Gustavo Leal F.*
Con más de 100 secciones sindicales y una membresía de casi 300 mil trabajadores (más de 70 mil de ellos precarios), sobre el Sntssa reposa la operación del Seguro Popular.
Frente al reto del primer gobierno de “cambio” para activar una real agenda alternativa, ese seguro foxista (aprobado en 2004) apenas ofreció una estrategia de “financiamiento” para un sector que sobrevivía clamando por un ajuste profundo. El diseño de Frenk pasaba tecnocráticamente por encima de sus rezagos, recursos, servicios y prestaciones insuficientes, infinidad de pendientes clínicos, deficitaria e incoherente oferta de profesiones, entre otros, sin miramiento alguno.
Inscrito en un arco de “reformas” que cubría 22 años (1982-2004) y como ya sucediera con la descentralización soberonista de los 80 y la “reforma” Zedillo al IMSS (1995), el seguro se perfiló como el último eslabón de parches impuestos sobre la realidad sectorial. Ciertamente, la “reforma”-Issste de Calderón le robó el poco honroso lugar de último eslabón del ciclo de “reformas” fallidas.
Calderón agregó una cereza al amasijo. En 2007 forzó a que IMSS-Issste asumieran la operación del Seguro Médico para una Nueva Generación: remedo petit del Seguro Popular.
Por sus problemas de diseño –todos oportunamente señalados–, el seguro no mejoró el panorama sanitario. Agravados, culminaron en una operación programática crecientemente comprometida.
Centralismo. El seguro se presentó como un subsidio a la atención “médica” de las familias (luego de la persona), cuando apenas ofreció un paquete racionado de intervenciones (diseñado e impuesto desde el centro a los estados) que no atiende la morbi-mortalidad efectiva. Los servicios son prestados por los estados con fondos transferidos por la Ssa mediante un mecanismo complejo basado en cuatro componentes: por familia (luego adecuado a la persona); ajuste de necesidades; esfuerzo estatal y componente de desempeño.
Son administraciones paralelas con contrataciones que pesan sobre la nómina de los estados. La Ssa “compra” servicios a cada uno de ellos a cambio de pagos por capitación. Por su parte, los sistemas estatales de salud (Sesas) transfieren esos recursos a sus unidades por servicio prestado o por presupuesto, todo lo cual complica la administración. El Seguro Popular dispone de 32 oficinas estatales para inscripción, seguimiento y administración.
Los trabajadores son remunerados por honorarios, pero deberán incorporarse a la nómina. Los costos administrativos subirán. Además, las plazas que se contraten son responsabilidad de los Sesas, de acuerdo con profesiogramas laborales establecidos por la Federación. Esa responsabilidad incluye: seguridad social de las contrataciones, servicio médico, seguros institucionales, aportaciones a pensiones, jubilaciones y vivienda. El esquema de contratación estará sujeto a primeros nombramientos eventuales; segundos nombramientos por evaluación del desempeño y, finalmente, contratación anual, dependiendo de la certificación del consejo correspondiente. Todo lo anterior, en función de la disponibilidad presupuestal de la Federación.
Un paquete básico (Causes) sin capacidad resolutiva y ciudadanos estigmatizados. El Catálogo Universal de Servicios Esenciales (Causes) se atiende en centros de salud y hospitales de los Sesas. Esto plantea un problema conceptual y jurídico, pues legalmente el ciudadano tiene ese derecho aun sin pagar cuota de recuperación o prepago. Además, el seguro no sólo no cubre todas las enfermedades y riesgos: en rigor no atiende la patología frecuente que enferma y mata a los mexicanos. La estructura de los servicios sí lo hace, pero no lo materializa por falta de recursos. Así, ahora hay ciudadanos del Seguro Popular y no del Seguro Popular. Es decir, que la población ya está estigmatizada.
El sector privado y la falta de resolutividad médico-clínica del Sistema Nacional de Salud (SNS). Además, las intervenciones del Causes, así como las “catastróficas”, podrían ser subsidiadas al sector privado, lo que incrementaría el serio problema de resolutividad que enfrenta el SNS en su conjunto, toda vez que el sector privado no está listo para atender adecuadamente esa demanda. Como señalara la propia Ssa en 2001: “las unidades privadas con menos de 20 camas frecuentemente carecen de los recursos para ofrecer una atención de calidad”.
El “derecho” a la salud: todos a pagar por los mismos servicios que antes eran gratuitos. Una vez alcanzada la cobertura “universal”, resultaría que toda la población dispondría de un subsidio, aunque antes ya contaba con “derecho” constitucional a la salud. ¿Cuál sería la diferencia? Que ahora, exactamente los mismos servicios de salud recibidos son ofrecidos en peores condiciones pero pagando por ellos. La diferencia se llama prepago.
No hubo ampliación integral de las intervenciones. Tampoco mejora en la resolutividad médico-clínica. La calidad de la atención ha empeorado y las remuneraciones del equipo de salud no reflejan el extraordinario incremento en los fondos para el Seguro Popular.
Frente al dolor y la muerte: “justicia” en el financiamiento. El Seguro Popular no fue diseñado para curar. Aspira a “alinear precios”; “brindar protección financiera” o financiar “con justicia”. Pero, ¿a qué paciente le importa cómo se financió el programa que debería atenderlo cuando padece la enfermedad que lo sitúa en el sufrimiento y el dolor?
Emilio Gamboa, coordinador de la fracción parlamentaria priísta en el Senado, ha ofrecido “revisar” el Seguro Popular. ¿Cuál será la posición del Sntssa frente al mini combo de Peña-Levy que ofrece cuatro derechos “exigibles”: acceso “real” a la salud, seguro de desempleo temporal, pensión para el retiro y seguro de invalidez a cambio de elevar impuestos (IVA) y reducir prestaciones?
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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