El precio de los fraudes

 

Pedro Miguel

A los gobernantes de Washington, gobernados, a su vez, por un clan de corporaciones trasnacionales, no les gusta el priísmo que representa Peña Nieto. Se dice que cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado y alguien le preguntó cómo veía la perspetiva de que Peña Nieto llegara a la presidencia de México, respondió sobre mi cadáver (over my dead body), frase que denotaría la prepotencia insolente e injerencista de la entonces jefa de la diplomacia estadunidense, pero, también, un repudio personal y corporativo ante los estilos jurásicos del mexiquense. Mucho más explícitos que la supuesta frase lapidaria de Clinton son los reportes de la embajada estadunidense en México, obtenidos por Wikileaks y dados a conocer por este diario en mayo de 2011, en los que se realiza un análisis demoledor sobre las maneras peñistas de gobernar: simulación, ineficiencia, falta de escrúpulos, opacidad –ilustrada por la cobertura judicial que el ahora presidente brindó a su tío, mentor y predecesor Arturo Montiel cuando a éste le fueron descubiertas más propiedades de las que habría podido justificar– y alianzas corruptas con medios informativos para adulterar la percepción pública (http://goo.gl/HIyszW y http://goo.gl/ialWoz).

Ya desde entonces –el documento está fechado en septiembre de 2009– los funcionarios de la embajada estadunidense advertían que Peña estaba dispuesto a demostrarle a esa legación diplomática, y por conducto de ella a la clase política de Washington, que está listo para la Presidencia; por tanto, es de esperar que en los próximos tres años de precampaña y campaña intente cortejarnos de manera cada vez más intensa.
Por aquellos tiempos el representante estadunidense en el país, Tony Garza, tenía sometido a Felipe Calderón y Estados Unidos cobraba caro el respaldo que le dio al michoacano para que pudiera encaramarse en la Presidencia pese a haber perdido las elecciones de 2006 (http://goo.gl/jjVcA6): la imposición de la guerra interna como parte de un modelo de negocios orientado a la creación de oportunidades para las corporaciones estadunidenses le había costado al país decenas de miles de muertos.
Ahora Washington posee un control equivalente sobre Peña. No es sólo que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) del país vecino haya interceptado más de 85 mil mensajes confidenciales del mexiquense y de su equipo inmediato, presumiblemente comprometedores, habida cuenta de los turbios manejos financieros empleados para la compra de la Presidencia en 2012 (http://goo.gl/gKKL6X), sino que, mucho antes de eso, el propio Peña cortejó, de manera cada vez más intensa, según la proyección de la propia embajada estadunidense, a los mandos políticos y económicos de la superpotencia. Y ese cortejo tuvo que incluir la promesa de entregar a los intereses corporativos de Estados Unidos el grueso de la industria energética nacional. Sólo así pueden explicarse, por un lado, el súbito olvido de Washington de su repulsión por el priísta y, por el otro, el grado de entreguismo de la apertura del sector propuesta en la iniciativa prianista orientada a modificar los artículos 27 y 28 constitucionales y que ahora se encuentra en trámite de imposición en el Legislativo. La entrega es tan total (http://goo.gl/WGRbBr) que resulta perjudicial hasta para el grueso del empresariado mexicano, promotor tradicional de la apertura de la industria petrolera a los capitales privados y preponderantemente partidario de candidaturas presidenciales panistas y priístas.

Calderón pagó el respaldo de Wa-shington entregando al país vecino la conducción de la política de seguridad; intentó, además, completar el monto de la factura con la privatización de la industria petrolera, pero no lo consiguió. Ahora Peña paga con la industria energética del país para que los gobernantes estadunidenses depongan su antipatía y se guarden los innumerables trapos sucios que poseen de la cúpula priísta. En suma, el fraude electoral de 2006 le costó a México decenas de miles de muertos, el de 2012 le está costando la renuncia a una propiedad nacional estratégica y ambos, sumados, le han costado la soberanía nacional. El régimen oligárquico opera como un proconsulado a las órdenes de Estados Unidos, y ese hecho conlleva un replanteamiento general de las luchas sociales en nuestro país.
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