jesús Ortega, tachó de "albazo informativo" la encuesta de salida de GCE y denunció un "operativo de estado" del gobierno estatal "para inhibir y obstaculizar" el trabajo de los dirigentes de su partido.
Dijo que derivado de esta estrategia, fueron agredidos por elementos policiacos los diputados federales del PRD, Martha Angélica Bernardina y César Burelo.
A las 7 de la noche, el dirigente estatal del PRI, Adrián Hernández Balboa, dijo que, según sus actas de escrutinio, su partido aventajaba en la mayoría de los 17 municipios.
Adelantó que desde el año 2007 el PRI gobernaba cerca del 56% de los tabasqueños, pero a partir de este domingo gobernará a más del más del 80 % de los habitantes del estado.
Actualmente el PRI gobierna 10 municipios y 7 el PRD. La Cámara de Diputados está dominada por el tricolor con 20 legislados, el PRD tiene 14 y el PAN uno plurinominal.
Después de 19:30 horas, empezaron a fluir cifras en el Programa de Resultados Preliminales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), que confirmaban la tendencia en favor del tricolor en las 17 presidencias municipales y 21 diputaciones de mayoría que se disputaron este domingo.
La jornada electoral trascurrió en medio de acusaciones mutuas entre PRI, PRD y PAN, principalmente sobre acarreo y comprar de votos, y enfrentamientos entre policías estatales y municipales de Cárdenas, Huimanguillo y Macuspana, con saldo de varios lesionados, uno de ellos con arma de fuego, y más de 30 detenidos.
A las 20:20 horas, cientos de priistas se empezaron a concentrar en la Plaza de Armas para festejar el triunfo del candidato para la presidencia de Centro, Jesús Alí de la Torre.
Encuestas difundidas antes de los comicios, daban amplia ventaja al PRI en la mayoría de los municipios. Perredistas que fueron postulados por el PT para alcaldías, comentaron que la profunda división que dejó el proceso interno de su partido para elegir candidatos, provocó "el desastre" electoral del sol azteca.
Por otro lado, en Coahuila, según cifras de los partidos, hasta el momento el Revolucionario Institucional aventaja en 34 municipios y la oposición en los otros cuatro. El representante del Verde Ecologista de México (PVEM), Guadalupe Ascensión Olvera Patena, aseguró que su partido ganó los municipios de General Cepeda y Juárez, donde iban con candidatos propios. Mientras que en el resto de los 10 municipios la tendencia no les favorece para alcaldes, pero quizá logren algunas regidurías. Extraoficialmente se conoce que el PAN perdió Torreón, Ramos Arizpe y Escobedo, pero ganó San Buenaventura. El PRD triunfó en Castaños, aunque se quedó sin San Pedro y sin Jiménez. En Parras aún no hay nada para nadie, se sabe que la pelea está entre el PRI y el PRD, pero prácticamente están en empate técnico. El PRI ganó las dos elecciones pasadas de diputados locales y federales. Aunque al parecer finalmente el Revolucionario Institucional no consiga la victoria aplastante que esperaba, el gran perdedor de la contienda sería el Partido Acción Nacional, pues se le fueron de las manos los dos únicos bastiones albiazules que tenía en Coahuila: Torreón y Ramos Arizpe.
La jornada electoral de este domingo fue participativa. Familias completas acudieron a las urnas para renovar las 38 administraciones municipales, jóvenes, hasta personas en sillas de ruedas también votaron, mientras los niños, que acompañan a sus padres, se dieron gusto corriendo o jugando en las escuelas donde se instalaron las casillas electorales. Se espera que el 60% del padrón haya emitido su voto para superar los resultados de los comicios de hace cuatro años, dijo el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante. Excepto dos, la totalidad de las 3 mil 284 casillas fueron instaladas y abrieron a tiempo, poco después de las 8:00 horas para recibir a los electores. Se colocaron 97 de las 99 urnas electrónicas en 11 municipios, informó el coordinador de la Comisión del Voto Electrónico, Carlos Arredondo Sibaja. Durante el transcurso de la jornada, el PAN denunció acarreo de votantes en Torreón y Saltillo y en Ramos Arizpe (gobernado por el PAN) el PRI también acusó de acarreo a quien resulte responsable y señaló que llevabaron gente a las urnas en taxis con placas del estado de Nuevo León. En algunas casillas, los representantes del PAN recibieron indicaciones de solicitar que los comisionados de los se firmaron todas las boletas, eso propició que se retrasara la apertura de algunos centros de votación. El gobernador, Humberto Moreira Valdés, que siempre es de los primeros en ir a sufragar, ahora se retrasó; en lugar de ir a las 8:30, acudió a las 12:00 horas a la casilla, acompañado de sus hijos José Eduardo, Rubén Humberto y Joaquín.
Proceso19/10/2009

Impunidad de principio a fin

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Ni siquiera la imputación que le hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sacará a Ulises Ruiz Ortiz del gobierno de Oaxaca.

Arropado por la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados que impedirá el juicio político en su contra, el gobernador minimizó el señalamiento que le hizo el máximo tribunal del país al calificarlo como una mera "opinión".

El pasado miércoles 14 de octubre, después de año y medio de indagatorias, la Corte estableció que Ruiz fue uno de los principales responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), entre 2006 y 2007, que según la Corte dejó 26 muertos y cerca de 200 detenidos.

La conclusión adoptada por la SCJN después de dos sesiones públicas fue contundente: ocho de los 11 ministros que integran el pleno del máximo tribunal mexicano resolvieron que el gobernador fue responsable, por acción y omisión, de la afectación a garantías constitucionales.

De acuerdo con el proyecto elaborado por el ministro Mariano Azuela -quien pretendía que se le atribuyera al gobernador oaxaqueño una responsabilidad "atenuada"-, Ulises Ruiz afectó las garantías de acceso a la justicia, de la vida, de la integridad personal, de libertad (que comprende las de tránsito, trabajo y expresión), de la educación, de propiedad y posesión y el derecho a la paz. Además, a propuesta del ministro Juan Silva Meza se determinó que también violó el derecho de acceso a la información.

Los únicos ministros que salieron en defensa de Ulises Ruiz, además de Azuela, fueron Margarita Luna Ramos y Sergio Valls Hernández, quien dio muestra de su pasado priista, pues exculpó de toda responsabilidad a su excompañero de partido. Como miembro del PRI, Valls fue funcionario del Seguro Social y diputado federal por Chiapas.

El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue incluso más allá: para él ni siquiera hubo violación grave a los derechos humanos, sino que las agresiones fueron originadas por "subversivos" apoyados por la guerrilla, incluidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La Corte, sin embargo, por seis votos a cinco, eximió del todo al gobierno del expresidente Vicente Fox. Los ministros que argumentaron para llegar a lo más alto de la cadena de mando -el presidente y sus secretarios de Gobernación, Carlos Abascal, y de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora- fueron José Ramón Cossío Díaz, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Silva Meza.

Manto de protección

Aunque la SCJN ya había hecho una acusación similar de violación grave de garantías individuales en contra del exgobernador de Guerrero Rubén Figueroa por la matanza de Aguas Blancas, en 1996, que lo llevó a renunciar obligado por el expresidente Ernesto Zedillo, Ulises Ruiz se convirtió en el primer gobernador en ser sometido a una investigación de este tipo a solicitud del Congreso de la Unión.

Pero la consecuencia de esa acusación, el juicio político, está prácticamente descartada debido a la mayoría del PRI en las comisiones de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados, encargadas de darle seguimiento al resolutivo de la Corte.

La Comisión de Gobernación está presidida por el diputado por Chihuahua Javier Corral, del PAN; la de Justicia, por el diputado por el Estado de México, Humberto Benítez Treviño, del PRI. Ambos deberán integrar la subcomisión de Examen Previo para darle continuidad a la demanda de juicio político promovida por el PRD contra Ulises en enero de 2007.

La demanda se detuvo en ese momento porque el entonces presidente de la Comisión de Gobernación y exgobernador de Oaxaca, el también panista Diódoro Carrasco Altamirano, decidió suspender el trámite hasta que se conociera el resultado de la investigación de la Suprema Corte.

A pesar de las pocas probabilidades de que prospere el juicio político contra el gobernador, Corral asegura que la Cámara de Diputados "tiene el deber ineludible de darle consecución a la acción de la Corte", que atendió dos solicitudes del pleno de la propia Cámara, en febrero y octubre de 2007, para que ejerciera su facultad constitucional de investigación para casos de violación grave a alguna garantía individual.

En entrevista telefónica, Corral advierte que se sentaría "un precedente muy nefasto" si la Cámara desconoce o ignora la intervención de la Corte cuando fueron los propios diputados quienes la solicitaron.

"Yo ya he pedido al presidente de la Comisión de Justicia que constituyamos la subcomisión de Examen Previo. Tenemos 200 expedientes de juicio político pendientes de la LIX y LX legislaturas. Pero por ahora, la resolución de la SCJN hace relevante e ineludible dictaminar el caso de Oaxaca", dice el legislador.

Asegura que "por lo menos" el procedimiento se tiene que desahogar, aunque "es cierto que la correlación de fuerzas en la Cámara no es favorable para que se inaugure en México la justicia política".

Además, entra en juego la negociación para el presupuesto de 2010, aunque para Corral la subcomisión se debe integrar "más allá de las negociaciones económicas o fiscales y hasta donde realmente podamos y hasta donde quieran ir los partidos políticos, incluido el mío".

Aunque dice no tener claro cómo va a actuar el PRI, da a conocer que algunos diputados de Oaxaca "han empezado a presionar y a mandar mensajes de que el juicio político sería la guerra y hasta uno -cuyo nombre por ahora me voy a reservar- me mandó amenazar de que me quitarían de la Comisión de Gobernación si se le mueve al asunto".

De hecho, en cuanto se conoció la conclusión de la Corte, los priistas salieron en bloque a defender a su cuestionado gobernador. La línea dura del PRI se conoció la noche del jueves, mediante un boletín en el que se arremete contra la Suprema Corte, a la que se responsabiliza de cualquier "nueva confrontación" que pueda ocurrir en el estado.

Al poco rato de su distribución, la oficina de prensa priista pidió a los medios que no se publicara porque se trataba de "una versión no definitiva". En el documento aparecen los nombres de 48 diputados coordinadores de las bancadas estatales y coordinadores y vicecoordinadores del PRI, encabezados por el coordinador del grupo parlamentario en la Cámara, Francisco Rojas Gutiérrez.

La "versión no acabada", que no fue sustituida por otra, expresa una gran molestia contra la Suprema Corte: "Apenas se han restañado las secuelas de la grave confrontación social que vivió la sociedad oaxaqueña en 2006, cuando de manera inaudita e inaceptable, la SCJN incentiva una nueva confrontación, ahora motivada por una resolución sustentada en apreciaciones subjetivas, juicios de valor y prejuicios, más que la objetiva y escueta aplicación de la ley que le corresponde a un cuerpo constitucional de esa jerarquía.

"Afirma que los problemas políticos, económicos y sociales que originaron el conflicto "han sido satisfactoriamente resueltos", por lo que la "inconsecuente resolución" de la Corte sobre la responsabilidad del gobernador "sólo servirá para incentivar nuevas expresiones de confrontación política y social, cuyas potenciales consecuencias serán estrictamente de la responsabilidad de la Corte".

Amaga incluso con hacer "una consulta pública" para retirarle a la Corte la facultad de investigación establecida en el artículo 97 de la Constitución porque "ni está capacitada ni tiene los elementos para este tipo de tareas".

Aunque el documento fue retirado, parte de sus argumentos los esgrimió el propio Ulises Ruiz en declaraciones a la prensa oaxaqueña, el viernes 16.

El gobernador se jactó de que la decisión de la Corte ni le quita el sueño "ni voy a renunciar", y dijo que en el informe de la investigación "hay expresiones de la sociedad oaxaqueña que quieren que se conozcan los informes, las gentes que financiaron las acciones, los asuntos que se vivieron en el 2006, los responsables de violación de derechos humanos... Hay nombres, hay responsables, hay organizaciones que estuvieron".

Entre las críticas priistas a la Corte, hechas en el mismo tono de la versión no autorizada, destaca la del diputado federal y exsecretario de Gobierno de Oaxaca, Heliodoro Díaz Escárcega. Designado en ese cargo en julio de 2006, dos meses después de que iniciara el conflicto magisterial que derivó en las manifestaciones de la APPO, Díaz Escárcega advirtió que la decisión de la Corte "puede dar pauta para que grupos animados por este tipo de hechos quieran ver nuevamente azotada a la entidad en la lucha callejera, el conflicto, el agravio, con el trastocamiento de la paz y tranquilidad y el desarrollo" del estado.

El diputado Javier Corral dice que si se impone esa defensa del PRI, no sólo se habrá afectado la Corte: "Si a una autoridad que se le documenta la represión, privaciones ilegales de la libertad, lesionados, homicidios, despliegue inusual y drástico de fuerzas policiales, varias violaciones a garantías individuales y no pasa nada, lo único que termina creando es un monumento a la impunidad".
Proceso19/10/2009

Contra Marta, por la libertad

Miguel Ángel Granados Chapa

Aunque de refilón la Primera Sala de la Suprema Corte convalidó la incongruencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que condenó a la periodista Olga Wornat al mismo tiempo que exoneraba al semanario Proceso, negar el amparo solicitado por Marta Sahagún Jiménez significa un paso más en defensa de las libertades de prensa y de palabra.
El 7 de octubre la Primera Sala votó por unanimidad de sus cinco miembros no otorgar a la esposa de quien fuera presidente de la República, Vicente Fox, la protección de la justicia federal contra actos de la Primera Sala Civil del tribunal local mencionado. Este órgano jurisdiccional absolvió a la revista fundada por Julio Scherer de la reparación del daño moral que esa publicación habría inferido a la señora Marta, mientras que, si bien redujo la indemnización a pagar de casi 2 millones a medio millón de pesos, ratificó la condena a la autora de la pieza periodística que provocó el juicio civil correspondiente, conducido por un inepto (o algo peor) juzgador de primera instancia.
Debido al procedimiento practicado por la sala de la Corte en su sesión pública, donde los ministros exponen argumentos sólo en los casos en que discrepan de la ponencia y no en tratándose de votaciones unánimes, no se conoció de inmediato la sentencia del amparo contraria al interés de la fundadora de Vamos México. Ahora que la tengo a mi alcance me refiero a sus tesis principales, que en resumen consisten en reconocer a la ex primera dama como un personaje público, no obstante no ocupar un cargo formal en la política y en la administración; y en considerar, por lo tanto, que una persona en esas condiciones no puede pretender protección a su vida privada en los mismos términos que las personas comunes, sino que es menos dilatada la zona en la que no puede haber interferencias.
Para sentenciar este caso, la Primera Sala se basó en dos precedentes de la propia Corte y, lo que es muy importante, en casos ventilados conforme a legislación extranjera o internacional por órganos judiciales de la misma naturaleza. Estas resoluciones tienen en común que vinculan las libertades de información y de expresión con el régimen democrático, de donde se sigue que las limitaciones a aquellos derechos se reflejan indebidamente en una lesión a la convivencia. La ponencia del ministro Sergio Valls -opuesto en solitario a que la Corte atrajera el caso y autor después de un proyecto que mereció la aprobación de sus cuatro compañeros- cita abundantemente casos resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el respectivo Tribunal europeo y otros ventilados ante la justicia española, británica y norteamericana. De allí desprendió la sala estos criterios para resolver el caso específico: "Las personas públicas o notoriamente conocidas son aquellas que por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas, o bien porque ellas mismas han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades, su vida privada sea objeto de mayor difusión.
"Por tanto, las personas públicas deben soportar un mayor nivel de injerencia en su intimidad, a diferencia de las personas privadas o simples particulares al existir un interés legítimo de la sociedad de recibir información sobre ese personaje público y, por ende, de los medios de comunicación social, de difundirla, en aras del libre debate público. En esa medida, se someten al riesgo de que tanto su actividad como dicha información personal sea difundida y por tanto a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente.
"Sin embargo, ambos tipos de personas, públicas o privadas, se encuentran protegidas constitucionalmente en cuanto a su intimidad o vida privada, por lo que... podrán hacer valer su derecho... frente a las opiniones, críticas o informaciones lesivas de aquel (sic), y cuya solución ameritaría realizar una ponderación entre cuál derecho tiene un plus de protección en cada caso".
Con base en esa ponderación, los ministros concluyeron que si bien en el material periodístico cuestionado (el reportaje sobre la anulación del matrimonio eclesiástico de la señora Sahagún y su primer esposo, Manuel Bribiesca) "se revelan determinados hechos indudablemente inherentes a la vida privada" de la solicitante del amparo, "que tuvieron lugar durante el citado matrimonio, lo cierto es que esta intromisión a su intimidad, vista en el contexto en que se hizo, encuentra cabida en el interés legítimo de la sociedad de conocer dicha información... en tanto que... la relevancia pública de lo informado le confiere un plus de protección frente al cual debe ceder la intimidad de quien sufre la intromisión y además ese es, en su integridad, el artículo que publicó la editora demandada".
En buena hora, el amparo exoneró de una vez y para siempre a Proceso de las pretensiones de la señora Fox. Pero en mala hora, la incongruencia de la sala del tribunal fue en cierto modo consagrada por la sala de la Corte, ya que en este juicio de amparo y en otro relacionado, la justicia se abstuvo de entrar al fondo del asunto, la incongruencia de que se absuelva al órgano portador de una información y se condene a quien la produjo. Dada la insuficiencia del argumento para hacerle pagar la indemnización la periodista se abstendrá de cubrirla. A ver qué pasa.
Cajón de Sastre

Desde Saltillo, el lector Lorenzo Carlos Cárdenas Sosa envió precisiones sobre el calendario electoral de Coahuila, a propósito de lo dicho aquí el viernes en torno a la elección municipal en aquella entidad. Las fechas comiciales no se modificaron para empatarlas con las federales, sino sólo por motivaciones locales. La última vez que fueron elegidos simultáneamente diputados locales y ayuntamientos fue en 2005. En 2011 serán elegidos gobernador y diputados, que durarán en su encargo sólo dos años, para que en 2013 coincida de nuevo la elección legislativa con la de alcaldes, que tomarán posesión el 1o. de enero de 2014. La de ayer, concluye nuestro lector, fue la tercera ocasión en que los coahuilenses acudieron a las urnas en sólo un año: en octubre pasado eligieron legisladores locales, el 5 de julio a los federales y ayer alcaldes.
Reforma19/10/2009

Ganaron 400 consorcios casi $5 billones en 2008 y sólo pagaron 1.7% al fisco

Televisoras, cementeras, cerveceras, hoteleras y autoservicios, entre las beneficiadas: SAT

*Aportaron apenas 85 mil millones de pesos, informa Hacienda a la Cámara de Diputados

Roberto Garduño

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó a la Cámara de Diputados que los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en el año 2008 y, gracias al régimen de consolidación fiscal, sólo tributaron 1.7 por ciento en promedio por concepto de ISR.
Dichas empresas sólo pagaron 85 mil millones de pesos, cuando debieron aportar al fisco 850 mil millones vía impuestos en 2008.
El órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera que “un esquema normal de causación de ISR” –que es el seguido por los contribuyentes que no consolidan fiscalmente–, tomando en consideración las deducciones operativas y beneficios que la propia ley del impuesto establece, se calcula que debe fluctuar entre 10 y 17 por ciento, dependiendo del giro de la empresa, el régimen fiscal al que se apega y su capacidad económica.
“Esto si consideramos que la tasa máxima es de 28 por ciento hasta el momento. Lo anterior implicaría que esos grandes grupos paguen, en lugar de 85 mil millones de pesos, como lo hicieron en el ejercicio fiscal 2008, diez veces más, esto es alrededor de 850 mil millones de pesos.”
El SAT ejemplifica los beneficios que obtienen las empresas que operan en México al evidenciar las ventajas del sector cosmético en 2008. Este ramo obtuvo ingresos acumulables por 7 mil 600 millones de pesos, “y sólo pagó alrededor de 220 millones.
“Otro ejemplo es el de las tiendas de autoservicio, que en 2008 obtuvieron ingresos acumulables por 67 mil 600 millones de pesos y sólo pagaron alrededor de 6 mil millones. De este tamaño es el daño que el citado régimen de consolidación fiscal le inflige a los ingresos del Estado mexicano.”
Sin especificar los nombres de las principales empresas beneficiadas, el SAT aportó un listado de aquellos sectores que se benefician de la consolidación fiscal, entre ellos: cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras, empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, de cosméticos, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipos, refresqueras, constructoras, operadores y grupos financieros, hoteleros, empresas mineras, cigarreras, de transporte y casas editoriales.
Para el organismo encargado de recaudar la tributación, los grandes contribuyentes o personas morales con ingresos acumulables para ISR superiores a 500 millones de pesos representan 0.13 por ciento de los contribuyentes activos localizados.
Durante el reciente ejercicio fiscal (2008) la recaudación nacional neta fue de 2 billones 69 mil 27 millones de pesos, de la cual los grandes contribuyentes aportaron 72.9 por ciento, lo que representó un billón 510 mil 222 millones de pesos.
“Cabe destacar que la recaudación efectivamente cobrada durante el periodo enero-julio de 2009 representa un incremento de 8 por ciento respecto de la registrada en 2008. Lo anterior refleja un excelente resultado tomando en consideración la situación económica actual.”
En el ámbito de la fiscalización, el año pasado el SAT obtuvo 62 mil 980 millones de pesos de recaudación derivada exclusivamente de las auditorías practicadas, de las cuales 60 por ciento fueron a grandes contribuyentes. Tal hecho significó un incremento de 4 puntos porcentuales respecto a lo aportado por concepto de auditorías al mismo sector en 2007.
La recaudación que resultó de aquellas auditorías pasó de 18 mil 326 millones de pesos en 2005, a 37 mil 636 millones en 2008. “En el periodo enero-julio de 2008 la recaudación derivada de auditorías a los grandes contribuyentes fue de 30 mil 487 millones, mientras que en el mismo periodo de 2009 ésta se ubicó en 30 mil 947 millones, lo que representa un dos por ciento superior, pese a la situación económica.”
Del año 2005 a 2008, la proporción de los montos asociados a sentencias definitivas ganadas a los grandes contribuyentes se ha incrementado de 39 por ciento a 82, y en el periodo enero-julio del presente, el monto favorable al SAT es de 82 por ciento, gracias a que el sistema ha orientado su estrategia de litigio principalmente a los juicios cuantiosos, es decir, de grandes contribuyentes.
“No obstante los esfuerzos del SAT para establecer estrategias que impidan la evasión y la elusión de los grandes contribuyentes, así como una efectiva defensa del interés fiscal, el régimen de consolidación fiscal que se contempla en la Ley del Impuesto Sobre la Renta permite que alrededor de 400 grupos empresariales, mismos que en conjunto acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, tengan una carga fiscal de apenas 1.7 por ciento en promedio. Esto equivale a pagar apenas 85 mil millones de pesos por concepto de ISR.”

Desfiladero

SME: Calderón tiene un pie en el abismo

Jaime Avilés

Según versiones oficialistas, en octubre de 2006, Felipe Calderón trazó el plan para acabar con Luz y Fuerza del Centro (LFC) y, a la vez, con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), un gremio aguerrido”, que “tiene vínculos fuertes con organizaciones sociales radicales” y con el PRD, de acuerdo con un supuesto estudio encargado en aquel entonces por la oficina del político michoacano.
¿Es verdad que el golpe al SME se debió a su cercanía con (Andrés Manuel) López Obrador?, preguntó el pasado lunes, en su show matutino, un levantacejas de Televisa al secretario del Trabajo. “De ninguna manera, la decisión fue técnica, no política, y apegada a la ley”, respondió Javier Lozano, impertérrito.
LFC no es la empresa pública “más antigua del país” –como irreflexivamente escribió el autor de estas líneas en una apresurada crónica nocturna publicada ayer–, sino quizá la más joven: Salinas la creó por decreto en febrero de 1994. En cambio, el SME es sin duda el sindicato más longevo de México: dentro de dos meses cumplirá 95 años y, por como pintan las cosas, los celebrará en medio de la más difícil de sus batallas o al calor de la más gloriosa de sus victorias.
En la mesa de supuestas “negociaciones” –que se instaló ayer en Bucareli– los representantes del “gobierno” insistieron en liquidar a los 44 mil electricistas echados a la calle. Hasta el cierre de esta columna, el gremio no había planteado la demanda que reunió la tarde-noche del jueves a cientos de miles de personas en el corazón de la ciudad de México: la abolición del decreto extinguidor o, en su defecto, la renuncia de Calderón.
Como es obvio, el “gobierno” fingirá que negocia, garrote en mano, para ganar tiempo y ver si surte efecto su campaña de dividir al sindicato comprando a buena parte de sus afiliados con cheques de 300 y 400 mil pesos. Ese cálculo es erróneo: los del SME son trabajadores altamente especializados y no se venderán por unas migajas. El sentimiento de frustración y rabia que comparten lo sintetizaba el jueves un hombre que iba por Reforma con un chaleco sobre el que había escrito: “De ingeniero a taquero”. ¿Tantos años de estudio y de esfuerzo ya no le van a servir de nada? ¿Ahora venderá tacos de canasta? No: lo más probable es que, al disponer de tanto tiempo libre, se dedique intensamente a hacer política en contra de quien, de un plumazo, destruyó su vida y las expectativas de sus hijos para poner en manos de los mismos ricachones de siempre un negocio de miles de millones de dólares: el de la fibra óptica.
El golpe militar –con soldados disfrazados de policías– que Calderón asestó la noche del sábado pasado es un eslabón más de una larga cadena de acciones ilícitas cometidas por los últimos gobiernos para privatizar la industria eléctrica nacional. Todo comenzó en 1998, cuando los dueños de México descubrieron que en LFC había una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros de longitud que, además de transmitir energía eléctrica, podía ser usada para mandar imágenes de televisión, señales telefónicas y dar servicio de Internet, exactamente lo que hoy en día ofrece Cablevisión y desea ardientemente hacer Carlos Slim.
Esa red fue instalada hace 30 años, la última vez que LFC fue modernizada por el gobierno federal, antes que Salinas la fusionara con las empresas distribuidoras de electricidad en los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Desde que Zedillo supo que esa maraña de fibra óptica servía para otras cosas, la compañía dejó de recibir mantenimiento. Las máquinas compradas por el gobierno de López Portillo se quedaron sin refacciones, pero siguieron funcionando gracias a la sabiduría y la constancia de los trabajadores del SME.
El hundimiento de Luz y Fuerza, y de la industria eléctrica en general, se agudizó durante el sexenio de Fox: éste permitió, violando la Constitución, que empresas privadas generaran 30 por ciento de la energía que consume actualmente el país, lo que obligó a que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) redujeran en la misma proporción sus actividades, hecho que en 2007 ocasionó la inundación de Villahermosa debido a la sobrecarga de la presa Peñitas, que fue desfogada a toda prisa cuando estaba a punto de reventar.
La segunda jugada sucia de Fox consistió en imponernos, a todos los mexicanos, la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), gracias a la cual nuestros recibos de luz subieron escandalosamente. A una familia que pagaba 180 pesos al bimestre de pronto le empezaron a cobrar 3 mil. Iba uno a reclamar a LFC y luego de horas de espera en oficinas atestadas, antiguas e incómodas, se enteraba de que le habían aplicado la tarifa DAC. De este modo, la cartera vencida de la empresa creció a niveles inmanejables, y los medios hicieron el resto.
Desde que empezó este sexenio, los levantacejas emprendieron una campaña contra LFC y contra el SME, culpando a ambos de todo: los injustos cobros, el mal servicio, la corrupción y demás calamidades. Todo para alcanzar la meta que Calderón se habría fijado en octubre de 2006, dos meses antes de colocarse la banda tricolor.
¿Por qué los técnicos de la CFE que ahora operan las instalaciones de Luz y Fuerza no pueden arreglar los apagones? Porque no saben cómo funcionan las carcachas en que Zedillo, Fox y Calderón convirtieron las instalaciones de la empresa para adueñarse del negocio de la fibra óptica. Hasta ayer, las fallas eléctricas en toda la ciudad habían ocasionado pérdidas de al menos 3 mil millones de pesos.
Durante el mitin del pasado lunes en San Lázaro, el senador Ricardo Monreal dijo que la solución de este conflicto será política. Quizá sea verdad que la bancada del PRI está dividida y que algunos de sus integrantes formarán el grupo de 125 legisladores que se requiere para solicitar que la Suprema Corte derogue el decreto extinguidor. Pero todos sabemos que la Corte es un despacho de abogados al servicio de Los Pinos. Así que por ese camino las cosas no llegarán a ningún lado.
La única estrategia que puede tener éxito es la que plantearon los líderes sindicales el jueves en el Zócalo: una huelga general que obligue al “gobierno” a anular el decreto. Hay óptimas condiciones para ello. El golpe contra el SME sacó a la calle a obreros, campesinos, amas de casa, jubilados, desempleados, artistas y jóvenes, miles y miles de jóvenes, estudiantes o no. El nuevo movimiento social que nació antier contra Calderón puede extenderse por todo el país, si en los estados de la República las movilizaciones en apoyo al SME agregan otras demandas: abolición de la tarifa DAC y rechazo al proyecto económico que pretende aumentar los impuestos y reducir aun más el consumo de la población.
Calderón tiene un pie en el abismo: si su audacia provoca un apagón generalizado en la ciudad de México, si su tozudez conduce al pueblo a la huelga general, si los nuevos impuestos se traducen en saqueos de supermercados y farmacias, 2010 será el último año de su ilegítimo, destructivo y corrupto “gobierno”.
jamastu@gmail.com

Tabasco y Coahuila

Miguel Ángel Granados Chapa

Aunque no tuvieron relación directa con los comicios del próximo domingo, en Tabasco el proceso electoral quedó marcado por dos sucesos trágicos, mortales, en su comienzo y en su final. El domingo serán elegidos 17 ayuntamientos y 21 diputados de mayoría. El candidato del PRI a una de las curules respectivas fue asesinado el 5 de septiembre, al iniciarse la campaña electoral, que fue suspendida de inmediato. Y anteayer miércoles murieron por una descarga eléctrica dos personas que realizaban preparativos para un mitin de cierre de campaña en Jalpa de Méndez.
Se teme que en algunas localidades tabasqueñas haya violencia pasado mañana, pues no sólo se han realizado campañas ásperas sino que a menudo los contendientes y sus prosélitos prolongan antiguas rivalidades, resultantes de una larga etapa de movilidad política en que los protagonistas han ido y venido dentro de los partidos, donde se han creado facciones encabezadas por personalidades fuertes o dotadas de apoyo que les permite amplio margen de acción.
La disputa por las alcaldías y la legislatura ocurrirá entre el PRI y el PRD, tal como viene ocurriendo desde 1988, cuando por primera vez Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a su antiguo partido, desafío que se acentuó en 1994, cuando muchas indicaciones apuntan a la posibilidad de que él y no Roberto Madrazo haya ganado la mayoría de los votos en la elección de gobernador. En esa competencia casi no queda lugar para Acción Nacional, que no gobierna en este momento ningún municipio pero cifra su esperanza en obtener ahora los ayuntamientos de Balancán y Emiliano Zapata.
El PRD ha tenido un trayecto sinuoso en la entidad natal de su principal personaje. Con López Obrador mismo y con Raúl Ojeda ha estado cerca de alcanzar la gubernatura, posibilidad que a la postre se ha diluido, dejando una estela de divisiones internas que mantienen en este momento al partido en una de sus peores circunstancias. En la elección municipal de hace tres años perdió seis de las 11 alcaldías que había ganado en el proceso anterior y en éste no parece contar con el impulso que permitiera recuperarlas.
Es probable, en cambio, que el candidato perredista gane la elección en la capital, en el municipio del Centro. Se trata de Fernando Mayans Canabal, que hace tres años no pudo alcanzar la victoria pero ahora parece hallarse en mejor posición. Como una ilustración de las imbricaciones familiares en la política local hay que decir que el candidato perredista es hermano menor del secretario de Gobierno priista, Humberto Mayans, que tuvo un breve tránsito por el PRD y luego fue acogido de nuevo en el PRI. Otro ejemplo de los parentescos vigentes en la escena pública tabasqueña es que un nieto del ex gobernador Leandro Rovirosa es el dirigente del PRD en Villahermosa. Y se llama José Ramiro López Obrador el dirigente de ese partido en el estado.
Con menores dificultades que en Tabasco el PRI reafirmará su presencia dominante en Coahuila, donde se renuevan los 38 ayuntamientos, en un proceso regido por el gobernador Humberto Moreira, que controla los principales resortes del poder local y podría acrecentar esa capacidad. Casi no hay municipio gobernado por el PRI donde se perciba riesgo de derrota y, en cambio, no sorprendería a nadie que Acción Nacional deje de gobernar en Torreón, que durante mucho tiempo ha sido uno de sus bastiones. Es que el PAN padece desde tiempo atrás una crisis interna que no es el mejor ambiente para siquiera conservar las posiciones que de modo errático ha conseguido al correr de los años.
El proceso electoral se desarrolló a partir de dos peculiaridades. Los ayuntamientos salientes gobernaron cuatro en vez de tres años. Hasta 2008, las elecciones municipales y las legislativas se realizaban simultáneamente. Pero el gobernador promovió la modificación del calendario electoral para acompasar en 2012 los comicios locales y federales. Por otra parte, con beneplácito de los ciudadanos, las campañas fueron breves, acorde con el esfuerzo que deben realizar los candidatos para obtener el voto. Así, en los 24 municipios pequeños, con población por debajo de 20 mil habitantes, la campaña duró únicamente 10 días. En aquellos, no más de 10, en que la población oscila entre 20 mil y 120 mil personas, la campaña duró 15 días. Y en las ciudades más habitadas, Saltillo, Torreón y Monclova, pudo hacerse proselitismo durante sólo un mes.
Es razonable suponer que se mantengan las posiciones establecidas hace cuatro años, cuando el PRI conquistó 32 presidencias municipales, contra sólo tres logradas por el PAN y dos por el PRD. Un partido local, Unidad Democrática de Coahuila, ha ganado inveteradamente el ayuntamiento de ciudad Acuña, desde que Evaristo Pérez Arreola, líder fundador del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UNAM, se retiró a su tierra natal para hacer allí exitosa política local.
Ex presidentes municipales de Saltillo y Villahermosa, Moreira y Granier, hicieron carrera local hacia la gubernatura, sin proyección federal alguna. El de Coahuila, sin embargo, ha trabajado para conseguirla. Su hermano Rubén es diputado federal y encabeza en San Lázaro la Comisión de Derechos Humanos, una de las piezas clave en la confección de la política nacional, en cuyos círculos directores busca colocarse el profesor que, a través de otro de sus hermanos, dirige la sección estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Cajón de Sastre

Aunque la explicación oficial es que sólo se trató de una compra en común para obtener un mejor precio, y no de un regalo de la gobernadora Ivonne Ortega a "sus legisladores", sobra evidencia de que siete camionetas de lujo, asignadas a otros tantos diputados yucatecos, fueron adquiridas por la representación del gobierno peninsular en una agencia automotriz capitalina, y registradas todas con números consecutivos en el domicilio del gobierno yucateco en el DF. Seis priistas y un Verde son los legisladores afortunados con estos vehículos de casi 300 mil pesos cada uno: Angélica Araujo, Enrique Castillo Ruz, Felipe Cervera, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eric Rubio Barthell, Liborio Vidal Aguilar y Rolando Zapata Bello.
Reforma16/10/2009

Empresa de Slim gana licitación del paquete carretero del Pacífico Norte

IDEAL invertirá 4 mil millones de pesos; el proyecto fue reducido por la SCT

*Asegura la dependencia que la firma ofreció la mejor contraprestación; desarrolla ya otra obra


Miriam Posada García

El empresario Carlos Slim ganó la licitación para construir, modernizar, desarrollar y explotar el paquete carretero del Pacífico Norte, en el que, a través de su empresa constructora IDEAL, invertirá alrededor de 4 mil millones de pesos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó el proyecto a IDEAL luego de restructurarlo y hacerlo más pequeño, ya que en los primeros meses de 2009 se licitó el paquete carretero original, que era de mayores dimensiones y requería gran monto de inversión. En ese concurso participaron IDEAL, de Carlos Slim, e ICA, de Bernardo Quintana; sin embargo, ninguno de los dos ofrecieron el mínimo esperado por el gobierno, de tal forma que la SCT tuvo que declarar desierta la licitación.
La necesidad de desarrollar infraestructura, la severa crisis económica por la que atraviesa el país y la falta de financiamiento en el mercado nacional e internacional obligaron a la SCT a restructurar el paquete carretero del Pacífico –entre otros de mayores magnitudes como Punta Colonet–, a fin de hacerlo atractivo para los inversionistas y no detener los proyectos de infraestructura.
El resultado fue la conformación del paquete carretero del Pacífico Norte y el paquete carretero del Pacífico Sur, que sigue en proceso de licitación.
La dependencia dio a conocer ayer que adjudicó el paquete de carreteras del Pacífico Norte a Impulsora para el Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), brazo constructor del empresario Carlos Slim, quien dejó atrás en el concurso a Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y a la empresa española Obrascon Huarte Lain (OHL).
IDEAL invertirá alrededor de 4 mil millones de pesos en la construcción, operación, explotación y conservación de 242 kilómetros de autopistas correspondientes al libramiento de Culiacán, que constará de 22 kilómetros de longitud y cuatro carriles de circulación; libramiento Mazatlán, de 38 kilómetros, con dos ramales y cuatro carriles; y la autopista Mazatlán-Culiacán, de 181 kilómetros.
Las ofertas económicas hechas por los participantes en este concurso fueron de mil 702 millones de pesos como contraprestación inicial en el caso de ICA, que iba asociada con la empresa española Global Vía; OHL ofreció 210 millones de pesos, e IDEAL ofreció una contraprestación inicial de 3 mil 220 millones de pesos.
La SCT aseguró que “una vez revisadas las ofertas se determinó que todas fueron solventes técnica y económicamente, y que cumplieron lo solicitado en las bases de licitación. En estricto y transparente apego a los criterios del concurso se declaró como ganador a Grupo IDEAL, que ofertó la mayor contraprestación y se le adjudicó el paquete de obras por un plazo de 30 años”.
Entre otras obras de infraestructura carretera, el empresario Carlos Slim tiene a cargo la operación y desarrollo del Arco Norte, que entró en operación hace un par de meses en el estado de México.

Megamarcha del SME rebasa toda previsión

*Desborda el Zócalo e inunda varias avenidas del Centro Histórico

*Logran electricistas que el gobierno federal acepte sentarse a dialogar


Patricia Muñoz, Gustavo Castillo y Fabiola Martínez

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizó ayer una de las mayores movilizaciones de su historia. Decenas de miles desbordaron el Zócalo y con camisetas rojas de muchas batallas extendieron su presencia por todo 5 de Mayo, Madero, Juárez y Reforma hasta la Diana, en defensa de su fuente de empleo. Su marcha abrió una posibilidad, pues el gobierno federal aceptó sentarse a partir de hoy a dialogar con este gremio, según les mandó decir el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
En respuesta, los electricistas acordaron solicitar a Ebrard Casaubon que funja como mediador en el conflicto.
La movilización, a la cual asistió Andrés Manuel López Obrador, rebasó todas las expectativas y pudo haber llenado cuatro veces el Zócalo. Los organizadores estimaron que hubo más de 300 mil personas. Según cálculos de las secretarías de Seguridad Pública federal y capitalina, el contingente fue de más de 150 mil asistentes.
El SME aglutinó ayer a sindicalistas, profesores, campesinos, estudiantes, amas de casa, organizaciones sociales, políticas, intelectuales y legisladores; estos últimos propusieron una “huelga general de pagos de luz en el centro del país, porque al extinguirse Luz y Fuerza del Centro (LFC) ya no hay a quién pagarle”.
El bullicio de los trabajadores se inició desde las 2 de la mañana, cuando empezaron a llegar miles de personas procedentes de Oaxaca, Puebla, Morelos e Hidalgo para apoyar a los electricistas. La marcha partió de la glorieta de La Palma al filo de las 16 horas, y los manifestantes inundaron Reforma hacia el centro de la ciudad.
Enojados y dolidos por la extinción de su empresa, la mayoría de los electricistas llegó con su familia; vestían camisetas rojas, símbolo de este sindicato, y portaron pancartas contra el Presidente.
“Calderón ¿puedes dormir?, nosotros no, dejaron a mi papá sin trabajo”. “Felipe, ¿ya saben tus hijos cuántos niños dejaste sin comer?”. “Felipe: presidente del desempleo”. “Calderón, entraste en la noche como vil ladrón y nos dejaste sin comer”. “No nos mata la influenza, nos mata Calderón”, decían algunas de las miles de cartulinas que acompañaron la movilización, que fue tan extensa que cuando la vanguardia había llegado al Zócalo, el último contingente aún no salía de la Diana.
Martín Esparza, líder del SME, encabezó la marcha acompañado, entre otros, por Rosario Ibarra, Porfirio Muñoz Ledo, Graco Ramírez, Benito Bahena, Jesús Martín del Campo y Jaime Cárdenas, quienes avanzaron entre consignas como “si no hay solución habrá revolución” y “decreto popular: renuncia Calderón”.
Desde el inicio, la movilización fue vigilada por cientos de granaderos y policías capitalinos a pie. Por aire, la SSP federal desplegó tres helicópteros; supuestamente dos sirvieron para que algunos fotógrafos hicieran tomas aéreas, y en el otro observara todo el tiempo el coordinador de las fuerzas federales, Rafael Avilés Avilés.
Al filo de las seis de la tarde la vanguardia llegó al Zócalo; al paso del contingente se fueron sumando decenas y decenas de manifestantes, entre ellos estudiantes de la UNAM, Chapingo, UAM y Bachilleres; trabajadores del INAH, de la Secretaría de Energía, mineros, pilotos, sobrecargos, integrantes de IMSS, Sutin, Colegio de Posgraduados; Sindicato Democrático del Metro y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Los electricistas recibieron el respaldo de la gente que desde las banquetas aplaudía o les gritaba “no están solos”.
A su llegada, en la Plaza de la Constitución se extendió la consigna “¡Aquí se ve la fuerza del SME!”, coreada por miles de gargantas. En ese ambiente, los oradores plantearon “paro nacional y referendo que determine si el presidente Felipe Calderón continúa en el cargo”.
En el mitin, dirigentes de tranviarios, de la CNTE, del STUNAM y de la UNT plantearon la posibilidad de una huelga “por solidaridad”; señalaron que este gobierno está orillando a una revolución social; comprometieron ante los trabajadores electricistas apoyo con movilización y recursos para sostener su lucha, y solicitaron que en próximas elecciones la población no otorgue “ni un voto al PAN”.
Porfirio Muñoz Ledo señaló que “la torpeza del gobierno ha hecho que los trabajadores regresen al centro de la lucha nacional, y lo que se hizo al SME fue un golpe de Estado a los trabajadores”. El legislador planteó la huelga general de pagos.
Claudia Sheinbaum, representante del “gobierno legítimo”, señaló que si todos los altos mandos de este gobierno se bajaran 50 por ciento su salario, saldrían los 42 mil millones de pesos que se requieren para que siga operando LFC.
Eran las siete de la noche. Habían pasado casi ocho discursos y la retaguardia del contingente seguía en el cruce de Insurgentes y Reforma. En ese momento llegó al templete la noticia de que el gobierno federal estaba dispuesto a “sentarse a dialogar con el SME”, Martín Esparza tenía la palabra; sus seguidores le gritaban “¡duro, duro!”. Rosario Ibarra sonreía y la acompañaban intelectuales como Paco Ignacio Taibo II.
“No pararemos hasta que nos regresen nuestro empleo, nuestro contrato colectivo y nuestra dignidad como obreros, porque la mayor parte de los trabajadores han entregado décadas de su vida a trabajar por su empresa, Luz y Fuerza del Centro, y nos sacaron una noche por la fuerza con miembros de la Policía Federal, como si fuéramos delincuentes; pensaron que nos iban a dividir, pero aquí nos tienen y vamos con todo”. En ese momento, madres y esposas de trabajadores ingresaban al Zócalo con velas encendidas.
Esparza pidió a todos que votaran si el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, debería mediar en el conflicto, y los trabajadores a mano alzada aprobaron la propuesta de su dirigente. También votaron porque este movimiento sea el arranque de la conformación de un “gran frente por los derechos de los trabajadores” y el inicio de una “movilización social conjunta contra la política económica de este gobierno”.
El mitin terminó y los trabajadores seguían ahí, no querían que su movilización concluyera, esperaban la llegada de López Obrador y los organizadores tuvieron que explicar que el acuerdo con el dirigente social fue que sólo acompañaría la marcha y no sería orador.
Eran más de las 20:30 cuando los trabajadores se quitaron la gorra y con el puño izquierdo en alto entonaron el Himno Nacional. Los contingentes seguían llegando por 5 de Mayo y Madero, la retaguardia aún estaba en el cruce de Reforma y Juárez, Palacio Nacional los seguía esperando totalmente iluminado.

Ilegalidades y mentiras de la extinción de LFC

Claudia Sheinbaum Pardo

Las razones que el gobierno de facto ha dado para extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) son fundamentalmente las siguientes: que el organismo se creó por un decreto presidencial y por tanto puede extinguirse con el mismo instrumento; que cada año hay cuantiosas transferencias presupuestales a LFC y que, por tanto, los costos del organismo son mayores que los ingresos, y que los trabajadores cuentan con privilegios inaceptables. Vale la pena resaltar y fortalecer diversos argumentos que se han puesto sobre la mesa, para desmentir estas afirmaciones.
1. El decreto de extinción es ilegal. Después de una larga historia que se inicia con la nacionalización de las empresas extranjeras de energía eléctrica y que llevó a mantener por décadas empresas públicas en liquidación, se creó Luz y Fuerza del Centro como organismo público descentralizado encargado del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país. LFC fue creada por decreto presidencial en 1994, a solicitud del Congreso. En efecto, en 1989, se modifica el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que el Ejecutivo federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación y sus asociadas. Por si esto fuera poco, el artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso, que en su numeral X claramente menciona a la energía eléctrica.
En pocas palabras, al señor Calderón y a sus asesores se les olvidó que el organismo público que quieren extinguir presta un servicio fundamental, que es la energía eléctrica, el cual está regulado por la Constitución y por la ley en la materia. Es decir, la extinción del organismo no se puede hacer por decreto presidencial, debe pasar por el Congreso.
2. Los altos costos de LFC son producto de las transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los sistemas eléctricos constan, al menos, de cuatro áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a que el sistema eléctrico nacional está interconectado y que a LFC se le han venido negando recursos para construir nuevas plantas generadoras (en los últimos dos años se le dieron recursos para instalar algunas plantas de turbogás porque el sistema tiene problemas de estabilidad) este organismo compra a CFE energía eléctrica, que después transmite, distribuye y comercializa. De enero de 2000 a la fecha (con algunos ajustes en 2008) el precio de venta de CFE a LFC se determina por las tarifas para el servicio público de alta tensión. La mayor parte de la energía se entrega en 400 kilovoltios, y en términos generales se aplica por tanto la tarifa conocida como HTL (tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización). En 2008, CFE vendió a LFC 46 mil 419 millones de kilovatios-hora, a un costo de entre 1.1 y 1.3 pesos por kilovatio-hora. Es decir, en 2008, LFC tuvo que entregar a CFE al menos 51 mil millones de pesos. Mientras, en el tercer Informe de gobierno se establece que en 2008 las transferencias presupuestales a LFC fueron de 44 mil 639 millones de pesos.
Es decir, LFC genera menos de 10 por ciento de la energía que transmite, distribuye y comercializa, y por ello debe comprar kilovatios-hora a CFE. Pero CFE se la vende a la misma tarifa que a cualquier industrial, inclusive con penalizaciones horarias. Por esta razón, LFC tiene déficit. Si CFE entra a operar la región centro, entonces el supuesto déficit será de CFE.
3. Los privilegios. Con una campaña racista y clasista se ha dicho que LFC tiene altos costos, producto de los “privilegios” de los trabajadores. Se escandalizan cuando encuentran que un trabajador (nunca dicen las labores de alto riesgo que muchos de ellos realizan y la capacitación técnica que requieren) tiene salarios de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, la indignación no llega cuando se habla de los ingresos y prestaciones de los altos funcionarios públicos. De acuerdo con las consideraciones de la propuesta de ley de austeridad republicana del gobierno legítimo que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, el ahorro que se alcanzaría al reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos (nivel de director de área para arriba) de todo el gobierno federal asciende a la misma cantidad que las transferencias a LFC, 42 mil millones de pesos.
4. LFC requiere recursos. La antigüedad de los equipos, así como la carencia de sistemas de automatización del organismo, la hace ineficiente. Por ello, se requiere de financiamiento (como lo tiene CFE) para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Es evidente que los trabajadores deben ser considerados en la modernización y restructura del organismo. Los vicios que pudieran encontrarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) deben señalarse y corregirse; sin embargo, es evidente que no son, ni de lejos, el elemento central de la situación económica de LFC.
5. La verdadera razón de la extinción de LFC. El SME ha sido un obstáculo para la creciente privatización del servicio de energía eléctrica, y más recientemente de la concesión a privados del uso y aprovechamiento de la fibra óptica de CFE y de LFC (instalación que tienen la propiedad de transmitir tres tipos de información al mismo tiempo, por ejemplo, telefonía, Internet y televisión, y que recientemente se anunció que se quiere concesionar). Eliminar del escenario al SME les permite avanzar en su afán privatizador. Pero eso está por verse.

Astillero

>Zócalo social
>Lleno, sin AMLO en él
>Madurez y participación
>Apertura a transgénicos

Julio Hernández López


A diferencia de los anteriores zócalos (electorales), el de ayer fue desbordado por una amalgama de movimientos e intereses sociales de diferente origen y destino, cuyos reclamos, textura y ánimos deberían generar replanteamiento de estrategias bélicas al gobierno federal golpista, cuya renuncia fue exigida ayer con insistencia nada acomedida. La valoración y dimensionamiento de la marcha de ayer puede hacerse sin caer en la tentación inducida de anexarla a las pretensiones o la fuerza personal de López Obrador, quien de manera calculada evitó llegar al templete, oficialmente atorado” en la extrema retaguardia, deseoso en realidad de ceder el escenario a los trabajadores en lucha.

La gran movilización popular de ayer demuestra la falsedad de las versiones oficialistas que varios medios controlados difunden acerca de la “impopularidad” de la resistencia contra el más reciente de los caprichos del calderonismo húmedo. Pero no ha de ser en cuestión de números en donde un análisis ha de empantanarse (a la hora de redactar esta línea son las 20:18 y frente a un café con Internet inalámbrico en 16 de Septiembre siguen pasando grupos rumbo al Zócalo, eufóricos, ondeando banderas, coreando consignas, que van a una Plaza de la Constitución de la que una hora atrás se retiró este tecleador, cuando ya estaba llena). Lo importante de ayer es el grado de madurez y participación de segmentos progresistas y de izquierda que por primera vez han podido asomar con una visión de futuro y sin ropajes partidistas o electorales a la lucha abierta y masiva desde el fraude de 2006. Por ello ha sido posible ver grupos estudiantiles y juveniles en cantidades y alegría como no se había logrado tener en ningún momento de la lucha poselectoral. Por ello ayer hubo los errores y problemas naturales de toda organización social que empieza a definirse, desde los contingentes que sin esperar a la vanguardia oficial comenzaron a marchar rumbo al Zócalo, dejando muy atrás a los liderazgos oficiales y su formación protocolaria, hasta los discursos que tenían ese tono ajeno a la veneración de candidatos y a la lamentación obligatoria del pasado escamoteado (a las 20:26, un reportero internacionalista comunica a Astillero News que frente al Sheraton Alameda está pasando el último grupo de caminantes rumbo al Zócalo).

Lo sucedido ayer muestra que, en una realidad política tan polarizada, sólo tomando al pasado como referente de fuerza y convicción se podrá tejer con posibilidades de éxito el futuro. Dicho de otra manera: hoy se tiene la gran oportunidad de darle viabilidad, incluso electoral, incluso a AMLO, a un movimiento de resistencia al fraude, pero a condición de que sepa entender que el México actual requiere definiciones de lucha que van más allá de las personalidades fuertes y las proclamas repetitivas y que requiere más horizontalidad, más estructura y más pluralidad. Con sagacidad, López Obrador está haciendo todo lo posible para que la carga de animadversión y difamación que los medios oficialistas le tienen reservada para cada ocasión en que aparece en actos importantes no sea transferida al movimiento de defensa de los electricistas. Esa es una postura positiva. Con el agregado importante: la gran movilización dependió de instancias colectivas, de un trabajo de organización que aun teniendo como eje al líder Martín Esparza no podrá ser aplastado ni calumniado sólo a partir de un individuo. (Inteligente forma de López Obrador de hacerse más presente mediante la ausencia. En nombre de su movimiento habla Claudia Sheinbaum, luego de que los organizadores lo han pedido, pues la intención de los lopezobradoristas era que ni siquiera se produjera esa intervención. Porfirio Muñoz Ledo arenga e incendia, aunque en el propio templete hay quienes escuchan la oratoria del multipartidista con histórico escepticismo.)

Lo de ayer no fue una demostración de fuerza (“músculo político”, adelantaba un diario, como si de fisicoculturismo social se tratara) sino de razón y convicción. Podrían haber sido la mitad, y habrían sido muchos; podrían haber sido el doble, sin decisión y coraje, y habrían sido pocos. Fueron los justos, en nombre de muchos más. Tanto en la capital del país como en otras ciudades. Tanto en cuerpos presentes como en ánimos ausentes pero solidarios. Una jornada cívica de rechazo profundo a un gobierno (más allá de consideraciones sabidas de ilegitimidad), a sus acciones y su orientación. Hoy es un exceso recordar que Calderón es un espurio o un pelele; los hechos hacen innecesaria la insistencia verbal; la protesta de ayer hubiera sucedido en los mismos términos aun cuando se reconociera plenamente la legitimidad de Calderón. Y la sentencia de la plaza pública ni siquiera ve tanto hacia atrás: que renuncie, que se vaya, por lo que ha hecho y lo que previsiblemente seguirá haciendo: 2009 es el punto de partida, teniendo en cuenta 2006 pero entendiendo que éste es el año del quiebre, éste es el año del agravio generalizado que agudiza las conciencias y motiva la militancia. Así se articuló ayer la demanda generalizada de que se vaya el culpable de tantas desgracias, grito en el corazón de la patria que políticamente no es cosa menor en un país que según el propio rector de la UNAM está en riesgo de estallidos sociales (al final del mitin, Martín Esparza pide que Marcelo Ebrard sea mediador ante el gobierno federal que, dice el dirigente sindical, ya está dispuesto a abrir esa forma de negociación).

Mientras tanto, Felipe sigue dando golpes al interés popular. La gente marchaba y protestaba mientras él abría las puertas a los intereses trasnacionales en materia de transgénicos, al autorizar las primeras dos solicitudes para sembrar ese tipo de maíz. Greenpeace también necesita marchas de apoyo y resistencia ecológica. Por lo pronto, se abrieron las posibilidades de mesas de negociación, se desplegó una movilización equivalente o mayor a la de los mejores actos de López Obrador y revivió una izquierda y un movimiento social que la derecha calderonista consideraba doblegado. ¡Feliz fin de semana!

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