lunes, 9 de julio de 2012

Traficantes

Roberto Zamarripa

Lolita trabaja donde puede. Un día va a una casa a trapear y planchar, el otro a otra, y así acude a varios domicilios para obtener lo mínimo que ayude al mantenimiento de sus tres hijos. El 23 de junio pasado pidió permiso a uno de sus tantos patrones para ausentarse. Iba a perder 400 pesos de su jornada pero le habían prometido 800 en el lugar al que fue convocada.

A Lolita le prometieron entregarle una tarjeta de apoyo social, así le dijeron, pero tenía que estar a las ocho de la mañana en la Plaza de Toros México. Llegó temprano, hizo fila, le tomaron sus datos y le dieron una tarjeta tipo monedero electrónico con su nombre grabado bajo una leyenda que decía "PAF. Programa de Apoyo Familiar". La tarjeta, para mayores señas, tenía un color azul panista con una franja blanca. Le dijeron que de ahora en adelante dispondría de 800 pesos mensuales pero a cambio tenía que permanecer hasta el final -así se lo advirtieron- del mitin de cierre de campaña de Josefina Vázquez Mota y el 1o. de julio acudir a votar cruzando el logo del PAN.

Lolita tomó la tarjeta, aguantó el mitin de Josefina y votó... por El Peje. Perdió aquel sábado y es hora que su tarjeta no ha sido activada. Le dijeron que quizás en agosto y que la aproveche porque solo le durará hasta noviembre.

El 26 de junio, en una casa de la calle Manuel Sánchez de Tagle, en Naucalpan, empleados del gobierno de Eruviel Ávila citaron a las ancianas de la región. Les tomaron fotos y las colmaron de apapachos.

"Estaban ahí muchas de las vecinas de la tercera edad de la colonia; esa casa en la elección pasada se habilitó como casilla y siempre tiene mantas de David Sánchez (candidato del PRI a la Alcaldía de Naucalpan). La hicieron firmar dos hojas en la que ya estaba impreso su nombre", comentó una mujer cuya madre de 87 años de edad participó en aquella reunión. La señora recibió 150 pesos en efectivo y una tarjeta de la tienda Soriana con 800 pesos de crédito. "Mi mamá les dijo, '¿esto qué es o qué?', y le respondieron que era un regalo que les mandaba el Gobernador, que era dinero de un programa social que había, pero que les había sobrado y que entonces querían darlo en apoyo a las personas de la tercera edad". (Nota de Antonio Baranda. Reforma, 1/07/12).

Toño, un mesero de un restaurante de comida italiana en la Condesa, recibió el ofrecimiento de dirigentes del PRI de Ecatepec, en la colonia Villa Morelos, de que le pagarían su predial si votaba por Enrique Peña. Toño accedió. El PRI de Ecatepec le pagó el impuesto y él votó por el tricolor.

Juan, un garrotero del mismo restaurante, vive en San Rafael, Tlalnepantla. A él le alquilaron su fachada por 7 mil pesos para colocar un enorme cartel de Enrique Peña. Juan no sabe de topes de gasto de campaña ni esas cosas, ni expidió factura, ni pidió recibo, ni nada. Votó por el partido que le paga bien: 7 mil pesos por tres meses sin hacer nada más que prestar la fachada y no poderse asomar a la calle porque los tapaba el copete del candidato.

No se trata de un asunto novedoso. La compra del voto tiene arraigo en México. Pero hoy el escándalo ha reventado porque los participantes en esa cadena de corruptelas son muchos y variados. Hace algunas elecciones los operadores del soborno acudían a las casillas con fajos de billetes que repartían con singular alegría. En la medida en que la alternancia ganó terreno, los priistas se dieron cuenta de que no funcionaba adecuadamente el soborno y además tenían una enorme sangría de recursos. Los operadores desaparecían con el dinero o entregaban menos de lo comprometido.

Por eso inventaron los monederos electrónicos, porque desconfían hasta de los suyos. Los grandes contratos son afianzados en las Secretarías de Finanzas y de Desarrollo Social de los gobiernos estatales y se multiplican las tarjetas de consumo de supermercados o bien las tarjetas de apoyo social gubernamentales.

Algunos suponen que eso es peccata minuta. Que una elección no puede ser anulada por ese escandaloso trafique. Así pasa en distintos concursos. Los reinados de carnaval los compran las familias, los puestos de gobierno se revenden, las plazas de maestros se trafican, las resoluciones de tribunales, incluidos los electorales, se cotizan, el castigo del alcoholímetro se burla con una propina y un amparo, se gana lugar en una fila con un billete, se toma ventaja, se abusa, se transa. El voto, simple y sencillamente, se compra.

Las manifestaciones masivas en contra del triunfo de Enrique Peña van más allá de la impugnación de una figura. Es el cuestionamiento a la cultura del abuso, a la de la transa, a la del agandalle, del cinismo. El tema central es la impunidad. Hay un hartazgo social por la impunidad y la burla. Por decir que, justamente, así sucede todo, todo se compra, todo se soborna, todo se trafica. Hasta una Presidencia. Y eso, para muchos, no es aceptable.

Reforma
09/07/2012

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