Vanguardia
11 Noviembre 2011
Pago del servicio de la deuda costaría 275 mdp mensuales, según cálculos de la Coparmex Laguna. El desembolso total a 20 años rondaría los 66 mil mdp, que sería más del doble del monto original
De acuerdo con estimaciones del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Comarca Lagunera, Víctor Alducín Flores, Coahuila desembolsará cerca de 275 millones de pesos mensuales para el pago de su deuda.
El también líder de la Asociación Civil Claridad y Participación Ciudadana —órgano empresarial coahuilense que ha denotado la mala administración financiera estatal— comentó que la cantidad anual (3 mil 300 mdp) es equivalente al presupuesto de Saltillo y Torreón juntos, los cuales concentran 60% de la población de todo el estado.
El líder empresarial previó, bajo un escenario de tasas de interés estables, que los pasivos de la entidad ascenderán a 66 mil millones de pesos para un pago total a 20 años. Es decir, más del doble del monto actual (32 mil mdp).
Alducín Flores indicó que “fue el engaño sistemático, el mal informe, la burla, el ocultamiento, la opacidad que los Moreira han sembrado en su sexenio lo que hace que el empresariado rechace apoyar los requerimientos de las autoridades estatales ante el futuro financiero incierto”.
Añadió que están a la espera de que la Auditoría Superior de la Federación haga su evaluación del caso, con base en una investigación que está en curso y a la cual —según él— el mismo Gobierno Estatal le está dificultado su desarrollo.
Recula por tenencia
El hoyo fiscal que desató el Gobierno Federal con la eliminación de la tenencia y el mal manejo de las finanzas estatales del Gobierno de Coahuila obligó a que esta entidad federativa fuera la primera en dar marcha atrás sobre la abrogación del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, afirmó el diputado Erasto Ensástiga, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Explicó que el caso concreto de Coahuila debe ser analizado con detenimiento, pues el mal manejo de las finanzas públicas y el endeudamiento atroz que se registró de 2006 a la fecha es signo de lo que no debe volver a suceder, pues no se trata del dinero del Gobierno, sino de los contribuyentes.
Luego de que el Gobierno de Coahuila dio a conocer que cobrará un impuesto estatal a la tenencia de vehículos e incrementará el impuesto sobre nóminas para completar su presupuesto de 2012 y amortizar cada año 2 mil 750 millones de pesos de la deuda pública que adquirió con bancos, la cual asciende a 33 mil 800 millones a pagar en 20 años, Ensástiga Santiago subrayó que ello es muestra de la grave situación en que Humberto Moreira dejó a la entidad, pues de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda que registró el Gobierno de Coahuila ascendía en 2006, a 420 millones de pesos, y para 2011, según menciono el tesorero de Coahuila, ésta asciende a 33 mil 800 millones de pesos, es decir, ¡en cinco años se incrementó en más de 80 veces!
En ese sentido, detalló que mientras el GDF tiene programado erogar 4 mil millones de pesos por servicio de la deuda, y que representa el 3% de sus ingresos; el Gobierno de Coahuila pagará por servicio de deuda 2 mil 750 millones de pesos pero que representará al menos el 8% de su presupuesto, más de la mitad de los recursos que destina dicha entidad a sus municipios.
¿La ‘Grecia mexicana’?
Aunque a Coahuila se le llama ahora la “Grecia mexicana”, la comparación, sin embargo, no debe tener cabida si el caso del ominoso endeudamiento impulsado y blindado desde el Congreso Estatal por la administración de Humberto Moreira, no involucrara la estabilidad de al menos un par de bancos entre los cuales se repartió el pasivo que supera los 30 mil millones de pesos.
Las denuncias presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila citan a Interacciones, Banorte, Bancomer, Banamex, Santander, HSBC, Mifel, Multiva y Bansi. Dichos bancos otorgaron créditos al Gobierno de Coahuila que tarde o temprano deberán pagarse o refinanciarse en línea con los decretos 534 y 536 publicados en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila.
El problema es que ahora los departamentos jurídicos de dichos bancos pueden enfrentarse a un grave vacío legal si se confirma que las modificaciones al marco jurídico de la Ley de Deuda del Estado de Coahuila son inconstitucionales.
Es más, ante las autoridades judiciales de esa entidad se asegura que la abrogación de la Ley de Deuda Pública de Coahuila y la aprobación de un nuevo marco jurídico para permitir el refinanciamiento de créditos bancarios que nunca fueron aprobados por el Congreso local, es claramente violatoria y demostraría cómo el gobierno de Moreira obtuvo una ley a modo para salvar sanciones penales.
Desconocer la deuda bancaria es la provocación que se lee una y otra vez en las demandas contra el gobierno de Moreira.
Ante eso, analistas consideran que el no pagarla no sería, por lo tanto, un incumplimiento del Estado, sino el simple desconocimiento de un pasivo por financiamiento adquirido de manera ilegal, en cuyo caso los defraudados vendrían a ser los bancos.
De llegarse a tal situación, y si están libres de cualquier acusación de complicidad, serían pues también los bancos los que deberán iniciar proceso contra los defraudadores, fueran los Moreira o sus subalternos o a quien se le compruebe.
Rehúsa IP asumir el costo
Jesús Jiménez
Las empresas del estado no tienen ninguna culpa de la irresponsabilidad y el desorden con el cual se manejaron las finanzas en la administración que está por concluir, y si las nuevas autoridades requieren más recursos, deberán ser austeros y eficientes con el gasto, porque el servicio de la enorme deuda les dejará muy poca capacidad de maniobra, puesto que no se aceptará ni el incremento al ISN, ni la implementación estatal de la tenencia que derogó la Federación.
Así lo manifestó a la sección DINERO el empresario Jorge Kalionchiz de la Fuente, presidente de la Coparmex en la Región Centro, quien expuso que “las empresas de Coahuila no pagarán los platos rotos por la irresponsabilidad y el desorden financiero con el que se manejó al Estado en el sexenio que está por concluir”, pues al hacer lo contrario a lo que se prometió en campaña, “para nosotros han perdido toda credibilidad”.
“Sabemos que pretenden que a toda costa el Congreso apruebe dichos incrementos antes que concluya el sexenio para que en el papel el nuevo Gobierno no parezca responsable de los incrementos, pero la realidad es que está presionando al Congreso a aprobar el Paquete Fiscal para enfentar la enorme deuda que han heredado sus familiares y amigos del mismo grupo político”, explicó.
Kalionchiz indicó que si el Gobierno se empeña en llevar esto adelante y aprueba esos incrementos recurrirán al amparo.
Expuso que “existe el antecedente de que este tipo de amparos ya procedieron en otros estados, y vamos a recurrir a la legalidad de otras instancias jurídicas porque la ley no puede dejar desprotegidos a los coahuilenses ante un grupo de poder que ya saqueó al estado y que ahora pretende que empresarios y ciudadanos paguen sus excesos e ilícitos.
Canacintra Saltillo
Por su parte, Daniel Calvert Ramírez, presidente de la Canacintra Coahuila Sureste, dijo que tampoco están de acuerdo en aceptar incrementos o nuevos impuestos, pero que como cámara no liderarían amparos, pero serían respetuosos del camino que cada empresa decida tomar.
“Ya sería una decisión muy personal de cada propietario o grupo industrial”, por lo que dijo que “no se podría hablar desde ahora de que todos los empresarios estarían de acuerdo en ampararse en forma colectiva como cámara”.
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